Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132019
I. Contra el pronunciamiento de esta Suprema Corte que hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte demandada (v. resol. de fecha 5-VIII-2026), el actor interpone recurso extraordinario federal con sustento en la doctrina de la arbitrariedad, alegando la transgresión de las garantías establecidas por los arts. 5, 16, 17, 18 y 28 de la Constitución Nacional. Invoca, además, gravedad institucional (v. presentación electrónica de fecha 24-VIII-2026).
II. Ordenado el traslado previsto en el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído electrónico de fecha 25-VIII-2026), el mismo no fue contestado.
III. En lo sustancial, el recurrente intenta descalificar el pronunciamiento de esta Suprema Corte que, con ajuste a lo expresado por este Superior Tribunal al decidir las causas L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026) y L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), revocó el fallo del tribunal de origen y declaró -en el caso- la invalidez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Refiere que el decisorio en crisis quebranta el principio de congruencia y la prohibición de reformatio in pejus , en tanto -afirma- el tribunal sentenciante se apartó del thema decidendum al declarar la inconstitucionalidad de aquella norma, por cuanto el embate de la demandada se circunscribió únicamente a cuestionar su modo de aplicación a esta controversia.
Sostiene que si bien su parte no desconoce los lineamientos establecidos en los precedentes en los cuales la Suprema Corte hubo de fundar su pronunciamiento, el cuestionado plexo normativo resulta plenamente válido en su carácter de decreto delegado bajo la órbita de los arts. 11 inc. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo y 76 de la Constitución nacional.
Argumenta que el fallo impugnado genera un evidente perjuicio, adolece de adecuada fundamentación y se sustenta en afirmaciones meramente dogmáticas. En tal sentido, aduce que el sistema previsto en los dos primeros incisos del art. 12 de la ley 24.557 (según dec. 669/19), permite actualizar la tarifa legal, lo que se corresponde con la noción de deudas de valor, constituyendo tal mecanismo -establecido por una ley especial y posterior- una excepción a la prohibición general de indexación de los créditos fijada por la ley 23.928.
Denuncia, asimismo, confiscatoriedad y la consecuente licuación del crédito por desajuste inflacionario, aduciendo al efecto que la aplicación del interés equivalente a la tasa activa general del Banco de la Nación Argentina resulta insuficiente para preservar el valor de la acreencia frente al severo proceso de depreciación monetaria registrado en nuestro país desde el mes enero del año 2020 hasta el presente.
En suma, solicita se declare la inconstitucionalidad de los arts. 7 de la ley 23.928 -según ley 25.561- y 12 de la ley 24.557, la revocación del pronunciamiento atacado y el ajuste del crédito mediante el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables –RIPTE- (conf. DNU 669/19) o, alternativamente, por el índice de precios al consumidor (IPC) con más una tasa de interés anual fija.
IV. El embate revela el cumplimiento de las condiciones que habilitan la instancia federal.
En efecto, los argumentos expuestos por el recurrente se muestran hábiles e idóneos para dar sustento a su pretensión de que sean considerados por el carril que autoriza el art. 14 de la ley 48, exhibiendo además la cuestión federal invocada relación directa e inmediata con el objeto del pleito y lo decidido en esta sede extraordinaria (arts. 14 y 15, ley 48).
Por ello, encontrándose cumplida la condición de la habilitación de la instancia y demás requisitos formales exigidos por la citada ley y Acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Suprema Corte de Justicia
Conceder el recurso extraordinario federal deducido.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21 SCBA) y remítase a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/10/2026 10:31:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/10/2026 12:31:03 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/10/2026 12:57:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2026 18:33:29 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2026 09:44:18 - KROTTER Juan Jose - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/10/2026 11:48:08 hs. bajo el número RR-2295-2026 por KROTTER JUAN JOSE.
Fin de la sentencia