Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133135
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres y Soria y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por el señor Roberto Claudio Cabello y, en consecuencia, condenó a Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a pagar la suma que indicó en concepto de prestaciones dinerarias por la incapacidad derivada del accidente in itinere padecido (v. pronunciamiento de fecha 3-VII-2024).
Para así decidir, en lo que resulta de interés destacar por haber sido materia de agravio, el sentenciante actualizó el valor del ingreso base mensual conforme las prescripciones contenidas en el decreto 669/2019.
II. Frente a lo así resuelto, la aseguradora demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 1-VIII-2024) el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 2-IX-2024)
En esencia, alega que el sentenciante empleó de manera errónea las disposiciones del decreto 669/2019 apartándose de lo peticionado por el accionante. En este marco denuncia violado el principio de congruencia.
Finalmente, y en forma genérica, cuestiona la imposición de costas y apela por altos los honorarios regulados a los profesionales intervinientes en autos.
III. El recurso no prospera.
III.1.a En primer lugar, resulta prioritario destacar que la impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, no estableció cómo estaría representado el valor de lo cuestionado ni cuantificó su importe, incumpliendo de ese modo con la carga procesal de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en el art. 82, primer párrafo, de la ley 15.057 – aplicable al momento de la articulación del remedio extraordinario- para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 119.030, "Ojeda", resol. de 2-XII-2015; L. 120.200, "Trosset", resol. de 10-V-2017, L. 121.583, "Molina", resol. de 26-IX-2018 y L.125.098, "Leguizamón", resol. de 22-II-2021; L. 129.447, "Berón", resol. de 27-III-2023 y L. 130.683, "Escalante", resol. de 4-X-2023).
En tal sentido, esta Suprema Corte expresamente ha declarado que recae sobre la parte que deduce el recurso extraordinario de inaplicabilidad demostrar que la cuantía de lo cuestionado excede el importe mínimo fijado por la ley adjetiva como recaudo de admisibilidad (causas L. 118.481, "Campana", sent. de 29-VIII-2018; L. 122.636, "Romero", sent. de 15-VI-2022 y L. 130.683, "Escalante", resol. de 4-X-2023).
III.1.b. Asimismo, debe indicarse que la recurrente no expuso razones suficientes que ilustren - en el caso- la presencia de un agravio federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 118.518, "Berg", resol. de 1-VII-2015; L. 125.642, "Eseiza", resol. de 4-III-2021 y L. 128.521, "Bruzzo", resol. de 29-VI-2022).
III.2. Siendo así, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado art. 82 de la ley 15.057 (cfr. causa L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024).
De suyo, entonces, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.3. En este contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la citada norma del régimen procesal laboral se impone nítida respecto de las argumentaciones y planteos dirigidos a cuestionar la aplicación del decreto 669/2019, desde que las doctrinas traídas por la recurrente, en apoyo de su pretensión, no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento a su distinto contenido fáctico y jurídico (causas L. 122.320, "Beneyto", resol. de 19-XII-2018; L. 122.363, "Del Negro", resol. de 5-VI-2019; L. 125.499, "Cabrera", resol. de 16-VI-2020; L. 126.871, "Salvador", resol. de 17-VIII-2021; L. 130.106, "Heredia", resol. de 27-VI-2023; L. 130.640, "Gallardo", resol. de 1-XI-2023 y L. 131.972, "Benítez Ortigoza", resol. de 27-IX-2024).
Además, sabido es, que no constituye doctrina legal, en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia ni de la Corte nacional (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 130.055, "Mier", resol. de 10-IV-2023 y L. 131.183, "Ramírez", resol. de 3-VI-2024).
III.4. Por otra parte, respecto a la denuncia de violación de doctrina legal vinculada al principio de congruencia, debe señalarse que esta Corte tiene dicho que su examen se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción de la norma ritual laboral enunciada (causas L. 115.449, "Gamaleri", sent. de 5-III-2014; L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015; L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021; L. 129.117, "García", resol. de 10-V-2023 y L. 131.360, "Herrera", resol. de 3-VI-2024).
III.5. Por último, y sin perjuicio de otras consideraciones, cabe señalar que en su lacónico reproche final que formula la apelante, respecto de la imposición de costas y los honorarios, prescinde citar como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020; L. 125.492, "Sartor", resol. 29-III-2021; L. 130.055, "Mier Vique", resol. de 10-IV-2023 y L. 131.131, "Ricci", resol. de 3-VI-2024).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en el apartado III.4.- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/05/2025 11:26:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/05/2025 12:24:08 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2025 07:04:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2025 15:11:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2025 08:52:31 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/05/2025 10:11:49 hs. bajo el número RR-529-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia