Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 135900
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, rechazó en todas sus partes la acción de revisión en los términos del art. 2 inc. j de la Ley 27.348 instaurada por la señora Graciela Alejandra Alarcón contra la Provincia de Buenos Aires en procura de la reparación por la incapacidad sufrida como consecuencia de la enfermedad profesional que denunció padecer (v. pronunciamiento de fecha 29-IV-2025).
Para así decidir, tras valorar las pruebas producidas en la causa, juzgó no demostrado el nexo causal entre las dolencias que padece la actora y las labores que desempeñó en su puesto de trabajo.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 12-V-2025), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción contenida en el art. 82 de la ley 15.057 (v. resol. de fecha 26-V-2025).
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina que considera vulneradas. Denuncia absurdo en la valoración de las pruebas. En rigor, objeta la decisión del fallo en cuanto consideró no acreditada la relación causal entre las lesiones que sufre la trabajadora y las tareas que manifestó haber cumplido.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone señalar que, tal como lo manifestó el órgano de grado (v. resol. de fecha 26-V-2025) el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma reclamada en la demanda- no excede el mínimo fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024.
En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado art. 82 de la ley 15.057 (cfr. causa L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024).
Así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, supuesto que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020; L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021; L. 128.848, "González", resol. de 19-IX-2022 y L. 130.708, "Giménez", resol. de 20-IX-2023).
III.2. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, no se observa en la especie la concurrencia del mentado supuesto excepcional, desde que, la impugnante, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, somete a consideración de este Órgano cuestiones cuya definición es privativa de los jueces de grado, detraídas de la revisión en el acotado marco en que se examina el recurso, tales como la relación causal entre las tareas desempeñadas por la trabajadora con la minusvalía que la afecta y la valoración del material probatorio (causas L. 121.164, "Cardozo", sent. de 27-XI-2019; L. 121.460, "Guerra", sent. de 31-VIII-2020; L. 127.797, "Llanos", sent. de 14-XII-2023 y L.133.828, "Pérez Canals", sent. de 2-IX-2025).
III.3. Finalmente, corresponde recordar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020, L. 129.892, "Gallo", resol. de 14-III-2023 y L. 127.240, "Banegas", sent. de 21-III-2024).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. Resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21), y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/03/2026 17:06:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/03/2026 11:45:08 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 31/03/2026 15:54:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/04/2026 13:55:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/04/2026 14:10:44 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 06/04/2026 17:30:36 hs. bajo el número RR-322-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia