Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 134349
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para la recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, en el marco de la pretensión deducida por el señor Lucas Emmanuel Maciel contra Federación Patronal Seguros S.A., en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que denunció padecer, desestimó la excepción de cosa juzgada opuesta por la parte demandada (v. pronunciamiento de fecha 31-X-2024).
Para así decidir, tuvo por acreditado el cumplimiento por parte del actor de la instancia administrativa previa ante la Comisión Médica, siendo -señaló- la propia normativa legal vigente (art. 2 inc. "j", de la ley 15.057) la que establece la posibilidad del trabajador de optar por peticionar la revisión de lo actuado en sede administrativa ante la justicia del fuero laboral de la jurisdicción provincial.
Sostuvo que la llamada cosa juzgada administrativa es un límite a la propia administración -en este caso, la Comisión Médica Jurisdiccional- que no puede revocar su propio dictamen, mas no implica la imposibilidad de una revisión judicial, siempre que no haya operado el plazo de prescripción previsto legalmente, circunstancia ésta que no se verifica en el supuesto de autos
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 14-XI-2024), el que fue concedido por el a quo el día 20 de diciembre de 2024.
En lo sustancial, defiende la validez constitucional del procedimiento administrativo previo y obligatorio contemplado en el Título I de la ley 27.348 y del sistema recursivo contemplado en el art. 2 de dicho régimen legal y 2 inc. "j" de la ley 15.057.
Alega, además, que la Comisión Médica Jurisdiccional emitió dictamen en el que concluyó que el actor es portador de un siete por ciento -7%- de incapacidad laboral derivada del siniestro denunciado, habiendo luego el Titular del Servicio de Homologación aprobado el procedimiento llevado a cabo por encontrarse de conformidad con la normativa vigente.
Conforme ello, y lo normado por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, afirma que la presente acción fue iniciada una vez transcurrido en exceso el plazo de noventa días hábiles judiciales computados desde la notificación de la resolución emanada del órgano administrativo, encontrándose por ende la misma firme y consentida.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma reclamada en la demanda- no excede el mínimo fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024.
En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado art. 82 de la ley 15.057 (causas L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024 y L. 132.862, "Lallement", resol. de 15-IV-2025; e.o.).
De suyo, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023; L. 132.802, "Brítes", resol. de 20-XI-2024 y L. 133.275, "Coriolano", resol. de 28-IV-2025; e.o.).
III.2. En este contexto, no se observa en la especie la concurrencia del mentado supuesto excepcional, desde que los agravios que nutren a la crítica aluden a cuestiones de índole fáctica y probatoria, cuya definición es privativa de los jueces de grado, como lo es la apreciación sobre la concurrencia del instituto de la cosa juzgada, asunto detraído de la revisión en el acotado carril por el que transita el recurso (causas L. 127.564, "Pereyra", resol. de 27-V-2022; L. 130.296, "Juárez" resol. de 20-IX-2023 y L. 130.722, "Moraglio" resol. de 8-IV-2024), y la doctrina de esta Corte que la recurrente invoca como infringida ha sido elaborada sobre la base de presupuestos diferentes de los que se ventilan en la causa bajo examen (causas L. 125.657, "Durand", resol. de 2-III-2021; L. 129.442, "Pereyra", resol. de 19-XII-2022; L. 129.670, "Verón", resol. de 14-III-2023 y L. 130.501, "Aceituno", resol. de 7-IX-2023; e.o.).
III.3. Cabe asimismo agregar, que no constituye doctrina legal la que deriva de la de la opinión de los autores, de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023 y L. 131.733, "Delapiaza", resol. de 29-VII-2024; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para la recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/05/2025 13:30:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/06/2025 11:01:30 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2025 14:59:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2025 17:05:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2025 08:41:33 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/06/2025 09:38:04 hs. bajo el número RR-584-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia