Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 143075
En la ciudad de La Plata, a los 7 días del mes de Julio de 2026, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "ROMBO COMPAÑIA FINANCIERA S.A. C/ GALLO MATIAS FACUNDO S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962)" (causa: Identificación de la Causa), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada de fecha 22/04/2026?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. En la especie la Sra. Jueza de la anterior instancia declaró la inaplicabilidad del procedimiento previsto en el art. 39 del Decreto Ley 15.348 a las relaciones de consumo, e hizo saber a la parte actora que cuenta con las facultades para promover la ejecución a cuyos fines deberá denunciar el monto por el que reclama la prestación y, de corresponder, adecuar su escrito de demanda.
Para así decidir consideró, - en lo más relevante - que el normal funcionamiento del actor tiene como actividad principal una dinámica de movilización de fondos a través de créditos para el consumidor, ello, a fin de satisfacer las necesidades de los consumidores, recurriéndose a los contratos predispuestos y sujetos a condiciones generales de la contratación, en donde el consumidor sólo puede limitarse a aceptarlas o rechazarlas.
Tuvo en cuenta que el contrato de prenda que fuera firmado por el ejecutado -persona física-, a favor de la parte actora, se encuentra alcanzado por art. 36 la ley 24.240 (texto según ley 26.631) y dejó sentado que la relación existente entre la parte actora y la demandada es de consumo, en los términos del art. 1092 del CCCN, resultando aplicable la ley 24.240.
Dijo además que es deber de los jueces velar por el orden público y la correcta aplicación de la ley y administración de justicia, siendo que La LDC 24.240 es de orden público (art. 65, CCC art. 12) y debe ser aplicada de oficio con independencia de su alegación o no por las partes, a fin de garantizar el derecho al debido proceso de los consumidores y agregó que : "…al regularse los contratos de consumo (arts. 1092 y siguientes CCCN) se concentran las reglas y principios fundamentales en materia de protección al consumidor. La relación de consumo constituye el campo operativo de los derechos reconocidos por el artículo 42 de la Constitución Nacional. Se trata de una relación jurídica que, conforme ha sostenido la doctrina, puede reconocer su fuente en un contrato de consumo. Con la redacción del artículo 1094 se positiviza en el sistema del código el principio jurídico de protección al consumidor, que ya estaba incorporado en la redacción del artículo 42 de la Constitución Nacional…"
Concluyó en que resulta aplicable en la relación establecida entre las partes la Ley 24.240 cuya finalidad es actuar como correctora de la desigualdad estructural que los consumidores y usuarios padecen en el mercado, ámbito en el que, sin duda, constituyen la parte más débil y que cabe tener en cuenta - dijo - que en el caso de la ejecución prendaria, la misma requiere de la iniciación de un juicio ejecutivo, pues el incumplimiento del deudor motiva un proceso cuyo ámbito permite al deudor oponer excepciones; y si bien resulta un proceso con conocimiento restringido, es compatible con el ejercicio del derecho de defensa en juicio.
II. Ese modo de decidir motivó el alzamiento de la accionante mediante recurso de apelación que llega fundado con los agravios expuestos al interponer la desestimada revocatoria de fecha 24/04/2026.
Luego de relatar los antecedentes y fundamentos del procedimiento del Art. 39 de la Ley de Prenda con Registro, el representante convencional de la entidad actora comienza su discurso impugnativo -en lo más relevante- afirmando que :"…Resulta primordial recordar que la prenda con registro fue creada como una evolución de la prenda con desplazamiento, la figura que contenía el Código Civil, pues el hecho que el acreedor se quedara con la posesión del bien prendado iba en contra del beneficio económico del deudor, dado que éste no podía usar la cosa para pagar el préstamo otorgado. La prenda del viejo Código Civil es lo que tradicionalmente se conoce como empeño: el acreedor se queda con la cosa prendada y la remata si el deudor no cumple con su obligación en tiempo y forma…"
Nos dice que, para mejorar la posición de la parte deudora, se creó la prenda con registro, pues aquí el deudor mantiene en su poder el bien y lo usa, y puede así pagar a su acreedor, quien en compensación- obtiene un régimen de recupero ágil y seguro.
Cita jurisprudencia en sufragio de su pretensión revisora.
Aduce que como contracara del beneficio del deudor de conservar en su poder el bien objeto de la garantía, el legislador estableció para los casos en que aquel incurre en incumplimiento de sus obligaciones- un procedimiento de recupero ágil que es sustancialmente- extrajudicial, con el recaudo de permitírselo únicamente a acreedores calificados por la norma.
Enfatiza que respecto de los acreedores autorizados por el Art. 39 LPR, corresponde resaltar que se trata de acreedores calificados con exigentes requisitos de profesionalidad, que hacen presumir responsabilidad y solvencia cierta, por lo que el legislador presupuso que no abusarían del privilegio y agrega que : "…El criterio restrictivo respecto de los acreedores a los que se les otorgó este especial procedimiento de recupero ha dado sus frutos hasta el presente, ya que, mientras que se logra el otorgamiento de créditos a menores tasas de interés -se ve de la simple comparación con las tasas de los productos que no cuentan con este procedimiento de recupero- y consecuentemente la motorización de la economía, no se ven prácticas abusivas que lleven a reconsiderar un cambio en la legislación. Prueba de ello, es que la modificación del Código Civil y Comercial ha mantenido la vigencia del procedimiento in audita parte de la LPR en el Art. 2220 CCCCN, conforme expondré en el apartado (B)…"
Argumenta que la experiencia de nuestros tribunales ha demostrado que esta práctica se ha desenvuelto, en todos estos años, sin que -en general- se registraran conductas abusivas o distorsiones en la ejecución de esta facultad que justifiquen poner en entredicho la eficacia del instituto como instrumento que resguarda la financiación del crédito, contemplando de manera equilibrada los intereses en juego, a lo que debe de haber contribuido, sin duda, el parámetro de calificación de los acreedores beneficiados que la norma exige.
Advierte entonces que la declaración de inaplicabilidad del trámite de secuestro prendario iniciado por su mandante (Art. 39 LPR), atentaría contra el derecho que tiene -como acreedor calificado- de realizar la prenda sin demoras y con menores gastos, en beneficio de ambas partes, y también contra todos aquellos particulares que desean acceder a este tipo de financiaciones.
Subraya que con el pretexto de buscar proteger el derecho de defensa del deudor moroso, se conspira contra los intereses de aquellos a quienes aparentemente se pretende proteger, con una idea de dudosa justificación teleológica, desde que solo conduce a procurar beneficios a los deudores en mora, y puede conducir a excluir a los particulares consumidores o no- de una modalidad de financiación del crédito accesible y conveniente, a privarlos de la conservación del bien, o a desatar un previsible encarecimiento en la tasa de interés de la prestación financiera.
Destaca la manifiesta equivocación en la que se incurriría si se entendiera que el trámite previsto por la Ley de Prenda con Registro fue legislado para promover el financiamiento en beneficio de productores y comerciantes únicamente, excluyendo a los consumidores.
Concluye en que, resulta trascendental que se tenga en consideración que la acción iniciada en los términos del Art. 39 LPR se trata de un procedimiento esencial para el fundamento social y macroeconómico para el cual se legisló.
Entiende que la Ley de Prenda con Registro instaura una relación de paridad entre las partes: así como en el inicio de la relación el deudor mantiene en su poder el bien gravado y puede hacer uso de él, al acreedor se le confiere el certificado prendario como título suficiente para, en caso de incumplimiento, obtener la rápida posesión de aquel. Por ello, naturalmente, si la celeridad en el trámite de recupero de este tipo de créditos se desnaturaliza y se lo convirtiera en un proceso judicial bilateralizado -mucho más prolongado- como lo es la ejecución prendaria, indefectiblemente va a repercutir en las facilidades que los acreedores calificados por el Art. 39 puedan otorgar.
Afirma la plena vigencia del Art. 39 LPR, por el reenvío que hace el Art. 2220 del CCCN, que ha sido reconocida ampliamente por la jurisprudencia y que con relación a este tipo de ejecución la doctrina tiene dicho que al establecer el carácter autoliquidable de la prenda, la reforma no exige la intervención judicial que impone el art. 3224 del Código Civil lo cual implica que el acreedor cobra de manera rápida, poco costosa y sin recurrir a los tribunales.
En cuanto al Estatuto Consumeril hace referencia al inveterado y reconocido principio que establece que una LEY GENERAL posterior (en este caso, la Ley de Defensa del Consumidor), no deroga una LEY ESPECIAL anterior (la Ley de Prenda con Registro), cuyo Art. 39 prevé este especial procedimiento de recupero ágil, en el cual la actuación del Tribunal se restringe a la simple actividad procesal coadyuvante del proceso privado para que el acreedor tome posesión del bien gravado, para su ulterior venta extrajudicial.
Refiere que incluso en fecha más reciente, con la legislación y la jurisprudencia protectora del consumidor aún más desarrollada, el codificador en el Código Civil y Comercial que sin lugar a dudas se preocupó por tutelar al consumidor, tal cual se ve receptado en los diversos artículos que a éste se refieren- no sólo mantuvo la vigencia del sistema previsto por la Ley de Prenda con Registro (Art. 2220 CCCN) sino que incluso amplió los alcances del derogado art. 585 Código de Comercio a través del mecanismo de ejecución prendaria incorporado en el Art. 2229 CCCN.
Se explaya en torno al resguardo a la debida defensa del deudor por la vía correspondiente y a la trascendencia del impacto social y macroeconómico.
Bajo el acápite "Inseguridad jurídica. El contrato prendario" requiere se considere el hecho que su mandante, al prestarle el dinero al accionado para que adquiriera el automotor prendado, lo hizo a sabiendas de que contaba, en caso de incumplimiento del deudor -lo que efectivamente ocurrió-, con el ágil procedimiento extrajudicial establecido por el Art. 39 de la LPR para recuperarlo por lo que el rechazo de su pretensión de secuestro prendario, causa un perjuicio irreparable a su parte producto de la inseguridad jurídica por interpretaciones que se apartan del necesario diálogo entre las distintas fuentes aplicables.
Aduce además que el demandado no pudo desconocer las consecuencias de su mora, toda vez que el contrato suscripto por él mismo expresamente establece en forma clara: a) la mora de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, en caso de falta de pago (clausula 6); b) la caducidad de todos los plazos tornándose exigible la totalidad del préstamo (cláusula 6); c) el derecho del acreedor de liquidar los bienes gravados por procedimiento extrajudicial (cláusula 8-d).
La crítica llega sin replica alguna.
III. Con fecha 03/07/2026, se pronunció el Sr. Fiscal de Cámaras Departamental manifestando entre otros conceptos que: "…hacer lugar a la acción prevista por el art. 39 de la ley de Prenda con Registro de secuestrar el bien prendado sin dar audiencia al demandado-consumidor y ejecutarlo en forma privada, importaría para este Ministerio Público Fiscal desconocer la vigencia del art. 42 de la Constitución Nacional, 38 de la Constitución Provincial, Ley 24.240, arts. 988 inc. b) y 1.119 del Código Civil y Comercial de la Nación, que conducen, sin lugar a dudas, a preservar el derecho de defensa de los consumidores…"
IV. En la tarea propuesta comienzo por señalar que -tal como tuve oportunidad de decidir antes de ahora al dar mi voto en las causas: 130.433, RSD. 64/2022 del 25/03/2022, caratulada FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. c/ARANA, PAULINA GABRIELA s/ACCION DE SECUESTRO ART. 39 LEY 12.962, , 139719- RS-121-2025 del 22/04/2025 caratulada “BANCO BBVA ARGENTINA SA C/ FERNANDEZ LUCIANO GABRIEL S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962) y mas recientemente , causa 140310 caratulada BANCO BBVA ARGENTINA S.A C/ DIAZ BELEN S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962) - votos que en todos los casos hizo mayoría al recibir la adhesión del Presidente del Tribunal - Dr. Hankovits - las normas de proceso especial de ejecución de prenda con registro deben interpretarse armónicamente con las normas de protección del derecho del consumidor (arts. 1, 2 y 3, C.C.C.N.), tal como lo viene pregonando la S.C.B.A. a partir del caso Cuevas (Rc. 109.193, del 11/8/2010).
El artículo 39 del Decreto-Ley Nº 15.348/46, ratificado por la Ley Nº 12.962 dispone que: Cuando el acreedor sea el Estado, sus reparticiones autárquicas, un banco, una entidad financiera autorizada por el Banco Central de la República Argentina o una institución bancaria o financiera de carácter internacional, sin que tales instituciones deban obtener autorización previa alguna ni establecer domicilio en el país, ante la presentación del certificado prendario, el juez ordenará el secuestro de los bienes y su entrega al acreedor, sin que el deudor pueda promover recurso alguno. El acreedor procederá a la venta de los objetos prendados, en la forma prevista por el artículo 585 del Código de Comercio, sin perjuicio de que el deudor pueda ejercitar, en juicio ordinario, los derechos que tenga que reclamar el acreedor. El trámite de la venta extrajudicial preceptuado en este artículo no se suspenderá por embargo de bienes ni por concurso, incapacidad o muerte del deudor.
El art. 585 referido establecía, en su parte pertinente, que En defecto de pago al vencimiento, y cuando no se hubiere pactado un modo especial de enajenación, el acreedor podrá proceder a la venta de las cosas tenidas en prenda, en remate, debidamente anunciado con 10 (diez) días de anticipación.
El secuestro prendario previsto en el artículo 39 del decreto ley 15.348, ratificado por ley 12.962, es un trámite judicial especial, conferido por el legislador a favor de ciertos sujetos (Estado, Banco, Entidades financieras autorizadas), que permite secuestrar el bien prendado a los efectos de su venta en forma extrajudicial, sin la participación del deudor. Dicho trámite no admite ningún tipo de recurso, ni intervención previa del deudor. En otras palabras, su objeto se reduce y se agota en obtener el secuestro del bien prendado para su entrega al acreedor y que este proceda luego a su venta extrajudicialmente y recupere el crédito otorgado.
Es decir que dicha norma tiene como finalidad el rápido recupero de la garantía con desplazamiento, que se encuentra en poder del deudor, a fin de facilitar el crédito, evitar mayores quebrantos financieros y farragosos trámites administrativos y contractuales. La prevalencia del derecho protectorio no debe ir en contra de los principios, las reglas y las instituciones del derecho mercantil, que constituye su necesaria contraparte, porque los efectos no queridos serán menor producción de bienes y servicios, lo que disminuye por contrapartida el consumo o encarece los productos (conf. Arias Cáu- Dip Tártalo, La relación de consumo, el secuestro prendario y una victoria pírrica, LA LEY 2017-E , 493, 11/10/2017M, Cita Online: AR/DOC/2120/2017).
En suma, el trámite que consagra el legislador en el precitado art. 39 se caracteriza por una actividad jurisdiccional limitada a la comprobación de los recaudos de admisibilidad de la medida de secuestro -que necesariamente llevan a analizar la legalidad del instrumento con el cual se deduce la ejecución- y su diligenciamiento, agotándose precisamente su objeto procesal con la entrega del bien pignorado al acreedor prendario (conf. esta Cámara, Sala II, causa 123.144, RSD. 47/2018, sent. del 8/3/2018, con voto de los Dres. Hankovits y Bermejo; ver Amadeo, José Luis, secuestro Prendario: art. 39, Ley de Prenda con Registro, La Ley On Line 003/014123).
En suma, el trámite se caracteriza por una actividad jurisdiccional limitada a la mera comprobación de los recaudos de legalidad de la medida y su diligenciamiento.
Sentado lo anterior, hemos de analizar si tal normativa deviene aplicable al caso, frente a una relación de consumo -aspecto que arriba indiscutido-, donde resultan aplicables los arts. 42, Const. Nac., la ley 24.240 y las normas consumeriles previstas en el C.C.C.N. (arts. 1, 2 y 3, C.C.C.N.; 163, 164, 260, 261, 266 y 384, C.P.C.C.).
Entiendo que no puede considerarse que la ley 24.240 ha derogado o tornado inaplicable el artículo 39 del decreto ley 15.348/46, pues esta última se trata de una ley especial en la que se funda el derecho real de garantía del acreedor.
En primer lugar, la remisión que realiza el art. 39 al art. 585 del derogado Código de Comercio, es cubierta por el art. 2229 del nuevo Código Civil y Comercial, que mantuvo la previsión del derogado artículo 585 precitado, confiriendo al acreedor prendario la facultad de vender el bien dado en garantía, caso de incumplimiento del deudor.
Esta norma consagra la influencia que ha tenido en la nueva normativa el sistema comercial por sobre el civilista, en donde sólo se autorizaba la venta judicial y estaba prohibida la adjudicación al acreedor (ver art. 3224, Código Civil frente a lo que actualmente dispone el art. 2229 del C.C.C.N.).
No es ocioso destacar que el nuevo cuerpo sustantivo, cuyo articulado regula especialmente cuestiones atinentes al derecho de consumo plasmando principios protectorios propios de ese régimen legal tuitivo (v. gr. arts. 1094, 1095, 1097/1103, 1107, 1114, 1117/1122, C.C.C.N.), entró en vigencia el 1° de agosto de 2015 (ley 26.994, art. 7, según ley 27.077), por lo que constituye una ley posterior a la ley 24.240.
Se infiere que el legislador nacional ha considerado que la prenda con registro continúa rigiéndose por su ley especial y que, además, la facultad de enajenar el bien prendado por parte del acreedor -para lo cual resulta indispensable disponerse el secuestro aquí peticionado- no vulnera el derecho de defensa del consumidor, el que puede hacerse efectivo en un proceso judicial mediante la citación al deudor, lo que evita remitirlo al juicio ordinario posterior tal como lo tiene previsto por el artículo 39 del decreto ley 15.348/46 (arts. 2, 2219, 2220 -que remite a la legislación especial sobre prenda con registro-, 2229 y 2230, C.C.C.N.).
Precisamente, si tal ley posterior (nuevo Código Civil y Comercial), establece que la prenda con registro se rige por su legislación especial (art. 2220, C.C.C.N.) y, además, confiere al acreedor prendario la facultad de vender el bien dado en garantía en caso de incumplimiento del deudor (art. 2229, C.C.C.N.), tales pautas legales constituyen una guía lógica jurídica con aptitud para servir como criterio de solución en el caso en estudio, lo cual permite sostener sin hesitación alguna que el artículo 39 del decreto ley 15.348/46 no ha perdido vigencia, más allá de haberse considerado que en el caso se trata de una relación de consumo y que es necesaria una integración normativa que permita satisfacer los derech
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