Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2020-15395348-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
I. Confirmar la Resolución RESOL-2024-1165-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada por la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduanas - Aduana de San Lorenzo.
II. Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-108266396-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 29 de Septiembre de 2025 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION Reunidos los Vocales miembros de la Sala "G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudia B. Sarquis (titular de la Vocalía 20° Nominación), Horacio J. Segura (titular de la Vocalía 21 Nominación) y Miguel N. Licht (titular de la Vocalía 19°Nominación), a fin de resolver en el expediente N° EX-2024-127628025- - APN- SGASAD#TFN caratulado: "ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación", La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Por intermedio del IF-2024-127627912-APN-DTD#JGM se presenta, por apoderado, la firma ACEITERA GENERAL DEHEZA SA., e interpone recurso de apelación contra la Resolución RESOL-2024-1165-E-AFIP- ADSALO#SDGOAI, dictada por la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduanas - Aduana de San Lorenzo, por la que se resuelve no hacer lugar al pedido de devolución de la suma de $ 460.769,28 abonada y pretendida en concepto de derechos de exportación en relación al Permiso de Embarque N°22057EC01007486U , oficializado el 18/7/2022. Como fundamento de su pretensión, señala “la inconstitucionalidad del Decreto 131/2022, que estableció las alícuotas aplicables para la liquidación de los derechos de exportación correspondientes a la exportación (detallada supra), en abierta violación al principio de legalidad en materia tributaria (artículos. 4, 17, 52,75 inc. 1°, 76 y 99 inc. 3 de la Constitución Nacional) y a la garantía de inviolabilidad de la propiedad privada (art. 17 de la Constitución Nacional)”.
En ese sentido, afirma que “el Poder Ejecutivo Nacional se encontraba impedido, por imperio del aludido principio de reserva de ley en materia tributaria, de modificar las aludidas alícuotas, en franca violación a los art. 4°, 17, 19, 75, inc. 1°, de la Constitución Nacional”. Sostiene que la delegación de facultades para fijar las alícuotas del modo en que se lo hizo, se agotaba el 31/12/21, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la ley 27.541, de “Solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública”. Enfatiza que “a pesar de la clara inexistencia de facultades delegadas, el PEN dictó, con fecha 18.3.22, el decreto 131/2022 –publicado en el Boletín Oficial del 19.3.22-, a través del cual “suspendió”, hasta el 31.12.22, las alícuotas de derechos de exportación establecidas para los Productos Agroindustriales en el decreto delegado 790/2020, y declaró exigibles las fijadas en el decreto 230/2020.
Como resulta claro que las alícuotas no podían ser modificadas por un simple decreto del PEN, los considerandos del decreto 131/2022 invocan la extinta delegación legislativa prevista en el art. 755 del Código Aduanero”. En refuerzo, señala que esta actitud del Poder Ejecutivo Nacional es similar a la incurrida en oportunidad de dictarse el Decreto 793/2018, cuando se dispuso “subir las alícuotas de derechos de exportación a través de un simple decreto, también mediante la invocación de la extinta delegación legislativa prevista en el art. 755 del Código Aduanero; decreto que, a partir de la doctrina sentada por la Corte Suprema en ‘Camaronera Patagónica’, fue declarado inconstitucional por numerosos tribunales federales del país”.
Por todo ello, concluye que dada “la manifiesta inconstitucionalidad de los derechos de exportación fijados mediante el Decreto 131/2022, mi poderdante promovió reclamo de repetición ante la Aduana de San Lorenzo con el objeto que se le reintegrara lo indebidamente abonado por tal concepto”. Cita jurisprudencia aplicable al caso.
En otro orden de consideraciones, señala que, pese a que en la Resolución recurrida se ordenó la notificación junto con una copia del Dictamen 94/2024 (DV RJU2) “el dictamen no fue incluido en la notificación de la Resolución. Es decir, no solo se limita a tener por reproducidos íntegramente los términos de aquel, sin realizar una mínima transcripción de los fundamentos, sino que, a su vez, en su intento de complementar el acto, ordenando la notificación junto con el dictamen, finalmente incumple dicho extremo. Dejando huérfano de fundamento el acto. Es decir, obliga a mi mandante a tomar vista de las actuaciones para poder entender los motivos que derivaron en el rechazo del reclamo, careciendo la Resolución de autosuficiencia”. Concluye que esa inconsistencia, torna nula la resolución administrativa cuestionada por falta de motivación adecuada. Finalmente, solicita la devolución de la suma reclamada con sus correspondientes intereses devengados hasta su efectivo pago. Al respecto, peticiona la aplicación de la tasa de interés de las operaciones de pase activos para el B.C.R.A. o, en su defecto, la aplicación de una tasa de interés que no sea negativa, debido a los altos niveles de inflación. Ofrece prueba, hace reserva de plantear el Caso Federal. Solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Mediante IF-2025-24316780-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado del recurso. Niega las afirmaciones de la contraria. Luego de efectuar una breve reseña de los hechos, sostiene que las sentencias de este Tribunal Fiscal no pueden contener pronunciamientos sobre la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras. Entiende que la interpretación que efectúa la recurrente respecto del fallo "Camaronera Patagónica S.A.", es desacertada y no recepta el análisis completo de la sentencia allí dictada, ni tampoco el sentido que quiso darle la C.SJ.N.
