Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131149
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Respecto de los agravios analizados en el punto III.1 declarar que se los rechaza por encontrarse insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.). Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción promovida por el señor Edgardo Gabriel Frutos y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonarle las sumas que especificó en concepto de prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con motivo de las secuelas incapacitantes derivadas del accidente in itinere padecido (v. pronunciamiento del 1-VIII-2023).
Para así decidir, tuvo por demostrado que, con motivo de dicho siniestro, el actor es portador de una incapacidad del 55,46 % de la total obrera. Asimismo, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, para luego cuantificar la indemnización reclamada de acuerdo a la normativa que juzgó aplicable.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 14-VIII-2023), que fue concedido por el a quo (v. resol. de 23-VIII-2023).
II.1. En primer lugar, se agravia de la sentencia de grado en cuanto condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de prestaciones dineraria vinculadas a patologías que -aduce- no fueron denunciadas en la instancia administrativa previa y obligatoria. Sostiene que de las constancias que surgen del expediente tramitado en la etapa anterior y el informe pericial médico producido en la causa surge acreditada dicha circunstancia.
II.2. Vinculado con lo anterior, objeta el porcentaje de incapacidad determinado por el a quo, en tanto consideró -a tal fin- aquellas dolencias que -reitera- no integraron el reclamo preliminar ante la comisión médica.
II. 3. Impugna el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del citado decreto de necesidad y urgencia 669/2019, por no haberse cumplido a su respecto las exigencias formales y sustanciales necesarias para su dictado.
En este sentido, denuncia violada la doctrina legal que individualiza, con sustento en la omisa justificación en que habría incurrido el sentenciante para aplicar la norma cuya invalidez postula.
III. El recurso prospera parcialmente.
III. 1. Los reproches dirigidos a controvertir la decisión del tribunal de grado que tuvo por verificadas las supuestas afecciones no denunciadas en la etapa administrativa previa, y su consecuente incidencia en la determinación del porcentaje de incapacidad, se vinculan a cuestiones de hecho y prueba, cuya valoración resulta privativa de los tribunales de trabajo, excluidas -en principio- de la revisión extraordinaria salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 131.040, "Figueroa", resol. de 21-III-2024; L. 131.447, "Blanco", resol. de 3-VI-2024 y L. 131.333, "Fernández", resol. de 15-X-2024), vicio invalidante que el compareciente no denuncia en esta parte de la impugnación, sin que tal falencia pueda ser enmendada por esta Corte (causas L. 121.029, "Romero", sent. de 29-X-2020; L. 120.695, "Garbuglia", sent. de 8-III-2021 y L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-III-2023), lo que sella la suerte adversa del embate.
III.2. Luego, cabe indicar que el agravio por el que se controvierte el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 halla adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir la causa L. 129.800, "Muzychuk", (sent. de 14-VII-2025); a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Respecto de los agravios analizados en el punto III.1 declarar que se los rechaza por encontrarse insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.). Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/08/2025 12:03:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/08/2025 10:15:50 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/08/2025 11:36:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 00:30:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 08:45:42 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/09/2025 13:35:18 hs. bajo el número RR-920-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia