Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el art. 1º de la Resolución DE PRLA Nº 1309/2014 dictada en la Actuación Nº 12034-833-2008, en cuanto dispone la pena de multa por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 230.276,64). Con costas.
2Confirmar parcialmente el art. 3º de la Resolución DE PRLA Nº 1309/2014 dictada en la Actuación Nº 12034-833- 2008, declarando que la deuda tributaria en concepto de Derechos de Importación, Tasa de Estadística e I.V.A., asciende a la suma de PESOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 76.758,88), con más los intereses del art. 794 del C.A. que deben calcularse desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista el 08/11/2010 hasta la fecha de su efectivo pago.
3Costas por su orden en relación a los rubros del I.V.A. Adicional e Impuesto a las Ganancias, que se revocan. Con respecto a los demás rubros, costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-136412827-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 15 de Noviembre de 2023 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados “ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. c/D.G.A.
s/recurso de apelación”, expediente Nº 35.466-A:
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Llegan a conocimiento del Tribunal estas actuaciones con motivo del recurso de apelación interpuesto por Aceitera General Deheza S.A. contra la Resolución DE PRLA Nº 1309/2014 dictada en la Actuación Nº 12034-833-2008, mediante la cual se la condenó por la infracción prevista en el art. 970 del C.A. a la multa de $ 230.276,64 y se intimó al pago de tributos por la suma de $ 182.369,68 con relación al D.I.T. Nº 01 001 IT14 001366 W.
II. La firma actora plantea, en primer lugar, que ha operado la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas, ya que la causal de interrupción alegada por la Aduana no fue acreditada. En relación al fondo de la cuestión, afirma que cumplió acabadamente con el régimen mediante el cual importó la mercadería, reexportando la totalidad de la misma dentro del plazo de permanencia otorgado al efecto. Explica que su parte importó en forma temporaria arpillera de yute para fabricar bolsas en las que exportó la mercadería involucrada en los permisos de embarque señalados y que aportó las constancias documentales del cumplimiento, mediante los permisos de embarque con la respectiva descarga y el CTC Nº 7888/5, que obran agregados por cuerda a las actuaciones administrativas. En subsidio, solicita la reducción de la sanción impuesta. Finalmente ofrece prueba y solicita se revoque la sentencia apelada, con costas.
III. La representación fiscal contesta el traslado a fs. 32/38vta.. Realiza una negativa genérica de los hechos y el derecho invocados por la actora y efectúa una reseña de las actuaciones administrativas. Resalta que una de las características de la figura infraccional en trato es que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora, que debe demostrar en forma fehaciente y con la documentación aduanera pertinente que ha cumplido dentro del plazo otorgado. Explica que la importadora no ha podido probar sus dichos para respaldar los fundamentos de su recurso. Recuerda que quien presenta una solicitud de destinación suspensiva de importación contrae la obligación de reexportar la mercadería, asumiendo las consecuencias de orden tributario y penal aduanero que acarrea el incumplimiento. Finalmente ofrece prueba, formula reserva del Caso Federal y solicita se rechace en su totalidad el planteo de la recurrente, confirmando íntegramente la resolución apelada, con costas.
IV. A fs. 49 se declara la causa como de puro derecho y a fs. 54 se elevan las actuaciones a la Sala “G”, que pasa los autos a sentencia, a fs. 58.
V. A fs. 1 de la Actuación Nº 12034-833-2008 se agrega el Acta Denuncia Nº 549/03 DV REIM formulada a Aceitera General Deheza S.A. en relación al DIT N° 01 001 IT14 001366 W por la presunta comisión de la infracción prevista en los arts. 970/ 972 del C.A.. A fs. 2/3 obra constancia de notificación a la firma importadora para que aporte constancias del cumplimiento de las importaciones temporales que se indican. A fs. 4 obra la carpeta del DIT en cuestión. A fs. 6 obra aforo de la mercadería y a fs. 7 obra liquidación de tributos. A fs. 10 obra impresión de consulta de garantía. A fs. 10 obra liquidación de multa y tributos. A fs. 14 el 18/12/2008 se dispone la apertura del sumario y se corre vista de lo actuado, notificada a la firma Aceitera General Deheza S.A. el 08/11/2010 (ver fs. 22 y 24). A fs. 25/26 contesta la vista conferida la firma importadora acompañando documentación a fs. 30/33. A fs. 40/48 obran constancias del Registro de Infractores. A fs. 49 se presenta nuevamente la firma actora y acompaña documentación, que obra por cuerda. A fs. 51 y teniendo en cuenta los antecedentes acompañados a fs. 40/48, se declara que se ha producido la suspensión/interrupción de la prescripción de la acción penal aduanera en los actuados. A fs. 54 obra Nota Nº 292/14 (SE PRTE) informando que se encuentra en infracción la totalidad de la mercadería amparada por el DIT Nº 01 001 IT14 001366 W. A fs. 55/58vta. se dicta la Resolución DE PRLA Nº 1309/2014, apelada en autos.
Primera cuestión:
VI. Sentado lo anterior, es pertinente recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos delas partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros).
Atento ello, corresponde examinar si las acciones del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos se encontraban prescriptas al tiempo de dictarse la resolución apelada.
En relación a estas cuestiones, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX-2019- 97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae.
Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma -como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración, no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su “validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos. En el mismo sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “… Si el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho…” (Corte Constitucional Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados, es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate -de alcance general y particular-.
VII. Así las cosas, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar que el auto de apertura de sumario fue dictado entre el 18/12/2008 (ver fs. 14 del expte. adm.) advirtiéndose que la notificación se efectuó el 08/11/2010 (ver fs. 24).
Con arreglo a lo expuesto en los considerandos anteriores y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los arts. 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A.
En efecto, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2004– en tanto se trata de una importación temporaria cuyo vencimiento se produjo el 05/03/2003- la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2008 (todo ello cfme. arts. 934, 935, 937, 803, 804 y 805 del CA), es decir, con anterioridad a la notificación del auto de apertura de sumario.
En virtud de los motivos señalados, considero que corresponde hacer lugar a la prescripción opuesta por la recurrente. Segunda Cuestión:
VIII. Sin perjuicio de lo expuesto en los apartados anteriores, y en atención al criterio mayoritario de esta Sala “G”, corresponde analizar si en el presente caso se ha configurado la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.
IX. Ello sentado, corresponde señalar que mediante el D.I.T. Nº 01 001 IT14 001366 W, la firma actora documentó la importación temporaria para transformación (Decreto 1439/96) de 234.086,40 metros (72.467 kg) de arpillera de yute de la P.A. 5310.10.10.000H “Arpillera de yute -Crudos TEJIDOS DE YUTE O DEMAS FIBRAS TEXTILES DEL LIBER DE LA PARTIDA Nº 53.03”.
Surge de las actuaciones administrativas, que la Aduana formuló denuncia contra la firma Aceitera General Deheza S.A., por presunta comisión de la infracción prevista en los arts. 970/972 del C.A. en relación al D.I.T. antes mencionado. El servicio aduanero consideró que las reexportaciones indicadas por la actora no pueden tenerse por acreditadas atento las posiciones arancelarias declaradas en el CTC no tipifican el insumo importado ni el producto exportado.
X. Así las cosas, la cuestión en autos radica en determinar si, en el caso, se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A., con respecto a la totalidad de la mercadería importada temporariamente mediante la operación N° 01 001 IT14 001366 W, de la firma Aceitera General Deheza S.A., registrada el 12/03/2001, al amparo del régimen del Decreto 1439/96, con vencimiento del plazo de permanencia el 05/03/2003.
XI. Cabe recordar entonces, que el artículo 250 del C.A. establece: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental que el régimen establece a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del lapso otorgado.
En cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva dentro de los cuales se encuentra comprendida la destinación de autos, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos. Es importante mencionar que, al tratarse de una importación temporaria, la carga de la prueba que acredite el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Asimismo, lo que esta expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto 1439/96 (Res. 72/92) –a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos–, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, es que en el o en los respectivos permisos de embarque (de reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar “...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del D.I.T. (aduana de registro-dígito), clase y “cantidad” de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria”.
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el ó los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
XII. Previo a determinar si la actora dio cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria.
A respecto, tanto el Dec. 1439/96 como la Resolución M.E. y O.S.P. Nº 72/92 impusieron a los beneficiarios de sus regímenes el deber de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) expedido por la Secretaría de Industria, al establecer: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.). A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...)”. (art. 8 de la Resolución M.E. y O.S.P. 72/92 y art. 14 del Dec. 1439/96).
En virtud de estos arts. puede afirmarse que la presentación del C.T.C. es una de las obligaciones que contrae el importador en virtud de su acogimiento al régimen de importación temporaria a la que debe dar cumplimiento si pretende exportar la mercadería en la forma y condiciones en que se obligó evitando así incurrir en la infracción bajo análisis.
XIII. Tal documento es el que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para generar cada unidad del producto que se reexporta.
Así las cosas, el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de certificado y el Nº de solicitud C.T.C., debe indicarse la P.A. del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A..
De ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A. que en él se detallan.
En síntesis, es en virtud de esos datos que surgen del certificado que la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E..
XIV. En consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa a fin de verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación total del DIT bajo análisis.
Cabe aclarar que para al análisis de la documentación, se cuenta con el original del DIT involucrado en autos (fs. 4 de las act. adm.) y con copias de los P.E. y CTC, obrantes por cuerda en las actuaciones administrativas.
En el supuesto de autos, la P.A. consignada en el CTC Nº 7888/5 (obrante a fs. 33 de las act. adm.) es 5310.90.10. Por su parte, del DIT cuestionado resulta que la P.A. documentada en el mismo fue 5310.10.10.000H “Arpillera de yute - Crudos TEJIDOS DE YUTE O DEMAS FIBRAS TEXTILES DEL LIBER DE LA PARTIDA Nº 53.03”.
De lo anteriormente expuesto, se desprende que la P.A. documentada en el DIT no coincide con la P.A. consignada en el CTC (aunque sí podría coincidir la descripción de la mercadería).
Por otro lado, el producto final declarado en el CTC es “BOLSAS DE ARPILLERA DE YUTE PARA LA EXPORTACIÓN DE CEREALES Y OLEAGINOSAS”, de la P.A. 6305.10.90, con una relación insumo-producto de 1,3 metros lineales-1 unidad (bolsa).
Respecto a ello, en los P.E. (cuyas copias fueron acompañadas en las actuaciones administrativas) se declaran las P.A. de los productos exportados (cereales y oleaginosas) tomando como unidad de medida su peso en toneladas (por lo que no se utiliza la P.A. ni la unidad de medida del producto final declarado en el CTC).
A mayor abundamiento, y para el caso de intentar efectuar -pese a lo señalado- una descarga de la importación temporal, observo también que en la descarga de algunos de los P.E. no se menciona CTC ni Solicitud del mismo y en otras ocasiones sólo se menciona en la hoja de descarga la relación insumo-producto (bolsa), el valor CIF, el DIT en cuestión y la Solicitud de CTC (sin especificar metros de tela, que es la unidad de medida del insumo importado). Como consecuencia de lo expuesto y en virtud de la inaplicabilidad del C.T.C., estimo que no es posible considerar la descarga documentada en los P.E. a los fines pretendidos por la actora por lo que corresponde tener por configurada la infracción a ésta imputada (por cuanto no cumplió con las obligaciones asumidas en virtud del régimen de importación temporaria en la forma y condiciones debidas).
XV. Sentado lo que antecede, en cuanto aquí es de estricto interés, cabe consignar en relación al Derecho Adicional, que corresponde aplicar la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “IEF Latinoamericana S.A.” sentencia del 14/08/2013 que remite en lo pertinente a la causa “Frisher S.R.L.” sentencia del 14/08/2013, en la que se revocó la exigencia del Derecho Adicional previsto en el art. 15 de la Resolución ME Nº 72/92, limitando el pago solo a los casos en que se solicita la importación para consumo de las mercaderías importadas temporariamente, y no en los casos en que al no regularizar en término la situación de los bienes, corresponda imponer de las sanciones previstas por el art. 970 del C.A. Por consiguiente, en el caso de autos, no corresponde el pago del Derecho Adicional previsto en el art. 23 del Decreto Nº 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación, por lo que corresponde revocarlo modificando la exigencia tributaria.
XVI. En relación a los conceptos I.V.A. Adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias, debe recordarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”. En el citado precedente, sobre esa base, se concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”. En tal inteligencia del asunto, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
XVII. En consecuencia, por lo expuesto en los Considerandos XV y XVI, corresponde modificar la exigencia tributaria, conforme se detalla a continuación:
D.I.T. Nº 01 001 IT14 1366 W V.A. U$S 56.601,60
Der. Importación 17,5 % U$S 9.905,28 T.E. 0,5 % U$S 283,01 Base IVA U$S 66.789,89 I.V.A. 21 % U$S 14.025,88 TOTAL U$S 24.214,16 T.C. 3,17 $ 76.758,88 Así las cosas, los tributos adeudados por la mercadería en infracción ascienden a la suma de $ 76.758,88, en concepto de Derecho de Importación, Tasa de Estadística e I.V.A.. Todo ello sin perjuicio de los intereses devengados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista -08/11/2010 según constancia de fs. 24 de las act. adm.-, hasta la fecha de su efectivo pago en los términos del art. 794 del C.A..
XVIII. Respecto a la multa impuesta, cabe señalar que tratándose de un acto administrativo dictado en el ejercicio de facultades discrecionales, no corresponde que este organismo jurisdiccional sustituya al órgano administrativo competente en la determinación de la sanción aplicable.
Que así lo he dicho al publicar en doctrina al sostener que, si bien cabe reconocer al juez autoridad para verificar el cumplimiento de los elementos reglados y descalificar a la administración cuando deja de observarlos, ello no implica que el juez se encuentre autorizado para suplir el silogismo practicado por ella, salvo que las premisas que lo componen se encuentren puramente regladas, en cuyo caso, el juez, como lo hemos advertido precedentemente, vería reducido su papel a activar el supuesto de hecho previsto en la norma (Cfr. La potestad sancionadora de la Administración y su control judicial de cara a la realidad normativa, ED-DCCLXIV-708).
Por todo ello, VOTO POR:
1. Confirmar el art. 1º de la Resolución DE PRLA Nº 1309/2014 dictada en la Actuación Nº 12034-833-2008, en cuanto dispone la pena de multa por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 230.276,64). Con costas.
2. Confirmar parcialmente el art. 3º de la Resolución DE PRLA Nº 1309/2014 dictada en la Actuación Nº 12034-833- 2008, declarando que la deuda tributaria en concepto de Derechos de Importación, Tasa de Estadística e I.V.A., asciende a la suma de PESOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 76.758,88), con más los intereses del art. 794 del C.A. que deben calcularse desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista el 08/11/2010 hasta la fecha de su efectivo pago.
3. Costas por su orden en relación a los rubros del I.V.A. Adicional e Impuesto a las Ganancias, que se revocan. Con respecto a los demás rubros, costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar el art. 1º de la Resolución DE PRLA Nº 1309/2014 dictada en la Actuación Nº 12034-833-2008, en cuanto dispone la pena de multa por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 230.276,64). Con costas.
2. Confirmar parcialmente el art. 3º de la Resolución DE PRLA Nº 1309/2014 dictada en la Actuación Nº 12034-833- 2008, declarando que la deuda tributaria en concepto de Derechos de Importación, Tasa de Estadística e I.V.A., asciende a la suma de PESOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 76.758,88), con más los intereses del art. 794 del C.A. que deben calcularse desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista el 08/11/2010 hasta la fecha de su efectivo pago.
3. Costas por su orden en relación a los rubros del I.V.A. Adicional e Impuesto a las Ganancias, que se revocan. Con respecto a los demás rubros, costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2023.11.14 12:40:19 ART Date: 2023.11.14 16:36:35 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.11.15 14:52:32 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.11.15 14:52:48 -03:00
Fin de la sentencia