Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 137763
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.1, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.) y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Kohan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción promovida por el señor Ariel Gustavo Mendoza y, en consecuencia, condenó a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2 apartado "a", de la ley 24.557 y el adicional contemplado en el art. 3 de la ley 26.773, por las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que sufrió el día 1 de septiembre de 2020 (v. pronunciamiento de fecha 10-VI-2025 y aclaratoria de fecha 19-VIII-2025).
Para así decidir, en lo relevante, tras valorar los informes periciales médico y psicológico, tuvo por acreditado que el actor es portador -a raíz del accidente de trabajo- de una incapacidad parcial y permanente del 27,88% de la total obrera.
Luego, juzgó inaplicable al caso -por inconstitucional- la resolución n° 1.039/19 de la Superintendencia de Seguros de la Nación y cuantificó las prestaciones dinerarias debidas con ajuste a las disposiciones contenidas en el decreto de necesidad y urgencia 669/2019; adicionando intereses en la forma que especificó.
II. Contra dicha decisión, la aseguradora demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 1-VII-2025), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 24-IX-2025).
II.1. En primer término, critica que el tribunal de origen aplicara las disposiciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 como mecanismo de actualización del crédito. A su vez, reprocha que no se haya tenido en consideración para establecer la cuantía del resarcimiento a la resolución núm. 1.039/19 de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
II.2. Por otra parte, cuestiona el porcentaje de incapacidad psicológica determinada en el fallo de grado. En ese orden, refiere que con en el informe pericial médico producido en la causa no se encuentra debidamente acreditada la existencia de un padecimiento psíquico en el trabajador y su relación causal con el infortunio invocado.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Cabe inicialmente señalar que la compareciente no especifica, a tenor de los agravios desplegados en la vía impugnativa, como estaría representado el valor del litigio, ni cuantifica su importe, prescindiendo demostrar -en consecuencia- que lo cuestionado ante esta sede casatoria supere el mínimo establecido en el art. 82 de la ley 15.057 -aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024-.
Esta Corte ha declarado expresamente que recae sobre la parte que deduce el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el imperativo de acreditar que la cuantía económica de los agravios excede el monto fijado por la ley como recaudo de admisibilidad (causas L. 123.865, "R.M.P.A.", sent. de 13-VII-2021; L. 122.636, "Romero", sent. de 15-VI-2022; L. 127.682, "Scarlata", sent. de 30-V-2023 y L. 132.336, "Ferreyra", resol. de 28-XI-2024; e.o.).
En estas condiciones, corresponde ingresar al análisis de los agravios que porta el recurso en el marco de la excepción contemplada en el citado art. 82. De allí, que la función revisora de esta Corte se circunscriba a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-202; L. 124.102, "Jose", sent. de 21-X-2022; L. 126.044, "López", sent. de 27-II-2023 y L. 132.689, "Mesito", resol. de 12-III-2025; e.o.).
III.2. Alterando el orden de los cuestionamientos traídos, se impone precisar que el dirigido a objetar la incapacidad psicológica reconocida al actor luce inadmisible. Ello así, pues, dejando de lado que la impugnación se refiere a típicas cuestiones de hecho y prueba, marginadas de la revisión por conducto de la excepción examinada, en su desarrollo la compareciente omite citar como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto en el estrecho marco por el que transita el recurso (causas L. 128.016, "Montecinos", resol. de 1-IV-2022; L. 129.061, "Roldán", resol de 20-IX-2024; L. 132.728, "Fabbro", resol. de 13-III-2025 y L. 135.302, "Bonardi", resol. de 2-III-2025; e. o.).
Asimismo, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023 y L. 131.733, "Delapiaza", resol. de 29-VII-2024; e. o.).
III.3. En otro orden, y más allá de la insuficiencia del monto de lo debatido, los agravios vinculados con la aplicación al caso y la validez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025) y su progenie (L. 128.977, "Chocobar", sent. de 13-III-2026; L. 127.690, "Ovejero", sent. de 26-V-2026 y L. 130.546, "Paszkiewich", sent. de 23-VI-2026; entre muchos otros), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.); resultando ello suficiente para resolver la impugnación traída.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/19, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 128.977, "Chocobar" (sent. de 13-III-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.1, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.) y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/09/2026 13:34:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/09/2026 15:59:22 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 23/09/2026 17:01:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/09/2026 14:49:44 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/09/2026 08:25:29 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/09/2026 11:09:49 hs. bajo el número RR-2123-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia