Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131148
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación a los agravios tratados en los puntos III.1 y III.2, en atención a que se encuentran insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente con el alcance establecido en el punto III.3 y en cuanto aplicó al caso las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara; debiéndose los autos remitirse al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n°1 del Departamento Judicial de General San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Juan Carlos Weyrich y condenó a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A al pago de las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 11 apartado 4, inc. "b" y 15 apartado 2 de la ley 24.557 (v. pronunciamiento de fecha 13-VII-2023).
Para así decidir, juzgó acreditado que el actor padece una incapacidad permanente y definitiva del 66,55% de la total obrera, a raíz de las secuelas producidas por el accidente in itinere acontecido el día 16 de diciembre de 2017.
En lo que interesa, el a quo determinó el valor mensual del ingreso base y juzgó que en el caso correspondía aplicar el decreto de necesidad y urgencia 669/19.
Sentado ello, cuantificó el importe que le correspondía percibir al actor de acuerdo a las pautas que surgen del citado art. 15 apartado 2 de la ley 25.557 -en concordancia con lo normado por los arts. 2 in fine y 17 inc. 1 de la ley 26.773- y, en virtud de lo establecido por el art. 11 apartado 4 inc. "b" de la Ley de Riesgos del Trabajo, determinó el monto de la compensación dineraria adicional de pago único, conforme lo dispuesto por la Resolución SRT 12/2023, que entendió aplicable (v. sentencia, págs. 7/8).
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 11-VIII-2023), el que fue concedido por el órgano de grado (v. pronunciamiento de fecha 22-VIII-2023).
II.1 En primer término, denuncia falencias en la producción de la pericia médica.
Por un lado, expresa que si bien el experto manifestó ajustarse al baremo de la Ley de Riesgos del Trabajo y al método de la capacidad restante, no basta la simple mención de este último, sino que el sentenciante debió constatar su efectiva aplicación al momento de dictaminar.
Por otro, se agravia ante la omisión -según indica- del decreto 49/2014, modificatorio del baremo contemplado en su similar 659/96. Alega que el mismo establece que cuando una incapacidad es parcial -es decir, inferior al 66% de la total obrera- y que por la incorporación de los factores de ponderación se llegue a un porcentaje igual o mayor, el valor máximo de dicha minusvalía debe establecerse en el 65%.
II.2. Cuestiona la decisión de grado que aplicó retroactivamente al caso de autos el decreto de necesidad y urgencia 669/19. Al respecto, considera que, conforme la fecha del siniestro, no debió actualizarse con el índice RIPTE el monto de condena.
Precisa que una correcta interpretación de la norma de referencia lleva a establecer que su alcance temporal está circunscripto a aquellas causas iniciadas estando vigente la ley 27.348.
Afirma, además, que existió una incorrecta e improcedente aplicación del decreto 669/19 en cuanto a las pautas fijadas en el art. 12 de la ley 24.557 (texto según decreto citado). Argumenta que no es lo mismo la "variación del índice" que se utiliza en el apartado primero, para calcular el promedio de los salarios de los últimos doce meses; que la "tasa de variación" del RIPTE, que es el interés aplicable según el art. 12, inciso 2.
II.3. Controvierte también el cálculo indemnizatorio efectuado por el tribunal de grado en los términos del art. 15 apartado 2 de la ley 24.557.
Refiere que dicho órgano jurisdiccional no consideró el porcentaje de minusvalía fijada por el perito médico, toda vez que la suma de condena establecida se corresponde a una incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva del 100% de la total obrera, y no del 66,55% como la determinada en autos (v. recurso, pág. 10).
II.4. Por último, objeta el importe de la compensación dineraria de pago único que establece el apartado 4 inc. "b" del artículo 11 de la ley 24.557.
Manifiesta que para establecer su cuantía no debieron aplicarse las disposiciones contenidas en la resolución n° 12/2023 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, toda vez que no se hallaba vigente a la fecha del infortunio (16/12/2017). Afirma que en el específico supuesto de autos correspondía actuar la nota n° 21.161/17 de la Subgerencia de Control de Entidades (SCE) de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (periodo 1/9/17 al 29/2/18).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. En primer lugar, el planteo vinculado con la omisión en la aplicación al caso del decreto 49/2014 y el método de la capacidad restante debe ser desestimado.
III.1.a. Como se adelantó, la recurrente denuncia que el mencionado decreto, que sustituye el Anexo I de la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales contempladas en el dec. 659/96, establece en su punto 2.4, relativo a los factores de ponderación, que en caso de que una incapacidad permanente sea parcial por aplicación de la tabla y que por la incorporación de los factores de ponderación se llegue a un porcentaje igual o superior al sesenta y seis por ciento (66%), el valor máximo de dicha incapacidad será de sesenta y cinco por ciento (65%).
En esos términos, solicita se modifique la sentencia de grado, desestimando los factores de ponderación establecidos por el perito médico y determinando que la incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva del señor Weyrich se establezca en aquel porcentual (65%).
III.1.b. Sentado lo anterior, de la simple lectura del escrito recursivo se advierte que los reproches traídos, a luz de las constancias obrantes en autos, se exhiben fruto de una reflexión tardía y -por ende- no pueden ser considerados en esta sede casatoria.
En efecto, el trámite de la causa denota que a partir de la pericia médica presentada el día 17 de marzo de 2023 la parte demandada esgrimió sus objeciones, entre ellas, sobre el porcentaje de incapacidad determinado por el experto (v. impugnaciones de 31 de marzo, 24 de abril y 15 de mayo de 2023), dato que, finalmente, quedó reflejado en la sentencia (v. págs. 3 y 4). En tales condiciones, no obra constancia de otras afirmaciones o peticiones vinculadas al extremo ahora pretendido ni en relación a su alcance.
En tales condiciones, la lectura del expediente revela que la objeción que aquí se analiza fue traída a esta instancia extraordinaria sin haber sido puesta a consideración del tribunal de trabajo interviniente en ninguna oportunidad, por lo que cobra virtualidad la doctrina legal que establece que los planteos que no fueron sometidos oportunamente a decisión de los magistrados de la instancia ordinaria, constituyen una cuestión novedosa no susceptible de ser evaluada en la sede extraordinaria (causas L. 121.754, "C., V. P.", sent. de 12-II-2020; L. 126.046, "Agüera", sent. de 27-III-2023; L. 126.307, "Lezcano"; sent. de 25-X-2023 y L. 128.676, "Romero", sent. de 24-II-2025; e. o.).
III.2. Tampoco son de recibo las críticas esgrimidas en relación al importe determinado en concepto de prestación dineraria de pago único, regulada en el art. 15 apartado 2 de la ley 24.557.
La recurrente se limita a señalar que el cálculo efectuado por el tribunal de grado es incorrecto, atento que no incorporó -según explica- como componente de la fórmula del citado artículo, al porcentaje de incapacidad del trabajador (66,55%). En esos términos, refiere que la suma a la cual arribó el juzgador se corresponde con el 100% de la incapacidad, y que, a dicho monto debió aplicarse el porcentaje de incapacidad determinado en autos, alcanzando así una suma notoriamente inferior a la establecida por el Tribunal v. recurso, pág. 10).
Se observa, que la impugnante no aporta ningún elemento convincente para descalificar el contenido del fallo, sino que se limita en su crítica a exhibir su disconformidad con lo resuelto a partir de discrepancias subjetivas, no superando lo expuesto el registro de una mera opinión.
Sin embargo, es dable recordar lo normado por el art. 8 de la ley 24.557, en cuanto dispone en su apartado 2 que "la Incapacidad Laboral Permanente (ILP) será total, cuando la disminución de la capacidad laborativa permanente fuere igual o superior al 66%".
Por su parte, el art. 15 de la ley 24.557 establece que, una vez declarado el carácter definitivo de la Incapacidad Laboral Permanente Total (IPT) el damnificado percibirá una prestación -sin perjuicio de la prevista por el apartado 4 del art. 11 de la mencionada ley- cuyo capital equivaldrá a cincuenta y tres (53) veces el valor mensual del ingreso base, multiplicado por un coeficiente que resultará de dividir el número 65 por la edad del damnificado a la fecha da la primera manifestación invalidante.
En síntesis, se destaca que la mensura de la prestación sistémica efectuada por el juzgador de grado se condice -al cabo- con la fórmula prevista en la normativa aplicada, situación que refuerza la desestimación de la crítica sobre el cálculo puesto en tela de juicio.
III.3. En cambio, se advierte que el tribunal interviniente incurrió en un desacierto en cuanto aplicó al caso la Resolución N° 12/2023 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, puesto que -efectivamente- a la fecha de la primera manifestación invalidante (esto es, el 16-XII-2017) se hallaba vigente la nota n° 21161/17 de la Subgerencia de Control de Entidades de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, aplicable en el período comprendido entre el 1 de septiembre 2017 y el 28 de febrero 2018.
En efecto, en la causa L. 120.206, "Ponce" (sent. de 22-VI-2020), así como en otras de similar tenor (causas L. 119.954, "Rodríguez", sent. de 8-VII-2020 y L. 120.061, "Bruno", sent. de 14-VII-2020), esta Corte ha resuelto que corresponde emplear el mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones dinerarias del régimen de infortunios laborales conforme el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) publicado semestralmente por la Secretaría de Seguridad Social siguiendo las reglas de la doctrina sentada en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016; reiterada en las causas L. 119.011, "Tarducci", sent. de 14-XII-2016; L. 117.417, "Maidana", sent. de 31-X-2016; e.o.), lo que conduce a considerar -a los fines de definir la aplicación temporal de la norma- el momento en que se produce la primera manifestación invalidante, circunstancia que conduce a que, en el presente caso, resulten aplicables los importes establecidos en la referida nota de la Sub-gerencia de Control de Entidades de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
En razón de lo expuesto, teniendo en mira el entramado normativo que rige el caso examinado, corresponde hacer lugar a este tramo del recurso y revocar la cuantificación de la compensación adicional prevista en el art. 11 inc. 4 apartado "b" de la ley 24.557 -y modificatorias-, en tanto el juzgador de origen se sustrajo de la recta interpretación de la norma aplicable al caso.
III.4. Luego, los agravios dirigidos a cuestionar la aplicación al caso del decreto de necesidad y urgencia 669/19, hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en las causas L. 127.690 "Ovejero" (sent. de 26-V-2026) y L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.), resultando ello suficiente para dar respuesta a la impugnación traída.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación a los agravios tratados en los puntos III.1 y III.2, en atención a que se encuentran insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente con el alcance establecido en el punto III.3 y en cuanto aplicó al caso las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara; debiéndose los autos remitirse al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/06/2026 12:54:35 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/06/2026 11:13:03 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/06/2026 13:55:41 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 09:47:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 12:04:58 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/06/2026 14:25:53 hs. bajo el número RR-1259-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia