Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 137084
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.2, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.3, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Kohan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción promovida por el señor Fernando Miguel Vera y, en consecuencia, condenó a Provincia Aseguradora de Riegos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y la compensación adicional establecida por el art. 3 ley 26.673, con motivo de las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que sufrió el día 29 de marzo de 2023 (v. pronunciamiento de fecha 14-VII-2025).
Para así decidir, tuvo por demostrado que como consecuencia del referido accidente de trabajo el actor es portador de una incapacidad parcial y permanente del 2,34% del índice total obrera. Luego, calculó el resarcimiento debido con ajuste a las prescripciones contenidas en el decreto de necesidad y urgencia 669/2019, anexando intereses en la forma que especificó.
II. Contra dicha decisión, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 11-VIII-2025), que fue concedido por el a quo (v. resol. de fecha 25-VIII-2025).
II.1. En primer término, objeta la decisión del tribunal de origen en cuanto dispuso la aplicación del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 como mecanismo de actualización del crédito. En ese orden, señala que dicho reglamento es inconstitucional por transgredir los arts. 75 inc. 19 y 99 inc. 3 de la Constitución nacional; así como los distintos Pactos y Tratados internacionales que especifica. En forma subsidiaria, reprocha que no se hubiera tenido en consideración para establecer el importe de las prestaciones dinerarias a las resoluciones núms. 1.039/19 y 332/23 de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
II.2. Por otra parte, cuestiona la incapacidad reconocida al actor. Señala que el sentenciante quitó valor a las impugnaciones realizadas a la pericia médica y argumenta que dicho informe contiene inconsistencias evidentes en cuanto a la descripción de los síntomas y la gravedad de la afección física diagnosticada, omitiendo brindar una explicación clara de cómo se determinó la limitación funcional, lo que plantea dudas sobre la validez y la objetividad de la experticia.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Liminarmente, se impone señalar que el remedio procesal en examen fue concedido en el marco de la excepción prevista en el art. 82 de la ley 15.057 -aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024-, por juzgar el tribunal de grado insuficiente el monto de lo cuestionado, decisión que, debidamente notificada a las partes, no mereció objeciones de la aquí recurrente.
En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado art. 82 de la ley 15.057 (causas L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024; L. 132.450, "Sánchez", resol. de 29-V-2025 y L. 133.106, "Cardozo", resol. de 2-X-2025; e.o.).
De suyo, entonces, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 130.899, "Montenegro", resol. de 26-II-2024; L. 132.450, "Sánchez", resol. de 29-V-2025 y L. 133.268, "Zorrilla", resol. de 30-IX-2025).
III.2. En ese contexto, y alterando el orden de tratamiento de los agravios por razones de método, cabe puntualizar que el dirigido a cuestionar el porcentaje de incapacidad, luce inadmisible. Ello así, pues, dejando de lado que la objeción se refiere a típicas cuestiones de hecho y prueba, marginadas de la revisión por conducto de la excepción examinada, en su desarrollo la compareciente omite citar como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto en el estrecho marco por el que transita el recurso (causas L. 128.016, "Montecinos", resol. de 1-IV-2022; L. 129.061, "Roldán", resol de 20-IX-2024; L. 132.728, "Fabbro", resol. de 13-III-2025 y L. 135.302, "Bonardi", resol. de 2-III-2025; e. o.).
Asimismo, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023 y L. 131.733, "Delapiaza", resol. de 29-VII-2024; e.o.).
III.3. En otro orden, el embate vinculado con la aplicación del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 halla adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025) y su progenie (L. 128.977, "Chocobar", sent. de 13-III-2026; L. 127.690, "Ovejero", sent. de 26-V-2026 y L. 130.546, "Paszkiewich", sent. de 23-VI-2026"; entre muchos otros), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.); resultando ello suficiente para resolver la impugnación traída.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar, que en aquello vinculado con el decreto 669/19, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 128.977, "Chocobar" (sent. de 13-III-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.2, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.3, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/10/2026 12:54:15 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/10/2026 15:37:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/10/2026 12:05:16 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 14/10/2026 17:27:41 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2026 08:34:32 - KROTTER Juan Jose - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/10/2026 11:17:46 hs. bajo el número RR-2213-2026 por KROTTER JUAN JOSE.
Fin de la sentencia