Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131642
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.1, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por el señor Ricardo Luis Caballero y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonarle la suma que especificó en concepto de reparación sistémica establecida en los arts. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773, como consecuencia de las secuelas incapacitantes derivadas de la enfermedad profesional que alegó padecer (v. sent. de 1-XI-2023).
En lo que interesa destacar, con sustento en la prueba pericial médica, juzgó que la incapacidad que porta el dependiente guarda relación causal con las tareas que desarrolló para la empleadora asegurada.
Luego, a los fines de cuantificar las prestaciones debidas al trabajador, aplicó las directrices emanadas del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, y demás normativa que juzgó aplicable (leyes 24.557; 26.773; e.o).
II. Contra dicha decisión, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 17-XI-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de fecha 28-XI-2023).
II.1. Inicialmente, objeta el fallo de grado en cuanto declaró acreditada la relación causal entre las tareas y la incapacidad que porta el actor. Afirma que tal definición es arbitraria y dogmática. Argumenta que la única prueba producida al efecto fue la pericia médica, empero -en su criterio- el experto interviniente no contó con elementos suficientes para tenerla por configurada.
II.2. Alega que el juzgador vulneró el principio de congruencia por haber omitido aplicar al caso la resolución 1.039/19 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, reglamentaria del decreto 669/19, deviniendo el pronunciamiento arbitrario y violatorio del derecho de propiedad de la aseguradora.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. En primer término, cabe recordar que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, por lo que la decisión que adoptan al respecto es ajena al cometido de esta Suprema Corte, salvo acreditación de absurdo (causas L. 123.501, "Consorcio de Gestión Puerto La Plata", sent. de 21-X-2022; L. 126.737, "Barrera", sent. de 22-VIII-2023; L. 130.557, "Coronel", resol. de 15-IV-2024 y L. 131.114, "Alcaras", resol. de 15-IX-2025; e.o.).
En el sub exámine , a partir de la subjetiva opinión de la interesada en torno a la valoración del informe médico agregado a la causa y las respectivas aclaraciones efectuadas por el experto no logra demostrarse que el a quo hubiera incurrido en el señalado yerro, desde que es sabido, que tal método de impugnación configura una técnica carente de idoneidad para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que caracteriza al mentado vicio (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022 y L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023; L. 132.077, "Salto Monje", resol. de 15-X-2024 y L. 133.163, "Bugñar", resol. de 2-IX-2025; e.o.).
III.2. En otro orden, los agravios que contiene el recurso sobre la aplicación al caso de las disposiciones del decreto 669/19 hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en las causas L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026) y L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.); resultando ello suficiente para resolver la impugnación traída.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.1, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/06/2026 12:54:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/06/2026 11:13:07 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/06/2026 13:55:43 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 09:47:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 12:04:59 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/06/2026 14:25:56 hs. bajo el número RR-1262-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia