Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133380
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inconstitucionalidad articulado por Omint Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (arts. 292, CPCC y 89, ley 15.057; Ac. 4.068/22, Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24).
2Rechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto y confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto declaró la invalidez constitucional del plazo previsto en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.). Los autos se remiten al tribunal de origen a fin de que prosiga con el trámite de las actuaciones según su estado.
Las costas de esta instancia, así como las de la queja, se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa en juego (arts. 68 segundo párr.; 289, CPCC y 89, ley 15.057).
I. El Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, en el marco de la acción promovida por la señora Claudia Cristina Bulacio contra Omint Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., rechazó la excepción de incompetencia territorial opuesta por la demandada con fecha 10 de junio de 2024 y declaró, en el caso concreto, la inconstitucionalidad del plazo de caducidad establecido en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 (v. pronunciamiento de 9-IX-2024).
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. escrito de 10-IX-2024).
Previo a resolver el remedio interpuesto, el Presidente del tribunal laboral intimó a la impugnante a que, en el plazo que individualizó, deposite en autos la suma equivalente a cien -100- Jus arancelarios conforme lo establecido en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso extraordinario interpuesto (v. providencia de 26-IX-2024), lo que motivó la articulación de un recurso de revocatoria por parte de la aseguradora demandada (v. escrito de 26-IX-2024), ocasión en la que solicitó se revoque por contrario imperio la intimación atento a que -afirmó- el depósito previo es un requisito imperante para el recurso de inaplicabilidad de ley que no tiene asidero con la pretensión de su mandante puesto que, precisamente para evitar dicho pago, instó el de inconstitucionalidad (sic).
Finalmente, el a quo desestimó el recurso de reposición interpuesto por la demandada y, no habiendo la accionada dado cumplimiento con la intimación cursada, hizo efectivo el apercibimiento contenido en la providencia del 26 de septiembre de 2024, declarando desierto el recurso extraordinario de inconstitucionalidad incoado (v. resol. de 5-X-2024).
III. Contra esta última decisión, la impugnante articuló el recurso de queja previsto en el art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (v. escrito electrónico de 7-X-2024).
IV. La queja prospera.
IV.1. De modo liminar, sin perjuicio de los fundamentos que diera el tribunal de grado al desestimar la vía de impugnación deducida, no es ocioso destacar que, en el caso, no obstante recaer en etapa anterior al dictado de la sentencia del mérito de la causa, el pronunciamiento impugnado, en tanto decretó la inconstitucionalidad del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 -en lo pertinente-, se expide en torno a cuestiones sobre las que no cabe la posibilidad de un replanteo posterior, por lo que resulta equiparable a definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. Ac. 100.383, "Apolo Fish S.A.", resol. de 11-III-2009; L. 111.127, "Cooperativa Agrícola Ganadera de Tandil y Vela Ltda.", resol. de 30-VI-2010; L. 114.180, "Geza", resol. de 18-IV-2011; L. 122.136, "Castro", resol. de 2-V-2019 y L. 125.681, "García", resol. de 12-IV-2021).
IV.2. Sentado ello, corresponde observar que el depósito establecido por el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial no resulta exigible para la admisibilidad del recurso extraordinario de inconstitucionalidad (cfr. doctr. art. 302, Código Procesal Civil y Comercial, art. 89, ley 15.057).
Por lo tanto, corresponde hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inconstitucionalidad articulado por Omint Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (arts. 292, CPCC y 89, ley 15.057; Ac. 4.068/22, Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24).
V. Ingresando en el estudio de la vía recursiva intentada en los términos del art. 299 del Código Procesal Civil y Comercial, cabe anticipar que la misma se debe rechazar (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
V.1. Los agravios planteados en el recurso extraordinario de inconstitucionalidad deducido por la parte demandada, hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir la causa L. 131.700, "Magliano", sent. de 19-IX-2025, a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inconstitucionalidad articulado por Omint Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (arts. 292, CPCC y 89, ley 15.057; Ac. 4.068/22, Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24).
2. Rechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto y confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto declaró la invalidez constitucional del plazo previsto en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.). Los autos se remiten al tribunal de origen a fin de que prosiga con el trámite de las actuaciones según su estado.
Las costas de esta instancia, así como las de la queja, se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa en juego (arts. 68 segundo párr.; 289, CPCC y 89, ley 15.057).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/08/2026 11:52:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/08/2026 11:19:02 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/08/2026 14:39:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/08/2026 18:58:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/08/2026 09:01:35 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/08/2026 10:53:56 hs. bajo el número RR-1629-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia