Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2024-17638395-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución N° 680/2023 (AD SALO), recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17134-1149- 2023, imponiendo las costas a la actora (art. 1164).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-52800582-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 19 de Mayo de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Horacio J. Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, expediente EX-2024-
17638395- -APN-SGASAD#TFN
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Que mediante RE-2024-17637912-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma referida en el epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 380/2023 (AD SALO), recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17134-1149-2023, mediante la cual no se hace lugar a la solicitud de devolución de $2.145.293,17 vinculado al P.E. 18057EC01009348B con más intereses -importe pagado en concepto de derechos de exportación fijados por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto 793/2018-. Realiza una síntesis de lo acaecido en sede aduanera. Entiende que la aplicación de los derechos de exportación mediante el n° 793/2018 es inconstitucional, ya que viola el principio de legalidad. Aduce que el servicio aduanero pretende ocultar el claro hecho de que Decreto referido es una norma que impone un tributo sin una ley formal admisible que lo autorice.
Invoca la jurisprudencia del caso “Camaronera Patagónica”. Analiza sus alcances y la norma prevista en el art. 755 del CA para concluir que la fijación de un derecho de exportación mediante un decreto del Poder Ejecutivo merece un reproche constitucional. Manifiesta que el servicio aduanero pretende ocultar el claro hecho de que el Decreto 793/18 es una norma que impone un tributo sin una ley formal admisible que lo autorice. Cita jurisprudencia y doctrina a su favor. Aduce que recién pudo recobrar virtualidad con el dictado de la ley que lo validó; lo que recién ocurrió el 13/12/18, cuando entró en vigencia la ley 27.467. Solicita se aplique la doctrina sentada por la Corte en el caso “Camaronera Patagónica S.A.”, en tanto allí se declaró la inconstitucionalidad de una resolución ministerial que estableció derechos de exportación a partir de una delegación inválida y que fue ratificada luego de que haya entrado en vigencia.
En consecuencia, peticiona se declare la inconstitucionalidad o ilegitimidad del Decreto 793/18, en tanto es una norma inválida que recién pudo haber generado efectos a partir de su ratificación legislativa por el Congreso Nacional. Entiende que el art. 755 del Código Aduanero, al no ser ratificado por una Ley ni reunir los requisitos que impone el artículo 76 de la Constitución Nacional, no resulta una norma delegante suficiente, para de modo autónomo, autorizar al Poder Ejecutivo a establecer alícuotas de derecho de exportación. Ofrece prueba. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se revoque la Resoluciones apeladas, y se ordene la devolución de las sumas pagadas indebidamente, con más los intereses del art. 811, del C.A., con costas.
II. Que mediante IF-2024-48390552-APN-DTD#JGM, se presenta la representación fiscal y contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. Efectúa una negativa genérica de las afirmaciones de la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Realiza una reseña de los antecedentes normativos. Aduce que la interpretación que efectúa la recurrente respecto del fallo “Camaronera” es desacertada. Alega que la Corte sostiene la validez del artículo 755 del C.A., de la misma manera que dicta un fallo en el que fija las pautas de la delegación legislativa reglamentaria (artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional) para el caso de los derechos de exportación. Sostiene que el presente caso es distinto al del precedente referido, atento a que no se trata de una norma carente de respaldo legal porque el Decreto 793/18, a diferencia de la Resolución 11/02, se encontraba sujeto al procedimiento de aprobación legislativa reglado en la Ley N° 26.122, que reconoce la validez de la norma delegada desde el mismo momento de su entrada en vigencia, en tanto no sea expresamente derogada por el Congreso de la Nación.
En definitiva, explica que si bien el Decreto 793 invoca en sus considerandos el ejercicio de la facultad reglamentaria contenida en el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional, lo cierto es que, con independencia de la naturaleza de la atribución ejercida, dicha norma fue sometida al control del Congreso que finalmente la refrendó en dos oportunidades. Agrega que toda vez que el Decreto 793 no fue derogado por el Congreso, actualmente se mantiene vigente y válido por expresa decisión del único órgano constitucional con competencia para crear tributos. Concluye que resulta equivocada la interpretación llevada adelante por la actora al sostener su invalidez desde el período de su publicación en el Boletín Oficial -04/09/2018- hasta la entrada en vigencia de la Ley 27.467.
En virtud de ello, entiende que tanto la liquidación como el pago de los derechos de exportación vinculados al P.E. son absolutamente legales. Hace referencia a las circunstancias extraordinarias que motivaron el dictado del Decreto. Por otro lado, en cuanto al planteo de inconstitucionalidad efectuado por la actora, alega que su declaración es un acto de suma gravedad institucional y la última ratio del orden jurídico. Cita el art. 1164 del C.A. En subsidio, solicita que si se hace lugar a la repetición, se devuelva el importe en pesos por aplicación del Fallo “Cencosud” y los artículos 811 y 812 del C.A. Acompaña las actuaciones administrativas. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se confirme la Resolución apelada, con costas.
III. Que mediante PV-2024-49665301-APN-VOCXVIII#TFN se tiene por presentada a la D.G.A. y por contestado el traslado que le fuera conferido. Asimismo, se tienen por acompañadas las actuaciones administrativas. Mediante PV- 2024-543344566-APN-VOCXVIII#TFN se declara la causa de puro derecho. Con posterioridad, se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas 17134-1149-2023 se inician con la solicitud de repetición de los tributos pagados en relación al P.E. 18057EC01009348B. A fs. 24 se informa que la firma ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A abonó en concepto de derechos de exportación por la destinación18057EC01009348B. A fs. 27 se tiene por presentada a la actora y por iniciado el procedimiento de repetición. A fs. 30/33 la Resolución N° 680/2023 (AD SALO) aquí apelada.
V. Cabe destacar el PE 18057EC01009348B aquí involucrado se oficializó el 5/12/2018, conforme surge de los antecedentes administrativos SIGEA 17134-1149-2023.
Atento esto, debe señalarse que el decreto 793/18 (BO: 04.09.18) fue ratificado por el art. 82 de la ley de presupuesto para el año 2019, 27.467 (BO: 04.12.18). En consecuencia, a la fecha de las exportaciones referidas en el párrafo precedente, el decreto 793/18 había sido ya convalidado por el Congreso -el 04.12.18- no resultando controvertible su validez constitucional respecto de los derechos de exportación y las alícuotas que establece. En consecuencia, al adquirir el cuestionado decreto el rango de ley federal desde el 04.12.18 resulta inoficioso el tratamiento de todos los argumentos vertidos en autos respecto a la validez del decreto 793/18, en los términos en que la cuestión aparece planteada por las partes.
Por todo lo expuesto, voto por:
Confirmar la Resolución N° 680/2023 (AD SALO), recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17134-1149-2023, imponiendo las costas a la actora (art. 1164).
El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que adhiero al voto que antecede.
II. Que, en tal sentido, cabe destacar que en la especie no resulta de aplicación la doctrina sentada por este Tribunal en fecha 26 de abril de 2022, en virtud del Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX- 2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, sino la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en la materia, a partir del fallo “Camaronera Patagónica S.A.” del 15 de abril de 2014, en tanto el día 4 de diciembre de 2018 entró en vigencia la ley 27.467, que ratificó el Decreto 793/2018, impugnado en autos; siendo que las destinaciones involucradas en la litis fueron oficializadas con posterioridad a dicho suceso. ASÍ LO VOTO.-
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Adhiero a la propuesta del Dr. Segura en tanto recepta los estándares sentados en la doctrina “Camaronera Patagónica S.A.” de nuestro Tribunal Cimero.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
Confirmar la Resolución N° 680/2023 (AD SALO), recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17134-1149- 2023, imponiendo las costas a la actora (art. 1164).
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, remítase a la guarda temporal.
Suscriben la presente el Dr. Horacio J. Segura (Vocal subrogante de la Vocalía 18ª Nominación) y los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2025.05.16 12:33:54 -03:00 Date: 2025.05.16 21:24:34 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.05.19 12:55:01 -03:00 Horacio Joaquin Segura Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.05.19 12:55:02 -03:00
Fin de la sentencia