Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131890
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, rechazó íntegramente la acción promovida por el señor Heber Santiago Otero contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y confirmó la resolución administrativa dictada por el Servicio de Homologación de la Comisión Médica N° 38 en el marco del Expediente SRT N°414.802/21 -divergencia en la determinación de incapacidad- (v. sent. de 22-XII-2023).
Para así decidir, juzgó que el actor no pudo acreditar la existencia de las secuelas invalidantes que fueron denunciadas como consecuencia de la contingencia padecida el día 26 de julio de 2021.
II. Contra dicha decisión, el legitimado activo interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 10-I-2024), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción contenida en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resol. de 14-II-2024).
En su presentación, en primer lugar, el interesado orienta su crítica a objetar la decisión de grado de tener a la parte actora por desistida de la prueba pericial médica propia y renuente a la producción de la ofrecida por la contraria. Considera que dicha decisión debe ser revocada y que el trabajador debió ser citado a fin de determinar de forma certera el grado de incapacidad que padece.
Luego, entiende que la sentencia atacada resulta absurda y arbitraria, puesto que la propia existencia del accidente fue reconocida por la aseguradora demandada, incurriendo en un exceso ritual manifiesto puesto que ningún medio probatorio se requería para arribar a la conclusión lógica de la ocurrencia del hecho.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, aplicable al momento de interposición del recurso, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado (v. resol. de 14-II-2024), la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 117.035, "Abregú", resol. de 25-IX-2013; L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015; L. 124.706, "Álvarez", resol. de 15-IX-2020 y L. 130.271, "Denegri", resol. de 20-VIII-2024), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020; L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021; L. 131.829, "Verón Portillo", resol. de 20-VIII-2024 y L. 132.140, "Alvarez", resol. de 15-X-2024).
III.2. En este contexto, y más allá del marco en el que se examina el presente recurso, se impone observar que las argumentaciones que formula el impugnante, dirigidas a objetar la decisión del tribunal de grado de tener por desistida a su parte de producir la prueba pericial médica (v. proveído de fecha 8-VI-2023), en nada se asemejan a una crítica razonada del decisorio que se pretende atacar. Más bien se observa el cuestionamiento a situaciones previas al dictado de aquél, y, sabido es, que esta Corte ha dicho reiteradamente que las infracciones relacionadas con presuntos defectos anteriores a la sentencia se encuentran preclusas y son ajenas, por tanto, al ámbito del recurso extraordinario (causas L. 84.541, "Gaztelu", sent. de 28-IX-2005; L. 86.442, "Gaillardín", sent. de 31-VIII-2007; L. 96.489, "Fink", sent. de 2-IX-2009; L. 123.182, "Santin", resol. 11-III-2020 y L. 130.128, "Gómez", resol. de 1-VIII-2023).
III.3. Respecto de los restantes agravios, no se advierte configurado el supuesto habilitante previsto en la normativa procesal de referencia desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, el compareciente trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativos a la valoración de los hechos y las pruebas, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis (causas L. 120.677, "Merlo", resol. de 27-IX-2017, L. 124.122, "Barrionuevo", resol. de 16-VI-2020; L. 125.830, "Galaschi", resol. de 12-IV-2021 y L. 131.628, "Ramos", resol. de 29-VII-2024), asuntos detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado.
Por lo demás, la cita de doctrina referida al vicio de absurdo no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado precepto ritual (causas L. 121.937, "Sosa", resol. de 17-X-2018; L. 121.811, "Maroni", resol. de 14-XI-2018; L. 125.045, "Almeida", resol. de 14-XII-2020 y L. 129.598, "Pérez", resol. de 14-III-2023).
De igual manera, se impone recordar que no constituye doctrina legal -en los términos y con los alcances señalados por esta Suprema Corte- la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de la Corte nacional (causas L. 119.596, "López", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019; L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021 y L. 132.111, "Mansilla", resol. de 15-X-2024).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/11/2024 12:58:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/11/2024 12:03:35 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/11/2024 10:47:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2024 09:59:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2024 12:21:43 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 28/11/2024 13:20:49 hs. bajo el número RR-1483-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia