Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala III · Causa 85253
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la providencia dictada el 05/03/2025, en el sentido que deberá certificarse la firma de la carta poder acompañada en autos o comparecer el poderdante ante la Secretaría del Juzgado de Origen – en primera audiencia - a fin de suscribir el poder especial ante el Actuario (doc. art. 85 primer párrafo in fine del C.P.C.C.). No imponer costas de Alzada atento la ausencia de contradicción (art. 68 segundo párrafo del C.P.C.C.).
-85253-CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL SALA III - SAN MARTIN "DORREGO SANDRA NORA C/ INTRUSOS Y/O OCUPANTES DESCONOCIDOS DEL INMUEBLE DE CALLE LEOPOLD PROV. DE BUENOS AIRES S/ ACCIONES POSESORIAS" VISTO: El recurso de apelación interpuesto el 10/03/2025 y los fundamentos allí expuestos por el Dr. Ivanec, en su carácter de letrado apoderado de la actora, contra el auto de fecha 05/03/2025, que hace saber al peticionante que deberá dar cumplimiento con lo establecido en el art. 47 del CPCC. Y
I. Alega el recurrente que la providencia atacada le causa un gravamen irreparable, dado que no guarda relación con lo prescripto en el art. 1017 del Código Civil y Comercial, que consagra la libertad de formas y excluye la aplicación del derogado art. 1184 del Código de Vélez, y que una norma de fondo como lo es el CCCN que se dicta por el Congreso Nacional, en uso de sus atribuciones art. 75 inc 12 de la CN, no puede ser desconocida por ninguna normativa provincial, tal como el Código Procesal. II. El Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación dispone, en cuanto la forma y prueba de los actos jurídicos (Título IV, capítulo 5, secc. 3, arts. 284 y 285), el principio de “Libertad de forma”, indicando que si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente, pudiendo convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley.
Asimismo, que el acto que no se otorga en la forma exigida por la ley no da concluido como tal mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero vale como acto en el que las partes se han obligado a cumplir con la expresada formalidad, excepto que ella se exija bajo sanción de nulidad. Tal principio se reitera en el supuesto de los contratos en general (Título II, capítulo 7; artículo 1015), señalando que sólo son formales los contratos a los cuales la ley les impone una forma determinada. En cuanto a los que deben ser por escritura pública dispone el artículo 1017 inc. “d” que “los demás contratos que, por acuerdo de partes o disposición de la ley, deben ser otorgados por escritura pública”; el presente, a diferencia del artículo 1184 del Código Civil de Vélez, no contempla expresamente lo que este disponía en su inc. 7° “los poderes generales o especiales que deban presentarse en juicio…”.
Relativo al Mandato, el artículo 1320 del Nuevo Código dispone, en lo referido a la representación, que si el mandante confiere poder para ser representado, le son aplicables las disposiciones de los artículos 362 y siguientes. El citado artículo -362- atinente a la representación voluntaria indica que la misma comprende sólo los actos que el representado puede otorgar por sí mismo y que los límites de la representación, su extinción, y las instrucciones que el representado dio a su representante, son sólo oponibles a terceros siéstos han tomado conocimiento de tales circunstancias, o debieron conocerlas obrando con cuidado y precisión. En cuanto a la forma, señala el artículo 363 siguiente que “El apoderamiento debe ser otorgado en la forma prescripta para el acto que el representante debe realizar”.
El inconveniente se suscita al interpretar la normativa citada (arts. 1015, 1017 inc. “d”, 1320, 362 y 363 del CCCN) en relación con la disposición del artículo 47 del CPCC que prevé –con anterioridad al dictado del Nuevo Código- que “Los procuradores o apoderados acreditarán desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura de poder…”. III. Sobre este tema, esta Sala Tercera se ha pronunciado en causas Nº 73.537 del 05/06/2018y N° 78.712 del 26/08/2021, donde se dijo que, como principio, el poder y el mandato no requieren formalidades (de conformidad con lo dispuesto en el art. 1319 CCCN). El contrato de mandato es formal cuando la ley lo impone porque el interés comprometido es relevante, o el acto al que accede es formal, como en los casos que se exige la escritura pública del mandato (art. 1017; Autor: Dr.
Ricardo Luis Lorenzetti, Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Edit. Rubinzal–Culzoni, Tomo II, pág. 442). En tal antecedente se citó lo resuelto por la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala II de La Plata (causa N° 120.272 del 16/06/2016; Reg. Int. 133 – Folio 276) donde se indicó que “Si el objeto del mandato es la representación en juicio, ya sea por poder general o especial y al sólo efecto de ejercer los actos procesales necesarios, resulta suficiente con la manifestación de la voluntad de la parte otorgante de ser representada por el letrado, sin ser necesario el otorgamiento de ella a través de una escritura pública”. Ello, en tanto “… Las Provincias han delegado la facultad de dictar el Código Civil y Comercial al Congreso de la Nación y teniendo en cuenta el carácter netamente procesal de las reglas que sobre la acreditación del mandato establece el artículo 47 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires (que fue redactado en consonancia con el articulado del anterior Código Civil, art. 1184 inciso 7), no resulta admisible que la legislación local limite el alcance establecido por la normativa de fondo (conf. arts. 31 y 75 inc. 12º de la Constitución Nacional; cfme.
Ac. 79.617 del 18/4/2001)”. Señaló también que “Al haberse sancionado un nuevo Código Civil y Comercial de la Nación por parte del Congreso Nacional en ejercicio de las facultades delegadas (ley 26.994), hay que estar a que no se exige expresamente el instrumento público para la acreditación del mandato para intervenir en juicio (arts. 1015 y 1017 del C.C.C.N.)” en tanto “No puede entenderse de la prescripción del artículo 47 del Código Procesal Civil y Comercial -que ha sido dictado con anterioridad y no ha sido reformado desde la sanción del C.C.C.N.- que el modo de acreditar la personería sea a través de la presentación de la pertinente escritura pública, lo que actualmente no encuentra sustento en el artículo 1017 inciso "d" del C.C.C.N. -lo que se coordina con el art. 362 del mismo cuerpo legal”.
Agregó que “Una ley procesal no puede crear para actos jurídicos, formas instrumentales que la ley sustancial no prevé (arts. 5, 31, 75 inc. 12, 121, 126, Const. Nacional)” … “La Provincia no puede imponer las formas a los contratos, cuando ellas no están previstas en la ley nacional que regula sobre la materia delegada” y que “Las disposiciones del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación son directamente operativas sin necesidad de ser reglamentadas por leyes complementarias”. Asimismo que … “Los poderes que se otorguen para los casos comprendidos en la enumeración de los artículos 1016 y 1017 deben ser dados por escritura pública, pero ya no bajo pena de nulidad, sino como compromiso de otorgar oportunamente la forma exigida.
Es importante la excepción a la forma impuesta para las modificaciones que se refieran a estipulaciones accesorias o secundarias, o que exista una disposición legal en contrario. De esta última excepción legal puede concluirse que existe libertad de forma para las modificaciones de instrumentos de representación que originalmente requieren escritura pública, si solamente esa modificación se refiriera a estipulaciones accesorias o secundarias del contrato que se autoriza a convenir en nombre del poderdante”. IV. Conforme la normativa analizada, y ya habiéndose expedido con anterioridad esta Sala Tercera en un supuesto similar al de autos (Causa N° 85.025, interloc. de fecha 22/04/25, entre otras), se considera que no resulta de aplicación la disposición del artículo 47 del C.P.C.C., en cuanto al deber de los procuradores y/o apoderados de acreditar su personería con la pertinente “Escritura de poder”, la cual, claramente, hace alusión a la obligatoriedad consagrada en el derogado artículo 1184, inciso 7° del Código Civil de Vélez, puesto que las disposiciones del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, nada dicen al respecto, sino que, por el contrario consagra el principio de libertad de formas, no pudiendo continuar interpretándose el Código Procesal como si la ley sustancial fuera igual y no hubiese variado.
Sin perjuicio de expuesto, no se puede admitir una libertad absoluta de formas, y es por ello que a los efectos de tener por acreditada la personería y en protección de los derechos del poderdante, se requiere que la firma del instrumento sea certificada o el otorgante podrá comparecer ante la Secretaría del Juzgado de Origen –en primera audiencia- a fin de suscribir el poder especial ante el Actuario (doc. art. 85 primer párrafo in fine del C.P.C.C.). V. En consecuencia, de conformidad con la jurisprudencia y artículos citados, SE
REVOCAR la providencia dictada el 05/03/2025, en el sentido que deberá certificarse la firma de la carta poder acompañada en autos o comparecer el poderdante ante la Secretaría del Juzgado de Origen – en primera audiencia - a fin de suscribir el poder especial ante el Actuario (doc. art. 85 primer párrafo in fine del C.P.C.C.). NO IMPONER costas de Alzada atento la ausencia de contradicción (art. 68 segundo párrafo del C.P.C.C.). REGÍSTRESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia