Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2024-18929209-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la RESOL-2023-726-A-AFIP-ADSALO#ADGOAI, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17134-136-2023, imponiendo las costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-60757427-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 5 de Junio de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Horacio J. Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, expediente EX-2024-
18929209- -APN-SGASAD#TFN
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Que mediante RE-2024-18928746-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma referida en el epígrafe e interpone recurso de apelación contra la RESOL-2023-726-A-AFIP-ADSALO#SDGOAI, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17134-136-2023, mediante la cual no se hace lugar a la solicitud de devolución de $ 2.006.856 en relación al permiso de embarque22057EC01007893W, con más intereses -importe pagado en concepto de derechos de exportación fijados por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto 131/2022-. Realiza una síntesis de lo acaecido en sede aduanera. Entiende que la aplicación de los derechos de exportación mediante el mencionado Decreto es inconstitucional, ya que viola el principio de legalidad. Aduce que el servicio aduanero pretende ocultar el claro hecho de que el Decreto referido es una norma que impone un tributo sin una ley formal admisible que lo autorice. Invoca la jurisprudencia del caso “Camaronera Patagónica”. Analiza sus alcances y la norma prevista en el art. 755 del CA para concluir que la fijación de un derecho de exportación mediante una resolución del Poder Ejecutivo merece un reproche constitucional. Explica que toda aplicación o incremento de derechos de Exportación realizada por este último, es ilegítima siempre que no se fijen límites máximos y mínimos, como así también una clara política legislativa, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 76 de la Ley Suprema. Cita jurisprudencia y doctrina a su favor. Solicita se aplique la doctrina sentada por la Corte en el caso “Camaronera Patagónica S.A.”, en tanto allí se declaró la inconstitucionalidad de una resolución ministerial que estableció derechos de exportación a partir de una delegación inválida y que fue ratificada luego de que haya entrado en vigencia. Entiende que el art. 755 del Código Aduanero, al no ser ratificado por una Ley ni reunir los requisitos que impone el artículo 76 de la Constitución Nacional, no resulta una norma delegante suficiente, para de modo autónomo, autorizar al Poder Ejecutivo a establecer alícuotas de derecho de exportación. Ofrece prueba. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se revoque la Resolución apelada, y se ordene la devolución de las sumas pagadas indebidamente, con más los intereses del art. 811, del C.A., con costas.
II. Que mediante IF-2024-52460544-APN-DTD#JGM, se presenta la representación fiscal y contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. Efectúa una negativa genérica de las afirmaciones de la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Realiza una reseña de los antecedentes normativos. Aduce que la interpretación que efectúa la recurrente respecto del fallo “Camaronera” es desacertada. Alega que la Corte sostiene la validez del artículo 755 del C.A., de la misma manera que dicta un fallo en el que fija las pautas de la delegación legislativa reglamentaria (artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional) para el caso de los derechos de exportación. Advierte que es abundante la jurisprudencia donde la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que concluye que la delegación efectuada a favor del Poder Ejecutivo es legítima y con arreglo al artículo 755 del Código Aduanero. Cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso. Asevera que el legislador previó dotar a la administración de tales facultades y funciones al dictar el C.A. precisamente para que las mismas sean ejercidas. Explica que dicha delegación encuentra sustento en las cambiantes circunstancias de la economía que ameritan la adopción de medidas rápidas. Indica la limitación del artículo 1164 del C.A. en relación a la facultad de este Tribunal para declarar la inconstitucionalidad de normas. Requiere que se rechace la repetición solicitada atento que la actora no acreditó haber cargado con el costo de los derechos de exportación cuya devolución reclama. Solicita que se declare la aplicación del fallo “Cencosud S.A.” y los intereses previstos en los arts. 811 y 812 del C.A. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que mediante PV-2024-53713206-APN-VOCXVIII#TFN se tiene por presentada a la D.G.A. y por contestado el traslado que le fuera conferido. Asimismo, se tienen por acompañadas las actuaciones administrativas. Con posterioridad, se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen a sentencia.
IV. Que las actuaciones SIGEA 17134-136-2023, se inician con el pedido de repetición de derechos de exportación abonados en exceso en relación al permiso de embarque (“PE”) 22057EC01007893W. A continuación, la firma exportadora acompaña copia de la documentación relacionada con el mencionado P.E. Posteriormente, la Aduana provee la respectiva solicitud de repetición efectuada por ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. Acto seguido, se expide el Jefe de la División sumarios de la Aduana de San Lorenzo. Finalmente, se dicta la RESOL-2023-726E-AFIP- ADSALO#SDGOAI, aquí apelada.
V. En las condiciones indicadas, las cuestiones planteadas en el sub examine son sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictado por este Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/DGA s/recurso de apelación” (EX2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN), en el cual por mayoría, los Vocales ACORDARON fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto por el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
VI. En virtud de lo señalado, debe rechazarse la pretensión de devolución de los derechos de exportación abonados en relación a las operaciones de exportación mencionadas, en virtud de lo dispuesto mediante el Decreto 131/2022.
VII. En relación con las costas, dejando a salvo mi criterio en el sentido de que deben imponerse a la actora dado que la prohibición del análisis de la validez constitucional de la norma encuentra su antecedente en el dictado del C.A. (art. 1164), a los estrictos fines de formar mayoría y por razones de celeridad y economía procesal, propongo que las mismas sean impuestas por su orden toda vez que ello es lo que más se aproxima a mi postura inicial al respecto. Por todo lo expuesto, voto por:
Confirmar la RESOL-2023-726-A-AFIP-ADSALO#ADGOAI, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17134- 136-2023, imponiendo las costas por su orden.
El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que respecto a los hechos traídos a estudio, corresponde remitirse “brevitatis causae” a la descripción realizada por el Vocal preopinante.
II. Que, sentado ello, cabe destacar el artículo 151 de la ley 11.683 establece expresamente, en relación a este Tribunal Fiscal, que “...Cuando una cuestión de derecho haya sido objeto de pronunciamientos divergentes por parte de diferentes salas, se fijará la interpretación de la ley que todas las salas deberán seguir uniformemente de manera obligatoria, mediante su reunión en plenario...” (el subrayado me pertenece).
III. Que, bajo tales premisas, corresponde destacar que en fecha 26 de abril de 2022, en virtud del Fallo Plenario IF- 2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, la competencia aduanera de este Tribunal Fiscal por mayoría -el suscripto no participó del referido Acuerdo por encontrarse en uso de licencia- acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
IV. Que, por ende, teniendo en expresa consideración lo ordenado en el referido artículo 151 de la ley 11.683, y sin perjuicio de la opinión en contrario sostenida por el suscripto in re “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA” (EX-2020- 24711043- -APN-SGASAD#TFN), del 22 de diciembre de 2021 y “Bunge Argentina S.A” (Expte. Nro. 36.695-A), del 7 de febrero de 2022, entre muchos otros, a los fines de la resolución de la litis resulta plenamente aplicable la posición legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, en tanto la operatoria dispuesta por la normativa impugnada en autos, que fijara derechos de exportación a las posiciones arancelarias allí estipuladas resulta similar, mutatis mutandi, a aquella establecida en el Decreto Nro. 793/2018, cuya validez ha sido expresamente receptada en la doctrina plenaria de referencia, por lo que resulta ajustado a derecho confirmar la resolución apelada, en cuanto dispuso rechazar el pedido de repetición de derechos de exportación formulado por la firma recurrente, en relación a la destinación involucrada en autos.
V. Que atento a que se resuelve en base a una decisión Plenaria de este Tribunal y a la complejidad de la cuestión debatida en virtud de la cual las partes pudieron considerarse con derecho a litigar, corresponde imponer las costas por su orden.
Por ello, VOTO por:
1. Confirmar la Resolución aduanera apelada en autos.
2. Costas por su orden.
El Dr. González Palazzo dijo:
1. En primer lugar, haciendo propios el relato de los hechos y de los elementos incorporados en el marco de la sustanciación del expediente a los efectos de exponer mi disidencia con lo propuesto por el vocal instructor.
2. Ello así, pues, un nuevo examen de la cuestión me persuaden a exponer que, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 151 de la Ley 11.683 y la doctrina legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, corresponde revisar mi posición –sentada en no pocos casos- a la luz de los principios generales del derecho, como estamentos rectores del sistema de justicia, que me conminan a evaluar la suerte de conflicto moral y ético que subyace en mi sentir jurígeno, nutrido de la conclusión arribada por la frágil mayoría y alguna notable ausencia que engendró la doctrina plenaria “Petroquímica Comodoro Rivadavia”, la respuesta en espejo de las Salas que conforman el Tribunal de alzada y, basalmente, lo que considero extremadamente injusto para el particular contribuyente y para el Estado en general por esta suerte de brida jurídica que asfixia la coherencia del sentido común de quien suscribe.
Sin incurrir en falsas declamaciones, la construcción del camino hacia la decisión que implica poner un punto final al proceso no debe percibírsela sesgada del tramo que habrá de darle la contundencia que sólo la cosa juzgada puede otorgarle a un pronunciamiento jurisdiccional como el que aquí se intenta.
Por ello, visto que el plenario de mención sólo se ha expedido en el marco de un procedimiento de repetición de derechos de exportación a la luz de lo dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional mediante el Decreto 793/2018, calzando la decisión con razonabilidad y coherencia, el camino que se propondrá transitar –siguiendo el trazado por el Dr. Soria Acuña- no es extraño al recorrido por las cinco salas de la Cámara Nacional en lo Contencioso y Administrativo Federal que, de manera uniforme y sistemática, revoca lo decidido en esta instancia por imperio de la doctrina cimera en “Camaronera Patagónica” (fallos 337:388).
3. Sentado lo anterior, cabe señalar que en el caso, la actora cuestiona –para fundar su derecho a repetir- la validez del Decreto 131/22, remitiéndose al precedente “Camaronera Patagónica” de la Corte Suprema, donde se declaraba la invalidez de las resoluciones 11/02 y 150/02 dictadas por el Ministerio de Economía, por ser violatorias de los arts. 76 y 99 inc 3 de la Constitución Nacional, toda vez que el Poder Ejecutivo se encuentra vedado para dictar normas de carácter legislativo en materia tributaria.
En efecto, la Constitución Nacional establece en su art 76 que “…Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca…” y, en el art. 99 inc. 3 señala: “…El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros…”. Cabe destacar que la cuestión aquí debatida no puede ser divorciada de lo plasmado en la ley 26.122 que establece "…las bases a las cuales debe sujetarse el poder delegado no pueden ser objeto de reglamentación por el Poder Ejecutivo..", y que el "…Poder Ejecutivo, dentro de los diez días de dictado un decreto de delegación legislativa lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente…",“… las Cámaras se pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional…”, estableciendo así un mecanismo de revisión posterior a las normas delegadas por el PEN, pudiendo aprobarlas o rechazarlas. Esto significa que, si bien el Congreso delega facultades legislativas, también las controla posteriormente a través del mecanismo antedicho.
Dicho lo anterior, en lo que refería a la delegación para la creación del tributo contenido en la resolución 11/02 - legislación delegada dictada con sustento en la legislación delegante preexistente a la reforma de la Constitución Nacional de 1994-, el Máximo Tribunal consideró inadmisible la normativa reseñada durante el período en que no contó con la ratificación del Congreso de la Nación, pero la reconoció como válida a posteriori de la ratificación efectuada, por cuanto a partir de allí existió una voluntad por parte del legislador lo suficientemente clara como para darle entidad legal idónea y poseer validez en los términos establecidos por el artículo 76 de la CN. En definitiva, la Corte invalidó parcialmente y hacia el pasado la norma ministerial por considerarla carente de respaldo legal y la convalidó desde la aprobación legislativa hacia el futuro.
En este caso, la norma en pugna, Decreto 131/2022, que estableció alícuotas diferenciales para la mercadería comprendida en la nomenclatura allí consignada, no encuentran sustento en norma o expresión legislativa ratificatoria que validen los efectos de su vigencia, circunstancia ésta que permiten afirmar que la exigencia tributaria que estableció no puede ser exigible por resultar comprendida en los estándares de la doctrina “Camaronera Patagónica” y por ello nula de nulidad absoluta e insanable en los términos de lo dispuesto en el art. 76 de la Constitución Nacional, lo que así debe declararse para revocar la resolución recurrida.
4. En cuanto a las costas del proceso, las mismas deben imponerse al Fisco por cuanto no encuentro razones para apartarme del principio general de la derrota (art. 1163 del C.A.).
Así lo voto.-
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
Confirmar la RESOL-2023-726-A-AFIP-ADSALO#ADGOAI, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17134-136-2023, imponiendo las costas por su orden.
Regístrese, notifíquese y una vez firme la sentencia remítase a guarda temporal.
Suscriben la presente los Dres. Horacio J. Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2025.06.04 15:28:05 ART Date: 2025.06.05 13:16:18 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Tribunal Fiscal de la Nación Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Date: 2025.06.05 13:42:46 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.05 13:44:00 -03:00
Fin de la sentencia