Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2020-53058539-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del Cargo tributario N° 3821/2012, formulado contra la firma Aceitera General Deheza S.A. en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12539-141-2012 y en consecuencia de la Resolución N° 162/2020, dictada por la Aduana de San Lorenzo, en el expediente SIGEA N° 13289-37421-2012.
2Declarar operada la prescripción de la acción del Fisco para exigir tributos.
3Costas a la demandada vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-16978780-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 17 de Febrero de 2025 Dirección General de Aduanas s/ Apelación".-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, a fin de resolver en los autos caratulados “ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ Apelación", expediente EX- 2020-53058539- -APN-SGASAD#TFN, El Dr. González Palazzo dijo:
I. Mediante RE-2020-53057472-APN-SGASAD#TFN se presenta, por apoderado, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación en los términos del art. 1132 del Código Aduanero (CA) contra la Resolución N° 162/2020, dictada por la Aduana de San Lorenzo (AD SALO) el 17/03/20 en las actuaciones SIGEA 13289-37421-2012, mediante la cual se confirmó el Cargo Tributario N° 3821/2012, por diferencias de tributos, formulado en relación a la operación documentada mediante Permiso de Embarque (PE) N° 09057EC03916S. Mediante dicha operación se exportó aceite y pellets, subproductos elaborados con la utilización del insumo granos de girasol importado temporariamente desde Paraguay mediante el régimen establecido por el Decreto 1330/04 y en particular la Resolución General (RG) ex AFIP N° 2147/06, es decir para perfeccionamiento industrial.
Plantea la nulidad del reclamo tributario por falta de causa. Cuestiona la procedencia técnica y jurídica de la exigencia de mayores derechos de exportación por incorrecta aplicación, por parte del servicio aduanero, del procedimiento establecido por la RG 2147/06 para la determinación de la base imponible. Sostiene que el cálculo efectuado por la Aduana es erróneo por cuanto derivó de una nueva interpretación de las formulas establecidas por la RG ex AFIP N° 3868/16, la cual resulta aplicable en operaciones a futuro, pero no a las operaciones ya concluidas. Asimismo sostiene que la modificación al art. 25 del Decreto 1330/04 mediante Decreto 523/2017, si bien tampoco resulta aplicable, clarifica la problemática suscitada en cuanto a la determinación de la base imponible en operaciones de exportación cancelatorias de importaciones temporarias de insumos con precios internacionales transparentes.
Cita el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en autos “Camaronera Patagonia” en cuanto a la violación del principio de legalidad, dado que entiende que la exigencia tributaria de la Aduana se trataría de derechos de exportación creados o modificados por normas sin ratificación legislativa. Efectúa un detalle del cálculo que considera correcto. Afirma que abonó los tributos correspondientes por lo que el pago tuvo efecto liberatorio respecto de la obligación fiscal. Realiza consideraciones en relación al régimen establecido por el Decreto, 1330/04 y la incidencia de su art. 25 (modificado por Decreto 523/17) en cuanto a la no permisión de bases imponibles negativas, como así también a la normativa del CA y la Ley 21.453.
Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Formula reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada, con costas. Subsidiariamente cuestiona la tasa de interés aplicada por la Aduana hasta el 2019 para deudas en dólares, dado que considera que resultan en una repotenciación de la presunta deuda, lo cual se encuentra prohibido legalmente en nuestro país.
II. Mediante IF-2020-78763168-APN-DTD#JGM se presenta la representación fiscal, contesta el traslado conferido. Realiza un resumen de los antecedentes del caso. Niega genéricamente los hechos y derecho invocados por la actora, no reconocidos expresamente. Expresa en relación al planteo de nulidad opuesto por la recurrente, que el cargo cuestionado ha sido determinado en virtud de las facultades de fiscalización y control del servicio aduanero. Sostiene que la actora no acreditó cual sería el perjuicio ocasionado por el vicio alegado, en especial respecto de la afectación al derecho de defensa, dado que mediante la intervención de este Tribunal Fiscal de la Nación existe la posibilidad de subsanar las restricciones que eventualmente pudieron existir en la etapa administrativa previa. Cita el principio rector en materia contencioso administrativa in dubio pro actione, en relación con la garantía de acceso a la justicia. Afirma que se dio cumplimiento con todas las etapas del procedimiento y obran en las actuaciones los informes y dictámenes que conformaron el fundamento de la resolución apelada. Efectúa un análisis del régimen de importación temporaria establecido en los arts. 250 y subsiguientes del CA, como así también en el Decreto 1330/04, particularmente la modificación de su art. 25 mediante Decreto 523/17 y en especial la RG ex AFIP N° 2147/06 que establece el denominado Factor de Ponderación que prevé su Anexo IV. Hace referencia a los informes y dictámenes de las distintas áreas intervinientes, obrantes en las actuaciones administrativas vinculadas. Sostiene que es desacertada la interpretación y aplicación al caso de autos la doctrina sentada por la CSJN en el fallo “Camaronera Patagonia”. En cuanto al cuestionamiento del reclamo en dólares con más sus intereses, realiza un análisis de las leyes 23.905 y 23.928, como así también de lo establecido por la RG ex AFIP N° 3271/2012 y jurisprudencia de la CSJN al respecto. Ofrece prueba. Formula reserva del caso federal. Solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Mediante PV-2021-09220417-APN-VOCXVII#TFN se abrió la causa a prueba. Mediante PV-2024- 93725948-APN-VOCXVII#TFN, se clausuró el período probatorio y por PV-2024-98608832-APN- VOCXVII#TFN se elevaron los autos al conocimiento e intervención de la Sala “F”.
Mediante IF-2024-99952556-APN-VOCXVII#TFN se pusieron los autos para alegar. Por IF-2024- 104297760-APN-DTD#JGM la actora presentó su alegato y por IF-2024-107152134-APN-DTD#JGM lo hizo la demandada.
Mediante IF-2024-125449271-APN-VOCXVII#TFN quedaron los autos en estado de dictar sentencia.
IV. Las actuaciones administrativas SIGEA N° 13289-37421-2012 tienen su origen en el procedimiento de impugnación iniciado por la aquí actora respecto del Cargo tributario N° 3821/2012, formulado por la Aduana de San Lorenzo, en el marco del expediente administrativo SIGEA N°12539-141-2012. Mediante el cargo referido se le exigió el pago de diferencias de tributos que se habrían generado en relación a la destinación de exportación 09057EC03000916S de los dos subproductos: aceite y pellets de girasol, obtenidos del proceso de industrialización del insumo semillas de girasol, importado temporariamente por dicha firma, mediante el régimen establecido por el Decreto 1330/04 y en particular la RG ex AFIP N° 2147/06.
Para la formulación del cargo mencionado el servicio aduanero tuvo en consideración las conclusiones del Informe Técnico N° 70/2012 de la Secretaría de Fiscalización y Valoración de Exportación (SE FVEX) cuya copia obra a fs. 16-17 de las actuaciones 13289-37421-2012 (fs. 33-35 digital). De dicho informe surge que el servicio aduanero realizó un relevamiento de las operaciones alcanzadas por el régimen referido, a partir del 1° de enero de 2007 hasta su suspensión mediante Resolución N° 109/2009 del ex Ministerio de Producción.
Ahora bien, del informe técnico referido surge que las operaciones relevadas resultaban insusceptibles de determinación tributaria dado que mostraban bases imponibles negativas, por lo que se procedió a determinarlas conforme lo establecido en el Anexo IV de la RG ex AFIP N° 2147/06 y el procedimiento de rebaja de insumos importados temporariamente en virtud de lo establecido por la RG ex AFIP 1796/04, es decir según la relación insumo/producto consignada en el Certificado de Tipificación y Clasificación/Certificado de Importación Temporaria (CTC/CTIT).
Para estos casos la RG 2147/06 mencionada estableció la aplicación de un factor de ponderación (PF) que se introduce, para la obtención del valor imponible, en la siguiente formula:
FOB (ec03) – CIF (dit) * FP * coeficiente (der. de exportación) = Base imponible A su vez, el informe en análisis sostuvo que, conforme lo establece la RG referida, el factor de ponderación se obtiene del siguiente cálculo:
FP = FOB de cada subproducto ÷ FOB de la totalidad de los subproductos obtenidos.
Para realizar dicho cálculo se toman los valores FOB de los subproductos finales establecidos a la fecha de la solicitud de la destinación de importación temporaria (DIT) del insumo.
Como consecuencia, el servicio aduanero procedió al re cálculo de las bases imponibles para la determinación de los derechos de exportación correspondientes a las destinaciones involucradas, entre las que se encontraba la operación objeto de autos y se estimó procedente elaborar los cargos respectivos, entre ellos el aquí cuestionado.
Del informe comentado se colige que el mismo estableció en forma genérica los lineamientos utilizados para efectuar el re cálculo de los derechos de exportación que dieron origen a la formulación de cargos tributarios en relación a las operaciones de exportación relevadas.
En el caso de autos, a fs. 20-21 de las actuaciones administrativas en análisis (fs. 41-43 digital) obra copia de la liquidación del cargo tributario de marras, con el detalle de las diferencias entre lo abonado por la firma exportadora y lo que debió abonar según la determinación efectuada por el servicio aduanero. El cargo fue notificado a la firma exportadora según copias obrantes a fs. 25 y vta. de las actuaciones (fs. 51- 52 digital).
Sin embargo, cabe señalar, que ni del detalle de la liquidación practicada respecto del cargo de autos, ni del Informe Técnico N° 70/12 (SE FVEX), tomado como fundamento del ajuste efectuado, surge cómo la Aduana aplicó las fórmulas utilizadas para arribar al monto reclamado.
A fs. 40-46 de las actuaciones 13289-37421-2012 (fs. 83-95 digital) se agregó el informe emitido por el contador Rubén José Lagger.
A fs. 49-52 vta. (fs. 101-108 digital) la impugnante solicitó la aplicación de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el fallo “Camaronera Patagónica S.A.” del 14/04/2014. A fs. 53-55 (fs. 109-113 digital), mediante Nota N° 513/17 el Jefe del Departamento Aduana de San Lorenzo solicitó la remisión de las actuaciones al Departamento de Gestión de Valoración y Comprobación Documental de Exportación. Ello atento a que consideró que el tema en debate era de su competencia en virtud de lo establecido por la Resolución General (RG) N° 620/1999 sobre transferencia del control de valor a las jurisdicciones aduaneras. Dicho criterio no fue compartido por el área convocada, por cuanto consideró, según lo expresa a fs. 56 y vta. (fs. 115-116 digital), que el cargo involucrado se originó en una fiscalización, no en un procedimiento de ajuste de valor.
Asimismo, a fs. 58-61 de las actuaciones (fs. 119-125 digital) se agregó la Nota N° 115/2017, emitida en las actuaciones 12539-141-2012, en la cual, la Sección Cereales, Oleaginosas, Subproductos y Pesca (SE CLSU), dependiente de la Dirección de Valoración y Comprobación Documental, expresó la necesidad de contar con los fundamentos técnicos jurídicos y el correspondiente desarrollo de la metodología de cálculo utilizada para la elaboración del informe SE FVEX N° 70/2012 que sirvió de fundamento para la formulación del cargo en cuestión.
En respuesta a lo expresado en la nota referida precedentemente, a fs. 64-68 (fs. 131-137 digital), se emitió un informe ampliatorio, en el cual, invocándose el dictamen Jurídico N° 238/12 de la División Dictámenes en Régimen Tributario Aduanero —el cual no se encuentra agregado en las actuaciones administrativas acompañadas en autos — se expresó que, al momento de la formulación del cargo en cuestión, se utilizó la fórmula de cálculo y metodología contenida en el Anexo IV de la RG AFIP N° 2147/06, pero sin dar las explicaciones acerca de cómo se arribó a la determinación del cargo y limitándose a efectuar una comparación entre la formula de la resolución aplicada y la perfeccionada a posteriori por la RG ex AFIP N° 3868/2016.
En este sentido, la Nota N° 5/2018 emitida por la División Cereales, Oleaginosas, Subproductos y Pesca, obrante a fs. 72-74 de las actuaciones (fs. 147-151 digital) propició la desestimación del cargo objeto de autos por cuanto sostuvo que: “…no se advierten discrepancias, con la metodología empleada por el documentante…”. Asimismo sostuvo que: “El producto final a exportar, en el caso del permiso de embarque 09057EC03000916S, es Aceite de Girasol a granel, de modo, que para la determinación de la base imponible, debe estarse a lo previsto en el Decreto 1177/92 y artículo 734 del Código Aduanero” Por otra parte en la nota en comentario se expresó que la comparación realizada entre las RG ex AFIP Nros. 2147/06 y 3868/16 resultaba ociosa y que lo señalado en la Nota N° 115/17 (SE CLSU) no resultaba de aplicación al caso en análisis, puesto que no se verificó una base negativa de imposición tributaria.
Posteriormente se agregaron copias de informes emitidos en las actuaciones SIGEA N° 18022-41-2019 —no relacionadas con el caso aquí analizado—, no obstante alegarse que se trataba de un caso similar al de autos.
Sobre la base de los informes emitidos en las actuaciones referidas precedentemente, mediante Nota N° 72/2020 de la Sección de Inspección Simultánea (SIS) de la Aduana de San Lorenzo, obrante a fs. 191 y vta. de las actuaciones en análisis (fs. 184-185 digital), se concluyó que correspondía perseguir el cobro del cargo dispuesto.
Consecuentemente, a fs. 92-94 (fs. 186-188 digital), el 17/03/2020, se dictó la resolución apelada en autos.
V. Previo a adentrarme en el análisis de la cuestión de fondo, corresponde expedirme sobre los planteos de nulidad del reclamo tributario dispuesto y la prescripción de la acción del fisco para exigir tributos, opuestos por la recurrente.
La actora alega que la falta de agregación, en las actuaciones administrativas, de la documentación relativa al PE y la DIT en cuestión, como así también la omisión de acompañar las constancias de los cálculos efectuados en virtud de los cuales se formuló el cargo, conlleva a la nulidad del procedimiento administrativo. Ello por cuanto no es posible conocer con certeza los fundamentos y las explicaciones en las que se habría basado el servicio aduanero para la determinación tributaria realizada. Asimismo expresa que en virtud de las medidas de aislamiento obligatorio dispuesto por la emergencia sanitaria por Covid 19 (Decreto 279/2020) no pudo tomar vista de las actuaciones administrativas vinculadas.
Afirma que estas circunstancias y omisiones no le permitieron ejercer debidamente su derecho de defensa. Cabe destacar, en relación a lo expresado por la recurrente en cuanto a la afectación al derecho de defensa, que de las constancias de las actuaciones administrativas, surge que la actora tuvo oportunidad de impugnar el cargo debidamente notificado. De igual forma interpuso el recurso de apelación de autos contra la resolución dictada, instancia que permite su revisión, como así también el ofrecimiento de las pruebas que considere hacen a su defensa.
En atención a la posibilidad de la actora, en esta instancia, de ofrecer y producir prueba con toda amplitud, oponer defensas que hagan a su derecho y exponer todos los argumentos que estime convenientes sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables.
Reiterada doctrina y jurisprudencia tiene resuelto que no es necesario que se analicen la totalidad de los argumentos de las partes, bastando con considerar aquellas que, entiende el juzgador, son relevantes a los fines de alcanzar la solución de la causa. En esta instancia resulta posible meritar tanto la prueba obrante en las actuaciones administrativas como la aquí ofrecida por la recurrente. No se evidencia, entonces, la alegada violación del derecho de defensa, ya que los presuntos vicios del procedimiento no le causan a la parte indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado mediante la intervención de este Tribunal. Resulta así de aplicación al caso la doctrina de la CSJN, que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior. (Entre otros fallos: 205-549 y 267-393). Por lo expuesto no se infiere una conculcación del derecho de defensa, sino que, por el contrario, el mismo ha sido ejercido en debido tiempo y forma, a través de los mecanismos previstos en las normas aplicables. Ahora bien, la actora plantea la nulidad del cargo formulado y de la resolución objeto de autos, por considerar que carecen de causa y motivación. Ello por cuanto no se ha incorporado a las actuaciones administrativas la documentación relativa al PE y la DIT en cuestión, como así tampoco el detalle de los cálculos efectuados por el servicio aduanero para la determinación tributaria. Esta circunstancia impide, en esta instancia, conocer cuál ha sido la metodología aplicada y verificar si los cómputos realizados son correctos o no.
En oportunidad del tratamiento del recurso de impugnación de los cargos en análisis, mediante Resolución (AD SALO) N° 914/2013, cuya copia obra a fs. 33-34 de las actuaciones 13289-37421-2012 (fs. 69-71 digital) se ordenó su remisión a la Sección “R” con el objeto de que se agregaran las DIT y PE en trato o, en su defecto, impresión de pantalla del Sistema María. Sin embargo la documentación requerida nunca fue incorporada.
Corresponde señalar, entonces, que le asiste razón a la actora, toda vez que dichas omisiones no permiten contar con los datos necesarios para verificar si los cálculos efectuados por el servicio aduanero fueron correctos ni corroborar la metodología utilizada para arribar al cargo. Todo lo cual imposibilita la comprobación de la validez de las diferencias por derechos de exportación determinadas por el servicio aduanero.
Asimismo, cabe destacar que la resolución apelada se funda en varios informes y dictámenes emitidos en actuaciones administrativas no vinculadas al caso de autos y de los que no surge la información del PE y DIT objetos de la presente causa, ni los CTIT aplicables, como tampoco el desarrollo de la metodología empleada ni los cálculos realizados para la formulación del cargo cuestionado. Solo brindan información general o refieren a cómputos efectuados en operaciones distintas a las aquí analizadas.
En este sentido, el texto de la resolución apelada, en su 5to. párrafo, hace referencia a varias notas e informes, a saber: Notas Nros. 276/2019 de la División Cereales, Oleaginosas, Subproductos y Pesca (CLSP) y 1242/2019 del Departamento Valoración y Comprobación Documental de Exportación (DE VADE) cuyas copias obran a fs. 87-88 de las actuaciones vinculadas (fs. 177-178 digital) y Nota N° 736/19 de la Dirección de Valoración y Comprobación Documental (DI VACD) cuya copia obra a fs. 89 de las actuaciones de autos (fs. 180 digital). Todas ellas fueron emitidas en las actuaciones administrativas SIGEA N° 18022-41-2019, las cuales no se encuentran vinculadas a las operaciones ni actuaciones aquí analizadas.
El Informe Técnico N° 70/2012 (SE FVEX), obrante a fs. 16-17 de las actuaciones (fs. 33-35 digital) tampoco resulta esclarecedor puesto que, el servicio aduanero, sin referirse en particular a la operación de autos, ni a los procedimientos, ni a los cálculos matemáticos y metodología utilizados, consideró que: “Fruto de las re-liquidaciones de Derechos de Exportación practicadas sobre las destinaciones EC03 de subproductos de semillas de girasol importadas temporalmente y alcanzadas por la RG 2147, y aplicando los criterios que surgen de esa norma para la determinación del Valor en Aduana a los efectos del cálculo de los Derechos de Exportación, se estima conducente elaborar los cargos respectivos y remitirlos a la/s Divisiones Aduana de registro de las destinaciones par su trámite pertinente.”
De igual modo, la ampliación al informe referido, obrante a fs. 64-66 vta. de las actuaciones (fs. 131-137 digital) tampoco suministra claridad. En efecto así lo entendió la División Cereales, Oleaginosas, Subproductos y Pesca, la cual mediante Nota N° 5/2018 obrante a fs. 72-74 de las actuaciones (fs. 147-151 digital) expresó: “Atento las consideraciones realizadas a fojas 64-67 respecto a los fundamentos del Informe Técnico N° 70/2012 SE FVEX, y más allá de remitirse a lo previsto en el Anexo IV de la Resolución General AFIP N° 2147/06, no surge la metodología de cálculo utilizada para arribar al cargo por U$S 20.450,86.- siendo este un elemento necesario para justificar el apartamiento de los lineamientos previstos en la citada resolución.” Continúa la nota: “Que de la revisión realizada por esta área, respecto del factor de ponderación, no se advierten discrepancias, con la metodología empleada por el documentante…” Finalmente concluye: “…a juicio de esta instancia, se propicia la desestimación del cargo N° 3821/2012, habida cuenta que el mismo carece de fundamentación técnica y jurídica, que legitima su procedencia.”
Desde luego, la cuestión aquí planteada se centra fundamentalmente en establecer si es correcta la reliquidación de los derechos de exportación correspondientes a las operaciones de exportación en trato y para ello resulta necesario analizar, en base a la normativa específica aplicable, los elementos obrantes en las actuaciones administrativas y demás pruebas producidas en autos, si la determinación de los tributos reclamados, ha sido correctamente efectuada.
Sin embargo este análisis no resulta posible si no se cuenta con un detalle de los cálculos y metodología aplicados por el servicio aduanero a las operaciones de autos. Mucho menos si no se cuenta con la documentación relativa a la operación de exportación en trato.
Así las cosas, corresponde concluir que asiste razón a la recurrente, toda vez que la omisión de la documentación y detalle de los cálculos referidos precedentemente, no permite corroborar la validez de la reliquidación tributaria efectuada por la Aduana, ni considerarla debidamente fundada.
El servicio aduanero, mediante las notas e informes invocados, se limitó a explicar genéricamente el criterio aplicable para el tipo de operaciones sujetas al régimen de la RG 2147/06, pero no aportó los elementos de cálculo concretos en relación al PE en cuestión.
Así tampoco aportó elemento alguno: documentación del PE ni de la DIT, ni CTIT, etc. que permitieran evaluar la procedencia de la determinación tributaria y justificarla conforme lo expresado en la resolución apelada.
En este sentido es necesario destacar que es la Aduana quien debe contar con la destinación cuestionada y demostrar debidamente la procedencia de la recomposición de la base imponible y reliquidación tributaria.
Por el contrario, de la compulsa de las actuaciones administrativas, surge que los departamentos técnicos de la Aduana advirtieron sobre la carencia de fundamentación del cargo dispuesto.
En efecto, la Nota N° 115/17 (SE CLSU) emitida en las actuaciones administrativas 12539-141-2012 cuya copia obra a fs. 58-61 (fs. 119-125 digital), expresó que: “Dada la distinta naturaleza de los cargos emitidos por el área de fiscalización interviniente, deberá examinarse caso por caso, para establecer la procedencia de los mismos. Por ello, y para el supuesto que corresponda a esta instancia abocarse en el procedimiento de impugnación, deberá, previo todo trámite, solicitarse a quien suscribe el informe técnico que originó el cargo, los fundamentos técnicos jurídicos y el correspondiente desarrollo de la metodología de cálculo utilizada.”
Si bien luego la Aduana invocó la Nota N° 276/19 (DV CLSP), cuya copia obra a fs. 87-88 de las actuaciones en trato (fs. 177-178 digital), la cual contiene un cuadro de recalculo de derechos de exportación, ninguno de los PE allí detallados resulta ser el cuestionado en autos.
Por todo lo expuesto se colige que el cargo tributario dispuesto y la resolución aquí apelada, carecen de causa y motivación conforme lo establece el art. 7, incs. b) y e) de la Ley 19.549 y se encuadran en las causales del art. 14 de dicho cuerpo legal.
En consecuencia corresponde declarar la nulidad del cargo 3821/2012 formulado en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12539-141-2012 y de la Resolución N° 162/2020 (AD SALO) dictada en las actuaciones SIGEA N° 13289-37421-2012.
VI. En este sentido, al declararse la nulidad del cargo formulado, notificado a la actora el 11/12/2012, conforme surge de la constancia de notificación obrante a fs. 25 y vta. de las actuaciones SIGEA N° 13289-37421-2012 (fs. 51-52 digital), corresponde declarar prescripta la acción del fisco para percibir tributos, ello en los términos de los arts. 803 y ss. del CA.
VII. En cuanto a las costas del proceso, no advierto razones que ameriten apartarme del principio general de la derrota, por lo que estimo ajustado a derecho imponerlas a la demandada vencida, conforme lo establece el art. 1163 del CA.
VIII. En virtud de la forma en que se resuelve la presente resulta inoficiosa la consideración del resto de las cuestiones planteadas.
Por ello, VOTO por:
1. Declarar la nulidad del Cargo tributario N° 3821/2012, formulado contra la firma Aceitera General Deheza S.A. en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12539-141-2012 y, en consecuencia, de la Resolución N° 162/2020, dictada por la Aduana de San Lorenzo, en el expediente SIGEA N° 13289- 37421-2012.
2. Declarar operada la prescripción de la acción del Fisco para exigir tributos.
3. Costas a la demandada vencida.
Así lo voto.
El Dr. Garbarino dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. González Palazzo. ASÍ LO VOTO.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Declarar la nulidad del Cargo tributario N° 3821/2012, formulado contra la firma Aceitera General Deheza S.A. en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12539-141-2012 y en consecuencia de la Resolución N° 162/2020, dictada por la Aduana de San Lorenzo, en el expediente SIGEA N° 13289-37421-2012.
2. Declarar operada la prescripción de la acción del Fisco para exigir tributos.
3. Costas a la demandada vencida.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, envíese a la guarda temporal.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, en los términos del art. 1162 del CA.
Date: 2025.02.13 16:02:53 -03:00 Date: 2025.02.17 10:28:32 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.02.17 10:28:33 -03:00
Fin de la sentencia