Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 135258
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.1, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Kohan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción promovida por el señor Ignacio Eduardo Bazán y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, con motivo de las secuelas incapacitantes provocadas por el infortunio acontecido el día 18 de octubre de 2021 (v. sentencia de fecha 25-III-2025).
Para así decidir, valoró el informe pericial médico y tuvo por acreditado que, como consecuencia del accidente de trabajo sufrido, el actor es portador de una incapacidad psicofísica del 32,2 % de la total obrera.
Luego, determinó el monto del resarcimiento juzgando aplicables al caso las pautas previstas por el decreto de necesidad y urgencia 669/2019.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 11-IV-2025), el que fue concedido por el órgano de grado (v. resol. de fecha 16-IV-2025).
II.1. En primer término, objeta la decisión del tribunal de origen en cuanto dispuso la aplicación del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 como mecanismo de actualización del crédito. En ese orden, señala que dicho reglamento es inconstitucional por transgredir los arts. 75 inc. 19 y 99 inc. 3 de la Constitución nacional; así como los distintos Pactos y Tratados internacionales que especifica. En forma subsidiaria, reprocha que no se hubiera tenido en consideración para establecer la cuantía del resarcimiento a las resoluciones núms. 1.039/19 y 332/23 de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
II.2. Por otra parte, cuestiona la incapacidad reconocida al actor. Señala que el sentenciante quitó valor a las impugnaciones realizadas a la pericia médica y argumenta que dicho informe contiene inconsistencias evidentes en cuanto a la descripción de los síntomas y la gravedad de la afección física diagnosticada, omitiendo brindar una explicación clara de cómo se determinó la limitación funcional, lo que plantea dudas sobre la validez y la objetividad de la experticia.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Alterando el orden de tratamiento de los agravios por razones de método, cabe puntualizar que no tiene favorable recepción el dirigido a cuestionar el porcentaje de incapacidad reconocido en el fallo de grado.
Tiene dicho esta Corte que la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, así como la evaluación del material probatorio, específicamente lo atinente al mérito y fundamento de los informes periciales a fin de determinar las dolencias que presenta el trabajador y establecer -en consecuencia- el grado de minusvalía que lo afecta, constituyen el ejercicio de una atribución privativa del tribunal de trabajo y, por ende, no susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo eficaz demostración de absurdo (causas L. 129.440, "Aquino", resol. de 22-XII-2022; L. 128.773, "Sorgue", resol. de 17-IV-2023 y L. 131.704, "Ruíz", 20-XI-2024; e.o.).
En el caso, la recurrente no cumple con dicha carga, toda vez que la configuración de tal vicio siquiera ha sido -en este tramo de la réplica- invocada, y menos aún demostrada, agotándose la crítica en la expresión de meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió haber valorado las constancias de la causa -efectuando un nuevo análisis de aquellas, según su propio y particular criterio valorativo- poniendo de manifiesto, tan solo, su oposición a la solución alcanzada en el pronunciamiento (causas L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020; L. 123.270, "Silva", sent. de 6-X-2020; L. 127.198, "Nitsch", sent. de 23-XI-2023).
Frente a esa deficiencia, es menester recordar que esta Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada al formular la impugnación (causas L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016, L. 119.678, "Bertinelli", sent. de 10-IV-2019; L. 121.029, "Romero", sent. de 29-X-2020 y L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023).
III.2. En otro orden, el embate vinculado con la aplicación del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 halla adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025) y su progenie (L. 128.977, "Chocobar", sent. de 13-III-2026; L. 127.690, "Ovejero", sent. de 26-V-2026 y L. 130.546, "Paszkiewich", sent. de 23-VI-2026; entre muchos otros), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.); resultando ello suficiente para resolver la impugnación traída.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar, que en aquello vinculado con el decreto 669/19, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 128.977, "Chocobar" (sent. de 13-III-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.1, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/10/2026 12:53:55 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/10/2026 15:37:43 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/10/2026 12:04:59 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 14/10/2026 17:27:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2026 08:34:27 - KROTTER Juan Jose - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/10/2026 11:17:35 hs. bajo el número RR-2205-2026 por KROTTER JUAN JOSE.
Fin de la sentencia