Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2024-23563752-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución aduanera apelada en autos.
2Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-18731616-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 23 de Febrero de 2026 Dirección General de Aduanas s/ apelación”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, los Dres. Christian M. González Palazzo, Pablo A. Garbarino y Horacio J. Segura, a fin de resolver en los autos caratulados “ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, expediente N° EX-2024-23563752- -APN-SGASAD#TFN, El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que mediante RE-2024-23563417-APN-SGASAD#TFN se presenta por apoderado la firma ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución RESOL- 2024-66-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI recaída en las actuaciones administrativas SIGEA Nro. 17134-266- 2022, mediante la cual no se hace lugar a la solicitud de devolución de $1.662.633,00 abonados en concepto de diferencia de tributos respecto de la operación documentada mediante el Permiso de Embarque (“PE”) 22 057 EC01 006906 Z con más intereses -importe pagado en concepto de derechos de exportación fijados por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 131/22. Se refiere a los antecedentes del caso, la actividad de la firma, la normativa involucrada a la luz de lo resuelto por la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica”. En tal sentido, plantea la inconstitucionalidad del decreto 131/2022. Realiza el análisis del texto constitucional, la normativa involucrada y la jurisprudencia que considera aplicable. Realiza consideraciones respecto de los intereses y la tasa de interés aplicable.
Ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Mediante IF-2024-70165664-APN-DTD#JGM, se presenta la representación fiscal, contesta el traslado. Efectúa una negativa genérica de las afirmaciones de la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Se refiere a los hechos y el procedimiento de repetición en los términos del artículo 1068 del C.A. promovido por la contraria, donde se solicitó la devolución de los importes abonados –a su entender, en demasía- en concepto de derechos de exportación en relación a la operación de exportación 22 057 EC01 006906 Z. Realiza consideraciones respecto de la normativa involucrada, lo normado en los arts. 1164 y 1165 del C.A., el precedente de la C.S.J.N. “Camaronera Patagónica S.A.”, el fallo plenario de este T.F.N., y en relación a los montos reclamados, el precedente “CENCOSUD S.A. (TF 29.535-A) c/DGA s/ RECURSO EXTRAORDINARIO, S.C., C.1242, L.XLIX” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las normas que considera aplicables respecto de la tasa de interés aplicable. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Mediante PV-2024-86547134-APN-VOCXVII#TFN se declaró la causa de puro derecho. Mediante PV-2025-23520678-APN-VOCXVII#TFN se elevaron los autos a la Sala “F” y, conforme IF-2026- 14914669-APN-VOCXVII#TFN quedaron en estado de dictar sentencia.
IV. Que, las actuaciones administrativas Nro. 17134-226-2023 se iniciaron en fecha 06/01/2023 con la presentación de la firma ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. solicitando repetición en relación a los derechos de exportación abonados en virtud de la operación de exportación documentada mediante la destinación 22 057 EC01 006906 Z.
Agregado el informe técnico de fecha 04/0/2023 y el informe de pago del 19/10/2023, se dispone no hacer lugar a la prueba ofrecida.
El 01/02/2024 se dicta la resolución RESOL-2024-66-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, conforme la cual se dispone no hacer lugar a la devolución intentada.
En cuanto a la operación involucrada, conforme la documentación obrante en el sobre contenedor de fs. 24, resulta que el 04/07/2022 la firma aquí recurrente oficializó la destinación n° 22 057 EC01 006906 Z, documentando la exportación de la mercadería ubicada en la PA. 2304.00.10.100B consistente en “TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCIÓN DE ACEITE DE SOJA”, amparada por la DVJE 22001DVJE004066S, con la alícuota del 33% en concepto de derechos de exportación.
V. Visto ello, corresponde determinar si es ajustada a derecho la resolución que aquí se apela. En cuanto a los antecedentes, la aquí actora solicita la devolución de la suma de $1.662.633,00, que según refiere habría abonado en demasía con relación a la operación documentada mediante 22 057 EC01 006906 Z en concepto de los derechos de exportación establecidos por el Decreto 131/22 que fijó, para este tipo de mercadería, una alícuota del 33%.
En cuanto a la normativa involucrada, el art. 1° del decreto establece: “…Suspéndense, hasta el 31 de diciembre de 2022, inclusive, para las mercaderías alcanzadas por las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (N.C.M.) comprendidas en el Decreto N° 790 del 4 de octubre de 2020, las alícuotas del derecho de exportación allí establecidas y actualmente exigibles, resultando de aplicación desde la entrada en vigencia del presente decreto y hasta aquella fecha, inclusive, las fijadas para las referidas mercaderías en el Decreto N° 230 del 4 de marzo de 2020.” Seguidamente, el art. 2° señala: “…Mantiénense vigentes las alícuotas del derecho de exportación actualmente exigibles, modificadas de conformidad a lo dispuesto por los Decretos Nros. 1060 del 30 de diciembre de 2020 y 851 del 14 de diciembre de 2021, para las mercaderías alcanzadas por las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (N.C.M.) 1208.10.00, 2309.90.10, 2309.90.60 y 2309.90.90, según corresponda.”.
En cuanto al Decreto 230/20, en su art. 1° se estableció: “…Fíjase la alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) que en cada caso se indica, para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (N.C.M.) que se consignan en la planilla que, como Anexo I (IF-2020-14355915-APN-SSMA#MAGYP), forma parte integrante del presente decreto.”, correspondiendo, según el señalado anexo para la PA. 2304.00.10 la del 33%.
En resumen, n el caso, mediante el Decreto 131/2022 se suspendió transitoriamente la vigencia del Decreto 790/2020 y restableció las alícuotas del Decreto 230/2020, por lo cual la alícuota de los derechos de exportación subió del 31% - a partir del 1/1/2021, inclusive- al 33%, ello, en lo que aquí interesa, en relación mercaderías comprendidas en el decreto anterior suspendido.
Determinado el marco del análisis, cabe señalar que la temática que debemos abordar fue examinada y resuelta por el Máximo Tribunal en el caso “CAMARONERA PATAGÓNICA”.
En el precedente citado los magistrados fijaron los lineamientos para definir si una norma mediante la cual el Poder Ejecutivo fija derechos de exportación cumple con el estándar constitucional –lo que otorgaría legalidad a dicha exigencia tributaria- o si, por el contrario, se excedió las atribuciones otorgadas a tal poder conforme la forma republicana de gobierno, invalidando de este modo la alícuota establecida mediante el actuar infundado.
Más allá de que en el precedente referido se declaraba la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de dos resoluciones dictadas por el Ministerio de Economía, particularmente las N° 11/02 y N° 150/02, lo que nos concierne del fallo del Máximo Tribunal es que se entendió que dichas resoluciones eran violatorias de los arts. 76 y 99 inc 3 de la Constitución Nacional, toda vez que el Poder Ejecutivo no podía dictar normas de carácter legislativo en materia tributaria, resaltando que, en cuanto a la división de competencias entre los poderes del Estado, la interpretación de dichos artículos debía ser estricta.
En lo que refería a la delegación para la creación del tributo contenido en la resolución 11/02 -legislación delegada dictada con sustento en la legislación delegante preexistente a la reforma de la Constitución Nacional de 1994-, la Corte consideró inadmisible la normativa reseñada durante el período en que no contó con la ratificación del Congreso de la Nación, pero la reconoció como válida a posteriori de la ratificación efectuada, por cuanto a partir de allí existió una voluntad por parte del legislador lo suficientemente clara como para darle entidad legal idónea y poseer validez en los términos establecidos por el artículo 76 de la CN. En definitiva, la Corte invalidó parcialmente y hacia el pasado la norma ministerial por considerarla carente de respaldo legal y la convalidó desde la aprobación legislativa hacia el futuro.
Nuestra Carta Magna prohíbe la delegación legislativa en el poder ejecutivo, expresando en su art. 76 que “…Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca…”. Asimismo, el art. 99 inc. 3 señala: “…El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros…”.
Por su parte, en la ley 26.122 se establece que: "…las bases a las cuales debe sujetarse el poder delegado no pueden ser objeto de reglamentación por el Poder Ejecutivo…", y que el "…Poder Ejecutivo, dentro de los diez días de dictado un decreto de delegación legislativa lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente…",“… las Cámaras se pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional…”.
Lo reseñado precedentemente conforma un mecanismo de revisión –posterior- a las normas delegadas por el PEN, pudiendo aprobarlas o rechazarlas. Esto significa que, si bien el Congreso delega facultades legislativas, también las controla posteriormente a través del mecanismo antedicho.
Por lo expuesto, teniendo en consideración que el Decreto 131/22 modificó el elemento cuantitativo del tributo -parte estructural del impuesto- y que el mismo no fue posteriormente validado por el Congreso, se afectó el principio de legalidad tal como se estableció la jurisprudencia de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica” donde, conforme lo referido precedentemente, se estableció el estándar de ratificación por el Congreso de una norma delegada nula de nulidad absoluta e insanable por inexistencia de norma delegante o incumplimiento de los requisitos del art. 76 de la Constitución.
Este razonamiento me lleva a concluir que en este caso corresponde declarar la invalidez de la exigencia tributaria realizada en base al decreto 131/22, y hacer lugar a la devolución de la diferencia entre la alícuota del 31% -correspondiente- y la del 33% abonada.
VI. En cuanto a las costas del proceso, las mismas deben imponerse al Fisco por cuanto no encuentro razones para apartarme del principio general de la derrota (art. 1163 del C.A.).
VII.- .- Que, en relación con la tasa de interés, teniendo en consideración los pronunciamientos de la Alzada en cuanto al tema analizado, corresponde aplicar a fines solicitados la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina desde la fecha del pedido de repetición hasta la puesta en vigencia de la resolución ex MH 598/2019 (01/08/2019 hasta el 31/08/2022), a partir del 01/09/2022 aplicar la tasa de interés prevista en los artículos 4 y 6 de la resolución del ME 559/2022, y a partir del 01/03/2025 la determinada en el art. 3° de la resolución del ME 199/2025 y, en su caso, por las normativa que regule en lo sucesivo el devengamiento de tales accesorios.
Por todo lo anterior VOTO POR:
1. Revocar la resolución RESOL-2024-66-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en el marco de las actuaciones administrativas n° 17134-226-2023.
2. Costas al Fisco.
Así lo voto.-
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que respecto a los hechos traídos a estudio, corresponde remitirse “brevitatis causae” a la descripción realizada por el Vocal preopinante.
II. Que, sentado ello, cabe destacar el artículo 151 de la ley 11.683 establece expresamente, en relación a este Tribunal Fiscal, que “...Cuando una cuestión de derecho haya sido objeto de pronunciamientos divergentes por parte de diferentes salas, se fijará la interpretación de la ley que todas las salas deberán seguir uniformemente de manera obligatoria, mediante su reunión en plenario...” (el subrayado me pertenece).
III. Que, bajo tales premisas, corresponde destacar que en fecha 26 de abril de 2022, en virtud del Fallo Plenario IF- 2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN- SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, la competencia aduanera de este Tribunal Fiscal por mayoría -el suscripto no participó del referido Acuerdo por encontrarse en uso de licencia- acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
IV. Que, por ende, teniendo en expresa consideración lo ordenado en el referido artículo 151 de la ley 11.683, y sin perjuicio de la opinión en contrario sostenida por el suscripto in re “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA” (EX-2020- 24711043), del 22 de diciembre de 2021 y “Bunge Argentina S.A” (Expte. Nro. 36.695-A), del 7 de febrero de 2022, entre muchos otros, a los fines de la resolución de la litis resulta plenamente aplicable, mutatis mutandi, la doctrina legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, por lo que resulta ajustado a derecho confirmar la resolución apelada, en cuanto dispuso rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma recurrente, en relación a las destinaciones involucradas en autos.
V. Que atento a que se resuelve en base a una decisión Plenaria de este Tribunal y a la complejidad de la cuestión debatida en virtud de la cual las partes pudieron considerarse con derecho a litigar, corresponde imponer las costas por su orden.
Por ello, VOTO por:
1. Confirmar la Resolución aduanera apelada en autos.
2. Costas por su orden.
ASÍ LO VOTO.-
El Dr. Segura dijo:
Sin perjuicio de mi criterio respecto de las costas, en el sentido de que deben imponerse a la actora dado que la prohibición del análisis de la validez constitucional de la norma encuentra su antecedente en el dictado del C.A. (Art. 1164), teniendo en cuenta el modo en que deciden los otros Vocales respecto de las costas, a los estrictos fines de formar mayoría y por razones de celeridad y economía procesal, adhiero en su totalidad al voto del Dr. Garbarino.
ASÍ LO VOTO.-
Que, en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución aduanera apelada en autos.
2. Costas por su orden.
Regístrese y notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo (Vocal Títular de la Vocalía de la 17a Nominación), Pablo A. Garbarino (Vocal Títular de la Vocalía de la 16a Nominación) y Horacio J. Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a Nominación) ello en los términos del art. 1162 del C.A.
Date: 2026.02.20 17:49:07 ART Date: 2026.02.21 10:49:25 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.02.23 18:13:02 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.02.23 18:13:33 -03:00
Fin de la sentencia