Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123979
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 24 de septiembre de 2020 y 2) denegar el recurso extraordinario federal deducido, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN).
C. 123.979 "SISMAIL MARIANA ELIZABETH C/ CONSORCIO DE COMPRADORES DEL EDIFICIO ESTUDIOS DE BAHIA GRANDE Y OTRO/A S/ ACCIONES POSESORIAS"
I. Con la presentación electrónica de fecha 25 de septiembre del corriente año, téngase por cumplida en término la intimación dispuesta el 24 de septiembre de 2020.
II. La actora deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Suprema Corte que declaró mal concedido el de inaplicabilidad de ley articulado, ante la falta de definitividad de la cuestión traída a discusión (art. 278, CPCC; v. resol. 3-VIII-2020, escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 7-IX-2020 -a las 13:24:31 hs.- y su archivo adjunto identificado como "Recurso Extraordinario Federal...").
En el caso, la Cámara interviniente revocó el pronunciamiento del magistrado de origen que, a su turno, había hecho lugar al interdicto de recobrar la posesión incoado por Mariana Elizabeth Sismail contra Consorcio de Compradores del Edificio Estudios de Bahía Grande y BA Property Managers S.R.L. En consecuencia, lo rechazó con sustento en que la parte actora no acreditó los extremos básicos requeridos para la viabilidad de la acción ni, por ende, su legitimación activa (v. sents. de 25-IX-2019 y 26-XI-2019).
III. En la vía ahora intentada, la impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de los derechos constitucionales de propiedad, defensa en juicio, servicio de justicia y debido proceso (arts. 1, 14, 17, 18, 19, 28, 31, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; 18, CADDH; 8, CADH; 14, PIDCyP; v. págs. 4/5, 12/13, 17, 20, 22, 37 y 39/40, adjunto cit.).
III.1. Sostiene que la sentencia atacada resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto. Ello por cuanto, apartándose de las constancias de la causa y de la normativa aplicable, ponderó -erróneamente, según su modo de ver- que no era definitiva la decisión de grado y, en consecuencia, declaró mal concedido el remedio local.
Contrariamente a lo expuesto, asevera que no puede ejercer las acciones reales pertinentes dado que, al no haberse realizado aún la correspondiente subdivisión, no cuenta con escritura traslativa de dominio que la legitime a tal fin. Y agrega que, no obstante que la cuestión planteada sería de índole procesal, cabe hacer una excepción pues concurre -a su modo de ver- un supuesto de privación de justicia que afecta en forma directa e inmediata los derechos de propiedad, defensa en juicio y debido proceso, causándole un gravamen de imposible o muy difícil reparación ulterior, lo que constituye una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía. Y cita -en sustento de postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN Fallos: 141:377; 138:314; 137:26; 138:214; 141:37; 189:292; 144:386; 258:28 entre otros; v. págs. 3/4, 12/19 y 36/39).
III.2. Cuestiona, también, que la decisión en crisis descartó -dogmáticamente- los agravios federales que asegura haber planteado y, con base en los antecedentes "Strada" y "Di Mascio" (Fallos: 308:490 y 311:2478) -que cita como atinentes al caso- correspondía equiparar la sentencia a una decisión definitiva (v. págs. 19/22 y 36/38).
En tal sentido, alega que los planteos -que ahora reproduce- esgrimidos en la vía local, relacionados con la valoración por parte del Tribunal de Alzada de los hechos y las pruebas aportadas -puntualmente, las testimoniales y la informativa- acreditan el derecho invocado y demuestran que, en el caso, se verificaba la existencia de una cuestión federal (v. págs. 22/36).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 16 de septiembre de 2020), el mismo fue contestado por el apoderado de la parte demandada (v. escritos electrónicos de fechas 21 y 25 de septiembre del 2020 y proveído de 24 de septiembre de 2020).
V.1. Respecto de la vía federal incoada, corresponde señalar que los agravios referidos a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales, así como también los relacionados con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local y los relativos a cuestiones de hecho y prueba no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal, por lo que en estos casos deviene particularmente exigible que la apelación cuente, respecto de los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 249:530; 250:373; 251:164; 310:1542; 320:1670; 327:272; 329:5424; 330:53; 1708; 4770; entre otros).
En el sub lite , no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que la alegada concurrencia de circunstancias excepcionales que tornarían admisible la vía extraordinaria denegada no constituye más que una discrepancia de criterio con lo expresado por esta Corte al declarar mal concedido el recurso local incoado y al descartar la aplicación de la doctrina nacional invocada, insuficiente -como tal- para habilitar la instancia federal (doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
V.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales falta de fundamentación suficiente, irrazonable interpretación del material probatorio, apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable, omisión de cuestiones conducentes y dogmatismo, no se observa que se hubieran formulado motivos que - prima facie ponderados- sean suficientes para dar sustento a la configuración de una circunstancia excepcional.
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN, Fallos: 313:493; 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie.
V.3. Asimismo, cabe destacar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (derechos de propiedad, defensa en juicio, servicio de justicia y debido proceso; arts. 1, 14, 17, 18, 19, 28, 31, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; 18, CADDH; 8, CADH; 14, PIDCyP; v. págs. 4/5, 12/13, 17, 20, 22, 37 y 39/40, adjunto cit.), así como la simple mención de la doctrina del Tribunal federal derivada de las causas "Strada", "Di Mascio" y demás precedentes que cita (v. págs. 15/19 y 37/38, adjunto cit.) no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020 y C. 123.784, "G. P. G.", resol. de 4-XI-2020, entre muchas).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 24 de septiembre de 2020 y 2) denegar el recurso extraordinario federal deducido, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/12/2020 16:44:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2020 11:22:52 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2020 12:46:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2020 15:00:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/12/2020 09:33:17 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2020 12:48:16 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia