Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 124362
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General (v. dictamen del 31 de marzo de 2021), se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto. Las costas por la presente incidencia, en todas las instancias, se imponen en el orden causado (arts. 68, 69, 274, 279 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 124.362, "Arias, Jorge Alberto contra Durañona, Juan Manuel y otro. Acción de simulación - Revocatoria", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul confirmó la regulación de honorarios resuelta en primera instancia (v. fs. 1.710/1.711 vta. y aclaratoria de fs. 1.712/1.713).
Se interpuso, por el codemandado fallido Durañona, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29 de mayo de 2020).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 31 de marzo de 2021), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Se ha debatido en este juicio una acción de simulación -y de revocatoria en subsidio- entablada por el contador público nacional Jorge Alberto Arias, síndico designado en los autos "Durañona, Juan Manuel. Quiebra (Expte. n° 14.935)" -que corren agregados por cuerda-, tendiente a anular la compraventa de una fracción de campo -de aproximadamente 415 hectáreas de superficie, ubicada en el Partido de Olavarría- donde los codemandados Durañona y Briones aparecían como vendedor y comprador respectivamente.
Luego de la firmeza adquirida por el fallo que hizo lugar a dicha pretensión anulatoria (v. fs. 689/703 vta.), y en lo que aquí interesa destacar, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 de Olavarría reguló los honorarios devengados en favor de los diversos profesionales intervinientes en las actuaciones (v. fs. 1.519/1.522).
II. Apelada dicha regulación por los interesados, la Sala I de la Cámara Civil y Comercial departamental la confirmó en general, a excepción de la regulación practicada en favor del perito interventor recaudador Julio César Guarino (v. fs. 1.710/1.711 vta. y aclaratoria de fs. 1.712/1.713).
III. Contra esta última decisión se alza el codemandado Durañona mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia infracción al art. 730 del Código Civil y Comercial por cuanto la señalada regulación superaría el tope del 25% allí previsto, omitiendo a su vez efectuar el prorrateo indicado en la misma norma (v. presentación electrónica de fecha 29 de mayo de 2020).
En lo principal de su argumentación, señala que ambas instancias de mérito tomaron como base del juicio la suma de $35.526.260 y a partir de ella regularon los honorarios de todos los profesionales intervinientes. Agrega que aun excluyendo del cálculo los honorarios correspondientes a los profesionales que asistieron a los codemandados (conf. art. 730 cit.), la suma total de las regulaciones confirmadas por la Cámara asciende a $12.235.245, que ya de por sí representa un 34,44% del primer importe. Si a ello se agregan los aportes previsionales (10%) y el IVA (21%) el monto a pagar asciende a $16.028.170, que resulta un 45% de la base regulatoria (v. fs. cit.).
IV. A diferencia del criterio expresado en su dictamen por el señor Procurador General, considero que el recurso no puede prosperar. Veamos:
IV.1. De inicio, cabe precisar que la base regulatoria considerada en primera instancia fue la de USD 949.900 (novecientos cuarenta y nueve mil novecientos dólares estadounidenses) y no la nominada en pesos por el aquí recurrente. En este sentido, nótese que el magistrado de primer orden ponderó expresamente "...Que por su parte, y de acuerdo a lo establecido en el art. 27 inc. a de la Ley 14.967, la parte actora a través de su escrito electrónico de fechas 12 de Junio de 2018 estimó la base arancelaria en la suma de Dólares Estadounidenses Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos (U$S 949.900), base que el accionado Durañona no cuestionó, como así tampoco el accionado Briones a través del escrito obrante a fs. 1512/1513..." (pág. cit.).
Y si bien es cierto que al precisar los parámetros de cálculo y los porcentajes aplicados en las respectivas regulaciones el mismo magistrado expuso que la base ascendía al importe equivalente en pesos indicado aquí por el impugnante, no lo es menos que dicho guarismo -conforme a su vez detalló- resulta de la conversión de la base ofrecida -y no cuestionada- denominada en la señalada divisa extranjera, al tipo de cambio oficial al día de resolver, esto es, a razón de $37,40 por dólar (v. pres. cit.).
En otras palabras: la base arancelaria fijada en divisa extranjera (conf. art. 27 inc. "a" y concs., ley 14.967) no cambió su naturaleza o expresión monetaria por el hecho de que el juez utilizara como pauta para practicar las regulaciones un importe equivalente en pesos según cotización bancaria oficial.
IV.2. Sentado lo anterior, cabe recordar que es propio del régimen de los recursos, y en particular de los extraordinarios, que sus recaudos de admisibilidad y procedencia deben subsistir en la oportunidad de la decisión. La ausencia de los "requisitos jurisdiccionales" -así denominados por el Máximo Tribunal nacional- puede y debe comprobarse de oficio y, en tal situación, se configuran los " moot cases " que se producen allí donde no hay una discusión real entre el actor y el demandado, ya porque el juicio es ficticio desde el comienzo o porque, a raíz de acontecimientos subsiguientes, se ha extinguido la controversia o ha cesado de existir la causa de la acción o las cuestiones a decidir son enteramente abstractas o se ha tornado imposible para esta Corte acordar reparación efectiva (conf. doctr. causas C. 102.754, "C., A. F.", sent. de 25-II-2009; C. 93.405, "O., H. O.", sent. de 10-IX-2012 y C. 121.287, "B., A. M.", sent. de 19-II-2020).
En la especie, el aumento de la cotización oficial de la divisa extranjera -que conforma la base arancelaria de autos- a lo largo del tiempo ha hecho perder virtualidad al cuestionamiento traído ante esta sede.
En efecto, al día de emisión de este sufragio, dicha cotización asciende a $144,00 (ciento cuarenta y cuatro pesos) por dólar, por lo que su equivalencia en pesos asciende a $136.785.600,00 (ciento treinta y seis millones setecientos ochenta y cinco mil seiscientos pesos).
Teniendo en cuenta el alcance del agravio traído ante esta sede, cabe decir que el importe indicado por el recurrente ($16.028.170) correspondiente a los emolumentos regulados -con exclusión de los correspondientes a los letrados de los condenados en costas (conf. art. 730, final, Cód. Civ. y Com.)- con más sus aportes e IVA, a esta altura no representa un 45% sino un 11,71% -aproximadamente- de la pauta arancelaria, guarismo que no excede, claro está, el señalado tope normativo. A tenor de estas circunstancias, no corresponde reajustar las regulaciones de marras ni efectuar prorrateo alguno.
V. Por lo brevemente expuesto, que estimo suficiente para dar respuesta a la cuestión planteada, oída la Procuración General, si mi opinión resulta compartida por los distinguidos colegas, corresponderá rechazar el presente remedio extraordinario. Y siendo que la circunstancia por la que ha perdido virtualidad el alzamiento no resulta plenamente imputable al interesado, propongo que las costas por la presente incidencia, en todas las instancias, se distribuyan por su orden (arts. 68, 69, 274, 279 y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General (v. dictamen del 31 de marzo de 2021), se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto. Las costas por la presente incidencia, en todas las instancias, se imponen en el orden causado (arts. 68, 69, 274, 279 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/08/2022 12:41:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/08/2022 14:49:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/08/2022 17:59:20 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/08/2022 16:21:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2022 09:23:38 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 29/08/2022 09:32:07 hs. bajo el número RS-15-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia