Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 134555
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para la recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, en el marco de la acción iniciada por el señor Carlos Alberto Batalla contra Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente in itinere que alegó padecer, rechazó las excepciones de cosa juzgada y falta de legitimación pasiva opuestas por la parte demandada (v. resolución de fecha 10-VI-2022).
Para así decidir, respecto de la primer defensa mencionada, tuvo por acreditado el cumplimiento por parte del actor de la instancia administrativa previa ante la Comisión Médica, siendo -señaló- la propia normativa legal vigente (art. 2 inc. "j", de la ley 15.057) la que establece la posibilidad del trabajador de optar por peticionar la revisión de lo actuado en sede administrativa ante la justicia del fuero laboral de la jurisdicción provincial.
Sostuvo que la llamada cosa juzgada administrativa es un límite a la propia administración -en este caso, la Comisión Médica Jurisdiccional- que no puede revocar su propio dictamen, más no implica la imposibilidad de una revisión judicial, siempre que no haya operado el plazo de prescripción previsto legalmente, circunstancia ésta que no se verifica en el supuesto de autos
Respecto de la restante excepción opuesta, el tribunal de origen la desestimó por considerar que correspondía brindarle tratamiento al dictarse la sentencia definitiva, siendo allí -explicó- el momento en que dicho órgano jurisdiccional se expedirá respecto de las secuelas incapacitantes que, eventualmente y a la luz de las probanzas producidas en autos, surjan como consecuencia de la contingencia denunciada en el escrito liminar (artículos 12 y 44, Ley 11.653; y artículo 375, CPCC); lo que necesariamente materializará la articulación de hechos, prueba y derecho; dándole con ello un contexto fáctico legal a la controversia.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 21-VI-2022), el que fue concedido en la instancia de grado el 14 de julio de 2022.
En lo sustancial, sostiene que la decisión del tribunal de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del Título I de la ley 27.348 y de la ley de adhesión provincial 14.997 debe revocarse.
En ese orden, refiere que el procedimiento establecido por dicha normativa no resulta inconstitucional desde que no vulnera las normas de la Constitución nacional y provincial indicadas por el actor, toda vez que no se presenta una delegación de la potestad jurisdiccional, la cual se mantiene incólume en poder de los jueces locales, sino tan sólo se acepta una intervención administrativa previa a la justicia y de carácter obligatoria.
Argumenta respecto de la validez constitucional del procedimiento administrativo que deben seguir los trabajadores de conformidad con lo previsto en la citada normativa, y señala que el art. 14 de la ley 27.348 no afecta la garantía del debido proceso ni del juez natural.
Sostiene que la posibilidad de ocurrir ante un órgano jurisdiccional a fin de que efectúe un control judicial suficiente de lo actuado en el ámbito administrativo se encuentra totalmente asegurada en la ley 27.348, de allí que, desde este aspecto, su constitucionalidad tampoco resulta discutible.
III. El recurso no prospera.
En el caso, se advierte que la recurrente desinterpreta la decisión que pretende impugnar, dado que el tribunal de origen no hubo de expedirse en relación a la validez constitucional de las leyes ley 27.348 y 14.997.
Como se relató, el órgano jurisdiccional de grado resolvió la presente controversia rechazando -en primer término- la excepción de cosa juzgada administrativa opuesta por juzgar que el actor había optado por la revisión del dictamen emitido por la Comisión Médica, hallándose expedita la acción judicial. Luego, desestimó la defensa de falta de legitimación pasiva también opuesta.
En tales condiciones, el recurso sólo exhibe meros conceptos teóricos y apreciaciones personales, sin rebatir concretamente el argumento central sobre el cual el tribunal de origen estructuró su decisión.
Conforme ha declarado esta Corte, para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cumpla la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, los argumentos que en él se formulen deben referirse, directa y concretamente a los conceptos que estructuran el pronunciamiento. Esa función no es cumplida con la mera invocación o pretendida subsunción de los hechos y elementos de la causa a determinados preceptos legales, si en esa operación se sustrae, precisamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el fallo impugnado contiene (causas L. 123.991, "Borrelli", resol. de 25-X-2021; L. 126.113, "Buss", resol. de 23-V-2022; L. 128.504, "Montani", resol. de 1-XI-2023 y L. 129.932, "Vega", resol. de 4-III-2024; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para la recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/05/2025 13:30:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/06/2025 11:01:36 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2025 14:59:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2025 17:05:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2025 08:41:35 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/06/2025 09:38:06 hs. bajo el número RR-586-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia