Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130216
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído respecto de los agravios tratados en los puntos III.1. y III.3., en atención a que se encuentran insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente en relación al analizado en el punto III.2. y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Kohan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción de revisión promovida por la señora Carolina Antonella Barca y, en consecuencia, condenó a La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de prestaciones dinerarias de los arts. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773, con más intereses fijados del modo que determinó (v. pronunciamiento de 16-XII-2022).
Para así decidir, con apoyo en las conclusiones establecidas en el informe pericial médico y sus aclaraciones, el juzgador tuvo por acreditado que, con motivo del siniestro acontecido el día 20 de enero de 2021, la actora padece una disminución de su capacidad laboral del 11,43% de la total obrera.
En lo que interesa destacar, calculó el valor mensual del ingreso base -de acuerdo a lo determinado en la pericia contable- con ajuste a las previsiones contenidas en el decreto 669/19, normativa que también utilizó para fijar los intereses en caso de mora.
II. Frente a lo así resuelto se alza la aseguradora accionada mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 28-XII-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 3-II-2023).
II.1. Controvierte la minusvalía reconocida en el fallo, así como también la relación causal determinada. Bajo la denuncia de absurdo, objeta la eficacia asignada al dictamen pericial médico, alegando que no se encuentra debidamente fundado y que contiene diversos errores.
II.2. Por otro lado, cuestiona que el sentenciante cuantificara el valor del ingreso base mensual con sustento en las disposiciones del decreto 669/19.
Sostiene que, al practicar la liquidación, el juzgador se apartó de la doctrina mayoritaria al no aplicar el art. 11 de ley 27.348, ocasionando un menoscabo irreparable a su mandante y vulnerando su derecho de propiedad. Alega que la citada ley se encontraba vigente al momento de la interposición de la demanda.
II.3. Por último, denuncia vulnerada la jurisprudencia de esta Corte que identifica, referida al deber de los jueces de motivar sus decisiones, así como también de analizar la prueba en su conjunto.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. No resulta atendible el cuestionamiento que gira en torno a la valoración de la pericia médica.
III.1.a. Tiene dicho esta Suprema Corte que determinar la existencia o no de relación causal o concausal entre el accidente y la incapacidad que padece el trabajador, como establecer el grado de la minusvalía que lo afecta, o en concreto, ponderar la pericia médica, constituyen facultades privativas de los jueces de grado y ajenas -por regla- a la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo (causas L. 120.386, "Roldán", sent. de 3-X-2018; L. 121.460, "Guerra", sent. de 31-VIII-2020 y L. 127.797, "Llanos", sent. de 14-XII-2023; e. o.).
III.1.b. Lo expuesto por la impugnante no es apto para acreditar la configuración de aquel excepcional vicio valorativo, habida cuenta que solo refleja su discrepante opinión subjetiva en orden a la supuesta falta de aptitud probatoria que correspondería asignarle a lo informado en la experticia de autos. En sustancia, la recurrente reitera las observaciones que realizó en la instancia en ocasión de impugnar el dictamen presentado por el galeno actuante -quien, además, hubo de atenderlas-, pero ello, sin lograr desvirtuar la labor desplegada por el a quo al ponderar la prueba pericial.
La crítica traída se agota en la pretensión de la recurrente de disputarle a los magistrados de grado el ejercicio de potestades propias, siendo dicha técnica ineficaz para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que caracteriza al absurdo (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022 y L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023).
III.2. Luego, los agravios dirigidos a cuestionar la aplicación al caso del decreto de necesidad y urgencia 669/19, hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en las causas L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026) y L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.), resultando ello suficiente para dar respuesta a la impugnación traída.
III.3. A tenor de lo expuesto, queda sin vigor la denuncia de violación de doctrina legal que porta el último tramo del recurso. Es evidente que no se ha demostrado que el fallo de grado se encuentre desprovisto de motivación necesaria o que en él se hubiera incurrido en el vicio de absurdo en la valoración de la prueba.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído respecto de los agravios tratados en los puntos III.1. y III.3., en atención a que se encuentran insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente en relación al analizado en el punto III.2. y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/07/2026 13:31:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/07/2026 19:09:06 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 08/07/2026 12:28:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/07/2026 10:54:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2026 09:13:14 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/08/2026 12:14:37 hs. bajo el número RR-1410-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia