Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 124317
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO: 1) Se revoca la resolución de fs. 70/72, que declara la inaplicabilidad del artículo 39 de la ley 12.962 al presente, dejando establecido que corresponde continuar el trámite y proveer la petición formulada por el apelante. 2) Las costas por la intervención en la alzada, atento a la ausencia de contradicción, se imponen por su orden. 3) Procédase a foliar las actuaciones producidas en el trámite (arts. 32, 37 y cc. Acordada 2514/92).
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
I. El Sr. Juez de la etapa precedente declaró la pérdida de vigencia del artículo 39 de la Ley de Prenda, Decreto Ley Nº 15.348/46, ratificado por la Ley Nº 12.962 y sus modificatorias y, en consecuencia, rechazó la presente acción de secuestro prendario. Ello con costas al accionante (fs. 70/72).
Contra esa decisión la parte actora interpuso recurso de reposición con apelación subsidiaria. La reposición fue rechazada, habiéndose concedido la apelación en forma directa (fs. 75/80, 81 y vta.).
El Sr. Fiscal de Cámaras emitió su dictamen a fs. 86/87.
II. Para decidir en ese sentido tuvo en cuenta que dicho artículo 39 establece la facultad de determinados acreedores prendarios, mediante la sola presentación del certificado prendario, de solicitar al juez el secuestro de los bienes afectados para serles entregados, sin que el deudor pueda promover recurso alguno. Que esa norma establece que el acreedor procederá a la venta de los objetos prendados, en la forma prevista por el artículo 585 del Código de Comercio, derogado a la fecha de la celebración del contrato de prenda con registro; ello sin perjuicio de que el deudor pueda ejercitar, en juicio ordinario, sus derechos contra el acreedor. Y que se reconoce que el trámite de venta extrajudicial no se suspenderá por embargo de bienes ni por concurso, incapacidad o muerte del deudor.
Seguidamente, señaló que el citado artículo fue establecido originariamente por el decreto ley 15.348/46, el 28 de mayo de 1946, por un gobierno de facto en su último acuerdo de ministros, y fue ratificado por el Congreso Nacional por ley 12.962, del 26 de marzo de 1947, casi sin modificaciones ni mayores discusiones junto con otros catorce decretos leyes sobre organización bancaria dictados entre marzo y junio de 1946.
Dijo que de los considerandos del decreto-ley citado resulta claramente que la norma no fue pensada para regular relaciones de consumo, sino que consistió en una medida de política crediticia destinada a productores, comerciantes e industriales.
Agregó que el secuestro prendario es una vía impropia para ejecutar una deuda derivada de una relación de consumo, ya que el mismo no fue creado, de acuerdo a los considerandos del decreto ley 15.348/46, para dar una herramienta al proveedor contra el consumidor, sino con un propósito de promoción económica de productores, comerciantes e industriales con el fin que éstos puedan utilizar la cosa prendada mientras está vigente la garantía. Sus destinatarios finales no fueron los consumidores. pues el sistema protectorio para este colectivo de sujetos ni siquiera existía.
Asimismo, consideró que el sistema de defensa del consumidor se erige sobre la necesidad de tutelar a quien se encuentra en una situación de desprotección frente a una relación asimétrica que debe entablar con los proveedores de bienes y servicios. Se presume que la voluntad del consumidor está desdibujada y su consentimiento restringido por la voluntad dominante del proveedor. Tiende a proteger a una de las partes restableciendo de esta manera el equilibrio contractual afectado por una "falla estructural en el mercado". Atendiendo a las situaciones de abuso de poder, se busca asegurar una "igualdad de oportunidades", y ello no es una intervención que distorsiona la autonomía, sino que la mejora, permitiendo que los contratantes se expresen en pie de igualdad.
Entendió que en el caso se está frente a una relación de consumo y que el automotor es de uso privado. Por ello, teniendo en cuenta el dictamen del Sr. Agente Fiscal, y al haber quedado derogado el referido cuerpo normativo al que remite el artículo 39 de la ley prendaria, concluyó que el mismo ha perdido vigencia, pues remite a una norma procedimental que resulta abolida. Computó también la violación al derecho de defensa del deudor, a quien no se le otorgaría ningún tipo de participación en el hipotético remate privado, quedando la parte débil de la contratación en un estado de vulneración, que precisamente la ley 24.240 ha querido evitar.
III. Luego de referirse a los antecedentes y fundamento del procedimiento del artículo 39 de la ley de prenda con registro, la parte actora alega que la acción de secuestro prendario es un beneficio otorgado exclusivamente a ciertos acreedores calificados con exigentes requisitos de profesionalidad, que hacen presumir seriedad, responsabilidad y solvencia cierta, y respecto de los cuales se presupone que no abusarán del privilegio.
Que respecto de ese privilegio no se ven prácticas abusivas que lleven a reconsiderar un cambio en la legislación, y prueba de ello es que el Código Civil y Comercial ha mantenido la vigencia del procedimiento in audita parte de la ley de prenda con registro. Que darle intervención al deudor moroso en este tipo de procedimiento atenta contra la facultad que tienen ciertos acreedores de realizar la prenda sin demoras, con menores gastos en beneficio de ambas partes, y contra todos aquellos particulares que desean acceder a este tipo de financiaciones.
Agrega que de ninguna manera podría entenderse que el sistema previsto por la Ley de Prenda con Registro se estableció para promover el financiamiento únicamente en beneficio de productores y comerciantes, excluyendo a los consumidores. Ello, dado que en los propios considerandos del Decreto 897/95 consta, entre las motivaciones que se tuvieron en mira, la eliminación de las restricciones que obstaculizaban el acceso de los distintos sectores de la producción y del público en general a fuentes de financiación.
Asimismo, hace notar que el Código Civil y Comercial de la Nación, posterior a la Ley de Defensa del Consumidor, ha mantenido la vigencia de la Ley de Prenda con Registro sin ningún tipo de salvedad, pues el artículo 2.220 establece que la prenda con registro "se rige por la legislación especial", esto es, la citada ley.
Y que en dicho código, con el ánimo de unificar los procedimientos que antes se establecían en los respectivos códigos para la ejecución de la prenda civil y la prenda comercial, fija en el artículo 2.229 que "el acreedor puede vender la cosa prendada en subasta pública, debidamente anunciada con diez días de anticipación en el diario de publicaciones legales de la jurisdicción que corresponde al lugar en que, según el contrato, la cosa debe encontrarse".
Por otro lado, resalta que una ley general posterior (en el caso la ley de defensa del consumidor) no puede derogar una ley especial anterior (la ley de prenda con registro). Agrega que al contener la Ley de Defensa del Consumidor reglas protectoras y correctoras que vienen a completar -no a sustituir- disposiciones en el ámbito del derecho privado con una protección del consumidor de carácter general, no desplaza normas contempladas en la ley especial aplicable a este caso, como lo es el artículo 39 citado.
Sostiene que desde la irrupción del consumidor como protagonista jurídico, tanto en nuestro derecho nacional como en el derecho comparado, el sistema protectorio que progresivamente se fue desarrollando está lejos de haber ido en desmedro de la búsqueda de mecanismos jurídicos de ágil ejecución frente al incumplimiento. Cita como ejemplo la sanción de la ley 24.441 (con posterioridad a la ley 24.240 de 1993), que estableció un régimen especial de ejecución de hipotecas. E incluso el nuevo codificador -que sin dudas se preocupó por tutelar al consumidor- no sólo mantuvo la vigencia del sistema previsto por la Ley de Prenda con Registro (art. 2.220 CCy C), sino que amplió los alcances del derogado artículo 585 Código de Comercio a través del mecanismo de ejecución prendaria incorporado en el artículo 2.229.
Entiende que en el caso no debe olvidarse el diálogo de fuentes, recordando, a través de la jurisprudencia que cita, la directiva en materia de integración normativa que contiene el artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor.
En otro orden de razones, hace notar que si bien la presente acción excluye la existencia de litigio o contradicción, el deudor cuenta con el derecho a ejercitar, por la vía y ante quien corresponda, la acción ordinaria que la ley le reconoce en defensa de sus derechos para el hipotético caso de que los considere vulnerados. De esta manera, se encuentra resguardada su debida defensa en juicio al mismo tiempo que se respeta el procedimiento previsto en la Ley de Prenda con Registro. De lo contrario, de admitirse recursos, se producirían actuaciones judiciales que importarían un verdadero proceso y se desvirtuaría el propósito del legislador de procurar la rapidez de la ejecución y venta extrajudicial del bien, causando un impacto económico.
Pide que se tenga en cuenta que al prestarle el dinero al Sr. Torchia para que adquiriera el automotor prendado lo hizo a sabiendas de que contaba, en caso de incumplimiento del deudor, con el ágil procedimiento extrajudicial establecido por el artículo 39 de la ley citada, por lo que la decisión del a quo le causa un perjuicio irreparable producto de la inseguridad jurídica.
También, que se tenga presente que el Sr. Torchia no pudo desconocer las consecuencias de su mora, toda vez que el contrato suscripto por él mismo claramente establece la mora automática, la caducidad de todos los plazos ante la falta de pago y en la cláusula 14 que ante esa falta de pago, a pedido del acreedor, el juez interviniente podrá decretar el secuestro del bien prendado sin ningún tipo de requerimiento previo. Todo ello en tamaño de letra absolutamente legible y en un contrato que no abarca más de dos hojas. De esta manera, tampoco podría suponerse vulnerado el derecho a la información previsto por la LDC.
IV. El Sr. Fiscal de Cámaras entendió que por mediar entre las partes una relación de consumo -préstamo de dinero en efectivo garantizado por la suscripción de un contrato de prenda con registro-, corresponde aplicar el plexo normativo protectorio de usuarios y consumidores.
Añadió que el decreto ley 15.348/46, ratificado por Ley 12.962, a cuyo amparo se promueve la presente acción fue pensado como una medida de política crediticia destinada a productores, comerciantes e industriales; no a consumidores.
Dijo que siendo el bien prendado un automóvil destinado a uso particular, y no una maquinaria destinada a un proceso económico o productivo, la finalidad prevista en los considerandos de la norma aludida, pierde virtualidad.
Entendió, asimismo, que la incorporación a nuestra legislación de fondo de la Ley de Defensa del Consumidor como una ley especial y de orden público ha producido el desplazamiento de aquellas normas comerciales, entre ellas el decreto ley 15.348/46, en tanto desconozcan la tutela constitucional establecida en beneficio de los consumidores.
Agregó que la inclusión de las normas del contrato de consumo en la parte general del Código Civil y Comercial de la Nación, torna las mismas aplicables a todos los negocios jurídicos en los que subyace una relación de consumo, pues el régimen consumeril atraviesa trasversalmente todo el ordenamiento jurídico.
Concluyó que hacer lugar a la acción prevista por el artículo 39 ya citado, secuestrando el bien prendado sin dar audiencia al demandado-consumidor y ejecutándolo en forma privada, importaría desconocer la vigencia del artículo 42 de la Constitución Nacional, 38 de la Constitución Provincial, la Ley 24.240 y los artículos 988 inc. b) y 1.119 del Código Civil y Comercial de la Nación.
V. Esta Alzada ha dispuesto en forma reiterada que la ley 24.240, vigente con anterioridad a la suscripción del documento que origina el presente proceso, requiere que se encuentren reunidos los recaudos que conlleven a su aplicación; ello siguiendo los pronunciamientos emanados de la Suprema Corte de Justicia local en torno a esta problemática dictados a partir del fallo Cuevas.
La entidad financiera accionante no controvirtió la aplicación al presente de la normativa protectora citada, sino los efectos que respecto de la relación jurídica traída al tribunal se producen de acuerdo con lo declarado por el titular del juzgado de origen.
VI. Enmarcada la cuestión a abordar, se observa que el apoderado de la entidad actora inició el trámite de secuestro prendario a fs. 45/46 vta. acompañando la solicitud de inscripción del contrato prendario y el contrato de prenda con registro cuyas copias obran a fs. 12/20.
Afirmó que ante la falta de cumplimiento del deudor, y por haber fracasado las gestiones extrajudiciales realizadas, se vio en la necesidad de promover esta acción. A tales fines, indicó el lugar de ubicación del bien prendado.
VII. En razón de las constancias detalladas, corresponde hacer lugar a la apelación y, en consecuencia, modificar la decisión recurrida por los fundamentos que serán expuestos a continuación (esta Sala, causa 122388, reg. int. 351/17).
Como se señaló, el caso se trata de la aplicación del artículo 39 de la ley 12.962, texto ordenado por el decreto 897/95, que dispone que cuando el acreedor sea el Estado, sus reparticiones autárquicas, un banco, una entidad financiera autorizada por el Banco Central de la República Argentina o una institución bancaria o financiera de carácter internacional, sin que tales instituciones deban obtener autorización previa alguna ni establecer domicilio en el país, ante la presentación del certificado prendario, el juez ordenará el secuestro de los bienes y su entrega al acreedor, sin que el deudor pueda promover recurso alguno. El acreedor procederá a la venta de los objetos prendados, en la forma prevista por el artículo 585 del Código de Comercio, sin perjuicio de que el deudor pueda ejercitar, en juicio ordinario, los derechos que tenga que reclamar el acreedor. El trámite de la venta extrajudicial preceptuado en este artículo no se suspenderá por embargo de bines ni por concurso, incapacidad o muerte del deudor.
Respecto del citado trámite, la Suprema Corte de Justicia, con motivo de determinar el órgano competente para conocer, advirtió que como rasgo propio, más allá de las limitaciones propias del mismo, prevalece su naturaleza jurisdiccional, pudiendo dirimirse eventuales cuestiones inherentes a la eficacia de la diligencia de secuestro u otras a que dé lugar la liquidación del producido de la subasta del bien prendado (SCBA, causa C 120.068, del 28/9/16).
Allí el alto tribunal aplicó la normativa especial al analizar la eventual existencia de una relación sustancial de consumo y expedirse respecto de la competencia territorial a la que quedaba sujeto el trámite en razón del conflicto planteado entre dos órganos pertenecientes a distintos departamentos judiciales de la Provincia de Buenos Aires.
De este modo, el ingreso a abordar la cuestión antes referida compatibilizando la legislación especial y la consumeril supone la vigencia de la primera y, con ello, obsta a confirmar la decisión recurrida (ver Arias Cáu, Esteban J., Dip Tártalo, Eduardo J. La relación de consumo, el secuestro prendario y una victoria pírrica, LL, 11/10/2017, y jurisp. allí citada).
A su vez se observa, de los términos del pronunciamiento recordado, que dentro del ámbito del acotado trámite se podrían presentar situaciones que, en definitiva, provienen del ejercicio del derecho de defensa.
En suma la declaración derogatoria del artículo 39 aludido, efectuada de oficio, se modifica por los argumentos dados, correspondiendo, en consecuencia, continuar con el trámite (conf. esta Sala, causa 124.243, RSI 278/18).
Por lo demás, la Cámara no está obligada a examinar todos los temas sometidos a su consideración si, dada la solución que se propone, ello se torna innecesario (SCBA, "Ac. y Sent." 1956-IV-28; 1959-I-346 y 1966-II-65; esta Sala, causas B-79.059, reg.sent. 195/94; B-79.453, reg.sent. 237/94; A-43.391, reg.sent. 282/94; B-80.266, reg.int. 51/95, 92.189 reg. sent. 291/00, 97624 reg. 27/02, 100948 reg. sent. 151/03, 102.650 reg. int. 157/04, 102.106 reg. sent. 306/04, 104.536 reg. sent. 181/05, e.o.).
VIII. Las costas por la intervención en la alzada, atento a la ausencia de contradicción, se imponen por su orden (art. 68 del Cód. Procesal).
POR ELLO: 1) Se revoca la resolución de fs. 70/72, que declara la inaplicabilidad del artículo 39 de la ley 12.962 al presente, dejando establecido que corresponde continuar el trámite y proveer la petición formulada por el apelante. 2) Las costas por la intervención en la alzada, atento a la ausencia de contradicción, se imponen por su orden. 3) Procédase a foliar las actuaciones producidas en el trámite (arts. 32, 37 y cc. Acordada 2514/92). REGISTRESE. NOTIFIQUESE (art. 3 ley 25.506, ley 13.666, Ac. 3891/18, Res. Presidencia 208/18 de la SCBA). DEVUELVASE.
Fin de la sentencia