Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de La Matanza, Sala II · Causa LM 8647 2019
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución de fs. 37/38 en cuanto decretó la inaplicabilidad de lo normado por el art. 39 del decreto ley 15348 -ratificado por ley 12962-; por lo que deberá la Sra. Juez de grado continuar las actuaciones según su estado y de acuerdo a los principios interpretativos dados, darle audiencia al deudor como requisito previo -en su caso- a darle curso a la acción intentada (arg. arts 3°, 37 inc. b de la Ley 24240, 39 Dec. Ley 15348; su Doctrina y Jurisprudencia);;
2Sin costas atento lo oficioso y novedoso de la Cuestión (art. 68 segundo párrafo del CPCC); 3)
///En la ciudad de San Justo, Provincia de Buenos Aires, a los días del mes de Agosto de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los señores jueces de la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial La Matanza; doctores Carlos Alberto Vitale y Luis Armando Rodríguez, para dictar sentencia en los autos caratulados “BANCO DE VALORES SA C/ FLORES, HORACIO ABEL S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962)”, habiéndose practicado el sorteo pertinente - artículos 168 de la Constitución y 263 del Código Procesal Civil y Comercial, ambos de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse este orden: doctor Vitale y doctor Rodriguez (Art. 36 Ley 5827); resolviéndose plantear y votar las siguientes:
Primera Cuestión:¿Es justa la resolución apelada? Segunda Cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el doctor Vitale dijo:
I.-Antecedentes y agravios
Vienen los autos a conocimiento de esta Sala II en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado mediante el escrito electrónico de fecha 21/05/2019 por el Dr. Guillermo García Porcel, apoderado de la actora, contra la sentencia de fojas 37/38vta. mediante la cual la Sra. Juez de grado resuelve declarar la inaplicabilidad de lo normado por el artículo 39 del decreto-ley 15.348 -ratificado por la ley 12962- a las relaciones de consumo. Asimismo, en virtud de lo novedoso de la cuestión, no impone costas, ni regula honorarios al profesional interviniente en virtud de la inoficiosidad de su labor.
En sus fundamentos, la Magistrada considera que “La facultad de secuestrar sin oportunidad de defensa previa importa dejar de lado el derecho de defenderse del consumidor o usuario y ampliar los derechos de la contraparte, quien podrá subastar extrajudicialmente el bien prendado sin dar la oportunidad al consumidor para que haga valer sus derechos” (sic).
Discrepa el apelante en cuanto al resguardo de la debida defensa en juicio del deudor ya que sostiene “existen vías judiciales alternativas para hacer efectiva la garantía de defensa del deudor”. Destaca que “el procedimiento ordinario no es la única vía que tiene el deudor para proteger sus derechos, sino que también puede iniciar una medida de no innovar, cuyo trámite ágil fue precisamente previsto por el legislador ante la inminencia de un perjuicio que no pueda ser reparado por sentencia posterior” (sic).
Por último, señala que “(...) el Sr. Horacio Abel Flores no pudo desconocer las consecuencias de su mora, toda vez que el contrato suscripto por él mismo expresamente establece en forma clara: a) la mora automática en caso de falta de pago (cláusula 2); b) la caducidad de todos los plazos tornándose exigible la totalidad del préstamo (cláusula 2 y 12-a); c) el derecho del acreedor de liquidar los bienes gravados por procedimiento extrajudicial (cláusula 2, 14 y 15)”. Seguidamente, subraya: “Todo ello, en tamaño de letra absolutamente legible y en un contrato que no abarca más de dos hojas”. (sic)
Corrida la pertinente vista al Sr. Agente Fiscal a fojas 36, el mismo concluye que “resulta apropiado el encuadre de relación de consumo (arts. 1, 2 y 3 de la ley 24.240) en consonancia con diversos pronunciamientos jurisprudenciales que han sido favorables en entender que a las ejecuciones prendarias les es aplicable el régimen consumeril” (sic).
A fojas 39 se concede el mentado recurso en relación.
A fojas 43 se dicta el llamamiento de autos para sentencia, providencia que una vez firme, motivó el sorteo que me desinsaculara como Magistrado preopinante.
II.-Solución
El artículo 39 de la ley 12962, establece que cuando el acreedor sea el Estado, sus reparticiones autárquicas, un banco, una entidad financiera autorizada por el Banco Central de la República Argentina o una institución bancaria o financiera de carácter internacional, sin que tales instituciones deban obtener autorización previa alguna ni establecer domicilio en el país, ante la presentación del certificado prendario, el juez ordenará el secuestro de los bienes y su entrega al acreedor, sin que el deudor pueda promover recurso alguno. El acreedor procederá a la venta de los objetos prendados, en la forma prevista por el art. 585 del Código de Comercio, sin perjuicio de que el deudor pueda ejercitar en juicio ordinario los derechos que tenga que reclamar el acreedor, asegurándose así la defensa en juicio. El trámite de la venta extrajudicial preceptuado en este artículo no se suspenderá por embargo de bienes ni por concurso, incapacidad o muerte del deudor.
En el caso, el accionante ha acompañado a fs. 22/vta el Contrato de Prenda con Registro; a fs. 21/vta el formulario 03 “Solicitud de Inscripción Contrato Prendario” y a fs. 23/vta. la continuación del Contrato de Prenda celebrado entre Banco de Valores S.A. y Horacio Abel Flores.
Todo ello permitiría entender que sin perjuicio que la relación entre las partes pueda enmarcarse en una relación de consumo, lo cierto es que la operatividad del art. 39 del Decreto Ley 15348/46 (ley 12.962) -que se encuentra actualmente vigente y que hace a lo acordado por las partes al momento de la contratación- no aparece en el caso en contradicción con la normativa consumeril, más aun cuando el derecho del demandado se encuentra perfectamente amparado por la legislación en una etapa posterior, al preverse la posibilidad de un juicio ordinario.
Sin embargo, esta Cámara en esta etapa liminar -y sin que implique prejuzgar sobre las posibles secuelas de este proceso-, no puede ignorar lo resuelto recientemente por la Corte Suprema de la Nación en la causa “HSBC Bank Argentina S.A. c/ Martinez, Ramón Vicente s/ Secuestro prendario” (sentencia del 11 de junio de 2019), donde el Tribunal Superior declaró la invalidez del trámite del secuestro sin dar previamente audiencia al deudor.
Entre sus argumentos, han dicho los señores Ministros del Superior Tribunal Nacional que "...En efecto, la cámara se limitó a mencionar que el sistema especial que habilita el secuestro tuvo origen en una convención celebrada entre las partes y ello -en tanto válida formulación del consentimiento- despejaba cualquier violación al derecho de defensa del consumidor. Tal afirmación carece de fundamento o -si lo tiene- resulta solo aparente, si se repara en que la especial naturaleza del contrato celebrado (por adhesión o mediante cláusulas predispuestas) y la seriedad argumentativa de las cuestiones introducidas por el Ministerio Público Fiscal exigían especial y detenido análisis por parte del tribunal a quo. (...) Que la
tacha también se configura por cuanto la sentencia recurrida omitió considerar cuestiones conducentes y relevantes que fueron planteadas oportunamente. En efecto, si se acepta que las disposiciones de la ley de defensa del consumidor debieron ser integradas en el análisis efectuado por la alzada en la inteligencia de que, ante la duda respecto a la forma en que debían ser articuladas con las normas prendarias debería primar la más favorable para el consumidor, como expresión del favor debilis (artículo 3 de la ley 24.240), constituye lógica derivación de lo anterior, que la cámara debió analizar y considerar la aplicación -bajo la perspectiva de protección especial del consumidor que tanto la Constitución Nacional como el sistema normativo del consumidor otorgan al usuario- de la regla prevista en el artículo 37, inciso b, de la ley 24.240, en tanto permite tener por no convenidas las cláusulas "...que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte". Que, en tales condiciones, lo resuelto por la cámara afecta de modo directo e inmediato el derecho al debido proceso adjetivo (artículo 18 de la Constitución Nacional), por lo que corresponde su descalificación como acto jurisdiccional en los términos de la doctrina de esta Corte sobre arbitrariedad de sentencias, a fin de que los planteos sean nuevamente considerados y decididos mediante un fallo constitucionalmente sostenible (Fallos: 336:421, entre otros)..."
Y, en relación al valor de este tipo de precedentes, sabido es que "Sin perjuicio de lo que pueda sostenerse sobre la eventual aptitud vinculatoria de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabe reconocerle en todo caso una innegable gravitación, atento a su ubicación en la cúspide del ordenamiento judicial (arts. 5, 108, 123 y 127, Const. nac.), por lo que resulta aconsejable adoptar su criterio por razones de celeridad y economía procesal. " (conf. SCBA LP C 104267 S 15/06/2016 Juez PETTIGIANI (MA) , Cardozo, Armando Ireneo contra Provincia de Buenos Aires (Policía Pcia. Bs. As.). Daños y perjuicios", Negri Pettigiani-de Lázzari-Soria-Kogan-Hitters, sumario JUBA B4200723 entre otros)
De la mano de ello, en muy reciente pronunciamiento del Superior tribunal Provincial, éste sí con carácter de Doctrina Legal, conforme se sostiene en su publicación en la página web www.scba.gov.ar , al decir "Causa "Asociación Mutual Asís", Pagaré de consumo. Criterios aplicables a su ejecución. Cumplimiento del art. 36 de la Ley 24.240. Fijación de doctrina legal.", en lo pertinente y cuyos principios resultan aplicables a este proceso en particular, "...IV.4.c. Las diferencias interpretativas existentes entre los distintos órganos jurisdiccionales de alzada de la Provincia determinan la necesidad de sentar una doctrina legal de esta Corte que brinde seguridad jurídica, con prescindencia del valor del litigio (arg. doctr. art. 31 bis, último párrafo, ley 5.827, texto según ley 13.812).
(...) IV.5.a. Vigorizado en función de su consagración legal y constitucional, el derecho del consumo ha venido a trasformar diversos aspectos de las relaciones jurídicas, en particular las regidas por el derecho privado, dando lugar a adecuaciones y reacomodamientos de normas e institutos. (...) IV.5.b. En esa tarea de armonización, destacada en los votos de los doctores Hitters y Pettigiani en el precedente "Cuevas", aun en este tipo de contiendas la tutela de los derechos e intereses de los consumidores (arts. 42 de la Constitución nacional y 38 de su par provincial) debe tener cabida. Por mucho que las notas relativas a la creación, circulación y ejecución de los papeles de comercio, así como sus caracteres primordiales de autonomía y abstracción, abrevan en el marco de relaciones jurídicas que se refieren a derechos disponibles configuradas en un ordenamiento de fondo específico (dec. ley. 5.965/63), es inocultable que la consagración de reglas protectoras del consumidor se aplican e imponen modulaciones relevantes (...) IV.5.c.i.
Si eso es así en algunos supuestos no alcanzados por el sistema de la LDC, con mayor razón aún lo será en los comprendidos en sus previsiones. Como guía hermenéutica primordial, ellas promueven la búsqueda de la solución que refleje de modo suficiente el fin tuitivo de los derechos de los consumidores y usuarios, por tratarse de los sectores usualmente más débiles de la relación de consumo (arts. 42, Const. nac.; 37, LDC; v. CSJN Fallos: 337:790; doctr. causa C. 98.790, "Licciardi", sent. de 12-VIII-2009). Corrobora el aserto la evidencia de prácticas que suelen caracterizarse por la equivocidad de la doble instrumentación –sustancial y cambiaria- en el otorgamiento de préstamos a tasas activas en ocasiones marcadamente superiores a la media del sistema bancario, solicitados por personas necesitadas de auxilio financiero, poco informadas y con dificultades de acceso al crédito.
IV.5.c.ii. Por cuanto atañe al caso aquí enjuiciado, la búsqueda de un balance racional entre las determinaciones consagradas en la LDC y las disposiciones reguladoras del pagaré –que obviamente deben ser cumplidas (v. art. 101, dec. ley 5.965/63)- así como las de los procesos de ejecución, en orden al alcance de la restricción para adentrarse en los aspectos causales de la obligación (causas C. 91.162 y C. 117.939, cits.), constituye un empeño, más que plausible, necesario. Pues a poco andar se advierte que la aplicación excluyente de estas últimas enervaría la fuerza normativa de la LDC, con la consiguiente frustración del derecho de quien se obliga por medio de un pagaré de consumo a la información precisa, detallada, clara y veraz que prescribe su art. 36, derecho que recién podría ser invocado, de manera tardía y probablemente ilusoria en el juicio ordinario posterior.
IV.5.c.iii. De todas formas el rechazo de la postura que desconsidera la operatividad de la LDC no ha de conducir a abrogar por completo el marco jurídico de la ejecución cambiaria, ni necesariamente hace intransitable la vía del cobro ejecutivo del pagaré. Si la documentación acompañada por el ejecutante permite comprobar el cumplimiento del art. 36 de la LDC no parece excesivo, al menos en casos como el de autos, permitir el uso de aquella vía. (...) IV.5.c.iv. Lo expuesto pone en evidencia que la recta comprensión del asunto supone avanzar por el sendero de la confluencia o consideración integradora de las normas en juego, en la inteligencia de que el examen que el derecho promueve consiste en indagar en lo que aquéllas dicen jurídicamente, tanto como en consultar su sentido, de manera que guarden congruencia con los principios de la Constitución (Fallos: 334:13; 336:760) y hagan posible el desenvolvimiento normativo armonioso por sobre el conflicto o la antinomia (Fallos: 286:301; 307:360; entre otros; B. 60.788, "Marra", sent. de 10-IX-2014; con cita de CSJN Fallos: 327:1507 y 329:2876).
Por ello, cabe procurar un entendimiento coherente y sistemático de los textos (v. mi voto en C. 110.848, "Lombardo", sent. de 26-VI-2013, entre muchas), descartando lecturas rígidas o aisladas. (...) IV.5.d. En ese plano de congruencia sistemática es claro que la aplicabilidad de la LDC flexibiliza el andamiaje por el que discurre la pretensión ejecutiva, con respeto de los principios de bilateralidad y defensa en juicio (arts. 18, Const. nac.; 15, Const. prov.; 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC). Como también lo es que en situaciones como las ventiladas en esta causa la indagación en los aspectos sustanciales (del negocio jurídico extracambiario) se corresponde con el postulado señalado y pone a resguardo los derechos informativos que amparan al consumidor (art. 42, Const. nac.).
De tal suerte, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el ordenamiento procesal (arg. arts. 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC), el juez puede encuadrar el asunto como una relación de consumo a fin de subsumirlo en el art. 36 de la LDC. Para expedirse sobre la viabilidad de la demanda ejecutiva le es dable examinar los instrumentos complementarios al pagaré que oportunamente hubiese acompañado el ejecutante. Si el título en cuestión, integrado de tal modo o bien autónomamente, satisface las exigencias legales prescriptas en el estatuto del consumidor, podrá dar curso a la ejecución. Ello, claro está, sin desmedro del derecho del ejecutado de articular defensas, incluso centradas en el mencionado art. 36, tendientes a neutralizar la procedencia de la acción..." (conf.
SCBA in re "Asociación Mutual Asís contra Cubilla, María Ester. Cobro ejecutivo" causa C. 121.684, 17/8/2019)
Por las consideraciones que vengo exponiendo, y coincidiendo en lo substancial con algunos de los argumentos dados por la señora Magistrada en el pronunciamiento en crisis en relación a la aplicación de las normas de Defensa del Consumidor; en plena armonización de los sistemas, conforme principios rectores dados con carácter de Doctrina Legal antes citados; entiendo que resulta al menos prematuro decretar la inaplicabilidad de lo normado por el artículo 39 del Decreto Ley 15348 -ratificado por Ley 12962-; y el consecuente archivo de las actuaciones; por lo que deberá la Sra. Juez de grado continuar las actuaciones según su estado y de acuerdo a los principios interpretativos dados, darle audiencia al deudor como requisito previo -en su caso- a darle curso a la correspondiente acción. (arg. arts 3°, 37 inc. b de la Ley 24240, 39 Dec. Ley 15348; su Doctrina y Jurisprudencia).
Por lo tanto, voto a la primera cuestión por la negativa.
A la misma Cuestión, y por los mismos fundamentos, el doctor Rodríguez vota en idéntico sentido.
A la Segunda Cuestión el doctor Vitale dijo:
Teniendo en cuenta el resultado obtenido en la votación de la cuestión que antecede, corresponde revocar por prematura la resolución de fs. 35/37, debiendo volver las actuaciones al Juzgado de origen a fin de que previo a dar curso a la acción de secuestro tal como se establece en la normativa en la que se sustenta el presente reclamo (art. 39 Dec. ley 15348 ratificado pro ley 12962) se proceda a dar la debida audiencia al deudor (arg. arts. 3° 37 inc. b Ley 24240, 523 del CPCC). Ello sin imposición de costas atento lo oficioso y novedoso de la Cuestión(art. 68 segundo párrafo del CPCC).
A la misma Cuestión, y por idénticos fundamento el doctor Rodríguez vota en el mismo sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente
Teniendo en cuenta el resultado que instruye la votación del Acuerdo que antecede, este Tribunal
1. Revocar la resolución de fs. 37/38 en cuanto decretó la inaplicabilidad de lo normado por el art. 39 del decreto ley 15348 -ratificado por ley 12962-; por lo que deberá la Sra. Juez de grado continuar las actuaciones según su estado y de acuerdo a los principios interpretativos dados, darle audiencia al deudor como requisito previo -en su caso- a darle curso a la acción intentada (arg. arts 3°, 37 inc. b de la Ley 24240, 39 Dec. Ley 15348; su Doctrina y Jurisprudencia);; 2) Sin costas atento lo oficioso y novedoso de la Cuestión (art. 68 segundo párrafo del CPCC); 3) Regístrese. Notifíquese (arg. art. 135 inc. 12 del CPCC) y al Sr. Agente Fiscal mediante cédula electrónica a confeccionarse por Secretaría. Oportunamente devuélvase a sus efectos.-
Fin de la sentencia