Sostiene que el Decreto N° 131/2022 tiene plena vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, de conformidad a lo establecido en el art. 17 de la Ley 26.122. Agrega que el decreto no fue rechazado por el Congreso, en los términos del art. 24 de la Ley 26.122. En este sentido, considera que el decreto en cuestión se mantiene vigente y los derechos de exportación vinculados al mismo son absolutamente legales. Invoca la doctrina emanada del fallo dictado por este Tribunal en la causa "PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA c/ DGA s/ Recurso de Apelaci6n", del 18/02/2021, Expte. N° EX-2020-15395348-APN- SGASAD#TFN. Cita recientes precedentes jurisprudenciales. Agrega que este Tribunal carece de facultades para expedirse respecto de la inconstitucionalidad de normas jurídicas atento lo dispuesto en el art. 1164 del C.A. En subsidio, solicita que en el caso de que se haga lugar a la repetición, se aplique el criterio establecido por la C.SJN. en la causa "CENCOSUD S.A. (TF 29535-A) c/ DGA s/ Recurso Extraordinario" y los intereses previstos en los arts. 811 y 812 del C.A. Ofrece como prueba documental las actuaciones administrativas. Hace reserva del Caso Federal. Solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que en PV-2025-102388032-APN-VOCXX#TFN se elevan los autos la Sala G; y, por IF-2025-
105936062-APN-VOCXX#TFN pasan los autos a sentencia.
IV. Que la actuación SIGEA N° 17134-111-2023 se inicia el 03/01/2023 con la solicitud de repetición de derechos de exportación abonados en relación al Permiso de embarque N°22057EC01007486U, oficializado el 18/7/2022. A fs. 24/26 obra el permiso de embarque 22057EC01007486U y su documentación complementaria. A fs. 33 obra IF – 2023 – 02143843-AFIP- SEISDVOSAL#SDGOAI donde el verificador actuante mediante un informe técnico opina que no es de su competencia determinar la supremacía de una norma sobre otra y a fs. 34 la sección económica y financiera expide un informe de pago mediante el cual se hace saber el importe que la firma abonó en concepto de derechos de exportación por la destinación 22057EC01007486U. A fs. 35 obra el respectivo comprobante de pago. A fs. 36 el Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo tiene por presentado al Dr. Juan Marcos Rouges, en carácter de apoderado de la firma ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. y no da lugar a la prueba ofrecida por la accionante. A fs. 39/41 se dicta la resolución RESOL-2024-1165- E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, del 30/10/2024.
V. Que, sentado ello, las restantes cuestiones planteadas en el sub examinen, son sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictado por este Tribunal Fiscal en la causa "PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. c/ D.G.A. s/ Recurso de Apelación" (EX- 2020-24600163-
-APN-SGASAD#TFN), en el cual, por mayoría, los Vocales ACORDARON· fijar la siguiente doctrina legal: ARTICULO 1°. - El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por la recurrente.
ARTICULO 2°. - El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero”.
En lo demás, es dable señalar que del texto del Decreto 131/2022 cuya constitucionalidad se cuestiona en autos, resulta que su vigencia se previó desde su publicación en el Boletín Oficial, el 19/3/2022, y hasta el 31/12/2022 inclusive.
VI. En virtud de lo señalado, debe rechazarse la pretensión pedido de devolución de la suma de $ 460.769,28 abonada y pretendida en concepto de derechos de exportación establecidos por el Decreto N° 131/2022 en relación al Permiso de Embarque N° 22057EC01007486U, oficializado el 18/7/2022.
VII. Que atento al modo en que se resuelve y a la complejidad de la cuestión debatida, en virtud de la cual las partes pudieron considerarse con derecho a litigar, corresponde imponer las costas por su orden. Sobre las facultades del Tribunal en relación a la forma de imposición de costas, corresponde remitirse a los fundamentos de los votos de la mayoría en la sentencia de la sala “E” de este TFN en la causa 10.694-A “Molinos Río de la Plata” de fecha 16/11/00.
Por lo expuesto, VOTO POR:
I. Confirmar la Resolución RESOL-2024-1165-E-AFIP-ADSALOI#SDGOAI, dictada por la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduanas - Aduana de San Lorenzo.
II. Costas por su orden.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero en el fondo de lo resuelto en la cuestión planteada, excepto en cuanto a la imposición de las costas, que deberá soportar la vencida dado que la prohibición del análisis de la validez constitucional de la norma encuentra su antecedente en el dictado del C.A. (art. 1164).
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Claudia Sarquis.
En virtud del acuerdo precedente, SE
I. Confirmar la Resolución RESOL-2024-1165-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada por la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduanas - Aduana de San Lorenzo.
II. - Costas por su orden.
Regístrese, notifíquese y oportunamente, envíese a guarda temporal Date: 2025.09.29 16:30:17 ART Date: 2025.09.29 19:49:57 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.09.29 21:47:20 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.29 21:47:52 -03:00
Fin de la sentencia