Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de nulidad introducido por la co-recurrente.
2Revocar la Resolución n° 478/2016, recaída en las actuaciones administrativas n° SIGEA 12448-482-2010 y SIGEA n° 13289-35692-2013, por la cual condenó a la firma y la Despachante de Aduana, al pago de una multa por encontrarlas penalmente responsables de la infracción prevista y reprimida en el art. 954, ap. 1, inc. b) del Código Aduanero.
3Imponer las costas a la demandada vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-53802571-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 11 de Mayo de 2023 GENERAL DE ADUANAS s/ RECURSO DE APELACIÓN”, Expediente N° 37360-A, y su acumulado.-
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
En Buenos Aires, reunidos los Vocales Titulares integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dr. Christian M. González Palazzo y Dr. Pablo A. Garbarino, para dictar sentencia en los autos caratulados “ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ RECURSO DE APELACIÓN”, Expediente N° 37360-A, y su acumulado “FLORES MAYRA PAOLA c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ RECURSO DE APELACIÓN”, Expediente N° 37363-A, El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
I.— Que, a fs. 19/28vta. se presenta, por apoderado, la firma “ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.”, e interpone recurso de apelación contra la Resolución n° 478/2016, de fecha 25/08/2016, dictada por la Aduana de Mendoza, recaída en las actuaciones administrativas n° SIGEA 12448-482-2010 y SIGEA n° 13289-35692-2013, por la que resultó condenado, solidariamente con la despachante de aduana, Mayra Paola Flores, al pago de una multa, por presunta infracción al art. 954, ap.1, inciso b) del Código Aduanero, en relación a la Destinación de Exportación a Consumo n° 10 038 EC03 006724 M. Manifiesta que la mercadería fue documentada y clasificada de manera exacta y veraz. Sostiene la inexistencia de diferencia entre la declaración realizada y el resultado de la comprobación. Expone que no se determinó diferencia tributaria alguna por lo cual no hubo perjuicio para el fisco. Entiende que no se configura la infracción endilgada, en tanto la mercadería importada no era de importación prohibida. Denuncia que se produjo una transgresión al procedimiento de extracción y análisis de muestras. Subsidiariamente solicita, la aplicación del art. 898 C.A. y, la condonación de la multa en los términos de la Ley 27.260. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Solicita se revoque la resolución apelada.
A fs. 55/62 se presenta, por apoderado, la Sra. MAYRA PAOLA FLORES, despachante de aduana, en los mismos términos aludidos. Manifiesta haber cumplido con las obligaciones a su cargo en su rol como despachante de aduana y, su ajenidad, en cuanto al proceso de producción de la mercadería. Sostiene haber realizado correctamente el despacho de importación con toda la documentación pertinente aportada por la firma. Expone que, la mercadería no es prohibida y no hubo diferencia tributaria alguna. Asimismo, plantea la nulidad del procedimiento de extracción de muestras y análisis. Cita jurisprudencia, acompaña prueba documental y ofrece otras pruebas. Solicita la nulidad de la resolución apelada.
II.— Que, a fs. 99/101vta. se presenta la representación fiscal y contesta el traslado que le fuera conferido de los recursos. Niega todos y cada uno de los hechos expresados en las apelaciones no reconocidos expresamente. Hace un breve resumen de las actuaciones administrativas. Afirma que se configuran los elementos del tipo infraccional, en tanto las presuntas infractoras realizaron una declaración inexacta. Señala que la despachante de aduana omitió la suficiente diligencia para cumplir con los deberes a su cargo. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas. Formula reserva de caso federal. Solicita se dicte sentencia rechazando la apelación y confirmando la resolución recurrida, con costas a la contraria.
III.— Que, a fs. 111 se declara la causa de puro derecho. A fs. 121 vta. se elevan los autos a la Sala “F” y, a fs. 122 quedan en estado de dictar sentencia.
IV.— Que, la representación fiscal en fecha 26/02/2018 acompañó el sustento documental de la litis, las actuaciones administrativas SIGEA n° 12448-482-2010 y SIGEA n° 13289-35692-2013, en soporte papel y en un cuerpo de 123 fojas, en las cuales obra la resolución apelada por ante esta instancia jurisdiccional, agregadas por cuerda.
V.— Que, sentado lo que antecede, antes de comenzar a analizar el fondo de la cuestión traída a examen, corresponde a este Tribunal analizar y resolver la nulidad introducida por las recurrentes. Que, el servicio aduanero endilgó, a la firma y a la despachante de aduana, la infracción del art. 954 ap. 1 inc. b) del C.A., respecto de la operación de Destinación de Exportación a Consumo n° 10 038 EC03 006724 M, al entender que la mercadería clasificada bajo la P.A. 1518.00.90.210M descripta como “aceite vegetal mezcla” y amparada por el certificado del INAL N° M 4700/10, difirió del resultado del protocolo de análisis realizado por el ITEM, en base a la muestra extraída, resultando la misma en “aceite de soja crudo a granel”.
Que, el servicio aduanero basó su denuncia en las conclusiones efectuadas en el Protocolo de Análisis n° 73623 realizado por el Instituto Técnico de Examen de Mercaderías, de fecha 26/10/2011, (ver actuaciones administrativas fs. 11/12).
Que, analizadas las actuaciones administrativas proporcionadas por el representante fiscal, se verifica que, el procedimiento de extracción y análisis comenzó con la extracción de muestras acreditada con el acta correspondiente de fecha 12/08/2010. Allí se constató la extracción de un juego de tres (3) muestras de la mercadería exportada por la firma “ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.” mediante la destinación n° 10 038 EC03 006724 M, documentada bajo la P.A. 1518.00.90.210M, con el objeto de someterlas a un análisis de carácter estadístico por instrucciones emitidas por el SIM, en los términos de la R.G. n° 1582/03 AFIP, modificada por R.G. n° 2318/07 AFIP. Las muestras se destinaron al organismo analizador, a la aduana interviniente y a la despachante en representación de “Aceite General Deheza S.A.”, dejando constancia de que las mismas son representativas del total de la partida documentada (ver fs. 3 de las actuaciones administrativas).
Que, en ese marco, el servicio aduanero habría remitido el formulario O.M. 1020 junto con la solicitud de análisis de conformidad con el procedimiento fijado en el punto 4.3 de la RG 1528/03, constando el desglose del mismo a fs. 2 de las actuaciones administrativas.
Que, con fecha 26/10/2011, el ITEM se expidió respecto de las muestras documentadas bajo el n° Act 12448-482/2010 EC03 6724M, en el Protocolo de Análisis n° 73623 en el cual realizó una descripción de los caracteres generales, métodos analíticos y procedimientos, el perfil cromatográfico, la valoración y porcentaje de acidez. Las conclusiones del mismo arrojaron que “la muestra informada mediante protocolo analítico n° 73623 se trata de un aceite crudo que presenta un perfil cromatográfico con aceite de soja” y que “no es posible detectar aceite de palma en tan baja proporción” (ver fs. 11/12 de las actuaciones administrativas).
Que, se verifica con las constancias obrantes en el proceso administrativo que dicho protocolo fue notificado a las presuntas infractoras en el momento procesal de la corrida de vista, el cual se efectuó con fecha 19/09/2013.
Que, a raíz de la conclusión arribada por el ITEM, el servicio aduanero labró el Acta de Denuncia n° 916/2011, de fecha 11/11/2011, contra la firma y la despachante de aduana, por presunta infracción al art. 954 ap. 1 inc b) C.A., ello por cuanto, consideró que la mercadería se trataba de aceite crudo y no mezcla, por lo cual la misma clasificaría en la P.A. 1518.00.90.100D.
Que, las aquí recurrentes traen a debate la nulidad del procedimiento de extracción de muestras y análisis establecido en la Resolución General n° 1582/03, sobre el cual se basó la denuncia y posterior condena. Que, en este sentido, tanto la firma como la despachante de aduana sostienen que el servicio aduanero no cumplimentó con el procedimiento reglado sobre extracción de muestras y análisis, por lo cual consideran que el mismo adoleció de vicios que lo tornarían nulo.
Que, la RG AFIP n° 1582/2003 establece las consideraciones generales sobre el procedimiento de extracción de muestras y análisis.
Que, las aquí recurrentes, se han limitado a exponer que el procedimiento adoleció de vicios, y se agraviaron sobre la base de que el servicio aduanero no realizó un segundo análisis, lo cual resulta ser una manifestación improcedente a la luz de la normativa citada, por cuanto, el Anexo III punto 3 establece que el segundo análisis “Es el que se efectúa cuando de la primera pericia ha surgido un resultado motivo de litigio o de diferencias entre la Aduana y el Importador o el Exportador de la mercadería. El segundo análisis se podrá solicitar por cualquiera de las partes que han intervenido en la extracción de las muestras para la primera pericia dentro del mes de notificado el resultado del primer análisis, y es la vía recursiva natural en contra del acto administrativo expresado por el resultado del primer análisis”. Nótese, la reglamentación no establece la obligatoriedad, del servicio aduanero, de realizar un nuevo análisis ante un “caso dudoso”, sino que, establece la facultad del exportador o importador de solicitarlo en caso de presentarse diferencias o motivos de litigio. Es decir que, si la firma y la despachante se oponían al resultado del análisis, deberían haber pedido un segundo análisis, en legal tiempo y forma, y no lo hicieron.
Que, asimismo, las apelantes omitieron realizar una crítica detallada de las presuntas transgresiones a las formas exigidas por la RG AFIP 1582/200 en el procedimiento de extracción y análisis efectuado por el servicio aduanero y, no expresaron cual sería el agravio sufrido como consecuencia de dichas transgresiones.
Que, en el momento procesal oportuno, ante el administrador, y ahora ante este Tribunal, no han logrado rebatir el procedimiento del cual pretenden la nulidad.
Que, en este sentido, la mera manifestación de vicios, expresada de manera genérica sobre un procedimiento, no resulta suficiente a los fines de la declaración de nulidad pretendida. Que, en virtud de lo expuesto, las apelantes no hicieron mérito de la existencia de concretos defectos susceptibles de acarrear la nulidad, por lo que corresponde a este Tribunal rechazar el planteo formulado por la parte actora.
VI.— Que, zanjada la cuestión del Considerando que antecede, corresponde a este Tribunal resolver si es ajustada a derecho la resolución que aquí se apela.
Que, como se expuso precedentemente, de la comprobación realizada por el servicio aduanero, surge que las aquí recurrentes habrían incurrido en una declaración inexacta.
Que, a raíz de la conclusión arribada por el ITEM, el servicio aduanero labró el Acta de Denuncia n° 916/2011, de fecha 11/11/2011, contra la firma y la despachante de aduana, por presunta infracción al art. 954 ap. 1 inc b) C.A., por considerar que la mercadería declarada se trataba de aceite crudo y no mezcla, por lo cual la misma clasificaría en la P.A. 1518.00.90.100D.
Que, como consecuencia de ello, el certificado expedido por el INAL n° M 4700/10 no ampararía la mercadería documentada en la destinación de exportación, por lo cual, el servicio aduanero entendió que la mercadería sería de exportación prohibida, generando una transgresión a una prohibición.
Que, en ese contexto, con fecha 25/08/2016 el servicio aduanero de Mendoza resolvió, mediante la Resolución n° 478/2016, condenar a firma y la despachante de aduana al pago de una multa. En ese marco, el servicio aduanero endilgó, a la firma y a la despachante de aduana, la infracción del art. 954 del C.A. ap. 1, en tanto, sanciona al que, para cumplir una operación o destinación de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o pudiere producir: “… inc. b) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación, será sancionado con una multa de uno (1) a cinco (5) veces el valor en aduana de la mercadería en infracción”.
Todo ello, por entender que la mercadería sería de exportación prohibida por no corresponder la posición arancelaria declarada en la destinación de exportación con el certificado del INAL acompañado. Que, si bien las apelantes alegan que no corresponde la posición arancelaria que la aduana pretende, por cuanto consideran que el protocolo de análisis mencionado ut supra no fue concluyente respecto del tipo de mercadería, la realidad es que las mismas no lograron probar que la posición arancelaria que ellas declararon correspondía a la mercadería exportada.
Que, sin perjuicio de ello, ambas posiciones arancelarias tratan de aceite de origen vegetal –no comestible–, poseen la misma carga tributaria, por lo cual en el sub examine no se generó perjuicio fiscal, y le asisten los mismos requisitos previos para su exportación.
Que, cabe destacar que, el servicio aduanero consideró que, al exigirse el certificado de INAL en forma previa a la operación, se impuso, a la mercadería declarada, una prohibición no económica y relativa. Que, en este sentido, la Sección VIII del Código Aduanero, contempla las prohibiciones a la importación y exportación, constituyendo disposiciones que no establecen específicamente prohibiciones a las importaciones o exportaciones, sino que regula el ámbito de aplicación de las que, eventualmente, se impusieren. Ello se explica porque las prohibiciones se establecen por razones de índole moral, de seguridad, de salubridad, etc., y en otros casos, por situaciones coyunturales de naturaleza económica. En este sentido, la Constitución Nacional en su art. 75 faculta al Congreso Nacional a sancionar las leyes en materia aduanera, y los arts. 631 y 632 del C.A. facultan al Poder Ejecutivo para crear y suprimir prohibiciones en la materia, quien, a su vez, delegó dicha facultad al Ministerio de Economía a través del Decreto 2752/9. En consecuencia, las prohibiciones deben surgir de la legislación que corresponda a la materia que se trate, y al servicio aduanero solo le cabe su aplicación, resultando incompetente para determinar prohibiciones que no se encuentran específicamente fijadas en una ley. Así, los arts. 609 y 610 del C.A. distinguen las prohibiciones según sus fines sean económicos y no económicos. Entre otras prohibiciones no económicas, aquellas referidas a la seguridad pública (inc. c) y la salud pública (inc. e). Los arts. 611 y 612 establece el alcance de las mismas, según sean absolutas o relativas.
La exposición de motivos del proyecto del Código Aduanero, expresa respecto de ello, que, “esta sección establece un estatuto básico de las prohibiciones que contempla los diversos aspectos que interesan aduaneramente. Con ello se persigue reunir las reglas y principios que regulan la materia, como así también, que se aplique de forma supletoria con relación a normas que impongan prohibiciones. De esta manera, la tarea del legislador se verá facilitada notablemente, pues al dictar la medida respectiva sólo deberá expresar el objeto de la prohibición y los puntos en que quiera apartarse de las disposiciones generales y supletorias en el Código”.
Que, la Resolución (exANA) N° 1946/1993 reglamenta, en el ámbito del servicio aduanero, las condiciones impuestas a la importación y a la exportación de productos alimenticios. En el artículo 3° establece que “a los efectos de la exportación de los alimentos de consumo humano referidos en el anexo III, el documentante deberá comprometer en la solicitud de destinación que ha dado conocimiento al I.N.Al. para su fiscalización y control sanitario, encontrándose autorizada la exportación”. Que, en cumplimiento de dicha normativa, la firma acompañó el certificado emitido por el INAL n° M4700/10 con el despacho de exportación.
Que, dicho certificado fue emitido por dicho organismo, previa remisión de la factura n° 8995-00000017 y la correspondiente declaración jurada de la firma, respecto de la mercadería a exportar. (ver fs. 6/9 de las actuaciones administrativas).
Que, tal como expresa la reglamentación, y como sostienen las requirentes en sus apelaciones, dicha certificación se emite a los fines de acreditar que la exportadora ha dado aviso de la operación al INAL, –teniendo la posibilidad de auditar la partida si la autoridad sanitaria lo considera necesario–, y no a los fines de ser autorizado a realizar la operación de exportación.
Nótese que, la normativa no condiciona la permisión de exportación, sino que resulta un requisito previo del régimen; exponer lo contrario implicaría desvirtuar el sistema diseñado por la legislación en la materia, el cual establece que las prohibiciones deben estar explícitamente establecidas en la letra de la ley. En este orden de ideas, resulta claro que, no existe normativa alguna que prohíba la exportación de la mercadería en trato, sino que, se exige el cumplimiento de la notificación de la mercadería a exportar al INAL por cuestiones de política sanitaria.
En esta línea argumentativa y, a mayor abundamiento, corresponde al caso aplicar la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en la sentencia del 12/6/2012, recaída en los autos “Nate Navegación y Tecnología Marítima SA (TF 22.220-A)”, por la cual, con remisión al fundado dictamen de la Procuración General de la Nación del 4/10/2010, el más Alto Tribunal consideró que las prohibiciones de importación o exportación habrán de surgir de manera expresa de la norma, no pudiéndose asimilar a las mismas, las restricciones habituales o requisitos. Los magistrados entendieron que el Código no establece prohibición específica alguna, y que las mismas han de surgir de la letra expresa e inequívoca de la norma, de forma tal que su existencia como regla general merecedora de acatamiento, como así de la respectiva sanción a su inobservancia, puedan ser efectivamente discernidas y constatadas. En el mismo sentido, la Sala IV de la Excma. Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo que “toda prohibición debe surgir de la letra expresa e inequívoca de la ley o de la norma reglamentaria aplicable al caso, de manera tal que su existencia como regla de acatamiento obligatorio y su respectiva pena o sanción pueda ser efectivamente discernida y constatada, sin que pueda ser inferida implícitamente de los requisitos, restricciones o condiciones a cuya observancia está sujeta la importación” (v. sentencia de fecha 2/07/15, in re “UNILEVER ARGENTINA S.A. c/DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”).
Que, el principio rector que rige en materia penal determina que ante la ausencia de los elementos del tipo infraccional de declaración inexacta, no puede considerarse configurada la infracción, lo que, en consecuencia, determina que en autos no pueda confirmarse la condena impuesta, por cuanto, no se configura el supuesto previsto en el inc. b) ap. 1 del art. 954 del C.A.
Por todo ello, por los fundamentos vertidos en el caso, a mi juicio corresponde REVOCAR la Resolución n° 478/2016, recaída en las actuaciones administrativas n° SIGEA 12448-482-2010 y SIGEA n° 13289- 35692-2013, por la cual condenó a la firma y la Despachante de Aduana, al pago de una multa por encontrarlas penalmente responsables de la infracción prevista y reprimida en el art. 954, ap. 1, inc. b) del Código Aduanero.
VII.— En virtud de todo lo analizado y las particularidades que presenta el caso traído al conocimiento de este Tribunal, considero que las costas del proceso deben ser impuestas a la demandada vencida.
Por ello, VOTO por:
1. Rechazar el planteo de nulidad introducido por la co-recurrente.
2. REVOCAR la Resolución n° 478/2016, recaída en las actuaciones administrativas n° SIGEA 12448- 482-2010 y SIGEA n° 13289-35692-2013, por la cual condenó a la firma y la Despachante de Aduana, al pago de una multa por encontrarlas penalmente responsables de la infracción prevista y reprimida en el art. 954, ap. 1, inc. b) del Código Aduanero.
3. Imponer las costas a la demandada vencida.
Así voto.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Que adhiero, en lo sustancial, al voto del Dr. González Palazzo.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar el planteo de nulidad introducido por la co-recurrente.
2. REVOCAR la Resolución n° 478/2016, recaída en las actuaciones administrativas n° SIGEA 12448-482-2010 y SIGEA n° 13289-35692-2013, por la cual condenó a la firma y la Despachante de Aduana, al pago de una multa por encontrarlas penalmente responsables de la infracción prevista y reprimida en el art. 954, ap. 1, inc. b) del Código Aduanero.
3. Imponer las costas a la demandada vencida.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino por encontrarse vacante la Vocalía de la 18º Nominación (art. 1162 del C.A.).
Regístrese y notifíquese. Firme que queda la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.05.11 17:27:51 -03:00 Date: 2023.05.11 18:52:32 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.05.11 18:52:32 -03:00
Fin de la sentencia