Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131002
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca el pronunciamiento de origen con el alcance establecido en el punto III.4. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a sus efectos.
Las costas de la instancia ordinaria por el rubro cuyo rechazo se dispone, y las de esta sede extraordinaria, se imponen a la actora vencida (arts. 24, ley 15.057 -resol. SCBA 1.840/24- y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.002, "Arévalo, José Luis contra Autoseguro Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Acción de revisión resolución de Comisión Médica jurisdiccional - ley 15.057", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Nicolás hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas a la vencida (v. vered. y sent. de fecha 5-VI-2023).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 23-VI-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la demanda deducida por José Luis Arévalo y condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos de Trabajo -arts. 15 y 18 de la ley 24.557-, así como al pago único adicional -decreto 1.694/09-y la compensación prevista en el art. 3 de la ley 26.773, a raíz de la muerte de la señora Marcela Alejandra Gatti -cónyuge del actor- ocurrida el día 5 de marzo de 2021 como consecuencia de la enfermedad profesional -COVID 19- contraída durante el cumplimiento de las tareas prestadas a las órdenes de su empleadora (v. vered. y sent. de fecha 5-VI-2023).
En lo que resulta relevante, por constituir materia de agravio, declaró temeraria y maliciosa la conducta asumida por el Fisco provincial con fundamento en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., págs. 12/15).
Para así decidir, en el veredicto, con apoyo en las constancias de los expedientes agregados a la causa, tuvo por acreditado que la señora Marcela Alejandra Gatti -esposa del promotor del juicio- cumplía el rol de dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación provincial.
Sostuvo -también- que en el dictamen de la Comisión Médica Central (v. expediente 2022-44453441 GDEBA FDE, iniciado en fecha 28-IV-2022) se reconoció el carácter de enfermedad profesional no listada al COVID-19, producido por el virus SARS-CoV-2, causante de la afección respiratoria aguda que derivó en el deceso de la trabajadora.
Detalló los hechos que, según juzgó, configuraron la inconducta procesal de la accionada en su escrito de contestación de la demanda. En este sentido, indicó que negó que: a) correspondiera pago alguno por el fallecimiento de la trabajadora; b) debiera abonarle el adicional de pago único; y c) fuera responsable de abonar una distinta de aquella por la cual se obligó por contrato. Agrega que tampoco cuestionó lo dicho por la comisión médica interviniente (v. vered., págs. 8/9).
Ya en la sentencia, expresó que el comportamiento de la demandada debía ser encuadrado en el precepto aludido "...atento al desplante procesal habido en toda la articulación defensiva de la accionada, negando y desconociendo circunstancias de las que tenía cabal y plena noticia" (v. sent., pág. 12).
Calificó, entonces, dicho accionar como temerario, teniendo en cuenta el modo en la que la demandada incursionó en la sustanciación del proceso, con plena conciencia de quien sabe que carece de razón para litigar y, no obstante, así lo hace, abusando de la jurisdicción y resistiendo la pretensión de la contraria.
Al respecto, puntualizó que la "...actitud habida en sede administrativa de Comisión Médica donde fijada la incapacidad y determinado los montos, el Estado Autoasegurado no quiso acordar el pago disconformándose, actitud de seguidamente no mantuvo puesto que no se advierte cuestionamiento judicial alguno al respecto, obligó al actor a tener que transitar la vía judicial cuando conforme las disposiciones de la ley 27.348 correspondía finiquitar este trámite allí" (v. sent., pág. 12).
Concluyó, conforme estos antecedentes, que "...el Estado Provincial Autoasegurado dejó clara la sinrazón de obligar al actor a iniciar acciones legales para obtener el pago de las indemnizaciones provenientes de la LRT por el deceso de su cónyuge, a sabiendas, del carácter de derechohabiente del reclamante, de la declaración de enfermedad de etiología laboral del covid en este caso, exponiéndolo, a desandar un proceso y dilatando el cumplimiento de las obligaciones a su cargo de la ART, desoyendo el pago de las indemnizaciones" (v. sent., pág. 13).
Sobre esa base, con fundamento en el citado art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, ordenó aplicar intereses a la tasa activa que fijan los bancos oficiales para operaciones corrientes de descuentos comerciales, desde la fecha del fallecimiento de la trabajadora (5-III-2021) hasta su efectivo pago. Precisó que no se trataba de intereses moratorios sino sancionatorios por la inconducta procesal.
II. Contra dicho pronunciamiento, la demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y arbitrariedad. Relata los antecedentes de la causa y cita infracción a los arts. 44 incs. "d", "e" y "f", 47, 63 y concordantes de la ley 11.653; 375, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 2, 275 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo; 770, 1.740, 1.794 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación; y de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer lugar, con cita del precedente B. 61.673, "Amadeo", sentencia de 25-IX-2013, denuncia la violación del art. 2 inc. "a" de la Ley de Contrato de Trabajo.
En lo sustancial, afirma que no pudo el tribunal de origen condenar al Fisco provincial por aplicación de la ley laboral cuando el vínculo entre los contendientes es de empleo público. Tampoco -dice- debe aplicarse supletoriamente dicha normativa porque se trata de un régimen legal independiente y orientado a relaciones de trabajo de distinta naturaleza a la de autos.
En este sentido, alega que el tribunal de grado aplicó erróneamente la disposición del art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.2. Asimismo, entiende que la sanción allí prevista, al tener carácter penal, no puede ser extendida por analogía.
II.3. Por otro lado, aduce que no están presentes en el caso los presupuestos fácticos que tornan aplicable dicha norma.
II.4. Finalmente, cuestiona la capitalización de intereses dispuesta en franca transgresión de lo previsto en los arts. 770, 768, 1.740, 1.794 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación. Ello así, pues considera que si al determinar el resarcimiento por la muerte de la trabajadora utilizó un ingreso base mensual que incluyó intereses, mal pudo luego aplicar nuevos acrecidos conforme la tasa prevista en el referido art. 275 de la ley citada.
Denuncia que ello conlleva un importante perjuicio para la legitimada pasiva, y -a la par- un enriquecimiento sin causa para el accionante.
III. El recurso prospera.
III.1.a. Acierta la recurrente cuando denuncia que yerra el tribunal de grado al declarar temeraria y maliciosa la conducta asumida por el Fisco provincial con fundamento en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III.1.b. Inicialmente, es importante destacar que esta Corte ha señalado que el art. 2 inc. "a" de la Ley de Contrato de Trabajo solo abre la posibilidad, frente al carácter estatutario de la relación de empleo público, de la aplicación de sus normas a los dependientes del Estado nacional, provincial o municipal, cuando por acto expreso se los incluyera en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo (causas L. 80.133, "Paoletti", sent. de 8-XI-2006; L. 104.194, "Ortiz", sent. de 30-X-2013; L. 118.035, "Guzmán", sent. de 11-VII-2018 y L. 118.036, "Braillard", sent. de 11-VII-2018).
Y, más específicamente, declaró que, si el vínculo que medió entre las partes fue una relación de empleo público, esta no se halla regida, en ninguno de sus aspectos, por la Ley de Contrato de Trabajo que, de modo expreso, excluye de sus previsiones a los empleados públicos (causas B. 55.909, "Armendáriz", sent. de 30-III-2005 y L. 90.779, "Alzaga", sent. de 11-II-2009).
III.2. En el caso, es importante señalar que en el veredicto (primera cuestión, pág. 2) el tribunal de grado tuvo por probado que la causante Marcela Alejandra Gatti ejercía su rol de dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Al respecto aclaró, que, si bien el hecho fue negado por la demandada, surgía acreditado por las actuaciones administrativas acompañadas en su conteste (v. demanda y contestación de la demanda; expediente administrativo 156686/22, Comisión Médica Central, expediente 2022-44453441 GDEBA FDE), conclusión esta que no ha sido objeto de cuestionamiento alguno.
De ello se colige, indudablemente, en atención a las características del vínculo, que la trabajadora fallecida revistió el carácter de "dependiente de la administración pública provincial" en los términos del art. 2 inc. "a" de la Ley de Contrato de Trabajo, sin que exista constancia de que hubiere mediado "acto expreso" de inclusión en el ámbito de dicho cuerpo normativo. Ni siquiera se alegó que la señora Gatti hubiere estado sometida al régimen de algún convenio colectivo de trabajo.
III.3. Sentado lo anterior, como anticipé, la impugnante logra poner en evidencia la violación normativa en que incurrió el sentenciante, así como la trasgresión de la doctrina legal cuya infracción invoca (causas L. 81.786, "Allaf", sent. de 30-IV-2003; B. 61.673, "Amadeo", sent. de 25-IX-2013; L. 126.220, "Báez", sent. de 29-III-2021).
III.4. En razón de lo expuesto, si mi propuesta es compartida, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con los alcances expuestos y revocar la sentencia impugnada exclusivamente en lo relativo a la sanción por temeridad y malicia con fundamento en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuyo rechazo se dispone.
III.5. Atento la solución arribada, pierde virtualidad el tratamiento de los restantes planteos ensayados.
IV. Por lo tanto, corresponde acoger el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar el pronunciamiento de origen con el alcance establecido en el punto III.4. En consecuencia, los autos deberán remitirse al tribunal de origen a sus efectos.
Las costas de la instancia ordinaria por el rubro cuyo rechazo se dispone, y las de esta sede extraordinaria, se imponen a la actora vencida (arts. 24, ley 15.057 -resol. SCBA 1.840/24- y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Torres , Soria y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca el pronunciamiento de origen con el alcance establecido en el punto III.4. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a sus efectos.
Las costas de la instancia ordinaria por el rubro cuyo rechazo se dispone, y las de esta sede extraordinaria, se imponen a la actora vencida (arts. 24, ley 15.057 -resol. SCBA 1.840/24- y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/06/2025 11:45:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/07/2025 10:12:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/07/2025 12:35:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2025 10:36:41 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2025 11:17:39 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 14/07/2025 13:14:58 hs. bajo el número RS-53-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia