Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133024
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Morón, en el marco de la acción iniciada por la señora Mirian Viviana González contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que invocó padecer, rechazó el planteo de caducidad y la excepción de cosa juzgada administrativa opuestos por la parte demandada (v. pronunciamiento de fecha 28-V-2024).
Para así decidir, sostuvo que de la prueba agregada a la causa -en especial, el expediente SRT n° 053657/22- no surgía acreditado que el actor hubiera sido notificado de la disposición de alcance particular emitida por el Titular del Servicio de Homologación, tal como lo dispone el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, requisito necesario para comenzar a computar el plazo de noventa -90- días hábiles judiciales allí establecido. En tales condiciones, juzgó que la resolución administrativa no había adquirido firmeza, correspondiendo por ello rechazar el planteo de caducidad y la excepción de cosa juzgada opuestos por la demandada.
II. Frente a dicho pronunciamiento, el legitimado pasivo interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 13-VI-2024), el que fue concedido por el tribunal de grado en los términos que surgen de la resolución de fecha 16 de agosto de 2024.
En lo sustancial, sostiene que la decisión del tribunal de grado es absurda, toda vez que de las constancias obrantes en la causa surge acreditado que la demanda que da inicio a estas actuaciones fue promovida luego de vencido el plazo de caducidad que establece el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, hallándose firme el dictamen emanado del Titular del Servicio de Homologación y, por ende, configurada en el caso la cosa juzgada administrativa.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria -representado por el capital reclamado en la demanda- no excede el importe mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, el tratamiento del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario- (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023; e.o.).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.2. Bajo las señaladas premisas, no se verifica la concurrencia de aquel supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, el recurrente trae a consideración agravios relacionados a cuestiones fácticas y probatorias, vinculadas a la apreciación formulada por los jueces de grado sobre la concurrencia del instituto de la cosa juzgada, detraídas de revisión de esta Suprema Corte en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto procesal citado (causas L. 123.053, "Loyato", resol. de 28-VIII-2019; L. 124.453, "Pino", resol. de 16-VI-2020; L. 130.296, "Juárez", resol. de 20-IX-2023 y L. 130.722, "Maraglio", resol. de 8-IV-2024; e.o.).
De todos modos, las citas jurisprudenciales efectuadas por el impugnante han sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos distintos a los que se verifican en el presente y, por lo tanto, resultan ineficaces para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen por el estrecho conducto antes citado (causas L. 116.356, "Izurieta", sent. de 30-X-2013; L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014; L. 118.712, "Grecco", resol. de 2-IX-2015; L. 125.234, Moccio, resol. de 9-XII-2020 y L. 126.436, "Cuello", resol. de 26-V-2021 y L. 131.809, "Girardi", resol. de 20-IX-2024; e.o.)
A lo expuesto se agrega, que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 127.641, "Maidana", resol de 28-XII-2021; L. 128.413, "Nuñez", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; e.o.).
IV. Finalmente, y en atención a los términos que surgen del auto de concesión de fecha 19 de junio de 2024, corresponde hacer una observación a los integrantes del tribunal de trabajo actuante, para que, al momento de analizar la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal -único-, cumplan con estrictez lo dispuesto por el art. 281 del Código Procesal Civil y Comercial.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/12/2024 11:32:10 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/12/2024 00:00:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/12/2024 13:47:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2024 09:57:18 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2024 11:04:30 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/12/2024 12:05:05 hs. bajo el número RR-1695-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia