Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 134691
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.1, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Kohan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción de revisión promovida por el señor Luis Adrián Laino y condenó a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonarle la suma que especificó en concepto de prestaciones dinerarias establecidas en el régimen especial de riesgos del trabajo (v. pronunciamiento de 28-XI-2024).
En lo que reviste interés, con sustento en las conclusiones establecidas tanto en el informe pericial médico como en el psicológico producidos, tuvo por acreditado que como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió el 29 de octubre de 2022, el actor padece una incapacidad parcial, permanente y definitiva del 3,92 % de la total obrera.
Luego, calculó el importe del resarcimiento con ajuste a las disposiciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 que juzgó aplicable al caso. Asimismo, declaró la inconstitucionalidad -y consiguiente inaplicabilidad- de la resolución 1.039/19 de la Superintendencia de Seguros de la Nación; adicionando intereses del modo que especificó.
II. La legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 10-XII-2024), el que fue concedido por el a quo el 6 de febrero de 2025.
II.1. En primer término, controvierte las pautas seguidas por el tribunal de grado parar fijar el valor del ingreso base mensual. Sostiene que dicho órgano jurisdiccional utilizó un criterio de actualización diverso al previsto en la legislación vigente, en especial al establecido por las resoluciones 1.039/19 y 332/23 de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
II.2. Por otra parte, cuestiona el porcentaje de incapacidad reconocido en la sentencia. En este sentido, denuncia errónea aplicación del baremo de los decretos 658 y 659/96, reitera las objeciones al informe pericial formuladas en la instancia de grado y solicita la utilización del método de la capacidad restante, alegando que el trabajador ya contaba con una minusvalía previa.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Alterando el orden de tratamiento de los agravios por razones de método, cabe puntualizar que no tiene favorable recepción el dirigido a cuestionar el porcentaje de incapacidad reconocido en el fallo de grado.
Cabe recordar que esta Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que determinar la existencia -o no- de la incapacidad que padece el trabajador, como establecer el porcentaje de la minusvalía que lo afecta, o en concreto, ponderar la pericia médica, constituyen facultades privativas de los jueces de grado y ajenas por -regla- a la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo (causas L. 121.460, "Guerra", sent. de 31-VIII-2020; L. 127.797, "Llanos", sent. de 14-XII-2023 y L. 130.494, "Acuña", sent. de 26-XI-2025; e.o.), vicio extremo que la recurrente soslaya denunciar en su crítica extraordinaria.
La señalada deficiencia técnica, que impide en esta instancia casatoria abrir juicio respecto del acierto de lo decidido, cobra insalvable relevancia en el caso y define el rechazo de este tramo de la queja, pues este Superior Tribunal no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada para sustentar la impugnación (causas L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-II-2023; L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023 y L. 127.465, "Martínez", sent. de 30-IV-2024; e.o.).
III.2. En cambio, los embates referidos al decreto de necesidad y urgencia 669/2019 hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025) y su progenie (L. 128.977, "Chocobar", sent. de 13-III-2026; L. 127.690, "Ovejero", sent. de 26-V-2026 y L. 130.546, "Paszkiewich", sent. de 23-VI-2026; entre muchos otros), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.), resultando ello suficiente para resolver esta parte de la impugnación.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.1, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/10/2026 20:17:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/10/2026 12:11:10 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 03/11/2026 12:47:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/11/2026 12:21:05 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/11/2026 13:50:51 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/11/2026 14:39:11 hs. bajo el número RR-2502-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia