Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131683
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe anula de oficio el veredicto de fecha 23-X-2023 y la sentencia de fecha 24-X-2023, y se remite la causa al órgano de origen a fin de que, integrado con otros jueces, renueve los actos procesales que estime necesarios y dicte, oportunamente, un nuevo pronunciamiento.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.683, "Gómez, Alberto Raimundo contra Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Acción de Revisión Resolución Comisión Médica Jurisdiccional Ley 15.057", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. vered. de fecha 23-X-2023 y sent. de fecha 24-X-2023).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 13-XI-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde anular de oficio el veredicto y la sentencia de fechas 23-X-2023 y 24-X-2023, respectivamente?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Alberto Raimundo Gómez y condenó a la Provincia de Buenos Aires —en su calidad de empleadora autoasegurada— al pago de las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 11 inc. 4 apartado "c", 15 inc. 2 y 18 de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773 por el fallecimiento de Gabriela Lilian Gómez —hija del reclamante— como consecuencia de la enfermedad profesional que contrajo mientras prestaba tareas para la Dirección General de Cultura y Educación.
II. La Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 13-XI-2023).
III. Entiendo que corresponde responder afirmativamente al primer interrogante planteado.
III.1. Es oportuno recordar que la anulación oficiosa de las decisiones judiciales constituye una facultad exclusiva y excluyente de la Suprema Corte, establecida en resguardo de las formas sustanciales del juicio, cuando las falencias de las cuales adolece el pronunciamiento lo descalifican como acto jurisdiccional válido, imposibilitando el ejercicio de la facultad revisora (causas L. 121.034, "Pinto", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.446, "Mañas", sent. de 23-II-2021; L. 129.432, "Galeano", resol. de 22-XI-2022; L. 131.586, "Fleita", resol. de 3-VI-2024; L. 132.651, "Lenciza", resol. de 12-III-2025; e.o.).
Tal lo que acontece en el caso bajo examen.
En efecto, de la simple lectura del veredicto es dable observar que los magistrados integrantes del tribunal colegiado decidieron plantear y votar dos cuestiones de hecho, respecto de cada una de las cuales se pronunció el señor Juez doctor Horacio Andrés Casquero, que inauguró la votación.
Sin embargo, respecto del primer interrogante planteado, no existe voto o adhesión expresa de los magistrados destinados a sufragar en segundo y tercer término, doctor José Facundo Rodríguez Ponte y doctora Nora Cristina Dinegro, puesto que desde su lectura se observa —claramente— que solo han emitido opinión con relación a la segunda cuestión propuesta (v. vered. de fecha 23-X-2023).
Esta anomalía configura una violación a lo preceptuado por el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que requiere el juicio individual de cada uno de los jueces intervinientes, desde que las decisiones deberán adoptarse por mayoría de opiniones expuestas en los votos de los tres integrantes del tribunal del trabajo (art. 44 incs. "d", "e" y "f", ley 11.653, aplicable al caso), ya que la coincidencia o discrepancia de los magistrados en los tribunales colegiados del fuero laboral no pueden establecerse por vía de implicancia (causas L. 74.704, "Pérez", sent. de 19-III-2003; L. 89.252, "Cintora", sent. de 15-II-2006; L. 125.896, "Milanese", resol. de 15-VII-2022; L. 131.810, "Jordán", resol. 20-VIII-2024; L. 133.279, "Villarreal", resol. de 12-V-2025 y L. 132.767, "Díaz", resol. de 29-V-2025; e.o.).
En el caso, entonces, se halla incumplida la exigencia contenida en la norma constitucional citada, omisión que no puede ser subsanada por la sola circunstancia de que rubricaran con sus respectivas firmas el acuerdo, atento a que la exigencia constitucional se encuentra directamente dirigida a los jueces, obligación que no resulta delegable en ningún otro funcionario (causas L. 124.616, "Cespedes", resol. de 13-X-2020; L. 126.765, "Sallago", resol. de 22-VI-2021; L. 128.292, "Rodríguez", resol. de 26-IV-2022 y L. 131.096, "Rojas", resol. de 21-III-2024; e.o.).
III.2. Finalmente, convencido de que la nulidad que conllevan este tipo de infracciones no resulta gratuita para los litigantes, me veo en la obligación de requerir a los miembros del tribunal de trabajo interviniente extremo celo en el cumplimiento de los requisitos formales constitucional y legalmente exigibles en los pronunciamientos y decisiones que emita el órgano.
IV. Por lo expuesto, corresponde declarar de oficio la nulidad del veredicto de fecha 23-X-2023 y de la sentencia de fecha 24-X-2023, debiendo remitirse la causa al órgano de origen a fin de que, integrado con otros jueces, dicte un nuevo pronunciamiento.
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Soria y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
En atención a la forma que ha quedado resuelta la cuestión anterior, no corresponde ingresar al tratamiento de la presente.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Soria y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se anula de oficio el veredicto de fecha 23-X-2023 y la sentencia de fecha 24-X-2023, y se remite la causa al órgano de origen a fin de que, integrado con otros jueces, renueve los actos procesales que estime necesarios y dicte, oportunamente, un nuevo pronunciamiento.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/03/2026 13:21:10 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/03/2026 14:36:53 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/03/2026 10:16:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2026 16:29:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/03/2026 09:43:31 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 13/03/2026 11:44:38 hs. bajo el número RS-23-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia