Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2024-80813130-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución RESOL-2024-25-E-AFIP-DIRAHI#SDGOAI dictada en el marco de las actuaciones administrativas EX-2024-00583170- -AFIP-SESUADSALO#SDGOAI.
2Costas al Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-30676504-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 26 de Marzo de 2026 Dirección General de Aduanas s/ apelación”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, los Dres. Christian M. González Palazzo, Pablo A. Garbarino y Juan M. Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a Nominación), a fin de resolver en los autos caratulados “ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, expediente N° EX-2024-80813130- - APN-SGASAD#TFN, El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que mediante RE-2024-80810736-APN-SGASAD#TFN se presenta por apoderado la firma Aceitera General Deheza S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución RESOL-2024-25-E-AFIP- DIRAHI#SDGOAI de la Dirección Regional Aduanera Hidrovía de fecha 3 abril de 2024, dictada en el marco de las actuaciones administrativas EX -2024-00583170-AFIP-SESUADSALO#SDGOAI, conforme la cual se rechazó la devolución de $ 12.818.985,69, abonados en concepto de diferencia de tributos respecto de la operación documentada mediante el Permiso de Embarque n° 22057EC01006832Y con más intereses -importe pagado en concepto de derechos de exportación fijados por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 131/22-. Afirma que el Decreto 131/2022 que estableció las alícuotas, no resultó respetar el principio de legalidad y reserva en materia tributaria establecido por la propia Constitución Nacional, habiendo sido ilegítima su aplicación. Se refiere a los antecedentes del caso y el giro comercial de la firma. Considera que se afectó el principio de legalidad debido a que fija un elemento esencial de un impuesto sin calificar jurídicamente como una ley y sin haber recibido una convalidación posterior del Poder Legislativo. Realiza consideraciones respecto de la normativa involucrada, citando doctrina y jurisprudencia al respecto, y la tasa de interés aplicable a efectos de la devolución. Ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Mediante IF-2024-117975782-APN-DTD#JGM, la representación fiscal, contesta el traslado conferido. Se refiere a los hechos y el procedimiento de repetición en los términos del art. 1068 del C.A. promovido por la actora, donde se solicitó la devolución de los importes abonados en concepto de derechos de exportación. Realiza el análisis de la normativa involucrada (arts. 1164 y 1165 del C.A), el precedente de la C.S.J.N. “CAMARONERA PATAGONICA S.A.”, el precedente “CENCOSUD S.A. (TF 29535-A) c/ DGA s/ RECURSO EXTRAORDINARIO” y las normas que considera aplicables respecto de la tasa de interés. Cita jurisprudencia y doctrina relacionada. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Mediante PV-2026-16275899-APN-VOCXVII#TFN se declaró la causa de puro derecho. Mediante IF-2026-24323979-APN-VOCXVII#TFN se elevaron los autos a la Sala “F” y quedaron en estado de dictar sentencia.
IV. Que, las actuaciones administrativas 17134-2574-2022 se iniciaron con la presentación de la aquí actora “PROMUEVE ACCIÓN DE REPETICIÓN”, formulada en relación a la operación de exportación documentada mediante el P.E. 22057EC01006832Y. Conforme IF-2024-00708584-AFIP- SEISDVOSAL#SDGOAI (Sección Inspección Simultanea), se incorpora en las actuaciones EX-2024- 00583170- -AFIP-SESUADSALO#SDGOAI el detalle del pago realizado por la firma, a saber:
PAGO CON LMAN 22001LMAN071167A - DERECHOS DE EXPORTACIÓN MONTO EN DÓLARES 21.161.250 TIPO DE CAMBIO 124,24 MONTO EN PESOS 2.629.073.700
Finalmente, el 03/04/2012 se dicta la Resolución RESOL-2024-25-E-AFIP-DIRAHI#SGGOAI, conforme la cual el servicio aduanero resolvió no hacer a la solicitud de devolución de los conceptos de derechos de exportación abonados en la operación de exportación PE 22057EC01006832Y.
V. Que, visto ello, corresponde resolver en autos si la resolución apelada es ajustada a derecho. En cuanto al fondo de la cuestión, los hechos que dieron origen a la presente radican en la solicitud de devolución presentada por firma recurrente solicitó por ante el servicio aduanero que, según refiere, habría abonado en demasía en concepto de los derechos de exportación con relación a las operaciones documentadas mediante el Permiso de Embarque 22057EC01006832Y, siendo la alícuota la del 33%. Adentrándose al thema decidendum, el recorrido normativo que corresponde trazar parte del Decreto 131/22, el cual modificó temporalmente los derechos de exportación de ciertos productos derivados de la soja, suspendiendo las alícuotas del Decreto 790/20 y restableciendo temporalmente las del Decreto 230/20 hasta el 31 de diciembre de 2022.
Por su parte, el artículo 2°, del mencionado Decreto, mantiene vigentes las alícuotas del derecho de exportación actualmente exigibles, modificadas de conformidad a lo dispuesto por los Decretos Nros. 1060 del 30 de diciembre de 2020 y 851 del 14 de diciembre de 2021, para las mercaderías alcanzadas por las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.) 1208.10.00, 2309.90.10, 2309.90.60 y 2309.90.90, según corresponda.
En resumen, mediante el Decreto N° 131/2022 del Poder Ejecutivo se suspende "hasta el 31 de diciembre" el Decreto 790 de 2020, en el que se reducían las alícuotas de exportación de harina y aceite de soja al 31%, y se repone el valor de 33% fijado en el Decreto 230 de marzo de ese año.
Ahora bien, determinado el marco del análisis, cabe señalar que la temática que debemos abordar fue examinada y resuelta por el Máximo Tribunal en el caso “CAMARONERA PATAGÓNICA”.
En el precedente citado los magistrados fijaron los lineamientos para definir si una norma mediante la cual el Poder Ejecutivo fija derechos de exportación cumple con el estándar constitucional –lo que otorgaría legalidad a dicha exigencia tributaria- o si, por el contrario, se excedió las atribuciones otorgadas a tal poder conforme la forma republicana de gobierno, invalidando de este modo la alícuota establecida mediante el actuar infundado.
Más allá de que en el precedente referido se declaraba la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de dos resoluciones dictadas por el Ministerio de Economía, particularmente las N° 11/02 y N° 150/02, lo que nos concierne del fallo del Máximo Tribunal es que se entendió que dichas resoluciones eran violatorias de los arts. 76 y 99 inc 3 de la Constitución Nacional, toda vez que el Poder Ejecutivo no podía dictar normas de carácter legislativo en materia tributaria, resaltando que, en cuanto a la división de competencias entre los poderes del Estado, la interpretación de dichos artículos debía ser estricta.
En lo que refería a la delegación para la creación del tributo contenido en la resolución 11/02 -legislación delegada dictada con sustento en la legislación delegante preexistente a la reforma de la Constitución Nacional de 1994-, la Corte consideró inadmisible la normativa reseñada durante el período en que no contó con la ratificación del Congreso de la Nación, pero la reconoció como válida a posteriori de la ratificación efectuada, por cuanto a partir de allí existió una voluntad por parte del legislador lo suficientemente clara como para darle entidad legal idónea y poseer validez en los términos establecidos por el artículo 76 de la CN. En definitiva, la Corte invalidó parcialmente y hacia el pasado la norma ministerial por considerarla carente de respaldo legal y la convalidó desde la aprobación legislativa hacia el futuro.
Nuestra Carta Magna prohíbe la delegación legislativa en el poder ejecutivo, expresando en su art. 76 que “…Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca…”. Asimismo, el art. 99 inc. 3 señala: “…El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros…”.
Por su parte, en la ley 26.122 se establece que: "…las bases a las cuales debe sujetarse el poder delegado no pueden ser objeto de reglamentación por el Poder Ejecutivo…", y que el "…Poder Ejecutivo, dentro de los diez días de dictado un decreto de delegación legislativa lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente…",“… las Cámaras se pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional…”.
Lo reseñado precedentemente conforma un mecanismo de revisión –posterior- a las normas delegadas por el PEN, pudiendo aprobarlas o rechazarlas. Esto significa que, si bien el Congreso delega facultades legislativas, también las controla posteriormente a través del mecanismo antedicho.
Por lo expuesto, teniendo en consideración que el Decreto N° 131/2022 modificó el elemento cuantitativo del tributo -parte estructural del impuesto- y que el mismo no fue posteriormente validado por el Congreso, se afectó el principio de legalidad tal como se estableció la jurisprudencia de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica” donde, conforme lo referido precedentemente, se estableció el estándar de ratificación por el Congreso de una norma delegada nula de nulidad absoluta e insanable por inexistencia de norma delegante o incumplimiento de los requisitos del art. 76 de la Constitución.
Este razonamiento me lleva a concluir que en este caso corresponde declararse la invalidez de la exigencia tributaria realizada en base al Decreto 131/2022.
VI. En relación con la tasa de interés, teniendo presente los pronunciamientos de la Alzada en cuanto al tema analizado (Sala I, “VITERRA ARGENTINA S.A.”, Expte. N° 13419/2025; Sala III, “Thomas de Sudamérica S.A.”, Expte. N° 37527/2016; y Sala V, “LDC ARGENTINA SA”, Expte. N° 38613/2025, entre otras), corresponde aplicar la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina desde la fecha del pedido de repetición hasta la puesta en vigencia de la resolución ex MH 598/2019 (01/08/2019), y las demás tasas vigentes correspondientes a cada período, conforme la reglamentación emitida al respecto VII.- En cuanto a las costas del proceso, las mismas deben imponerse al Fisco por cuanto no encuentro razones para apartarme del principio general de la derrota (art. 1163 del C.A.).
Por todo lo anterior VOTO POR:
1. Revocar la Resolución RESOL-2024-25-E-AFIP-DIRAHI#SDGOAI dictada en el marco de las actuaciones administrativas EX-2024-00583170- -AFIP-SESUADSALO#SDGOAI.
2. Costas al Fisco.
Así lo voto.-
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que respecto a los hechos traídos a estudio, corresponde remitirse “brevitatis causae” a la descripción realizada en el voto que antecede.
II. Que, sentado ello, cabe destacar el artículo 151 de la ley 11.683 establece expresamente, en relación a este Tribunal Fiscal, que “...Cuando una cuestión de derecho haya sido objeto de pronunciamientos divergentes por parte de diferentes salas, se fijará la interpretación de la ley que todas las salas deberán seguir uniformemente de manera obligatoria, mediante su reunión en plenario...” (el subrayado me pertenece).
III. Que, bajo tales premisas, corresponde destacar que en fecha 26 de abril de 2022, en virtud del Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN- SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, la competencia aduanera de este Tribunal Fiscal por mayoría -el suscripto no participó del referido Acuerdo por encontrarse en uso de licencia- acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
IV. Que, por ende, teniendo en expresa consideración lo ordenado en el referido artículo 151 de la ley 11.683, y sin perjuicio de la opinión en contrario sostenida por el suscripto in re “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA” (EX-2020-24711043- -APN-SGASAD#TFN), del 22 de diciembre de 2021 y “Bunge Argentina S.A” (Expte. Nro. 36.695-A), del 7 de febrero de 2022, entre muchos otros, a los fines de la resolución de la litis resulta plenamente aplicable la posición legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, en tanto la operatoria dispuesta por la normativa impugnada en autos, que fijara derechos de exportación a las posiciones arancelarias allí estipuladas resulta similar, mutatis mutandi, a aquella establecida en el Decreto Nro. 793/2018, cuya validez ha sido expresamente receptada en la doctrina plenaria de referencia, por lo que resulta ajustado a derecho confirmar la resolución apelada, en cuanto dispuso rechazar el pedido de repetición de derechos de exportación formulado por la firma recurrente, en relación a la destinación involucrada en autos.
V. Que atento a que se resuelve en base a una decisión Plenaria de este Tribunal y a la complejidad de la cuestión debatida en virtud de la cual las partes pudieron considerarse con derecho a litigar, corresponde imponer las costas por su orden.
Por ello, VOTO por:
1. Confirmar la Resolución aduanera apelada en autos.
2. Costas por su orden.
ASÍ LO VOTO.-
El Dr. Soria dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. González Palazzo. Así lo voto.-
Que, en virtud de los votos qu anteceden, POR MAYORÍA SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución RESOL-2024-25-E-AFIP-DIRAHI#SDGOAI dictada en el marco de las actuaciones administrativas EX-2024-00583170- -AFIP-SESUADSALO#SDGOAI.
2. Costas al Fisco.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo (Vocal Títular de la Vocalía de la 17a Nominación), Pablo A. Garbarino (Vocal Títular de la Vocalía de la 16a Nominación) y Juan M. Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a Nominación) ello en los términos del art. 1162 del C.A.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2026.03.25 16:45:15 ART Date: 2026.03.25 17:43:19 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Juan Manuel Soria Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.03.26 15:28:50 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.03.26 15:30:17 -03:00
Fin de la sentencia