Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 177732
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Reanudar el llamado de autos para resolver.
II. Rechazar el recurso de apelación deducido el 26/06/2023.
III. Imponer las costas en el orden causado en atención a la ausencia de controversia (arts. 68 y 69 del C.P.C.). III.- Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
EXPEDIENTE N° 177732. JUZGADO N ° 11.
"BRANDT SABRINA MILENA Y OTRO/A C/ ACUÑA CARLOS BENITO Y OTRO/A S/ ACCIONES POSESORIAS ".
Mar del Plata
AUTOS Y VISTOS: Las presentes actuaciones caratuladas: " BRANDT SABRINA MILENA Y OTRO/A C/ ACUÑA CARLOS BENITO Y OTRO/A S/ ACCIONES POSESORIAS " traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelación deducido de manera subsidiaria por los accionantes el 26/06/2023, contra la resolución del 21/06/2023.
I. La jueza rechazó la medida de no innovar solicitada por los actores mediante la cual procuraban mantener la posesión de dos lotes de terreno, ubicados sobre la calle San Francisco de Asis nros. 7350 y 7374 de esta ciudad.
Consideró que las constancias hasta ahora acompañadas resultaban insuficientes para respaldar, con el grado de verosimilitud en el derecho suficiente, las afirmaciones vertidas en la demanda.
Específicamente indicó que, sin perjuicio del resultado del mandamiento de constatación realizado en esta causa el 13/06/2023 (del que surge que los accionantes ocupan el inmueble), la IPP adjuntada se encuentra incompleta y no se acreditó de manera fehaciente desde cuando los actores ejercerían la posesión.
Agregó que en la IPP nro. 13121/21, de trámite ante el Juzgado de Garantías nro. 1, se dispuso el lanzamiento de los aquí actores, y que los jueces no pueden interferir en el trámite de otro expediente mediante el dictado de cautelares que impidan el cumplimiento de una resolución judicial.
Por último estimó que el objeto principal perseguido por los actores sería un interdicto de recobrar la posesión, el cual no impide el ejercicio posterior de las acciones reales que pudieran corresponder.
II. Los Sres. Sabrina M. Brandt y Ramón A. Villa, con el patrocinio letrado de la Dra. Patricia C. Herro, apelaron el 26/06/2023 y expusieron sus agravios en el mismo escrito.
Alegaron que con la información sumaria firmada por los testigos ofrecidos en la demanda, la factura de conexión del servicio de Edea y el mandamiento de constatación aquí diligenciado quedó demostrado que ejercen, actualmente, la posesión que intentan defender.
Manifestaron que la cautelar requerida es una medida de carácter temporario que tiene por objeto evitar que la sentencia que eventualmente se dicte se vuelva de imposible cumplimiento y afirmaron que su concesión no vulnera ni paraliza el trámite de otro proceso sino que garantiza la igualdad.
Por último invocaron, en carácter de hecho nuevo, un intento de destrucción de la propiedad construida en los terrenos objeto del litigio, en el que habría participado uno de los demandados y sostuvieron que quienes deberían iniciar acciones real son los demandados que intentan desposeerlos.
III. El recurso no prospera.
1. De las constancias de la causa, la documentación adjuntada digitalmente y la IPP agregada surge que:
a. En su demanda los accionantes afirmaron ejercer la posesión de los lotes objeto del litigio desde la fecha de su adquisición por escritura pública (esto es el 7/10/2018 para el identificado catastralmente con la parcela 4A, y el 10/12/2019 respecto del individualizado como parcela nro.3), hasta la actualidad (conf. escrito del 29/05/2023 y documentación adjunta).
Acto seguido alegaron que, ante la denuncia de usurpación realizada en su contra por el Sr. Carlos Acuña (aquí demandado) y la orden de lanzamiento dispuesta judicialmente, la policía les impide ilegítimamente el ingreso desde el 15/05/2023.
Agregaron que esa decisión se encuentra apelada, que la causa penal fue llevada adelante sin su debida intervención, y que, en virtud de ello, promovieron este proceso tendiente a evitar que se altere el ejercicio de la posesión que detentan. Por último solicitaron, a título cautelar, la prohibición de innovar respecto de aquélla (escrito del 29/05/2023).
b. De la IPP nro. 08-00-013121 (de trámite ante el Juzgado de Garantías nro. 1) se advierte que Sabrina Brandt fue notificada el 30/11/2022 de la audiencia de mediación establecida para el día 24/01/2023 (fs. 50), a la que solo compareció el Sr. Carlos Acuña (fs. 53), ya que Ramón Villa se presentó ese día, pero fuera del horario previsto (fs. 54).
También se observa que la resolución que dispuso el lanzamiento de Ramón A. Villa y Sabrina M. Brandt (dictada el 19/04/2023) fue apelada por la defensa técnica de los imputados a cargo de la Defensora Oficial y confirmada por la Cámara de Apelación y Garantías el 30/08/2023 (fs. 56/57 y ss.).
Finalmente, el 10/05/203 se hizo efectiva la medida y se realizó la entrega formal de los terrenos a la Sra. Karina A. Acuña (fs. 61/62).
c. Ante la diligencia del el mandamiento de constatación en este expediente el 13/06/2023, el oficial de justicia fue recibido por Sabrina Brandt, quien le exhibió las escrituras de dominio pertinentes.
2. Las circunstancias relatadas evidencian que, si bien los actores sostuvieron encontrarse en posesión de los terrenos objeto de discusión, también afirmaron no poder ingresar a ellos desde 10/05/2023.
No encontramos demostrada, al menos en esta instancia inicial del proceso, la verosimilitud en el derecho necesaria para el dictado de una tutela cautelar.
2.1. El interdicto de retener constituye un remedio policial por el cual el tenedor o poseedor de un bien, mueble o inmueble, reclama la protección judicial frente a la existencia de actos materiales que importen una amenaza o turbación en el ejercicio de su posesión o tenencia (arts. 604 y ss. del CPCC).
2.2. Para el supuesto en que el despojo ya se hubiera producido, el tenedor o poseedor puede promover un interdicto de recobrar. Para ello se requiere que la privación haya tenido lugar mediando violencia o clandestinidad (art. 608 del CPCC).
2.3. En cuanto a las acciones posesorias previstas en el Título XII del CCyC (arts. 2238 y ss.), su finalidad radica en mantener o recuperar el objeto sobre el cual el actor tiene una relación de poder (posesión o tenencia) defendiéndolas de la producción efectiva o inminente de actos materiales que signifiquen tomar la posesión de las cosas contra su voluntad (Ricardo J. Saucedo en Código Civil y Comercial de la Nación, La Ley, Bs. As., 2014, pág. 909/910).
En cualquiera de los supuestos mencionados, la procedencia del reclamo se encuentra supeditada a la acreditación de dos recaudos: a) que quien lo intente se encuentre (o hubiera encontrado) en la posesión/tenencia del bien, y b) que alguien lo perturbe en ella, despoje (o amenace hacerlo), mediante actos materiales ilegítimos.
No constituyen actos de desapoderamiento, en los términos de las normas descriptas, los realizados a consecuencia de órdenes judiciales que derivan de un procedimiento regular en el que ha intervenido aquel contra quien se dirige (Morello-Sosa-berizonce en "Codigos Procesales.." Abeledo Perrot, 2015, T. VII, pág. 585, 589:; Ricardo Saucedo, ob. cit., pág. 911), dado que las partes cuentan con los remedios judiciales necesarios para deducirlos ante el mismo juez en donde tramitó la causa (Aldo Bacre, Medidas Cautelares, Ed. La Rocca, Bs. as., 2005, pág. 907).
2.4. En el caso, el análisis provisorio de las constancias de la causa impide tener por acreditados, con el grado de verosimilitud suficiente, los extremos invocados.
El 10/05/2023 se concretó el lanzamiento de los actores de los lotes y la entrega a los demandados en cumplimiento de una orden judicial, de modo que el resultado del mandamiento de constatación aquí realizado (el 13/06/2023) no se presenta, al menos en esta instancia inicial del proceso, como suficiente para afirmar que los apelantes ejercen la posesión que invocan (arts. 604 inc. 2do. del CPCC, 2238, 2241, 2242 y concds. del CCyC).
A su vez, la turbación, o eventual despojo, en el que se sustentó el reclamo habría tenido lugar con motivo de una decisión jurisdiccional, y no de actos materiales en los términos de las normas descriptas (arts. 604 y concds. del CPCC, 2242 y concds. del CCyC), por lo que tampoco se observa -al menos dentro de este análisis provisorio-, un obrar ilegítimo.
En consecuencia, si bien el análisis y la evidencia es primaria y superficial, el relato de los actores y la documental acompañada no nos permiten formar la convicción necesaria en cuanto a que los peticionarios podrán obtener un eventual pronunciamiento favorable, por lo que debe rechazarse la cautelar pretendida (argto. arts. 195, 228, 229, 230 y concd. del CPCC).
3. Finalmente, en la medida que la pretensión deducida se sustentó, entre otros argumentos, en la titularidad dominial de los inmuebles objeto del litigio, coincidimos con la jueza en cuanto a que los actores podrán canalizar su reclamo mediante el ejercicio de las acciones reales pertinentes (arts. 2252 y concds. del CCyC).
Por lo expuesto y lo normado por los arts. 34, 36, 161, 243, 246 y cctes. del C.P.C., RESOLVEMOS: I.- Reanudar el llamado de autos para resolver. II.- Rechazar el recurso de apelación deducido el 26/06/2023. III.- Imponer las costas en el orden causado en atención a la ausencia de controversia (arts. 68 y 69 del C.P.C.). III.- Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). IV.- Registrar el presente y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del C.P.C., devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
Firmas
Funcionario Firmante: 20/02/2024 12:18:03 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/02/2024 13:41:03 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/02/2024 08:25:02 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 21/02/2024 14:05:21 hs. bajo el número RR-48-2024 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia