Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132511
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Martín, en el marco del juicio iniciado por el señor Diego Armando González contra Federación Patronal Seguros S.A., en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que denunció padecer, rechazó la excepción de cosa juzgada opuesta por la parte demandada (v. resol. de fecha 8-III-2024).
Para así decidir, sostuvo que es la propia normativa legal vigente (art. 2 inc. "j", de la ley 15.057) la que establece la posibilidad del trabajador de optar por peticionar la revisión de lo actuado en sede administrativa ante la justicia del fuero laboral de la jurisdicción provincial.
Señaló que la llamada cosa juzgada administrativa es un límite a la propia administración -en este caso, la Comisión Médica Jurisdiccional- que no puede revocar su propio dictamen, mas no implica la imposibilidad de una revisión judicial, siempre que no haya operado el plazo de prescripción previsto legalmente, circunstancia ésta que no se verifica en el supuesto de autos.
II. Frente a dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 22-III-2024), el que fue concedido por el órgano de grado el 30 de abril de 2024.
En su presentación, señala que la Comisión Médica Jurisdiccional emitió dictamen el día 16 de abril de 2021, mediante el cual concluyó que el accionante no presenta incapacidad laboral, dictando el Servicio de Homologación en fecha 23 de abril de 2021, el respectivo acto de clausura.
Conforme ello y lo normado por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, sostuvo que la presente acción fue iniciada una vez transcurrido en exceso el plazo de noventa -90- días hábiles judiciales computados desde la notificación de la resolución emanada de la Comisión Médica, motivo por el cual, la misma se encuentra firme y consentida.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria -representado por el capital reclamado en la demanda- no excede el importe mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, el tratamiento del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario- (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023; e. o.).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.2. Bajo las señaladas premisas, no se verifica la concurrencia de aquel supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, la recurrente trae a consideración agravios relacionados a cuestiones fácticas y probatorias, vinculadas a la apreciación formulada por los jueces de grado sobre la concurrencia del instituto de la cosa juzgada, detraídas de revisión de esta Suprema Corte en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto procesal citado (causas L. 123.053, "Loyato", resol. de 28-VIII-2019; L. 124.453, "Pino", resol. de 16-VI-2020; L. 130.296, "Juárez", resol. de 20-IX-2023 y L. 130.722, "Maraglio", resol. de 8-IV-2024; e.o.).
A lo expuesto se agrega, que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 127.641, "Maidana", resol. de 28-XII-2021; L. 128.413, "Nuñez", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/03/2025 12:32:33 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/03/2025 09:55:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/03/2025 15:43:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/03/2025 15:08:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2025 08:29:47 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/03/2025 10:44:23 hs. bajo el número RR-204-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia