Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 134349
I. Contra el pronunciamiento de esta Suprema Corte que rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte demandada -por juzgar no configurada en el caso la excepcional hipótesis contemplada en el art. 82 de la ley 15.057- (v. resol. de 4-VI-2025), ésta interpone recurso extraordinario federal fundado en la doctrina de la arbitrariedad, en el que denuncia la transgresión de las garantías previstas por los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional (v. presentación electrónica de fecha 23-VI-2025).
II. Ordenado el traslado previsto en el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 10-VII-2025), el mismo no fue contestado.
III.1. Corresponde señalar, inicialmente, que las decisiones que declaran la inadmisibilidad de los recursos extraordinarios locales no justifican -como regla- la habilitación de la instancia del art. 14 de la ley 48, y con mayor razón aún, si aquella hubo de recaer respecto de agravios vinculados a cuestiones relativas a la apreciación de los hechos y las pruebas e interpretación de las normas del derecho común y procesal (C.S.J.N., Fallos 264:72; 297:420; 300:366; entre otros), por lo que ante dicha circunstancia, se torna particularmente exigible que la apelación cuente -respecto de los motivos que la originan- con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional.
El más alto Tribunal ha declarado que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, toda vez que su intervención se circunscribe a descalificar a aquellos que, por la extrema gravedad de sus desaciertos u omisiones, no pueden adquirir validez jurisdiccional (causas B.42.LXVII., sent. de 22-XII-2009, considerando 3°; G.1999.XL., sent. de 13-VI-2006; Fallos 324:3421; e. o.).
III.2. Bajo tales directrices, cabe concluir que los fundamentos que nutren el actual recurso, prima facie valorados, no resultan aptos para tener por acreditado un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que autorice a descalificar a la sentencia apelada como acto jurisdiccional, toda vez que los argumentos de la recurrente (afincados, en lo sustancial, en la reiteración de los agravios formulados en oportunidad de interponer el remedio procesal local examinado por esta Corte y apartados, en rigor, de lo analizado y decidido en la causa) solo traducen la exteriorización de una discrepancia con el contenido de la decisión que se cuestiona y no constituyen una adecuada fundamentación en los términos del art. 15 de la ley 48.
Es concluyente la circunstancia de que la apelación prescinde de toda crítica respecto de las motivaciones que condujeron a esta Corte a rechazar la impugnación, abordada en el marco de la excepción prevista en el art. 82 de la ley 15.057 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario, según Resol. 1.840/24-.
En tales condiciones, el recurso extraordinario federal no resulta debidamente fundado, por cuanto es condición necesaria para su viabilidad la formulación de una crítica concreta y razonada de todos y cada uno de los argumentos expuestos en la sentencia que se impugna (Fallos: 303:109, 884; 325:924; e. o.).
IV. En tal sentido, y sin perjuicio de advertir reunidos los requisitos formales establecidos por la Acordada 4/2007 del máximo Tribunal nacional, ante el incumplimiento por parte de la apelante de las exigencias previstas en los incs. "d" y "e" del art. 3 de dicha reglamentación -conforme las razones expuestas en los acápites anteriores-, corresponde desestimar la vía deducida.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso extraordinario federal deducido.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y cúmplase con lo ordenado en la resolución de fecha 4 de junio de 2025.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/10/2025 11:34:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/10/2025 14:11:43 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 15/10/2025 06:43:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/10/2025 13:01:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/10/2025 14:07:19 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 16/10/2025 14:21:37 hs. bajo el número RR-1469-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia