Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 132704
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con el alcance dispuesto en el apartado III.1.b., se revoca la decisión impugnada en los términos allí dispuestos, y se dispone el rechazo de la aclaratoria articulada.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 132.704, "Titanti, Gastón Matías contra Federación Patronal Seguros ART. Acción de revisión resolución Comisión Médica jurisdiccional - ley 15.057", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. vered. y sent. de fecha 23-IV-2024 y aclaratoria de fecha 21-V-2024).
Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley contra el pronunciamiento definitivo dictado el 23-IV-2024 (v. presentaciones de fecha 8-V-2024), los que luego fueron desistidos (v. escrito de fecha 31-V-2024 y proveído de fecha 4-VI-2024).
Asimismo, se dedujo por la aseguradora accionada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra la aclaratoria dictada el 21-V-2024 (v. presentación electrónica de fecha 10-VI-2024).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la demanda deducida por Gastón Matías Titanti y condenó a Federación Patronal Seguros S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de prestaciones dinerarias establecidas en los arts. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773 (v. vered. y sent. de fecha 23-IV-2024).
Para así decidir, juzgó probado en el veredicto que el día 24 de octubre de 2018, en ocasión de encontrarse realizando sus tareas habituales bajo las órdenes de su empleadora Asociación Mutual Amigos del Club Atlético Roberts (quien se hallaba asegurada con la aquí demandada), el trabajador protagonizó un accidente de trabajo que —sumando los factores de ponderación—, le provoca una incapacidad psicofísica del 23,50% de la total obrera. También —con sustento en el dictamen pericial contable presentado— que el ingreso base mensual del actor ascendió a la suma de $136.311,44 en razón de las modificaciones introducidas por el art. 11 de la ley 27.348 que sustituyó al art. 12 de la ley 24.557.
Ya en la sentencia, en el voto que representó la opinión mayoritaria se sostuvo que resultaban operativas las disposiciones de las leyes 24.557, 26.773 y 27.348. Se afirmó que correspondía aplicar aquellas prescripciones dadas por el art. 11 del último cuerpo normativo, en su redacción original sin las modificaciones introducidas por el decreto de necesidad y urgencia 669/19, al juzgarlo inconstitucional.
Se expresó, con apoyo en lo resuelto por esta Corte en las causas L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 118.532, "Godón" (sent. de 5-IV-2017), que las prestaciones dinerarias debían ser calculadas en base a las normas vigentes en la fecha en que sucedieron las circunstancias fácticas de la causa.
Sentado ello, el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 fue calculado en la suma de $2.750.369,40 ($136.311,44 x 53 x 23,50% x 1,62 [65/40]; la cual —se dijo— superaba el piso previsto en la nota 18437/18 de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social), a la que se adicionó un 20% de acuerdo al art. 3 de la ley 26.773, alcanzando así el importe total de $3.300.443,20.
Seguidamente, se consignó que en caso de mora y hasta la efectiva cancelación "...será de aplicación lo establecido por el art. 770 C.C.C. acumulándose los intereses al capital y el producido devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina" (sent., pág. 10).
Ahora bien, en posterior resolución de fecha 21 de mayo de 2024, en la que hizo lugar a la aclaratoria interpuesta por la parte actora (v. escrito de 23-IV-2024), el tribunal de origen —por mayoría— señaló que resultaba de aplicación obligatoria la doctrina legal vigente dictada durante la tramitación del proceso por esta Suprema Corte en la causa C. 124.096, "Barrios" (sent. de 17-IV-2024).
Juzgó que, según los lineamientos dados por aquel precedente, el ingreso base mensual del actor debía actualizarse teniendo en cuenta la variación del índice Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) desde la fecha de la primera manifestación invalidante —24 de octubre de 2018— hasta el mes de febrero de 2024, lo que arroja un total de $551.604,77.
Efectuó la comparación entre aquel monto arribado en la tercera cuestión del veredicto por la suma de $136.311,44 —en base a lo normado por la ley 24.557 modificada por la ley 27.348— y el determinado supra y concluyó que de optarse por el primero se afectaría el patrimonio del justiciable.
En tal contexto declaró la inconstitucionalidad de los arts. 7 de la ley 23.928 —según ley 25.561— y 12 inc. 2 de la ley 24.557 conforme ley 27.348.
A continuación, calculó nuevamente el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 —esta vez actualizando el ingreso base teniendo en cuenta la variación experimentada por el índice RIPTE— arribando a la suma de $11.129.784 ($551.604,77 x 53 x 23,50% x 1,62 [65/40]; la cual superaba el piso previsto en la nota 18437/18 de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social), a la que le adicionó un 20% de acuerdo al art. 3 de la ley 26.773, alcanzando así el importe total de $13.355.740.
Finalmente dispuso adicionar al capital de condena una tasa pura del 6% anual —con apoyo en los precedentes que citó— arribando a un capital de condena de $17.825.704,93 (v. aclaratoria y liquidación de fecha 21-V-2024).
II. Contra el referido pronunciamiento aclaratorio de la sentencia definitiva dictado por el órgano de grado, la aseguradora demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 10-VI-2024).
II.1. Postula que la sentencia aclaratoria del 21 de mayo de 2024 viola lo dispuesto en el art. 166 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto altera lo sustancial del proveimiento resuelto en la sentencia de fecha 23 abril 2024, excediendo los límites que la mentada norma impone.
Explica que el órgano de grado resolvió por vía de aclaratoria actualizar el ingreso base mensual del actor conforme la variación del índice RIPTE elevando de $136.311,44 a $551.604,77 aquel, adicionando "como novedad" al resultado de la fórmula prevista por la Ley de Riesgos del Trabajo un interés a tasa pura del 6% anual (v. rec., pág. 4).
Enfatiza que, al resolver en la fecha indicada, el tribunal actuante interpreta el texto del decreto de necesidad y urgencia 669/19 de un modo distinto al que había establecido en la sentencia del día 23 de abril del mismo año, en tanto en esta última declaró inconstitucional sus prescripciones, las que luego empleó —según postula— de modo erróneo y contradictorio.
Refuerza su postura con diversos precedentes emanados de esta Suprema Corte.
II.2. Aduce que el planteo de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 —según ley 25.561— resulta extemporáneo, en tanto encontrándose vigente dicha normativa desde el inicio de las actuaciones no fue introducido en la demanda ni en el transcurso del pleito, sino recién en un escrito horas previas al dictado del veredicto.
Añade que no resulta de aplicación al caso lo resuelto en la causa C. 124.096, "Barrios" (sent. de 17-IV-2024) por tratarse de una cuestión resuelta en sede civil y no laboral.
II.3. Finalmente, critica el modo de aplicación del decreto de necesidad y urgencia 669/19 establecido en la ya referida sentencia aclaratoria, toda vez que —según sostiene— se aparta de lo previsto en las resoluciones 1.039/19 y 332/23 de la Superintendencia de Seguros de la Nación que lo reglamentan y establecen la forma en que debe calcularse la variación del RIPTE.
III. El recurso prospera con el siguiente alcance.
III.1. El agravio inaugural del remedio deducido por la accionada —único por el que esta Suprema Corte se encuentra llamada a resolver— merece favorable recepción.
Dable es recordar que la resolución que acoge la aclaratoria interpuesta respecto de la sentencia, la integra y forma con ella un todo orgánico y lógico que debe computarse como una pieza única (causas L. 107.497, "Guzmán", sent. de 5-III-2014; L. 105.939, "Verdie", sent. de 15-VII-2015; L. 124.361, "Bonaudi", sent. de 13-VII-2022 y L. 129.911, "Bravo", sent. de 29-VII-2024), por lo que cabe analizar el recurso interpuesto.
III.1.a. Sentado ello, tal como surge de los antecedentes reseñados, al dictar la sentencia, el tribunal de grado —por mayoría— dispuso que el ingreso base mensual del accionante debía actualizarse conforme las prescripciones dadas por el art. 11 de la ley 27.348 sin las modificaciones introducidas por el decreto de necesidad y urgencia 669/19, que juzgó inconstitucional. Efectuó, en base a la normativa que consideró aplicable, el cálculo de las prestaciones dinerarias adeudadas al trabajador en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. vered. y sent. de fecha 23-IV-2024).
Como quedó dicho, posteriormente, al resolver el recurso de aclaratoria deducido por la legitimada activa, estimó aplicable al caso la doctrina emanada del precedente C. 124.096, "Barrios" (sent. de 17-IV-2024), declaró la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 —conforme ley 25.561— y determinó (contemplando el ingreso base mensual del trabajador actualizado según las pautas que brindó) un nuevo cálculo de las prestaciones dinerarias, adicionando además intereses a una tasa pura del 6% anual (v. aclaratoria de fecha 21-V-2024).
III.1.b. Esta última decisión infringe el art. 166 inc. 2 del Código Procesal Civil y Comercial.
Surge palmario —tal como el recurrente denuncia— que el sentenciante modificó sustancialmente el criterio mayoritario alcanzado en el veredicto y la sentencia dictados el día 23 de abril de 2024, al actualizar el ingreso base del trabajador mediante un mecanismo renovado —que, cabe destacar, coincide con los parámetros dados por aquella normativa que anteriormente juzgó inconstitucional—, además de adicionar una tasa de interés que no había ordenado previamente.
Efectivamente, la referida transgresión legal se configura en tanto el tribunal de origen, por vía de aclaratoria, alteró un aspecto sustancial de la decisión originaria y modificó el fundamento jurídico —vinculado con la determinación del ingreso base mensual del señor Titanti y con los intereses fijados— y, en consecuencia, el modo de cálculo dispuesto con anterioridad (causas L. 36.336, "Romero", sent. de 3-V-1988; L. 53.763, "Córdoba", sent. de 1-VIII-1995; L. 59.431, "Saccone", sent. de 28-X-1997 y L. 107.497, "Guzmán", sent. de 5-III-2014).
Corresponde, en consecuencia, revocar el pronunciamiento de fecha 21 de mayo de 2024 y rechazar la aclaratoria deducida por la accionante.
III.2. La solución que se propicia, torna abstracto el tratamiento de los restantes agravios planteados.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto con el alcance dispuesto en el apartado III.1.b.
Costas de esta instancia a la vencida (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con el alcance dispuesto en el apartado III.1.b., se revoca la decisión impugnada en los términos allí dispuestos, y se dispone el rechazo de la aclaratoria articulada.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/05/2026 11:05:21 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/05/2026 18:03:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/05/2026 14:31:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2026 11:17:31 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2026 12:49:21 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 26/05/2026 15:00:38 hs. bajo el número RS-55-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia