Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 139311
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 292 del CPCC; 89, ley 15.057; Acuerdo 4.068/2022; Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por Alberto Ezequiel Aguilar y condenó a La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por incapacidad laboral derivada del accidente padecido por el accionante (v. sent. de 17-XII-2025).
II. Contra dicha decisión, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 2-II-2026) el que, denegado en atención a la insuficiencia del depósito previo (v. resol. de 23-II-2026), motivó la articulación de la queja en tratamiento (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 2-III-2026).
En la vía directa ahora deducida, la interesada sostiene que denegar el recurso extraordinario con sustento en una diferencia de cuarenta y nueve centavos ($ 0.49) entre la suma exigida por el art. 83 de la ley 15.057 y la efectivamente ingresada a la cuenta de autos, conculca el derecho de defensa en juicio contenido en el art. 18 de la Constitución nacional, por lo que, lo así resuelto deviene -afirma- improcedente e infundado provocándole un liso y llano desconocimiento de sus derechos. Invoca la doctrina del exceso ritual manifiesto.
III. La queja prospera.
III.1. De inicio, corresponde recordar que esta Suprema Corte ha dicho que, en caso de sentencia condenatoria, el citado art. 83 de la ley 15.057 aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario, según Resol. 1.840/24- establece, como carga ineludible para la admisibilidad de los recursos extraordinarios, el depósito previo de capital, intereses y costas, cuya finalidad es la de asegurar al trabajador la posibilidad de hacer efectivo sin dilaciones su crédito, del que el fallo atacado constituye fuerte presunción favorable, y que el mencionado depósito debe ser integrado en término y en su totalidad, desde que los plazos otorgados para su cumplimiento son perentorios e improrrogables (causa L. 132.937, "Moreno", resol. de 27-IX-2024 y L. 135.923, "Escubilla", resol. de 6-IV-2026).
III.2. En el caso, el tribunal laboral consideró, como se anticipó, que la impugnante no dio cumplimiento íntegro con la carga pecuniaria prevista en la citada norma ritual, en cuanto se omitió integrar la suma equivalente a $0,49 (cuarenta y nueve centavos).
III.3. Radicados los autos principales en esta sede extraordinaria y encontrándose la causa en estado de ser resuelta, de un detenido análisis se observa que la recurrente depositó la suma de noventa y cuatro millones, doscientos ochenta y un mil ochocientos noventa y cinco pesos con treinta y cuatro centavos ($94.281.895,34), más el pago de la tasa de justicia por un millón seiscientos cincuenta y seis mil trescientos cinco pesos ($ 1.656.305,00) y el impuesto sobre la tasa de justicia por ciento sesenta mil seiscientos treinta pesos con cincuenta y cuatro centavos ($ 165.630,54). En total, ingresó a la cuenta de autos la suma equivalente a noventa y seis millones ciento tres mil ochocientos treinta pesos con ochenta y ocho centavos ($ 96.103.830,88).
El tribunal de grado, sostuvo, cabe reiterar que correspondía depositar, conforme liquidación de fecha 17 de diciembre de 2025, la suma de noventa y seis millones ciento tres mil ochocientos treinta y un pesos con treinta y siete centavos ($ 96.103.831,37), surgiendo una diferencia de cuarenta y nueve centavos ($0,49).
De ahí que la decisión descripta, en la especie, se presenta desproporcionada y trasunta un excesivo rigor formal en los argumentos que sustentan la denegatoria que ahora se cuestiona, puesto que, cabe aclarar, dicha causal no supone soslayar, en modo alguno, el riguroso cumplimiento de las normas adjetivas, sino que pretende contemplar la desnaturalización de su uso en desmedro de la garantía de la defensa en juicio, en los supuestos en que la incorrecta aplicación de un precepto de tal índole venga a frustrar el derecho de fondo en juego (arts. 18, de la Constitución nacional y 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; causas Ac. 57.181, "Gallinas", sent. de 25-III-1997; Ac. 60.772, "Egidi", sent. de 2-VI-1998; C. 92.798, "Sandoval", sent. de 14-II-2007 y C. 88.931, "Vallet", sent. de 26-IX-2007; e.o.).
La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que, aunque es cierto que el contenido de las normas rituales posee reconocida importancia que exige su riguroso cumplimiento, su desnaturalización, su sobredimensionamiento por encima de su razón de ser, termina por convertir a esos imprescindibles preceptos en una suerte de trampas o valladares tendientes a frustrar el derecho constitucional del debido proceso (Fallos: 320:463; 325:1541, entre muchos otros).
IV. Por la razón expuesta, corresponde por vía de excepción, hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la aseguradora demandada en fecha 2 de febrero de 2026.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 292 del CPCC; 89, ley 15.057; Acuerdo 4.068/2022; Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y pasen los autos a despacho.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/07/2026 08:46:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/08/2026 09:41:03 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2026 14:11:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2026 19:32:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2026 08:49:19 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/08/2026 09:52:17 hs. bajo el número RR-1620-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia