Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130456
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto declaró la invalidez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/2019. Respecto de los agravios analizados en los puntos III.2. y III.4. -en sus dos apartados-, declarar que se los desestima por haber perdido virtualidad y por no reunir los requisitos esenciales, respectivamente (art. 31 bis, ley 5827 y modif.).
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres y Soria y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción deducida por el señor Martin Guillermo Riquelme contra Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y condenó a esta última a abonar la suma que especificó en concepto de prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y el incremento establecido en el art. 3 de la ley 26.773, con motivo de la incapacidad que contrajo como consecuencia del accidente de trabajo sufrido (v. vered. y sent. de fecha 8-II-2023).
Para así decidir, en lo que interesa, juzgó acreditado que el promotor del juicio padece una incapacidad física que -incluidos los factores de ponderación- lo invalida en un 15,9% del índice de la total obrera.
Luego, tras declarar la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 y su inaplicabilidad al caso de autos, fijó el ingreso base mensual de conformidad a las disposiciones previstas por el art. 12 de la ley 24.557, con las modificaciones introducidas por la ley 27.348.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del 24-II-2023), el que fue concedido por el órgano de grado (v. resol. del 29-III-2023).
II.1. En primer término, controvierte la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557 dispuesta por el órgano de origen.
En tal sentido, esgrime argumentos tendientes a defender la validez constitucional del procedimiento a seguir por parte de los trabajadores por ante las Comisiones Médicas.
Entiende que, habida cuenta que el actor se sometió a dicho régimen y cumplió con todos los trámites ante la instancia administrativa, en definitiva, dicha decisión resultó necesaria para poder reconocer la incapacidad establecida por la experta médica, sin tener en cuenta -según agrega- la fórmula indemnizatoria de la capacidad restante, sacada a la luz por la Comisión Médica.
II.2. Desde otroángulo, se agravia de la sentencia de grado en cuanto en ella se declaró la inconstitucionalidad del decreto 669/2019, al considerar que el pronunciamiento apelado se apoya únicamente en argumentos abstractos y con falta de motivación suficiente.
II.3. Por último, denuncia que el fallo de grado ostenta el vicio de arbitrariedad y vulnera el principio de congruencia, habida cuenta que, para determinar el grado de incapacidad, se expidió sobre aspectos que no formaron parte de la denuncia inicial del trabajador ante la aseguradora de riesgos del trabajo ni del recurso de apelación, dejando de lado, y sin justificación alguna, el dictamen de la comisión médica.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe observar que la recurrente ha omitido cumplir con la carga de determinar la suma correspondiente al valor de lo cuestionado, que al cabo, se encuentra representada por las eventuales diferencias que existirían entre las cuantías de la prestación dineraria calculada en el fallo de origen y las que pretendería al respecto la quejosa, según lo que argumenta en su impugnación, con la incidencia en el cálculo de la fórmula ante el porcentaje de incapacidad pretendido (causas L. 128.623, "López", resol. de 10-XI-2022; L. 130.777, "Gallardo", resol. de 23-XI-2023 y L. 131.004, "Dorronzoro", resol. de 26-II-2024; e.o.). Es que ciertamente, y siendo trascendente de cara a la fisonomía de las objeciones que trae contra lo resuelto en el caso, ninguna referencia concreta se observa en el recurso vinculada con dicho recaudo procesal.
Resultando entonces que la impugnante no ha satisfecho aquel imperativo de su propio interés, corresponde ingresar a analizar el recurso en el más estrecho carril previsto en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, aplicable a la fecha de la articulación del recurso extraordinario.
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021; L. 129.838, "Saavedra", resol. 17-IV-2023; L. 130.858, "Domínguez", resol. de 1-XI-2023 y L. 130.280, "Falco", sent. de 20-IX-2024; e.o.).
III.2. Sentado lo expuesto, corresponde señalar que habiendo sido iniciada la presente como una acción de revisión de lo resuelto por la Comisión Médica Jurisdiccional en los términos de la ley 15.057 -a tenor de lo expuesto en la página 2 del veredicto- y, a su vez, que en oportunidad de ser presentada la demanda ya se encontraba vigente la ley 27.348, pierde virtualidad la crítica a la conclusión del órgano de grado en relación a la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557 y su declaración de competencia para entender en el caso.
III.3. Luego, el cuestionamiento por el que se impugna la decisión del tribunal de origen que declaró la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 debe desestimarse en atención a lo resuelto por este Tribunal en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
III.4.a. En relación con el planteo dirigido a cuestionar la fórmula aplicada por el tribunal respecto al método de la capacidad restante y, con ello, la incapacidad reconocida al actor, no se observa la concurrencia del mentado supuesto excepcional, desde que la crítica remite al análisis de cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado, relativas a la valoración de los hechos y las pruebas, marginados de revisión por conducto de la excepción examinada (causas L. 125.484, "Ríos", resol. de 21-XII-2020; L. 127.556, "Velázquez", resol. de 20-XII-2021; L. 122.773, "Urrutia", resol. de 15-VII-2022 y L. 129.688, "Carrizo", resol. de 15-II-2023; e.o.).
A mayor abundamiento, la omisa invocación de una supuesta violación de doctrina legal, atento el reducido marco de conocimiento del intento revisor, conduce ineludiblemente a su rechazo.
En tal sentido, no resulta ocioso recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas L. 127.786, "Martínez", sent. de 27-VI-2023; L. 126.456, "Dominici", sent. de 22-VIII-2023; L. 127.286, "Riveros", sent. de 7-IX-2023 y L. 127.597, "López", sent. de 4-X-2023; e.o.).
III.4.b. Por lo demás, resta destacar que tampoco se observa la concurrencia del mentado supuesto excepcional cuando se traen a consideración agravios vinculados a cuestiones estrictamente procesales, como lo es la relativa a la infracción del principio de congruencia, asunto detraído de revisión en el acotado marco cognitivo en el que se examina la impugnación traída (causas L. 120.013, "Quilodrán", resol. de 15-XI-2017; L. 120.040, "Salto", sent. de 3-V-2018; L. 119.551, "Ruiz Acevedo", sent. de 21-VI-2018 y L. 132.060, "Núñez", resol. de 20-IX-2024; e.o.).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar respecto de lo expuesto en punto III.4.b. que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto declaró la invalidez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/2019. Respecto de los agravios analizados en los puntos III.2. y III.4. -en sus dos apartados-, declarar que se los desestima por haber perdido virtualidad y por no reunir los requisitos esenciales, respectivamente (art. 31 bis, ley 5827 y modif.).
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/08/2025 11:02:50 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/08/2025 20:14:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/08/2025 11:07:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 00:25:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 08:37:30 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/09/2025 13:32:58 hs. bajo el número RR-872-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia