Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130604
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.1, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de General San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Eduardo Javier Bertolotti y condenó a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, con más las sumas adicionales que estableció con fundamento en los arts. 11 inc. 4 apartado "a" del mismo cuerpo legal y 3 de la ley 26.773 (v. veredicto de fecha 3-II-2023 y sentencia de fecha 7-II-2023).
Para así decidir, juzgó acreditado que el promotor del pleito padece una incapacidad parcial y permanente del 63,89% de la total obrera, a raíz de las secuelas producidas por el infortunio acontecido el día 13 de marzo de 2018.
En lo que resulta relevante, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/19, en tanto juzgó que fue dictado conforme a derecho, no demostrándose que sea confiscatorio, ni violatorio del derecho de propiedad. En cambio, entendió que no correspondía aplicar la resolución 1.039/2019 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, por ir en desmedro de la norma que pretende reglamentar.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 1-III-2023), el que fue concedido por el tribunal de origen en fecha 31 de marzo de 2023.
II.1. En primer lugar, objeta el grado de incapacidad reconocido al actor por apartarse del dictamen de la comisión médica y omitir sus impugnaciones. Señala que el porcentaje de minusvalía determinado por cicatriz (13%) supera el establecido en el baremo aplicable (4%). En cuanto a la lesión columnaria, cuestiona su inclusión por no ser reclamada en la vía administrativa y afirma que la protusión discal es ajena al siniestro, criticando la falta de evaluación de factores concausales. Por último, rechaza el daño psicológico por carecer de fundamentación científica y documental, argumentando que no se constatan tratamientos específicos desde el año 2018.
II.2. Luego, se agravia de la aplicación al caso del decreto de necesidad y urgencia 669/19.
Sostiene que el juzgador desestimó el planteo de inconstitucionalidad del mentado reglamento formulado por la parte actora y declaró aplicable sus disposiciones, siendo ello violatorio de los términos de la traba de litis y afectando el derecho de defensa en juicio.
II.3. Por último, cuestiona el modo en que se aplicaron las pautas del decreto 669/19 para el cálculo del valor mensual del ingreso base previsto en el art. 12 de la ley 24.557, puntualizando que los apartados 1 y 2 prevén mecanismos diferentes, y que, aunque el primer paso fue correcto, la sentencia aplicó erróneamente el computo para estimar la tasa de interés acumulada.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1.a. Inicialmente, es dable recordar que esta Corte tiene dicho que valorar el material probatorio, determinar el grado o porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador como consecuencia de un accidente o enfermedad del trabajo y establecer la existencia del nexo causal o concausal con el infortunio denunciado, constituyen facultades privativas de los jueces de grado, y las conclusiones que al respecto formulen no son revisables en la instancia ordinaria, salvo que se invoque y demuestre eficazmente la existencia de absurdo en la labor axiológica de los magistrados (causas L. 128.007, "Adami", resol. de 1-IV-2022; L. 130.188, "Figueroa", resol. de 12-IX-2023; L. 130.836, "Vila", resol. de 1-XI-2023 y L. 131.635, "Morando", resol. de 29-VII-2024; e.o.).
También, que la tarea de valorar los peritajes médicos y asignarle entidad convictiva constituye una cuestión fáctica exenta de censura en casación, excepto que se denuncie y verifique el vicio citado (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 123.501, "Consorcio de Gestión Puerto La Plata", sent. de 21-X-2022 y L. 127.102, "Cruzzetti", sent. de 23-VIII-2023; e. o.).
III.1.b. A partir de tales premisas, la crítica luce insuficiente para evidenciar que la solución adoptada por el sentenciante sea absurda.
En efecto, el juzgador de origen, estableció que conforme a los reconocimientos formulados por las partes y las pruebas incorporadas a la causa (documental, informativa, pericias contable y médica), había quedado acreditado que el actor sufrió un accidente el día 13 de marzo de 2018 que le provocó lesiones de tibia y peroné, columna dorso lumbar, daño estético (heridas: abdominal, cráneo, sacra y pierna) y reacción vivencial anormal neurótica. Sostuvo que, utilizando la fórmula de Balthazar y conforme el Baremo del Decreto n° 659/96, se encuentra afectado por una incapacidad permanente, parcial y causal con el infortunio del 63,89%, incluidos los factores de ponderación (v. vered. pág. 9 y sent. págs. 5 y 6).
Asimismo, destacó que el promotor del pleito había dado cumplimiento con la instancia administrativa previa, obligatoria y excluyente, tipificada por el art. 1 de la ley 27.348, siendo irrelevante -según agregó- si se reclaman secuelas distintas a las planteadas ante la comisión médica, en tanto derivaban de un mismo hecho (v. sent. págs. 6 y 7).
III.1.c. El desarrollo expositivo que exhibe la impugnación, en cuanto se dirige a neutralizar el pronunciamiento en orden a la valoración del dictamen médico -con sustento en que, en definitiva, no se brindaron las explicaciones que justifiquen el criterio adoptado- no alcanza para demostrar que el tribunal de grado hubiera incurrido en el defecto señalado.
Ello así, por cuanto el agravio transita sobre meras apreciaciones personales de la recurrente en torno al modo en que considera que debió ponderarse la prueba aportada al proceso, soslayando que el absurdo solo puede juzgarse configurado ante una cabal demostración de su existencia, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error; por ende, resulta insuficiente el agravio cuyo contenido solo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y merituación del material probatorio (causas L. 121.642, "Ramírez", sent. de 9-VI-2020; L. 124.845, "Iakich", sent. de 30-VIII-2021; L. 125.917, "López", sent. de 27-X-2022 y L. 125.306, "Jacobo", sent. de 22-XI-2022; e.o.).
De este modo, la agraviada se aparta de la línea reflexiva y de la apreciación probatoria que condujo al tribunal a la solución objetada, intentando un nuevo examen de los elementos agregados a la causa según su personal criterio valorativo, sistema que -reiteradamente se ha señalado- configura una técnica carente de idoneidad para demostrar la configuración del absurdo (causas L. 125.760, "Kraus", sent. de 10-XI-2022; L. 125.824, "Falero", sent. de 15-II-2023 y L. 126.591, "D’Onofrio", sent. de 27-III-2023; e. o.).
III.2. Luego, los agravios referidos al decreto de necesidad y urgencia 669/19 hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en las causas L. 127.690 "Ovejero" (sent. de 26-V-2026) y L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.), resultando ello suficiente para dar respuesta a la impugnación traída.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.1, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/06/2026 12:54:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/06/2026 11:12:57 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/06/2026 13:55:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 09:47:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 12:04:56 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/06/2026 14:25:49 hs. bajo el número RR-1254-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia