Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 143416
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la resolución apelada de fecha 26/06/2026 y se ordena que, previo al secuestro del automotor objeto de la presente ejecución, se notifique al demandado que cuenta con cinco (5) días hábiles para presentarse en estos actuados, constituir domicilio y, en su caso, cuestionar la legalidad del trámite o del título que lo viabiliza, o controlar el cumplimiento de los recaudos imperativos de la ley de defensa del consumidor, bajo apercibimiento de tenérselo por constituido en los estrados del juzgado y de resolverse lo que por derecho corresponda sobre el secuestro peticionado. Costas por su orden.
En la ciudad de La Plata, a los 27 días del mes de agosto de 2026, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: «FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. c/ PALADINO, SERGIO ESTEBAN s/ ACCIÓN DE SECUESTRO» —causa 143.416—, se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIÓ PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ª. ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada de fecha 26/06/2026?
2ª. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. En la especie, la señora Jueza de la anterior instancia desestimó la acción de secuestro deducida por resultar inconciliable su tramitación con la relación de consumo subyacente al contrato acompañado a las presentes, y ordenó remitir al acreedor a la vía de la ejecución prendaria a fin de evitar el desmedro del derecho de defensa en juicio del consumidor o usuario del servicio financiero.
Para así decidir, señaló la sentenciante de grado que, en el análisis integrado de las normas de consumo con las prendarias, en caso de duda debe primar la más favorable para el consumidor, como expresión del «favor debilis» que consagra el artículo 3 de la ley 24.240, debiendo tenerse además por no convenidas las cláusulas «que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte».
Agregó que la actividad comercial de la parte actora, su carácter de sujeto enmarcado en la Ley de Entidades Financieras y la existencia de una operación de venta a crédito instrumentada a través del contrato de prenda con registro acompañado en el escrito de inicio llevan a concluir que se trata de una operación que puede ser categorizada como relación de consumo, lo cual —continúa diciendo— lleva a remitir al acreedor a la vía de la ejecución prendaria prevista en los artículos 598 y siguientes y concordantes del CPCC.
Agrega: «... es opinión de la infrascripta que privar al deudor, que se juzga en la relación de consumo, de todo ejercicio de derecho de defensa, en forma previa al secuestro del bien prendado —tal cual lo dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación—, podría colocarlo en una situación que no se condice con la especial protección que le confiere el artículo 42 de la Constitución Nacional (en el ámbito local: el artículo 38 de la Constitución Provincial); decisorio del Supremo al que corresponde que brinde total acatamiento, ora por su carácter atrapante en los tópicos federales en tanto último intérprete de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia (como sucede en el caso), ora por la vinculación moral para los demás jueces inferiores en las cuestiones no federales, sobre la base de los principios de celeridad y de economía procesal...»
II. Ese modo de decidir motivó el alzamiento de la accionante mediante recurso de apelación, que llega fundado con los agravios expuestos al interponer la desestimada revocatoria de fecha 26/06/2026.
En sustancia, y con cita de un antecedente marplatense y de otros precedentes jurisprudenciales, sostiene la recurrente que la prenda con registro, a diferencia de la prenda común, tiende a beneficiar al deudor facilitándole la utilización y disponibilidad de la cosa prendada, con miras a no entorpecer el proceso económico de su utilización, transformación, elaboración o comercialización; y que el secuestro del artículo 39, frente al incumplimiento, opera para recomponer la relación prendaria mediante una actividad jurisdiccional colaborativa limitada a la comprobación de los recaudos de admisibilidad de la medida y su diligenciamiento, cuyo único objeto es brindar apoyo jurisdiccional al acreedor para apoderarse del bien, sin que se prevea intervención alguna del deudor.
Aduce que, por no tratarse de un proceso con contradictorio ni admitir recurso del deudor, no cabe la aplicación del artículo 36 de la ley 24.240 —texto según ley 26.361—, cuya finalidad, en las operaciones para el consumo, se ciñe a preservar la defensa en juicio evitando que la causa se aleje de los jueces del domicilio de la parte débil; y que la presentación del certificado no importa la apertura de una instancia judicial stricto sensu ni el inicio de una ejecución, desde que el juez limita su intervención a un análisis de admisibilidad que no constituye acto procesal ni decisión susceptibles de agravio.
Afirma que la ley 24.240 no derogó el artículo 39 de la ley 12.962, sino que lo complementa, sin poder dejar sin efecto la ley especial; que las reglas de la Ley de Defensa del Consumidor procuran evitar abusos propios de la etapa de suscripción del contrato —derecho a la información, cláusulas claras, ausencia de estipulaciones leoninas o abusivas—, mas no privan al acreedor del mecanismo de ejecución previsto en la norma especial; y que el principio de especialidad determina la prevalencia de la prenda con registro, aplicándose la norma general solo en cuanto no la contradiga y salvo voluntad derogatoria clara, ausente en la especie.
Añade que la reforma del Código Civil y Comercial, ley posterior a la Ley de Defensa del Consumidor, ratificó el régimen al remitir la prenda con registro a la legislación especial sin salvedad alguna (art. 2220) y sin derogar el artículo 39, y que contempla la venta extrajudicial de la prenda —admitiendo, en la prenda simple con desplazamiento, la adjudicación directa o la venta extrajudicial previa convención, sin limitación derivada del carácter del acreedor o de la naturaleza comercial de la operación—; de modo que, mediando acogimiento voluntario del deudor al régimen de ejecución extrajudicial, no cabe derogarlo por vía de un argumento teórico de tutela del consumidor cuando no se ha acreditado abuso alguno del acreedor.
Concluye en que las reglas de la ley 24.240 son complementarias y no sustitutivas de la regulación especial, por lo que no corresponde dar intervención al deudor prendario, vedada por la ley de prenda con registro; todo lo cual acompaña con doctrina judicial y de autores que asisten su postura. La crítica llega sin réplica alguna.
III. Con fecha 11/08/2026 se pronunció el señor Fiscal de Cámaras Departamental, refrendando la solución dada en la instancia de origen.
IV. En la tarea propuesta, comienzo por señalar —tal como lo he decidido antes de ahora al votar en las causas 130.433 (RSD 64/2022, del 25/03/2022, «FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. c/ ARANA, PAULINA GABRIELA s/ ACCIÓN DE SECUESTRO ART. 39 LEY 12.962»), 139.719 (RSD 121/2025, del 22/04/2025, «BANCO BBVA ARGENTINA S.A. c/ FERNÁNDEZ, LUCIANO GABRIEL s/ ACCIÓN DE SECUESTRO (ART. 39 LEY 12.962)») y, más recientemente, 140.310 («BANCO BBVA ARGENTINA S.A. c/ DÍAZ, BELÉN s/ ACCIÓN DE SECUESTRO (ART. 39 LEY 12.962)»), criterio que en todos los casos hizo mayoría al recibir la adhesión del Presidente del Tribunal, doctor Hankovits— que las normas del proceso especial de ejecución de la prenda con registro deben interpretarse armónicamente con las de protección del consumidor (arts. 1, 2 y 3 del CCCN), tal como lo pregona la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a partir del caso «Cuevas» (Rc. 109.193, del 11/08/2010).
El artículo 39 del decreto-ley 15.348/46, ratificado por la ley 12.962, dispone que «Cuando el acreedor sea el Estado, sus reparticiones autárquicas, un banco, una entidad financiera autorizada por el Banco Central de la República Argentina o una institución bancaria o financiera de carácter internacional, sin que tales instituciones deban obtener autorización previa alguna ni establecer domicilio en el país, ante la presentación del certificado prendario, el juez ordenará el secuestro de los bienes y su entrega al acreedor, sin que el deudor pueda promover recurso alguno. El acreedor procederá a la venta de los objetos prendados, en la forma prevista por el artículo 585 del Código de Comercio, sin perjuicio de que el deudor pueda ejercitar, en juicio ordinario, los derechos que tenga que reclamar el acreedor. El trámite de la venta extrajudicial preceptuado en este artículo no se suspenderá por embargo de bienes ni por concurso, incapacidad o muerte del deudor».
El artículo 585 referido establecía, en su parte pertinente, que «En defecto de pago al vencimiento, y cuando no se hubiere pactado un modo especial de enajenación, el acreedor podrá proceder a la venta de las cosas tenidas en prenda, en remate, debidamente anunciado con diez (10) días de anticipación».
El secuestro prendario así regulado constituye un trámite judicial especial, conferido a favor de ciertos sujetos (Estado, bancos, entidades financieras autorizadas), que permite obtener el bien prendado para su venta extrajudicial sin participación del deudor y sin admitir recurso alguno; su objeto procesal se agota con la comprobación de los recaudos de admisibilidad y legalidad de la medida —que imponen examinar la legalidad del instrumento con el que se deduce la ejecución— y con la entrega del bien pignorado al acreedor (conf. esta Cámara, Sala II, causa 123.144, RSD 47/2018, del 08/03/2018, voto de los doctores Hankovits y Bermejo; Amadeo, José Luis, «Secuestro prendario: art. 39, Ley de Prenda con Registro», La Ley Online 003/014123). Su finalidad es el rápido recupero de la garantía con desplazamiento, a fin de facilitar el crédito y evitar mayores quebrantos, sin que la prevalencia del derecho protectorio deba ir en contra de las instituciones del derecho mercantil que le sirven de necesaria contraparte (conf. Arias Cáu – Dip Tártalo, «La relación de consumo, el secuestro prendario y una victoria pírrica», LA LEY 2017-E, 493, del 11/10/2017, cita online AR/DOC/2120/2017).
Sentado ello, corresponde determinar si tal normativa resulta aplicable y, en su caso, en qué medida, frente a una relación de consumo —extremo que arriba indiscutido—, en la que rigen el artículo 42 de la Constitución Nacional, la ley 24.240 y las normas consumeriles del Código Civil y Comercial (arts. 1, 2 y 3 del CCCN; 163, 164, 260, 261, 266 y 384 del CPCC).
En ese cometido entiendo, en primer término, que la ley 24.240 no ha derogado ni tornado inaplicable el artículo 39 del decreto-ley 15.348/46, que constituye la ley especial en la que se funda el derecho real de garantía del acreedor. La remisión que aquel precepto hace al artículo 585 del derogado Código de Comercio se encuentra hoy cubierta por el artículo 2229 del Código Civil y Comercial, que conserva la facultad del acreedor prendario de vender el bien en caso de incumplimiento; y el propio Código —ley posterior a la 24.240 (art. 7 de la ley 26.994, según ley 27.077; vigente desde el 1.º de agosto de 2015), que regula con detalle el derecho del consumidor (v. gr., arts. 1094, 1095, 1097 a 1103, 1107, 1114 y 1117 a 1122)— ratifica el régimen al remitir la prenda con registro a su legislación especial (art. 2220) y al mantener la facultad de enajenación (art. 2229). De ello se sigue que el legislador ha considerado que la prenda con registro continúa rigiéndose por su ley especial y que la facultad de vender el bien prendado no vulnera, por sí, la defensa del consumidor.
Ahora bien, la validez del artículo 39 no autoriza a aplicarlo, en una relación de consumo, en el único aspecto que compromete la garantía constitucional de defensa: la exclusión de toda intervención previa del deudor. Es precisamente esa nota —y no la vigencia de la norma— la que no puede operar sin cortapisas cuando está en juego la tutela del consumidor (arts. 18 y 42 de la Constitución Nacional; 15 y 38 de la Constitución Provincial), pues, de admitirse el secuestro con total prescindencia del deudor, se convalidaría un mecanismo a través del cual se eludiría el régimen protectorio constitucionalmente establecido, sin que ese resguardo pueda razonablemente postergarse al juicio ordinario posterior. Media, así, un diálogo de fuentes (arts. 1 y 2 del CCCN) del que resulta desplazada la faceta del trámite que veda la participación del deudor, mas no el instituto del secuestro ni la ley especial que lo regula.
Tal es la solución que impone la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en «HSBC Bank Argentina S.A. c/ Martínez, Ramón Vicente s/ Secuestro prendario» (Fallos 342:1004, del 11/06/2019), donde el Tribunal —por mayoría de los jueces Maqueda, Lorenzetti y Rosatti— dejó sin efecto el pronunciamiento que había desestimado el planteo de la fiscalía, señalando que privar al deudor, en la relación de consumo, de todo ejercicio del derecho de defensa en forma previa al secuestro podría colocarlo en una situación reñida con la especial protección del artículo 42 de la Constitución Nacional, y que las normas prendarias deben articularse con las de defensa del consumidor de modo que prime la más favorable a este, ponderando la regla del artículo 37, inciso b, de la ley 24.240 (por la que se tienen por no convenidas las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor). Cabe recordar que allí se resolvió proveer la petición inicial conforme al artículo 39 del decreto-ley 15.348/46 y no rechazar la ejecución.
En sentido convergente, la Suprema Corte provincial, en la causa C. 120.068 («Fiat Crédito Cía. Financiera S.A. c/ Pilarczyk, Mauricio Bruno s/ Acción de secuestro (art. 39, ley 12.962)», del 28/09/2016), reconoció la naturaleza jurisdiccional del trámite y admitió que el procedimiento del artículo 39 debe ceder ante los derechos expresamente reconocidos a las relaciones de consumo (arts. 42 de la Constitución Nacional; 37 de la ley 24.240), sin por ello declararlo improcedente o inadmisible. Y si bien alguna doctrina judicial ha postulado la lisa inaplicabilidad del artículo 39 a las relaciones de consumo (Cám. Civ. y Com. de Junín, causa JU-8427-2014, «Fiat Crédito Cía. Financiera S.A. c/ De Natale, César L. s/ Acción de secuestro (art. 39, ley 12.962)», del 02/02/2017), tal criterio —que conduciría a frustrar sin más la vía especial— no es el que mejor concilia los intereses en juego frente a la solución de la Corte federal que, sin excluir el secuestro, subordina su procedencia al previo resguardo del derecho de defensa. El principio “favor debilis” invocado por el sentenciante de origen resulta insuficiente para modificar lo expuesto.
De cuanto se lleva expuesto se sigue que ni la desestimación de la acción con remisión del acreedor a otra vía —que priva a la norma especial de todo efecto útil y contraría la doctrina de la Corte Suprema— ni la aplicación del artículo 39 con total prescindencia del deudor —que sacrifica la defensa del consumidor— constituyen la respuesta que el caso reclama. La integración normativa que corresponde (arts. 1, 2, 3, 1092 a 1095, 2219, 2220 y 2222 del CCCN; 163, 164 y 384 del CPCC) se satisface preservando el secuestro pretendido, pero garantizando al deudor la posibilidad de ser oído en forma previa a su traba.
En consecuencia, previo al acto de secuestro deberá anoticiarse al demandado de que cuenta con cinco (5) días hábiles para presentarse, constituir domicilio y cuestionar la legalidad del trámite o del título que lo viabiliza, o controlar el cumplimiento de los recaudos imperativos de la ley de defensa del consumidor, bajo apercibimiento de tenérselo por constituido en los estrados del juzgado y de resolverse lo que por derecho corresponda sobre el secuestro peticionado (arts. 18 y 42 de la Constitución Nacional; 15 y 38 de la Constitución Provincial; 1, 2, 36, 37 y 65 de la ley 24.240; 1, 2, 3, 1092 a 1095, 2219 y 2220 del CCCN; 39 de la Ley de Prenda con Registro).
Con el alcance indicado, voto POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo:
Existiendo jurisprudencia reiterada de esta Sala para el caso de disidencia respecto de la cuestión convocante —la que ha quedado convenientemente citada por mi colega preopinante—, he de dejar a salvo mi opinión y, tal como lo he decidido antes de ahora por economía procesal, doy mi voto en igual sentido que el doctor Sosa Aubone (conf. causa 140.310, RS 224/2025, entre otras).
A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor Sosa Aubone dijo:
En atención al acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo, revocar la resolución apelada de fecha 26/06/2026 y ordenar que, previo al secuestro peticionado, se notifique al demandado que cuenta con cinco (5) días hábiles para presentarse en estos actuados, constituir domicilio y, en su caso, cuestionar la legalidad del trámite o del título que lo viabiliza, o controlar el cumplimiento de los recaudos imperativos de la ley de defensa del consumidor, bajo apercibimiento de tenérselo por constituido en los estrados del juzgado y de resolverse lo que por derecho corresponda sobre el secuestro peticionado. Postulo que las costas de Alzada se impongan por su orden, por tratarse de agravios generados de oficio y sin oposición (arts. 68 y 69 del CPCC).
ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo que, por idénticos motivos, votaba en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, oído el señor Fiscal de Cámaras Departamental y por los fundamentos expuestos, se revoca la resolución apelada de fecha 26/06/2026 y se ordena que, previo al secuestro del automotor objeto de la presente ejecución, se notifique al demandado que cuenta con cinco (5) días hábiles para presentarse en estos actuados, constituir domicilio y, en su caso, cuestionar la legalidad del trámite o del título que lo viabiliza, o controlar el cumplimiento de los recaudos imperativos de la ley de defensa del consumidor, bajo apercibimiento de tenérselo por constituido en los estrados del juzgado y de resolverse lo que por derecho corresponda sobre el secuestro peticionado. Costas por su orden. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. Comuníquese al señor Fiscal. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia