Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 135746
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción promovida por el señor Lucas Gustavo Luna contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. mediante la que procuraba la revisión de la resolución administrativa dictada en el expediente SRT n°233.474/20 por la Comisión Médica n° 392 de Pilar y el cobro de las prestaciones dinerarias previstas en el régimen especial de riesgos del trabajo (v. pronunciamiento de fecha 26-XII-2024).
Para así decidir, juzgó que el actor no acreditó padecer un porcentaje de incapacidad mayor que el determinado en sede administrativa.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 11-II-2025), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción contenida en el art 82 de la ley 15.057 (v. resolución de fecha 6-V-2025).
En su presentación, relata los antecedentes de la causa y cita las normas que considera vulneradas. En rigor, objeta la ponderación de la prueba efectuada por el sentenciante, en particular el informe pericial médico, en tanto entiende que el juzgador redujo arbitrariamente el porcentual de incapacidad otorgado por el experto en su dictamen.
Finalmente, se agravia de la imposición de costas.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone señalar que, tal como lo adelantó el órgano de grado, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma reclamada en la demanda con más el importe de las costas cuya imposición se agravia- no excede el mínimo fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024.
En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado art. 82 de la ley 15.057 (cfr. causa L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024).
Por lo tanto, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.2. Bajo las señaladas premisas la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que en la pieza recursiva y en relación a los agravios que esgrime, se omite citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; La. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020 y L. 130.050, "Fernández", resol. de 10-IV-2023).
III.3. Para terminar, cabe recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 129.796, "Sosa", resol. de 10-IV-2023, L. 135.284, "Lilla", resol. de 29-V-2025 y L. 132.672 "Santos", resol. de 2-X-2025).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/04/2026 19:27:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/04/2026 10:57:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/04/2026 12:45:50 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 04/05/2026 12:35:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/05/2026 13:00:47 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/05/2026 18:10:24 hs. bajo el número RR-659-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia