Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala I · Causa S1 117184
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la resolución apelada, debiendo continuar los autos según su estado. REG. Y NOT.
N° de Orden:
Libro: I-193
Expte: SI-117184
Juzgado de origen: Juzgado En Lo Civil Y Comercial N° 2 Deptal Moreno - Gral. Rodriguez
Juicio: PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑIA FINANCIERA SOCIEDAD ANONIMA C/ CHAVEZ JUAN ALBERTO S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962)
////cedes, 18 de Octubre de 2018.-
Autos y Vistos: Considerando:
I. La actora apela la sentencia que declara la inconstitucionalidad de oficio del art.39 del decreto Ley 15346/46 ratificado por la Ley 12.962.
Luego de transcribir la sentencia de la Sala 3 de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata en los autos “Rancitelli, Maximiliano c. Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. s/ Medidas cautelares” del 31/10/17, el magistrado concluye que dicha disposición vulnera “…las normas ligadas al derecho protectorio de los consumidores, recepcionados en nuestra Carta Magna en sus arts. 42 de la misma y sus postulados específicos contenidos tanto en los arts.3, 37 inc. b y 65 de la Ley 24240 como en los preceptos de los arts.1119 y 1120 del C.C y C Ley 26994 contrarios, en definitiva, a que tuviera andamiaje la facultad de secuestrar los bienes prendados sin escuchar o dar audiencia al demandado.”
II. En su memorial, la recurrente cita abundante jurisprudencia y doctrina a fin de rebatir los argumentos expuestos en la sentencia que apela. Solicita su revocación.
III. Esta Sala confirió vista al Ministerio Público, de acuerdo al art. 52 de la ley de Defensa del Consumidor nro 24.240 (L.D.C.) y art. 27 de la ley provincial 13.133. El dictamen concluye propiciando la revocación de la resolución apelada.
IV. En primer lugar, cabe recordar – como ha hecho esta Sala en otras oportunidades (causa n° 114.796, “Ortiz y ot. s. Div.”, resol. del 4/02/14 )- que si bien la declaración de inconstitucionalidad de oficio de una ley fue admitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Mill de Pereyra” del 27/09/01 (Fallos: 324:3219), lo hizo dejando constancia que era un remedio extremo al cual sólo debía recurrirse cuando se dieran excepcionales circunstancias, que puntillosamente detalló de la siguiente manera: a) cuando la violación de la Constitución sea de tal entidad que justifique la abrogación, en desmedro de la seguridad jurídica; b) siendo un acto de suma gravedad, sólo debe recurrirse a ese remedio cuando una estricta necesidad lo requiera, en situaciones en las que la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta e indubitable y la incompatibilidad de la norma con la Constitución sea inconciliable; c) cuando no exista la posibilidad de una solución adecuada del juicio por otras razones que las constitucionales comprendidas en la causa; d) no debe implicar una declaración de inconstitucionalidad en abstracto; es decir, fuera de una causa concreta, a efectos de resolver un conflicto contencioso en los términos del art. 2 de la ley 27; e) sólo será necesaria cuando se trate de remover un obstáculo – la norma inconstitucional – que se interponga entre la decisión de la causa y la aplicación directa a esta de la ley fundamental; o sea, debe ser el presupuesto para el progreso de otra pretensión ; f) la decisión sólo tendrá efecto sólo en el caso concreto; es decir no tiene efecto derogatorio genérico (Considerando 10°).
El fallo no fue unánime en sus fundamentos, toda vez que dos de los jueces que hicieron posible que se conformara la mayoría dejaron expresa constancia que era insoslayable que se hubiera respetado el derecho de defensa de las partes. Fue así que la factibilidad plena de este control recién fue reconocida por una mayoría clara de la Corte en el fallo “Banco Comercial de Finanzas S.A. s/ Quiebra “ del 19/08/04 (Fallos: 327:3117), pero el alto tribunal insistió en su carácter excepcional y no dejó de lado las exigencias expuestas en “Mill de Pereyra” arriba señaladas, como tampoco lo hizo en el fallo “Rodríguez Pereyra c. Ejército Argentino” del 27/11/2012 (Fallos: 335:2333, ver consid. 14), en el que expresamente incluyó en el mismo al control de convencionalidad.
Los distintos tribunales del país – en especial la S.C.B.A. (L. 80.156 del 31/03/04; L. 72.258 del 28/05/03; L. 79.387 del 17/05/06; L. 90.610 del 2/07/08; L. 99.991 del 31/08/11, L. 108.624 del 19/09/12, Ac. 93.193, 30/10/13; A 70.619, 11/02/16, entre otros) – siguieron estos lineamientos, pero quedó como interrogante la eventual discordancia entre el control de oficio de constitucionalidad y el principio de congruencia que es medular en el procedimiento civil (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 272 C.P.C.). La Corte Nacional puso al respecto las cosas en su quicio en el fallo “Gómez, Carlos A. c. Argencard S.A.” del 27/12/06 (Fallos: 329:5903), cuando revocó por arbitrariedad una sentencia de la Cámara Nacional en lo Comercial que había declarado la inconstitucionalidad de las normas de “pesificación” (art. 11 de la ley 25.561) sin que la parte interesada lo hubiera pedido. La Corte sostuvo que el vicio de incongruencia era notorio y que no se superaba ni siquiera frente a la posibilidad de declarar de oficio la inconstitucionalidad de las leyes. Este criterio fue luego ratificado en el fallo “Strangio, Domingo c. Cattorini Hnos. S.A.” del 12/05/09 (Fallos: 332:1078).
Esta precisión se compadece con la postura doctrinaria que, aún antes de “Mill de Pereyra”, sostenía que el control de oficio de constitucionalidad no podía hacerse cuando se trataba de derechos disponibles, citando al efecto los arts. 19 y 872 del C.C. (Bielsa, Rafael, “Derecho Constitucional”, Bs. As., Depalma, 1959, p. 717; Padilla, Miguel, “El orden público y las declaraciones de inconstitucionalidad”, L.L. 1984-C, 320). Para hacer compatible el fundamento de ese tipo de control (principio “iura novit curia” que debe comenzar por el vértice da la pirámide jurídica que es la Constitución Nacional) con el principio dispositivo, la declaración de inconstitucionalidad debe ser congruente con la petición de la parte a quien la misma favorece. Es decir, puede una parte no pedir formalmente la declaración de inconstitucionalidad pero si ataca la norma por injusta o argumenta las razones por las cuales no debe ser aplicada, aquella es posible. En otras palabras, la declaración de inconstitucionalidad debe estar de alguna manera implícitamente comprendida o habilitada por la petición.
Como ha dicho esta Cámara recientemente el principio de la presunción de constitucionalidad de las leyes queda reforzado cuando se trata de una norma de reciente sanción legislativa o que ha sido implícitamente ratificada por el legislador, órgano máximo de la representación popular (causa n° 117.186, “Morano c. Da Costa s. Ejec. de honorarios”, 18/9/18). Algunos autores sostienen que deben seguirse distintos parámetros al respecto. Así, no es lo mismo una ley antigua, que se mantiene por inercia y que no ha sido objeto de discusión en tiempos próximos, que una ley nueva, recientemente debatida y aprobada. Mientras en aquel caso la presunción de constitucionalidad es débil, en este es fuerte (Ferreres Comella, Víctor, “Justicia constitucional y democracia”, CEPyC, Madrid, 1997, ps. 226 y 241).
Viene al caso dicho señalamiento porque si bien la ley 12.962 (que ratificó el dec.ley 15.346/46) data de 1947, al sancionarse recientemente el Código Civil y Comercial (ley 26.994 de octubre de 2014), el legislador no la derogó ni la modificó. Antes bien, en el capítulo referido a la prenda, especialmente contempló la “prenda con registro” en el art. 2220, definiéndola en forma similar a lo prescripto por dicha ley, y en la parte final estableció: “Esta prenda se rige por la legislación especial”.
Evidentemente, el legislador conocía la ley de prenda (de aplicación pacífica desde hacía casi 70 años) y no tuvo ninguna intención de dejarla de lado, pese a que incorporó los principios fundamentales de la ley 24.240 en el Titulo “Contratos de consumo” (arts. 1092 a 1122). Cierto es que en el art. 1094 se regula la interpretación y prelación normativa en las relaciones de consumo, y en su parte final dice: “En caso de duda sobre la interpretación de este Código o de las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor”. Pero ello – como la norma indica – es en caso de duda sobre la interpretación de las normas, pero aquí no hay ninguna duda, ya que el art. 39 del dec.ley 15.346/46 (ratif. por ley 12.962) es de una claridad meridiana, máxime cuando se lo confronta con el art. 2220 que remite, en el caso de la prenda, a la legislación especial.
Cabe señalar que el principio tradicional “la ley general no deroga ni modifica, implícita o tácitamente la ley especial” mantiene plena vigencia (C.S.J.N., Fallos: 337:329). Hasta tal punto es así que es expresamente receptado en el art. 963 del nuevo código acerca de la prelación normativa en materia contractual.
El “a quo” ha declarado de oficio la inconstitucionalidad del art. 39 del dec.ley 15.3467/58 (ratificado por ley 12.962), con sustento en el fallo de la Sala 3 de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata arriba citado, siendo que, en ese caso, el planteo de inconstitucionalidad fue expresamente formulado por el deudor junto con su pedido de que se decretara la prohibición de innovar sobre el automotor secuestrado. Asimismo, la Cámara Civil y Comercial de Junín en los autos “Fiat Crédito Cía. Financiera S.A. c. De Natale, César s. Acción de secuestro”, (causa n° 8427/2014, resol. del 2/02/17) consideró (por mayoría, con la disidencia del Dr. Juan José Guardiola) que el art. 39 de la ley de prenda no era aplicable a las relaciones de consumo, pero lo decidió ante la apelación del deudor quien, luego del secuestro del automóvil, se presentó en los autos planteando la nulidad e inhabilidad del título presentado por el acreedor, planteo que fue denegado.
A todo ello se suma que la Corte Suprema Nacional – bajo la plena vigencia de la LDC y del art. 42 de la C.N. - ha desestimado el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 del dec.ley 15.348/46 (ratif. por ley 12.962), argumentando que el agravio que le causa al deudor el secuestro del automotor puede ser subsanado por la vías procesales adecuados (con cita de art. 195 y ss. del C.P.C.C.) (Fallos: 329:4352, “Ford Credit Financiera S.A. c. Novoa, Jorge”, 18/10/06; dictamen del Procurador General al que remite la Corte). Este fallo del máximo tribunal nacional es de suma importancia dado que, pese al texto expreso del art. 39 de la ley de prenda con registro, habilita la posibilidad de que el deudor, frente al secuestro del bien, peticione medidas cautelares. Y – agregamos - en tal instancia, podrá formular los planteos que estime pertinentes.
Por ello, y sin perjuicio de lo que oportunamente pudiera resolverse ante planteos del deudor, SE RESUELVE: Revocar la resolución apelada, debiendo continuar los autos según su estado. REG. Y NOT.
Fin de la sentencia