Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122780
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 292, CPCC y Acordada 1.790) y 2) ante la insuficiente fundamentación, rechazarlo (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
La Plata, 11 de Septiembre de 2019.
Los señores Jueces doctores Soria, Negri y Pettigiani y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial de Mercedes, en el expediente "Bollón, Hugo Humberto c/ Mauricio Mesplet S.A.C.I.F.I.A. y otro s/ acción revocatoria concursal" (expdte. n° 110.201), dictó sentencia única por la que rechazó in limine las demandas incoadas en los identificados con los nros. 110.194, 110.195, 110.196, 110.197, 110.198, 110.199, 110.200 y 110.201, así como en los individualizados con los nros. 109.726, 110.089 y 110.114. En los autos mencionados en primer término, los actores -que fueron trabajadores de la empresa demandada Mauricio Mesplet S.A.C.I.F.I.A.- promovieron de manera individual -en las presentes actuaciones el señor Juan Carlos Cesario- una acción revocatoria concursal o acción pauliana contra el acto de escrituración celebrado el 22 de diciembre de 2015, por el que se transfirieron establecimientos de la firma accionada en favor de YPF S.A. y en los referidos en el segundo grupo otros ex trabajadores incoaron una demanda de nulidad de la escritura pública -ya referida-, acción por fraude por cosa juzgadaírrita y en subsidio simulación contra YPF, conforme alegan, por ser los inmuebles transferidos -en la citada operación- garantía del crédito laboral reclamado por los actores.
El magistrado fundó su decisión en que las cuestiones planteadas en las demandas interpuestas fueron resueltas por sentencia firme obrante a fs. 326/327 de los autos "Oviedo, Miguel y otro c/ YPF S.A. y otros s/ acción revocatoria concursal" (103.902) y que la escritura celebrada posteriormente ante el mismo juzgado el 22 de diciembre de 2015 no hizo más que dar cumplimiento a lo que dispuso el tribunal de alzada mediante resolución firme -que ordenó otorgar las escrituras traslativas de dominio en relación a los inmuebles objeto de la dación en pago y excluir tales bienes del activo falencial-, integrando así dicho acto la cosa juzgada ya declarada. También destacó que el objeto perseguido en la acción revocatoria articulada en su oportunidad en la referida causa "Oviedo" ya había sido intentado a través de otros remedios que también obtuvieron sentencia firme, remitiendo a lo resuelto en las actuaciones tramitadas con los nros. 102.133, 101.700 y 101.379.
Finalmente, a mayor abundamiento, agregó que había operado la caducidad de las acciones por haber transcurrido el plazo de tres años previsto en el art. 124 de la ley de 24.522 desde la fecha de la sentencia de quiebra.
Dispuso allí el juzgador incorporar copia certificada de la sentencia única dictada a las actuaciones referidas, agregándose la correspondiente a esta causa (v. fs. 130/134 vta. y 135).
A su turno, la Sala I de la Cámara de Apelación del fuero departamental, pronunció sentencia en estos autos y confirmó dicho pronunciamiento. Sostuvo el tribunal de alzada que los agravios del actor reeditaban cuestionamientos resueltos y firmes que no podían ser atendidos y, en esas circunstancias, el rechazo in limine dispuesto resultaba razonable y suficientemente fundado (v. fs. 158/160 vta.).
Contra lo así decidido, el apoderado del actor dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 3-VIII-2018), cuya denegatoria, sustentada en la insuficiencia del valor del agravio (v. fs. 163), motivó la presente queja (art. 292, CPCC; v. fs. 199/203 vta.).
II. Abordando la vía directa traída cabe poner de resalto que las causas mencionadas en el primer párrafo de la presente, incluidas en la decisión única emitida en la instancia de origen e individualizadas en el juzgado con los números 110.114, 110.089, 110.199, 110.194, 110.196 y 110.200, se encuentran actualmente tramitando en esta Corte como C. 122.791, C. 122.792, C. 122.793, C. 122.794, C. 122.795 y C. 122.796, respectivamente, por haber sido allí concedidos recursos extraordinarios de idéntico tenor al deducido en estos autos.
Sentado ello, dadas las particularidades del reclamo aquí incoado y el trámite impreso por el juzgador primigenio y más allá de las consideraciones que podrían efectuarse sobre la resolución de la Cámara en estos autos en cuanto al valor del agravio a los fines dispuestos en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, lo cierto es que corresponde en el caso la adopción de una solución homogénea para el conjunto de causas involucradas en la decisión única cuya revisión en esta sede se pretende, teniendo especialmente en consideración que se invocan derechos que afectan a un grupo de trabajadores (v. fs. 201/202 vta.) que, como tales, son sujetos de preferente tutela jurídica (arts. 14 bis, Const. nac.; 39, Const. prov.; arg. art. 34 inc. 5, CPCC).
En virtud de lo expuesto, cabe hacer lugar a la queja traída y conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley deducida (arts. 278 y 292, Cód. cit. y Acordada 1.790).
III. Ingresando al estudio del remedio incoado, por medio del cual se denuncia absurdo e infracción a los arts. 14, 14 bis, 17, 18, 19, 31 y 116 de la Constitución nacional, se anticipa que éste no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada a fs. 158/160 vta. para mantener el fallo de origen sostuvo que "... la escrituración que se pretende impugnar fue llevada a cabo a fin de dar cumplimiento a la sentencia firme dictada por esta Sala con fecha 17 de mayo de 2005. En dicha sentencia se analizó el convenio suscripto entre Y.P.F. S.A. y Mauricio Mesplet S.A.C.I.F.I.A. y se arribó a la conclusión de que la fallida debía escriturar los bienes a favor de Y.P.F. S.A. ... A su vez, es dable agregar que, esta Sala, con fecha 17 de marzo de 2009, hizo lugar a la exclusión de los bienes objeto del mencionado convenio del activo falencial. La sentencia de esta Sala fue recurrida a la S.C.B.A. que rechazó el recurso extraordinario. Como se dijo antes, los agravios de la actora se refieren insistentemente a la supuesta invalidez del referido contrato de dación en pago. Por lo que, en función de las consideraciones ya expuestas, dichos agravios que reeditan cuestionamientos resueltos y firmes no pueden ser atendidos." (v. fs. 159 y vta.).
Tal fundamento, que se constituye en el eje central de la sentencia en crisis, no logra ser conmovido por los agravios volcados en las páginas 5/32 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (relacionados con la revisión del pronunciamiento falencial) se desentienden de las razones expuestas por el a quo , exteriorizándose simplemente una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la incapacidad de los otorgantes, el acto escriturario y las cláusulas convenidas (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.).
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el iter lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Por otra parte, debe resaltarse que el canal bajo estudio también exhibe un desentendimiento sobre la normas legales expresamente actuadas en la solución recurrida (arts. 34 incs. 5, 36 y 260, CPCC). En esa dirección, ha manifestado esta Corte que es insuficiente la vía revisora que no sólo no formula una réplica de las razones estructurales y definitorias del fallo sino que -además- omite denunciar como violados los artículos utilizados en él (conf. doctr. causas C. 119.728, "Sandoval", resol. de 20-V-2015; C. 119.856, "Ríos", resol. de 17-VI-2015 y C. 120.761, "Gauna", resol. de 13-VII-2016; entre varias).
Lo dicho, basta para repeler esta fracción recursiva (art. 279 y 289, CPCC).
III.2. El mismo déficit porta la aducida infracción a las garantías constitucionales indicadas a lo largo del escrito recursivo, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo del recurrente -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.119, "Sampedro", resol. de 14-X-2015; C. 121.205, "Alternativa Bahiense S.C.", resol. de 21-XII-2016 y C. 121.337, "Matossian", resol. de 5-IV-2017; entre tantas).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 292, CPCC y Acordada 1.790) y 2) ante la insuficiente fundamentación, rechazarlo (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia