Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132827
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción promovida por José Luis Gil y, en consecuencia, condenó a Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de incapacidad parcial y permanente, con más intereses tasa pura al seis por ciento -6%- anual (v. pronunciamiento de fecha 6-VI-2024).
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 27-VI-2024), el que fue concedido en el marco de la excepción contenida en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resolución de 1-VII-2024).
En su presentación, con cita de las normas y de la doctrina legal que entiende vulneradas, se agravia, en sustancia, del quantum indemnizatorio, planteando distintas formas de actualización, ya sea, en línea con lo resuelto por esta Corte en el fallo C. 124.096 "Barrios" (sent. de 17-IV-2024), aplicando el índice Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) con más una tasa pura del 6% anual, o bien, de conformidad con lo establecido en el decreto 70/23, aplicar el citado índice CER con más una tasa del 3% anual, o incluso, capitalizando los intereses conforme lo dispuesto por el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, aplicable a la fecha de interposición del carril bajo estudio, por juzgar el sentenciante insuficiente el monto de lo cuestionado -decisión que no fue objeto de cuestionamiento alguno por parte del interesado-, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015; L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 129.122, "Albornoz", resol. de 22-III-2023).
Dicha hipótesis, cabe recordar, se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020; L. 130.284, "Silvero", resol. de 21-VI-2023 y L. 131.890, "Otero", resol. de 28-XI-2024).
III.2. En ese contexto, con relación a la única doctrina legal de esta Suprema Corte que cita, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la misma ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 119.113, "Ramos", sent. de 18-X-2017; L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020; L. 130.761, "Actis", resol. de 22-XII-2023 y L. 130.361, "Ocampo", resol. de 13-III-2025).
III.3. Por lo demás, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas L. 128.586, "Arana", resol. de 15-VI-2022; L. 128.521, "Bruzzo", resol. de 29-VI-2022 y L. 131.733, "Delapiaza", resol. de 29-VII-2024).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/06/2025 11:31:28 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/06/2025 14:41:09 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2025 10:42:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/06/2025 13:36:51 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/06/2025 13:57:38 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/06/2025 14:30:43 hs. bajo el número RR-595-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia