Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 136300
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.1, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Kohan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción promovida por la señora Mayra Alexandra Alarcón y, en consecuencia, condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con motivo de las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que sufrió el día 17 de diciembre de 2021 (v. sent. de fecha 22-V-2025).
Para así decidir, en lo relevante, valoró los informes periciales médico y la respuesta a la impugnación formulada por la accionada y tuvo por acreditado que el actor es portador -a raíz del accidente de trabajo- de una incapacidad del 15,04% de la total obrera.
Luego, juzgó inaplicables al caso las resoluciones n° 1.039/19 y 332/23 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, y cuantificó las prestaciones dinerarias debidas con ajuste a las disposiciones contenidas en el decreto de necesidad y urgencia 669/2019; anexando intereses en la forma que especificó.
II. Contra dicho pronunciamiento la aseguradora demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 6-VI-2025), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 19-VI-2025).
II.1. En primer término, objeta la decisión del tribunal de origen en cuanto dispuso la aplicación del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 como mecanismo de actualización del crédito. En forma subsidiaria, reprocha que no se hayan tenido en consideración para establecer la cuantía del resarcimiento a las resoluciones núms. 1.039/19 y 332/23 de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
II.2. Por otra parte, cuestiona que dicho órgano jurisdiccional tuviera por acreditadas las afecciones denunciadas por la actora y el porcentaje de minusvalía determinado. En ese orden, refiere que el informe pericial médico no contiene una fundamentación y análisis detallado de los hechos y circunstancias que llevaron a diagnosticar la incapacidad padecida y el nexo causal de las dolencias con el siniestro.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Alterando -por razones metodológicas- el orden en que los agravios fueron expuestos, cabe inicialmente señalar que resultan infructuosas las consideraciones dirigidas a objetar la incapacidad reconocida a la promotora del pleito.
Sabido es, que la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, así como la evaluación del material probatorio, específicamente lo atinente al mérito y fundamento de los informes periciales, a fin de determinar las dolencias que presenta el trabajador y establecer -en consecuencia- el grado de minusvalía que lo afecta y la existencia del nexo causal o concausal con el infortunio denunciado, constituyen el ejercicio de una atribución privativa del tribunal de trabajo y, por ende, no susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo que debe ser eficazmente demostrado por quien lo invoca (causas L. 132.306, "Moreno", resol. de 30-XII-2024; L. 133.068, "Vespo", resol. de 23-V-2025 y L. 132.707, "Gaona", resol. de 2-IX-2026; e.o.).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 130.143, "Mobilio", resol. de 12-IX-2023; L. 132.592, "More", resol. de 15-IX-2025 y L. 130.901, "Videla", resol. de 20-IV-2026; e.o.).
En el caso, la crítica se estructura sobre la base de la distinta eficacia que la recurrente le atribuye al informe pericial médico. Así, por conducto de su propia opinión en orden a la entidad convictiva que, a su juicio, correspondería asignarle a la referida experticia, no consigue descalificar la labor axiológica del juzgador, pues el recurso sólo refleja una mera contraposición de criterios con el razonamiento empleado en el fallo de grado, revelando su insuficiencia para demostrar el excepcional yerro valorativo invocado (causas L. 120.801, "Dagnone", sent. de 7-III-2019; L. 131.365, "Morando", resol. de 29-VII-2024 y L. 134.780, "Arriola", resol. de 3-VIII-2026; e.o.).
En definitiva, pretende hacer prevalecer su opinión sobre la del juzgador en lo que atañe a la facultad de seleccionar, jerarquizar e interpretar las probanzas del proceso, método inapropiado para evidenciar el grave error denunciado.
III.2. En otro orden, los agravios planteados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por los que se cuestiona la aplicación al caso y la validez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025) y su progenie (L. 128.977, "Chocobar", sent. de 13-III-2026; L. 127.690, "Ovejero", sent. de 26-V-2026 y L. 130.546, "Paszkiewich", sent. de 23-VI-2026"; entre muchos otros), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
Atento la solución que se propicia, resulta innecesario abordar los restantes cuestionamientos traídos.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.1, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/10/2026 10:33:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/10/2026 12:52:51 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 09/10/2026 12:59:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2026 18:40:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2026 09:52:15 - KROTTER Juan Jose - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/10/2026 11:51:51 hs. bajo el número RR-2360-2026 por KROTTER JUAN JOSE.
Fin de la sentencia