Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 125017
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para continuar interviniendo en las presentes actuaciones -en los términos en que ha quedado entablada la contienda y atento al estado de la causa- al Juzgado de Paz Letrado de General Viamonte, perteneciente al Departamento Judicial de Junín.
C. 125.017 "PETETTA, OSVALDO RAMON C/ VOLKSWAGEN S.A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTRO S/ ACCION SUMARISIMA DEFENSA DEL CONSUMIDOR"
I. El señor Osvaldo Ramón Petetta, -domiciliado en Cuartel IV La Ydalina, partido de General Viamonte- promovió, el 24 de agosto de 2020, ante el Juzgado de Paz Letrado de General Viamonte, perteneciente al Departamento Judicial de Junín, acción sumarísima de defensa del consumidor en los términos de los arts. 23 de la ley 13.133 y 53 de la ley 24.240, contra Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados y Alra S.A. Reclamó -entre otras pretensiones- que se declare la nulidad parcial del contrato de plan de ahorro firmado con la accionada y el reintegro de los montos abonados indebidamente. Solicitó el dictado de una medida cautelar innovativa para que se limite el valor de la cuota de dicho plan a un tope del 30% de sus ingresos, hasta tanto se dicte sentencia definitiva (v. Sist. Augusta, trámites: " Demanda presenta", de fecha 24-VIII-2020 y "Documental acompaña", del 25-VIII-2020 y pdfs. adjuntos).
El titular del órgano se inhibió de entender en estos obrados con base en lo normado por el art. 36 de la ley 24.240 que limita al consumidor la elección del juez para iniciar las acciones a las opciones que enumera. Ponderó que de la documental acompañada digitalmente -DNI, título del automotor, contrato celebrado con la demandada y formulario para el pago de la cuota- se desprende que el actor tiene domicilio en la localidad de Nueve de Julio, por lo que ordenó la remisión de los presentes al Juzgado de Paz Letrado de 9 de Julio del Departamento Judicial de Mercedes (v. trámite: "Competencia-se resuelve", de fecha 27-VIII-2020). Notificado el actor, solicitó el pase correspondiente (v. trámite: "Solicita", de fecha 19-IX-2020).
Recibidos, el órgano de Paz de esa jurisdicción no aceptó la atribución endilgada, al considerar que no corresponde su actuación en virtud de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues la misma excede la competencia que le atribuye el art. 61 primer párrafo de la ley 5.827. Y entendió -en consecuencia- que debe intervenir el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en turno del Departamento Judicial de Mercedes, por lo que los remitió a la Receptoría General de Expedientes departamental, a fin del sorteo pertinente (v. trámite: "Incompetencia-cautelar/se provee" de fecha 13-X-2020). Decisión de la cual también se notificó el accionante (v. trámite: "Se notifica", de fecha 15-XII-2020).
Girados, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 3 del Departamento Judicial de Mercedes que resultó desinsaculado (v. trámite: "Oficio-contesta", de fecha 30-XII-2020), repelió la competencia atribuida. Consideró para ello que el consumidor denunció su domicilio en el escrito postulatorio y optó por esa jurisdicción, sin perjuicio de lo que surge del Documento Nacional de Identidad, que muchas veces difiere con el lugar de la residencia habitual. Agregó que litigar en ese departamento judicial le implicaría al actor -consumidor- trasladarse 187 km. Y especificó, con respecto a la medida cautelar innovativa pendiente de resolución, que al no haber sido reiterada la petición, corresponde sea resuelta por el juez que resulte competente (v. trámite: "Interlocutoria registrable", Obs.: "Resolución incompetente", de fecha 11-II-2021).
Seguidamente, la letrada del actor se notificó de la declaración de incompetencia y solicitó la digitalización y remisión urgente del expediente al Juzgado de Paz de General Viamonte, a fin de la resolución de la medida cautelar impetrada (v. trámite: "Se notifica", de fecha 19-II-2021).
Finalmente, el órgano que previno, atento al conflicto de competencia existente, elevó la causa a este Tribunal (v. trámite: "Competencia se resuelve", de fecha 1-VII-2021).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161, inc. 2, Const. prov.).
II. Este Tribunal ha sostenido que la normativa concreta relativa a las relaciones de consumo no constituye una mera regulación de determinado ámbito de las relaciones jurídicas, como tantas otras. Es eso y mucho más. La preocupación del legislador -signada por la clarísima previsión del art. 42 de la Constitución nacional y la correlativa contenida en el art. 38 de la Constitución provincial- radica en obtener la efectividad en la protección del consumidor. El principio protectorio como norma fundante es cimiento que atraviesa todo el orden jurídico. El propio art. 1 de la ley 24.240, texto ley 26.361, así lo expresa terminantemente: "la presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario" (causas C. 117.760, "G., A. C.", sent. de 1-IV-2015 y C. 122.162, "Ianni", resol. de 15-VIII-2018).
En este marco normativo, la regla de atribución de la competencia no ofrece dudas, debe estarse a la que resulte más favorable al consumidor, esto es, la correspondiente a su domicilio real (arts. 1, 3, 65 de la citada ley y doctr. causa C. 109.305 "Cuevas", resol. de 1-IX-2010 y C. 122.162, cit.).
Asimismo, en el citado precedente "Cuevas", esta Corte decidió que los jueces se encuentran autorizados a declarar de oficio la incompetencia territorial a partir de la constatación (mediante elementos serios y adecuadamente justificados) de la existencia de una relación de consumo a las que se refiere el art. 36 de la ley 24.240 modif. por ley 26.361 (conf. causa C. 118.111, "U.O.L.E. S.A", resol. de 29-IV-2015). Y que la doctrina que fluye de este precedente no se cristaliza en una solución establecida por este Tribunal para fijar a priori el organismo que deberá conocer en la causa. Diversamente, emplaza al juez en la situación de analizar, en cada proceso en particular, la eventual existencia de una relación sustancial de consumo. De allí que la respectiva competencia territorial queda sujeta, en principio, al resultado de tal evaluación (causas C. 119.353, "Bazar Avenida S.A.", resol. de 11-XI-2015; C. 120.613, "Asociación Mutual Amarilla de Trabajadores", resol. de 30-III-2016; C. 121.094, "Asociación Mutual 4 de Marzo de Empleados Públicos", resol. de 26-X-2016 y C. 121.514, "Banco de la Ciudad de Buenos Aires", resol. de 23-V-2017).
En el caso, no se encuentra discutido -por ninguno de los magistrados intervinientes- el encuadre jurídico de la presente acción en el marco de las la leyes 24.240 y 13.133.
El foco del conflicto radica en el domicilio del consumidor -actor- denunciado por éste en la demanda, que difiere del que surge de su Documento Nacional de Identidad. En ese sentido, el art. 36 de la citada ley nacional estipula que será competente, en el caso que la acción sea iniciada por el consumidor o usuario -a elección de éste- el juez del lugar de consumo o uso, el de la celebración del contrato, el del domicilio del consumidor o usuario, el del domicilio del demandado o el de la citada en garantía.
En el supuesto en examen, se desprende del escrito postulatorio que el propio accionante -como consumidor- optó por iniciar la presente demanda ante el juez de su domicilio real, que denunció Cuartel IV La Ydalina, partido de General Viamonte. (v. trámite: "Demanda presenta", del 24-VIII-2020).
De allí que, en el presente estadio procesal y sin perjuicio de lo que más adelante pueda incorporarse a la causa, la declaración oficiosa de incompetencia resulta prematura (conf. arts. 34 inc. 5, CPCC; causas C. 119.944, "Rodríguez", resol. de 15-VII-2015 y C. 121.514, cit.) y desvirtúa el fin de esta norma de orden público, tendiente a la protección de los derechos de los consumidores (causa C. 117.760, "G., A. C.", sent. de 1-IV-2015). Corresponde -en consecuencia- devolver las actuaciones al Juzgado de Paz Letrado de General Viamonte para que continúe interviniendo (doctr. causas C. "Rodríguez", resol. de 14-X-2015; C. 120.613 y C. 121.094, cits. y arts. 36, ley 24.240 y 30, ley 13.,133).
III. Asimismo, se observa que frente al pedido de medida cautelar innovativa efectuada al punto V de la demanda, correspondía dar respuesta inmediata a tal requerimiento. Siendo que ello podía ser eventualmente llevado adelante -en el plano de las medidas precautorias- aún por juez incompetente, se exhorta al Juzgado de Paz de General Viamonte a que en lo sucesivo proceda a dar respuesta a tales pretensiones en forma previa a todo planteo relativo a su competencia.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para continuar interviniendo en las presentes actuaciones -en los términos en que ha quedado entablada la contienda y atento al estado de la causa- al Juzgado de Paz Letrado de General Viamonte, perteneciente al Departamento Judicial de Junín.
Regístrese, hágase saber y remítase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/08/2021 14:41:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/08/2021 19:16:34 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/09/2021 16:21:44 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2021 16:03:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/09/2021 11:05:01 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia