Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 124243
AUTOS Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:
I. Mediante resolución de fs. 33/36 la magistrada de la instancia anterior rechazó la acción de secuestro prendario incoada por afectar derechos reconocidos constitucionalmente al consumidor o usuario del servicio financiero que dio origen a la prenda, en los términos de los artículos 18 y 42 de la Constitución Nacional, 15 y 38 de la Constitución Provincial, ley 24.240, ley 13.133 y los arts. 1092 y siguientes del CCYC.
Para así decidir compartió lo dictaminado por la Sra. Agente Fiscal a fs. 31/32 e hizo un análisis de las presentes actuaciones, considerando que las partes se encuentran vinculadas a través de una típica relación de consumo alcanzada por las previsiones de la ley 24.240, teniendo la parte demandada las características de consumidor o usuario en los términos del artículo 1 de la norma citada y siendo el accionante una entidad de crédito encuadrable en la definición del artículo 2 de dicha norma, por lo que su relación con la demandada se debe enmarcar en los supuestos contemplados en el artículo 1092 y siguientes del Código Civil y Comercial. Manifestó que del análisis de las cláusulas del contrato de prenda con registro surge que el accionado se halla en desventaja vulnerándose su derecho de defensa en juicio así como su derecho a la información. Concluyo que el artículo 39 de la ley prendaria resulta inaplicable en atención al resultado disvalioso que genera su aplicación al caso de autos por vulnerar garantías constitucionales como la defensa en juicio, el accesos irrestricto a la justicia y el régimen protectorio del consumidor colocando al accionado en una situación de vulnerabilidad procesal.
Contra tal forma de decidir el accionante interpuso revocatoria con apelación en subsidio mediante presentación electrónica de fecha 8/6/2018 a las 5:07:52 p.m, siendo denegada la primera se concedió la apelación. En su crítica requirió la revocación de la resolución y que se disponga el trámite pretendido ordenándose el mandamiento de secuestro solicitado en el escrito de inicio en los términos de la ley 12.962. Advirtió que el procedimiento iniciado no implica el comienzo de un juicio de ejecución sino sólo se requiere la entrega del bien para facilitar la venta extrajudicial del objeto afectado a la garantía. Señaló que los contratos prendarios armonizan con la ley 24.240 y por ello la aplicación de la ley especial se mantiene tanto que el nuevo Código Civil y Comercial en el artículo 2296 ha dispuesto la forma de publicación de edictos para la realización del remate convalidando el artículo 39 citado (arts. 246, 248 CCPC, dictamen Fiscal de Cámaras fs. 40).
II. Teniendo en cuenta la naturaleza de las cuestiones planteadas, conviene recordar que esta Alzada ha dispuesto en forma reiterada que la ley 24.240, vigente con anterioridad a la suscripción del documento que origina el presente proceso, requiere que se encuentren reunidos los recaudos que conlleven a su aplicación, siguiendo los pronunciamientos emanados de la Suprema Corte de Justicia local en torno a esta problemática dictados a partir del fallo Cuevas.
La entidad financiera accionante no controvirtió la aplicación de la normativa protectora citada al presente sino los efectos que respecto de la relación jurídica traída al Tribunal se producen de acuerdo con lo declarado por la titular del juzgado de origen.
Enmarcada la cuestión a abordar en el supuesto de autos se observa que el apoderado de la entidad bancaria inició el trámite de secuestro prendario a fs.28/29vta., acompañando la solicitud de inscripción del contrato prendario y el contrato de prenda con registro (fs. 4/14). Afirmó que la accionada se encuentra en mora en el cumplimiento de las obligaciones que emanan del convenio agregado y han caducado los plazos acordados. Manifestó que habiendo fracasado las gestiones extrajudiciales realizadas, hallándose gravado con derecho real de prenda el vehículo dado como garantía del pago, solicita su secuestro. A tales fines indicó el lugar donde se podrá encontrar el rodado, nombre del depositario judicial y domicilio en el que se depositará en caso de arrojar un resultado positivo el diligenciamiento del mandamiento de secuestro.
En razón de las constancias detalladas, corresponde hacer lugar a la apelación y, en consecuencia modificar la decisión recurrida, por los fundamentos que serán expuestos a continuación (esta Sala, causa 122388, reg. int. 351/17).
Como se señaló, se trata de la aplicación del artículo 39 de la ley 12.962, texto ordenado por el decreto 897/95, que dispone que cuando el acreedor sea el Estado, sus reparticiones autárquicas, un banco, una entidad financiera autorizada por el Banco Central de la República Argentina o una institución bancaria o financiera de carácter internacional, sin que tales instituciones deban obtener autorización previa alguna ni establecer domicilio en el país, ante la presentación del certificado prendario, el juez ordenará el secuestro de los bines y su entrega al acreedor, sin que el deudor pueda promover recurso alguno. El acreedor procederá a la venta de los objetos prendados, en la forma prevista por el artículo 585 del Código de Comercio, sin perjuicio de que el deudor pueda ejercitar, en juicio ordinario, los derechos que tenga que reclamar el acreedor. El trámite de la venta extrajudicial preceptuado en este artículo no se suspenderá por embargo de bines ni por concurso, incapacidad o muerte del deudor.
La Suprema Corte de Justicia respecto al citado trámite, con motivo de determinar el órgano competente para conocer, advirtió que, como rasgo propio, más allá de las limitaciones propias del mismo, prevalece su naturaleza jurisdiccional pudiendo dirimirse eventuales cuestiones inherentes a la eficacia de la diligencia de secuestro u otras a que dé lugar la liquidación del producido de la subasta del bien prendado (SCBA, C. 120.068 sent. 28/9/16).
Allí el alto tribunal aplicó la normativa especial al analizar la eventual existencia de una relación sustancial de consumo y expedirse respecto de la competencia territorial a la que quedaba sujeto el trámite en razón del conflicto planteado entre dos órganos pertenecientes a distintos departamentos judiciales de la Provincia de Buenos Aires.
De este modo, el ingreso a abordar la cuestión antes referida compatibilizando la legislación especial y la consumeril supone la vigencia de la primera y, con ello, obsta a confirmar la decisión recurrida (ver Esteban J.- Eduardo J. Dip Tártalo, La relación de consumo, el secuestro prendario y una victoria pírrica, LL, 11/10/2017, 11/10/2017 y jurisp. allí citada).
A su vez se observa de los términos del reciente pronunciamiento recordado que, dentro del ámbito del acotado trámite, se podrían presentar situaciones que en definitiva provienen del ejercicio del derecho de defensa.
En suma la declaración derogatoria del artículo 39 aludido efectuada de oficio, por los argumentos indicados se modifica correspondiendo en consecuencia continuar con el trámite.
Por lo demás, la Cámara no está obligada a examinar todos los temas sometidos a su consideración si, dada la solución que se propone, ello se torna innecesario (SCBA, "Ac. y Sent." 1956-IV-28; 1959-I-346 y 1966-II-65; esta Sala, causas B-79.059, reg.sent. 195/94; B-79.453, reg.sent. 237/94; A-43.391, reg.sent. 282/94; B-80.266, reg.int. 51/95, 92.189 reg. sent. 291/00, 97624 reg. 27/02, 100948 reg. sent. 151/03, 102.650 reg. int. 157/04, 102.106 reg. sent. 306/04, 104.536 reg. sent. 181/05, e.o.).
POR ELLO, corresponde revocar la resolución recurrida de fs. 33/36 que declara la inaplicabilidad del artículo 39 de la ley 12.962 al presente, dejándose establecido que corresponde continuar el trámite proveyendo la petición formulada por el apelante. Procédase a foliar las actuaciones producidas en el trámite (arts. 32, 37 y cc. Acordada 2514/92). REGISTRESE. NOTIFIQUESE (art. 3 ley 25.506, ley 13.666, Ac. 3891/18, Res. Presidencia 208/18 de la SCBA). DEVUELVASE.
Fin de la sentencia