Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131784
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/19, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por el señor Gerardo Ricardo Flores y condenó a Omint Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 y el adicional contemplado en el art. 3 de la ley 26.773 (v. sent. de fecha 27-XI-2023).
Para así decidir, juzgó acreditado que a raíz de las tareas cumplidas para su empleadora -así como las condiciones en que las prestaba- el actor es portador de una incapacidad psicofísica de tipo parcial, permanente y definitiva del 35,61% del índice de la total obrera, por presentar limitación funcional bilateral de hombros y reacción vivencial anormal neurótica grado II, vinculada causalmente con aquellas.
Señaló también, que el trabajador inició actuaciones administrativas (expedientes n° 369.326/21 y 45.542/22) en las que introdujo el reclamo de las enfermedades que denunció padecer a consecuencia del trabajo, las cuales fueron rechazadas por la aseguradora y ratificada dicha conclusión por la comisión médica.
Efectuó el cálculo de la prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo, teniendo en cuenta el ingreso base mensual obtenido de conformidad a las prescripciones del decreto 669/19.
En cuanto a los planteos de inconstitucionalidad formulados, juzgó que su tratamiento devenía abstracto atento la forma en que resolvió.
Por último, estableció que en caso de mora en el pago de la indemnización se aplicaría un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación, acumulándose los intereses al capital ello en forma semestral, con sustento en el art. 770 inc. "c" del Código Civil (art. 12 inc. 3, ley 24.557, modif. por art. 1, dec. cit.), hasta la efectiva cancelación, de acuerdo a lo previsto por el art. 12 último párrafo de la ley 24.557 (t.o. ley 27.348).
II. Contra dicha decisión, la legitimada pasiva dedujo recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad (v. presentación de 5-XII-2023), habiendo sido concedido por el a quo únicamente el primero de ellos (v. resol. de fecha 19-XII-2023).
II.1. En el inicio de la crítica, defiende la validez constitucional del procedimiento administrativo previo y obligatorio establecido por la ley 27.348 (arts. 1 y 2), en juego armónico con la revisión judicial que impone el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, tras la adhesión de la ley 14.997. Manifiesta que el tribunal de origen ha considerado implícitamente la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la mentada ley 27.348.
Sostiene que sólo pueden ser analizadas en un juicio posterior y a través de una acción de revisión -como la iniciada por el actor, según el art. 2 inc. "j" citado- todas aquellas lesiones motivadas en el evento dañoso reclamado ante las comisiones médicas y sobre las cuales se haya agotado la vía administrativa. Asevera que tal extremo no se verifica en el caso, dado que no se ha cumplido en su totalidad con dicha vía, así como tampoco se configuró el silencio administrativo respecto de la patología psicológica denunciada en sede judicial. En sustento de su postura, cita las causas L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020) y L. 124.285, "Bustos Torres" (sent. de 27-II-2023).
II.2. Siguiendo esa línea, aduce vulnerados los arts. 31 y 43 de la Ley de Riesgos del Trabajo y 31 de la ley 11.653 y postula que lo decidido en torno a la patología psicológica provoca un cabal estado de indefensión de Omint Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., puesto que fue condenada por dolencias que no ingresaron a su esfera de conocimiento ni fueron objeto del reclamo administrativo previo, quebrantando el principio de invariabilidad de la causa.
II.3. Desde otroángulo, cuestiona la aplicación del decreto de necesidad y urgencia 669/19 efectuada por el sentenciante para el cálculo del Ingreso base mensual, calificándolo de inconstitucional.
En ese último aspecto, alega que el Poder Ejecutivo superó los límites establecidos en el art. 99 inc. 3 de la Constitución nacional, al dictar una norma de carácter legislativo sin que mediaran circunstancias excepcionales, ya que el Honorable Congreso de la Nación se encontraba sesionando.
Explica que la aplicación retroactiva de este decreto socava la garantía de inviolabilidad de la propiedad y el principio de progresividad y altera el mecanismo de ajuste del crédito ya incorporado al patrimonio bajo el régimen anterior.
II.4. Asimismo, controvierte la aplicación del mencionado Decreto N° 669/19 al efectuar el cálculo de los intereses.
II.5. Finalmente, objeta el porcentaje de incapacidad determinado en el fallo en crisis y su vinculación causal con las tareas desarrolladas. Considera que el juzgador se apartó sin fundamento alguno del sistema especial de baremos fijados por los decretos 658/96 y 659/96 que, aduce, resultan de inexorable aplicación al caso, solicitando la limitación del porcentual de invalidez.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1.a. Ante todo, corresponde señalar que la interesada no ha demostrado que el valor de lo cuestionado ante esta instancia supere eventualmente el límite establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Concretamente, en función de dicha norma, no ha cuantificado las diferencias que hipotéticamente arrojarían los montos de la condena a la luz de los agravios traídos.
Tal falencia no puede ser salvada en esta sede extraordinaria, toda vez que esta Suprema Corte expresamente ha declarado que recae sobre la parte que deduce el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la carga de acreditar que el valor de lo cuestionado excede la cuantía mínima fijada por la ley adjetiva como recaudo de admisibilidad (causas L. 118.481, "Campana", sent. de 29-VIII-2018; L. 122.636, "Romero", sent. de 15-VI-2022 y L. 127.217, "Georgevich", sent. de 3-V-2023; e. o.).
En estas condiciones, y atento lo establecido por el art. 55 de la ley 11.653 –aplicable a la fecha de interposición del recurso-, la función revisora de esta Corte se limita a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.474, "Sotelo", sent. de 31-VIII-2020; L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021 y L. 128.183, "Kralik", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
III.1.b. Sin embargo, no puede soslayarse que la impugnación dirigida a poner en tela de juicio la validez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/19 y de la ley 27.348 involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor de lo cuestionado, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
Ante dicha circunstancia, se impone destacar que -conforme reiteradamente lo ha declarado este Tribunal- aun cuando dicho monto no supere el indicado límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con tales cuestiones federales, toda vez que según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; 311:2478 in re "Di Mascio"), es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, solo las mencionadas parcelas de la impugnación serán abordadas con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2. En este contexto, y alterando por razones metodológicas el orden de tratamiento en que los agravios fueron expuestos, cabe analizar en primer lugar los dirigidos a defender la constitucionalidad del procedimiento administrativo establecido en la ley 27.348 y la evocada denuncia de falta de agotamiento de la vía administrativa respecto a la totalidad de los reclamos formulados.
III.2.a. El juzgador puso especial énfasis en el desarrollo de los trámites previos realizados por el actor ante la aseguradora accionada (en los que reclamó las patologías que manifestó poseer a consecuencia del trabajo); que culminaron con el rechazo -por diversas razones- de las contingencias denunciadas y la ratificación del mismo por parte de la comisión médica.
En dicho contexto, validó que la demanda judicial fue presentada oportunamente, cumpliendo con el plazo para la acción de revisión previsto en el art. 2, inc. “j” de la ley 15.057.
Sobre esta base, estimó abstracto el tratamiento de los planteos de inconstitucionalidad formulados.
III.2.b. Lo expuesto revela que, contrariamente a lo denunciado en el medio impugnativo al respecto, el juzgador valoró el cumplimiento por parte del promotor del pleito del trámite administrativo previo mencionado, que culminó con la habilitación de la vía judicial, de acuerdo a la normativa vigente para el caso en estudio; resultando que -incluso- tampoco efectuó análisis constitucional alguno respecto a las normas actuadas.
Así, la ineficacia del agravio se exhibe nítida, pues resultan aplicables las directrices que tachan de insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si la argumentación que expone parte de una premisa errónea, transitando -de tal modo- por carriles propios, desentendiéndose de las razones proporcionadas por el sentenciante de grado (conf. doctr. art. 279, CPCC; causas L. 121.253, "Portillo", sent. de 19-II-2020; L. 123.299, "Galimberti Betancur", sent. de 9-XI-2021 y L. 126.106, "Juárez", sent. de 27-X-2022, e.o.).
III.2.c. Por lo demás, y en punto a las dolencias que específicamente fueron detalladas en la órbita de las comisiones médicas -en su eventual falta de identidad plena con las que se terminaron reconociendo en la sentencia- se aprecia que tales críticas remiten al análisis de cuestiones de hecho y prueba, las cuales son ajenas al acotado margen por el que transita esta parte del recurso (arg. causas L. 121.779, "Goro", sent. de 20-IV-2021; L. 126.073, "Simanauskas", sent. de 15-IX-2022; L. 127.217, "Georgevich", sent. de 3-V-2023; e.o.).
III.3. Luego, el cuestionamiento por el que se controvierte el grado de incapacidad receptado por el tribunal de la instancia deviene inadmisible.
En similar sentido a lo que antes se dijo, el agravio remite al análisis de típicas cuestiones de índole fáctica y probatoria cuya definición es privativa de los tribunales de grado, encontrándose excluidas del acotado y excepcional ámbito de revisión por el que -en este tramo- transita el recurso (causas L. 122.636, "Romero", sent. de 15-VI-2022 L. 127.786, "Martínez", sent. de 27-VI-2023 y L. 130.293, "Jardinez", sent. de 1-IX-2025; e.o.).
Para más, no es ocioso recordar que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 123.407, "Cazón", sent. de 28-IV-2021 y L. 127.035, "Quiroz", sent. de 17-IV-2023).
III.4. Desde otroángulo, tampoco se verifica la transgresión de los arts. 31 y 43 de la Ley de Riesgos del Trabajo y 31 de la ley 11.653, puesto que el único precedente emanado de este Tribunal que se invoca en la réplica (v. rec. pág. 22) fue elaborado sobre la base de presupuestos fácticos y normativos disímiles a los que se ventilan en el presente caso, lo que revela lo infructuoso del medio de impugnación traído (causas L. 121.400, "Hernández", sent. de 16-IX-2020; L. 121.823, "De la Iglesia", sent. de 4-VII-2022; L. 125.944, "Astrada", sent. de 21-X-2022; L. 126.859, "Moreno"; sent. de 23-XI-2023; e.o.).
III.5. Por último, los agravios planteados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley dirigidos a cuestionar la aplicación al caso y la validez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/19, hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en las causas L. 128.977, "Chocobar" (sent. de 13-III-2026) y L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Con ello, observo que en el recurso deducido la impugnante se ha encargado de evidenciar que en punto a la crítica emparentada con la aplicación y la validez constitucional del decreto 669/19, se configuraría en el caso una cuestión federal.
Sentado lo anterior, a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 128.977, "Chocobar" (sent. de 13-III-2026), acompaño lo dicho en relación al mentado agravio.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/19, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/04/2026 14:38:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/04/2026 10:28:41 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/04/2026 21:54:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/04/2026 13:18:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/04/2026 14:20:11 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 22/04/2026 16:36:43 hs. bajo el número RR-631-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia