Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2025-40241548-APN-SGASAD#TFN
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-126452643-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 13 de Noviembre de 2025 DEHEZA SA”
Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez, Juan Manuel Soria, y Claudia Beatriz Sarquis (como subrogante por encontrarse vacante la Vocalía de la 14ª Nominación), con la presidencia a cargo del Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos EX-2025-40241548- -APN- SGASAD#TFN, “ACEITERA GENERAL DEHEZA SA”.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. El 16.04.25, mediante el documento RE-2025-40232203-APN-SGASAD#TFN, la firma ACEITERA GENERAL DEHEZA SA, a través de su apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución N° RESOL-2025-158-E-AFIP-ADGDEH#SDGOAI, de la División Aduana General Deheza, tramitada en los expedientes SIGEA 17575-33-2024; 17575-34-2024; 17575-35-2024; 17575-36-2024; 17575-37-2024; 17575- 38-2024; 17575-39-2024; 17575-40-2024; 17575-41-2024; 17575-42-2024; 17575-43-2024; 17575-44-2024 y 17575-45-2024, en donde la Aduana deniega la repetición de las sumas abonadas en concepto de derechos de exportación -establecidos conforme el decreto 793/2018- relativos a la exportación a consumo de las mercaderías documentadas en los Permisos de Embarque N° 18088EC01010427S, oficializado el 12.12.2018;
18088EC01008532W, oficializado el 12.10.2018; 18088EC01010428T, oficializado el 11.12.2018;
18088EC01009075C, oficializado el 30.10.2018; 18088EC01008610T, oficializado el 16.10.2018;
18088EC01009928J, oficializado el 18.12.2018; 18088EC01010187V, oficializado el 04.12.2018;
18088EC01010455T, oficializado el 11.12.2018; 18088EC01008534B, oficializado el 12.10.2018;
18088EC01010312L, oficializado el 07.12.2018; 18088EC01007146W, oficializado el 31.08.2018 (prorrogado el embarque al 15.10.2018 mediante MULTINOTA solicitada por la firma exportadora, presentada con fecha 08.10.2018 con destino a la Oficina Técnica Operativa B, que surge del SIGEA 17575- 43-2024 a fs. 28, y liquidado con posterioridad a la oficialización según liquidación manual 18088LMAN012146M por el decreto 793/2018); 18088EC01010204L, oficializado el 04.12.2018 y 18088EC01010439V, oficializado el 11.12.2018. La suma reclamada por el referido PE asciende a un total de cinco millones doscientos tres mil novecientos setenta y tres pesos con 11/100 centavos ($5.203.973,11) con más sus intereses.
La actora hace referencia a los antecedentes de la causa, señalando que, la repetición solicitada se funda en la interpretación fijada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Camaronera Patagónica S.A. c/ Dirección General de Aduanas”, sentencia del 15 de abril de 2014; ya que las sumas cuya repetición se solicita corresponden a los derechos de exportación fijados por el Decreto PEN N° 793/2018. Dicha norma es inconstitucional por violar el principio de reserva de ley en materia tributaria, ya que, al momento del registro del permiso de embarque antes referido, aún no había sido ratificada por la ley 27.467 (B.O. 04.12.2018), y dicha ley no tiene aplicación retroactiva.
Indica que su mandante documentó la exportación de las mercaderías allí declaradas y al proceder al embarque y por exigencia del servicio aduanero, se pagó el derecho de exportación establecido por el Decreto N° 793/18, el cual, a través del Poder Ejecutivo, fijó para todo el universo arancelario, un derecho de exportación ad valorem del 12% (con un tope de 3 o 4 pesos, según el tipo de mercadería), invocando, a su respecto, el art. 99, inc. 1 y 2, de la Constitución Nacional y el art. 755, del CA. Agrega que la ilegitimidad del pago, motivo por el cual se solicita su restitución, radica en la inconstitucionalidad del Decreto 793/2018, que estableció la alícuota aplicable para la liquidación de los derechos de exportación correspondientes a las exportaciones detalladas supra, en abierta violación al principio de legalidad en materia tributaria (artículos. 4, 17, 52, 75 inc. 1°, 76 y 99 inc. 3 de la Constitución Nacional) y a la garantía de inviolabilidad de la propiedad privada (art. 17 de la Constitución Nacional).
Manifiesta que, no constituye una delegación legislativa válida, en los términos requeridos por el artículo 76 de la Constitución Nacional. Relata que, eso se sustenta, entre otras consideraciones, en la posición asumida por la CSJN en el Fallo Camaronera. Describe que, allí la Corte Suprema concluyó que los derechos de exportación son tributos -específicamente, impuestos y, por ello deben ser creados por ley del Congreso Nacional, en aplicación del principio de legalidad tributaria receptado desde antiguo por la CSJN. Relata que la repetición solicitada se funda en la interpretación fijada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Camaronera Patagónica S.A. c/ Dirección General de Aduanas”, sentencia del 15 de abril de 2014, el fallo Selcro S.A. c/ Jefatura de Gabinete de Ministros, Estelar Resources Limited S.A., “MINAS ARGENTINAS S.A. c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL S/ AMPARO LEY 16.986”, BERANDEBI S.A. c/ A.F.I.P. s/ Amparo Ley 16.986, Danes SRL s/ amparo, Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación, entre muchos otros.
Se agravia por el rechazo de la inconstitucionalidad del decreto 793/2018 planteada. Cita jurisprudencia. Analiza la cuestión de fondo, analiza la competencia del Tribunal para resolver el presente caso. Hace referencia a la facultad de este Tribunal Fiscal para dictar la inconstitucionalidad de la norma, cita el artículo 1164 del Código Aduanero. Funda la solicitud de devolución en que los derechos de exportación son tributos, hace un análisis sobre la delegación legislativa y el principio de legalidad. Cita jurisprudencia. Considera que, ninguna de dichas normas autoriza al Poder Ejecutivo a fijar derechos de exportación, ni establece una clara política legislativa a su respecto. Analiza el art. 755 del CA a la luz del precedente “Camaronera” y conforme a la resolución 11/02, donde el Congreso Nacional no ha previsto cuál es la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación.
Hace un relato sobre los derechos de exportación específicos a diferencia de los derechos de exportación ad valorem. Hace referencia a la invalidez del decreto 793/2018 y los efectos de la ley 27.467 en el presente caso. Considera que el decreto afectó el derecho a la propiedad, art. 17 CN, y al causarle un grave perjuicio económico Solicita se aplique la tasa de interés del art.4, ya que la Resolución (MH) 598/19 fue modificada por la Resolución 559/2022 (B.O. 25/08/2022) y fijó la tasa del 3,84% mensual, que por la cual, hace reserva del derecho de impugnarla y solicitaría que se le aplique la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina, a fin de mantener la integridad de las sumas.
Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se haga lugar al recurso de apelación interpuesto, revocando la resolución apelada, y ordenando la devolución de las sumas pagadas indebidamente, con costas.
II. Que la representación fiscal es declarada en rebeldía mediante PV-2025-102443860-APN-VOCXV#TFN con fecha 15.09.25, y se la intima a acompañar las actuaciones administrativas.
III. El 24.09.25 la demandada acompaña las actuaciones administrativas. El 23.10.25 se elevan los autos a esta Sala “E” y se los pasa a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas son acompañadas por el fisco en 3 archivos formato PDF, conteniendo los SIGEA 17575-33-2024; 17575-34-2024; 17575-35-2024; 17575-36-2024; 17575-37-2024; 17575-38-2024; 17575-39-2024; 17575-40-2024; 17575-41-2024; 17575-42-2024; 17575-43-2024; 17575-44-2024 y 17575-45- 2024, son iniciadas con fecha 24.04.24, y tramitan las repeticiones de los derechos de exportación abonados respecto de los Permisos de Embarque: 18088EC01010427S, oficializado el 12.12.2018; 18088EC01008532W, oficializado el 12.10.2018; 18088EC01010428T, oficializado el 11.12.2018; 18088EC01009075C, oficializado el 30.10.2018; 18088EC01008610T, oficializado el 16.10.2018; 18088EC01009928J, oficializado el 18.12.2018; 18088EC01010187V, oficializado el 04.12.2018; 18088EC01010455T, oficializado el 11.12.2018; 18088EC01008534B, oficializado el 12.10.2018; 18088EC01010312L, oficializado el 07.12.2018;
18088EC01007146W, oficializado el 31.08.2018 (prorrogado el embarque al 15.10.2018 mediante MULTINOTA solicitada por la firma exportadora, presentada con fecha 08.10.2018 con destino a la Oficina Técnica Operativa B, que surge del SIGEA 17575-43-2024 a fs. 28, y liquidado con posterioridad a la oficialización según liquidación manual 18088LMAN012146M por el decreto 793/2018);
18088EC01010204L, oficializado el 04.12.2018 y 18088EC01010439V, oficializado el 11.12.2018. A continuación del escrito de repetición de los SIGEA, lucen en cada una, planillas SIM. Con fecha 24.04.24 se tiene por presentado al apoderado de la parte actora, por parte, y se ordenan certificar el pago de los tributos. El 13.05.24 luce el informe técnico de la Sección Económica Financiera. A continuación, luce Dictamen con fecha 12.03.25 que recomienda el dictado de una resolución rechazando las solicitudes de las repeticiones solicitadas. El 01.05.25 se dicta la Resolución RESOL-2025-158-E-AFIP-ADGDEH#SDGOAI, apelada en estos autos, por la que no se hace lugar a las repeticiones solicitadas.
V. Corresponde analizar si la Resolución RESOL-2025-158-E-AFIP-ADGDEH#SDGOAI, firmada por el jefe de la Aduana de General Deheza, Provincia de Córdoba, en cuanto resolvió denegar la devolución de la suma pretendida por ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. en concepto de derechos de exportación abonados por los PE 18088EC01010427S, oficializado el 12.12.2018; 18088EC01008532W, oficializado el 12.10.2018; 18088EC01010428T, oficializado el 11.12.2018; 18088EC01009075C, oficializado el 30.10.2018;
18088EC01008610T, oficializado el 16.10.2018; 18088EC01009928J, oficializado el 18.12.2018;
18088EC01010187V, oficializado el 04.12.2018; 18088EC01010455T, oficializado el 11.12.2018;
18088EC01008534B, oficializado el 12.10.2018; 18088EC01010312L, oficializado el 07.12.2018;
18088EC01007146W, oficializado el 31.08.2018 (prorrogado al 15.10.2018); 18088EC01010204L, oficializado el 04.12.2018 y 18088EC01010439V, oficializado el 11.12.2018, se ajustan a derecho. Que el art. 726 del Código Aduanero dispone que sea aplicable el derecho de exportación establecido en la norma vigente a la fecha del registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo. Que en consecuencia, y basados en las fechas de oficialización de las exportaciones a consumo bajo estudio, corresponde analizar los Permisos de Embarque involucrados, dividiéndolos en tres grupos: en primer lugar, el Permiso de Embarque oficializado con anterioridad a la vigencia del Decreto Nro. 793/2018 (04/09/2018) que será evaluado en los puntos VII y XIV, en segundo lugar, aquellos PE que fueron oficializados con posterioridad al 04/09/2018, pero con anterioridad al 4/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467, los que se evalúan en los puntos VIII a XII y XIV del presente resolutorio, y por último, los que fueron presentados con posterioridad al 4/12/2018, que se analizan en los puntos XIII y XIV.
VI. Que previo a ello, y atento los diversos planteos efectuados por la recurrente, en primer término corresponde dejar sentado que conforme lo dispuesto en el artículo 1164 del C.A., el Tribunal Fiscal de la Nación no puede pronunciarse sobre la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, salvo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiera declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso este Tribunal podrá seguir la interpretación del Alto Tribunal.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la fecha, no se ha pronunciado respecto a la inconstitucionalidad del Decreto N° 793/18, ni tampoco resulta aplicable –ver fundamentos en el punto IX “infra”- el precedente Camaronera Patagónica S.A. (Fallos 337:388), por lo que a su respecto corresponde rechazar el planteo efectuado por la recurrente.
VII. Abordando el 1er. Grupo de análisis, consta en autos que el P.E. 18088EC01007146W fue oficializado el 31/08/2018, prorrogándose el embarque al 15/10/2018 a solicitud del exportador mediante Multinota de fecha 08/10/2018 (SIGEA 17575-43-2024, fs. 28), y que la liquidación manual 18088LMAN012146M fue practicada con posterioridad (23/11/2018).
Que el art. 38 del Decreto Reglamentario 1001/82 dispone expresamente que a los fines de lo previsto en el art. 328 del Código Aduanero, se fija en Treinta y un (31) días el plazo de validez de la solicitud de exportación, contado a partir del día de su registro y en su apartado 2do., prevé que cuando mediaren causas debidamente justificadas, la DGA podrá conceder la rehabilitación de dicha solicitud, por única vez y por un plazo no mayor del originario y en ese supuesto, deberá ajustarse el tratamiento cambiario y arancelario, si hubiere variado. Por lo expuesto, y dado que el Dec. 793/2018 rige desde el 04/09/2018 (ver fundamentos “infra”), y al haberse perfeccionado el hecho imponible el 15/10/2018 respecto al P.E. 18088EC01007146W (circunstancia no controvertida por la propia actora), corresponde la aplicación del régimen tributario del Dec. 793/2018 a este permiso de embarque y en consecuencia, y por los fundamentos que se expondrán a continuación, el rechazo de la repetición de los derechos de exportación impetrada a su respecto.
VIII. Que en relación a los Permisos de Embarque correspondientes al segundo grupo, esto es, los Permisos oficializados entre el 04/09/2018 y el 04/12/2018: PE 18088EC01008532W (12/10/2018), 18088EC01009075C (30/10/2018), 18088EC01008610T (16/10/2018) y 18088EC01008534B (12/10/2018), los mismos fueron oficializados y documentaron las exportaciones a consumo de las mercaderías en ellos declaradas, abonando los derechos establecidos por el decreto 793/18, que establecía para todo el universo arancelario, una alícuota del 12% (con un tope de 3 o 4 pesos, según el tipo de mercadería). Ello así por cuanto el art. 726 del Código Aduanero dispone que sea aplicable el derecho de exportación establecido en la norma vigente a la fecha del registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo. Con relación a ellos, corresponde efectuar las siguientes consideraciones:
IX. En relación a las facultades del Poder Ejecutivo Nacional para establecer los derechos de exportación corresponde estarse a la doctrina legal (art 151 de la Ley 11.683) fijada con fecha 26/04/2022, por este Tribunal en el Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN- SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, en donde por mayoría se acordó lo siguiente: “ARTICULO 1°.- … ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero”.
X. Que respecto a la presunta vulnerabilidad del Principio de Reserva Legal planteado por la recurrente, debemos tener presente que al momento de los hechos de autos -y en la actualidad-, estas normas constitucionales interactuaban (e interactúan) en forma conjunta con las leyes 26.939 (B.O. 29-04-2014) que al declarar la “vigencia” de la ley 22.415, ha declarado, en consecuencia, la vigencia de las delegaciones en ella dispuestas, y en los términos en ella consignados, y fundamentalmente, con la ley 26.122 (publicada en el Boletín Oficial con fecha 28-07-2006) que, precisamente, ha establecido un mecanismo adecuado de control y aprobación “a posteriori” (con posterioridad) del Congreso de la Nación, de los actos emitidos por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de las facultades delegadas.
Al respecto, tiene dicho la C.S.J.N. que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras; y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto, a la vez que debe darse pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos, de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. (Conforme doctrina de la Corte Suprema in re: “Ford Motor Argentina S.A. c/ Administración Nacional de Aduanas”; “Obras Sanitarias de la Nación c/ Emilia Irma Frieboes de Bencich y otro”; “Gowland Acosta, Elena Sauze de c/ Provincia de Córdoba y otros”; entre muchos otros).
La ley 26.122, que se publicó en el Boletín Oficial el 28/07/2006 y que se incorpora al ordenamiento jurídico nacional como norma vigente a partir del 06/08/2006, es de nuclear importancia para comprender el tratamiento que a partir de esa fecha corresponde dar a los decretos del Poder Ejecutivo dictados por delegación legislativa, los cuales, a partir de entonces, si bien mantienen la fuerza ejecutoria desde su dictado, se encuentran sometidos al control posterior por parte de la autoridad delegante, el Congreso de la Nación. Es una norma central, que concilia los dos valores en juego: la eficacia de la administración y el principio de legalidad. La C.S.J.N. tiene dicho que “Las normas de la Constitución y de toda ley, deben ser interpretadas en forma coherente, de manera que armonicen entre ellas y no traben el eficaz y justo desempeño de los poderes atribuidos al Estado para el cumplimiento de sus fines, del modo más beneficioso para la comunidad...”. (CSJN, 1956/04/23: Grisolía, Francisco M. LL, 82, 690) (el subrayado me pertenece).
En el caso de autos, y toda vez que -como se expondrá en los puntos siguientes- el Congreso de la Nación procedió a la ratificación legislativa del Decreto 793/2018, en consecuencia, no se ha producido la vulnerabilidad al principio de legalidad o reserva de ley en materia tributaria planteada por la parte apelante.
XI. Que en relación al planteo de la recurrente en cuanto a que el decreto 793/18 es nulo de nulidad absoluta e insanable y que recién pudo recobrar virtualidad con el dictado de la ley 27.467 que lo validó recién a partir del día de su vigencia, es pertinente tener presente las siguientes consideraciones:
Corresponde en primer lugar efectuar una diferenciación y precisión conceptual: una cosa es establecer o fijar una alícuota de un tributo y otra muy distinta es “aprobar” o convalidar una alícuota ya fijada por un órgano competente (por delegación) pero sujeta a aprobación por parte del órgano delegante. Con respecto al primer supuesto, rige el principio de irretroactividad de la ley, es decir, la alícuota fijada solo rige desde su publicación, en cambio, en el segundo supuesto, la alícuota rige desde el dictado de la norma aprobada y no desde su aprobación.
Se trata de normas “condicionadas” o “ad referendum” de su aprobación por parte del órgano delegante investido con tal competencia originaria, pero que gozan de plena fuerza ejecutoria desde su dictado.
El artículo 17 de la ley 26.122, aplicable al caso de autos, establece precisamente que los decretos delegados dictados por el Poder Ejecutivo tienen plena vigencia de conformidad a lo establecido en el artículo 2º del Código Civil (actual Art. 5° del Código Civil y comercial de la Nación), es decir, que son plenamente válidos desde su dictado y publicación, mientras no sean rechazados por el Poder Legislativo.
En otros términos, los Decretos del Poder Ejecutivo, dictados en el ejercicio de facultades delegadas, gozan de plena validez y fuerza ejecutoria desde su dictado, y la misma se mantiene en tanto y en cuanto, el órgano delegante, el Congreso de la Nación, no proceda a su desaprobación o rechazo.
Aclarado ello, corresponde analizar si la aprobación expresa realizada por el Congreso de la Nación mediante la Ley de Presupuesto N° 27.467 resulta suficiente para convalidar la validez del Decreto 793/2018 entre los días 04/09/18 y 04/12/2018, toda vez que a partir de ahí y hasta el final del periodo de tiempo de fijación de las alícuotas (30/12/2020) nada se ha cuestionado.
Este punto es medular a los fines de comprender la controversia planteada. La recurrente no plantea la invalidez del Decreto “in totum” sino solo respecto del período de tiempo comprendido entre el día 04/09/18 y el 04/12/2018, por lo que se deduce, que la aprobación realizada por el Congreso de la Nación, a partir de ahí es suficiente, caso contrario se hubiera planteado su invalidez absoluta.
En otros términos, la parte no cuestiona que la aprobación del Congreso mediante la Ley 27.467 es nula por no haber seguido los procedimientos formales de la ley 26.122, sino que solamente plantea que su aprobación no puede ser retroactiva, lo que nos conduce nuevamente al punto previo ya analizado y resuelto por el artículo 17 de la ley 26.122.
Pero si existieran dudas sobre la interpretación respecto de la fecha de vigencia de las alícuotas, la misma ha quedado expresamente aclarada en el art. 82 de la ley 27.467 que expresamente dispone: “ARTÍCULO 82.- Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, mantendrán su validez y vigencia los decretos…y 793 del 3 de septiembre de 2018 y sus modificaciones, como así también toda otra norma vigente que se haya dictado en el marco de aquellas facultades.” (las negritas me corresponden). Es decir, que el Congreso de la Nación expresamente “mantuvo” la validez y vigencia del Decreto 793/18 desde su dictado y publicación ocurrida con fecha 04/09/2018. Con respecto al argumento de que la aprobación del Congreso mediante la ley 27.467 no tendría efecto convalidante toda vez que no se ajusta al procedimiento instaurado por la ley 26.122, debe tenerse presente que la Ley de Presupuesto de la Nación, habitualmente denominada “ley de leyes”, tiene precisamente por función establecer las pautas de recaudación, entre ellas, los derechos de exportación, que van a solventar - entre muchos otros- los gastos de la nación.
En definitiva, se ha cumplido (dentro de un plazo razonable: 3 meses) con la finalidad procurada por la ley 26.122, esto es, que el Congreso de la Nación apruebe lo actuado en el marco de las facultades delegadas. En este punto debe tenerse presente que el artículo 18 de la ley 26.122 prevé la intervención de oficio del Congreso de la Nación ante la falta de comunicación por parte del Poder Ejecutivo, por lo que el Congreso se encontraba claramente habilitado para intervenir y convalidar lo actuado.
Además de ello, el legislador reiteró nuevamente la integra aprobación del Decreto N° 793/18 en el artículo 54 de la ley 27.541 (Ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública), en donde, también fijó un tope arancelario máximo (33 % del valor imponible o del precio oficial FOB) por lo que la voluntad del legislador en este sentido es indubitable.
Que en este mismo sentido, con fecha 26/04/2022, este Tribunal Fiscal por el Fallo Plenario IF-2022-40809437- APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, por mayoría acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- … ARTICULO 2°.- … ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467” (las cursivas y negritas me corresponden). Por todo lo expuesto, no corresponde hacer lugar a la nulidad del Decreto N° 793/2018 y demás pretensiones planteadas por la parte recurrente.
XII. Por último, corresponde aclarar que no es factible extender -como lo solicita la parte actora- al presente caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Camaronera Patagónica S.A. (Fallos 337:388) toda vez que dicha causa trata de hechos acaecidos en el año 2002 y en consecuencia, el plexo jurídico (subsistema jurídico) y sus circunstancias concomitantes, difieren sustancialmente de las que rodean el presente caso, en donde el Poder Legislativo ha declarado vigentes las facultades delegadas (Ley 26.939), previsto su intervención “a posteriori” del dictado el Decreto Delegado (Ley 26.122) y producida la convalidación legislativa (Leyes 27.467 y 27.541) de las alícuotas establecidas por el Poder Ejecutivo, así como los parámetros utilizados para cuantificarlas, estableciendo asimismo, sus topes máximos.
En aquel caso, la Resolución ME 11/2002 fue dictada sin que rigiera aún la Ley 26.122, norma que estableció un procedimiento de control parlamentario para los decretos delegados y de necesidad y urgencia. Ello determinó que, hasta su posterior ratificación legislativa, dicha resolución careciera de respaldo suficiente. Por el contrario, el Decreto 793/2018 fue dictado bajo la vigencia de la Ley 26.122, que le otorga validez desde su publicación en el Boletín Oficial, salvo rechazo expreso del Congreso (art. 24). Tal circunstancia marca una diferencia sustancial con el precedente invocado, pues en el presente caso existió un marco legal que regulaba la delegación y el control legislativo, el cual nunca fue desconocido por el Parlamento, sino expresamente ratificado por las Leyes 27.467 y 27.541.
XIII. Respecto al tercer grupo, esto es, los Permisos de Embarque oficializados con posterioridad a la vigencia de la ley 27.467: 18088EC01010427S, oficializado el 12.12.2018; 18088EC01010428T, oficializado el 11.12.2018; 18088EC01009928J, oficializado el 18.12.2018; 18088EC01010187V, oficializado el 04.12.2018; 18088EC01010455T, oficializado el 11.12.2018; 18088EC01010312L, oficializado el 07.12.2018;
18088EC01010204L, oficializado el 04.12.2018 y 18088EC01010439V, oficializado el 11.12.2018, corresponde confirmar el rechazo de la solicitud de devolución de los Derechos de Exportación en ellos pagados, toda vez que los mismos fueron oficializados encontrándose vigente la ley 27.467 (Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN- VOCXIX#TFN “ARTICULO 1°.- … ARTICULO 2°.- … ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467” -las cursivas y negritas me corresponden-).
XIV. En relación a las costas, teniendo en consideración la forma en que se resuelve y atento que el Fallo Plenario de este Tribunal que se aplica –parcialmente- al caso es de fecha anterior a la interposición del presente recurso, resulta procedente imponer las costas a la parte actora vencida de conformidad a lo dispuesto en el art. 1163 del C.A..
Que por ello, VOTO por:
Confirmar la Resolución RESOL-2025-158-E-AFIP-ADGDEH#SDGOAI, dictada en las actuaciones administrativas SIGEA 17575-33-2024; 17575-34-2024; 17575-35-2024; 17575-36-2024; 17575-37-2024; 17575-38-2024; 17575-39-2024; 17575-40-2024; 17575-41-2024; 17575-42-2024; 17575-43-2024; 17575-44- 2024 y 17575-45-2024, en cuanto dispuso no hacer lugar a la solicitud de repetición de los derechos de exportación formulados por la firma “ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.”, con costas (Art. 1163 del C.A.).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Adhiero al voto del Dr. Juárez en cuanto aplica, para decidir el caso, el art. 3 del plenario de este tribunal del 26.04.22 y, respetuosamente, disiento respecto de la imposición de las costas las que considero deben imponerse por sus orden -atento se resuelve aplicando el referido plenario-.
La Dra. Claudia Beatriz Sarquis dijo:
Adhiero al voto del Dr. Soria.
Confirmar la Resolución RESOL-2025-158-E-AFIP-ADGDEH#SDGOAI, dictada en las actuaciones administrativas SIGEA 17575-33-2024; 17575-34-2024; 17575-35-2024; 17575-36-2024; 17575-37-2024; 17575-38-2024; 17575-39-2024; 17575-40-2024; 17575-41-2024; 17575-42-2024; 17575-43-2024; 17575-44- 2024 y 17575-45-2024, en cuanto dispuso no hacer lugar a la solicitud de repetición de los derechos de exportación formulados por la firma “ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.”, con costas por su orden.
Regístrese y notifíquese. Oportunamente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, archívese. Suscriben la presente los Dres. Héctor H. Juárez, Juan Manuel Soria y Claudia Beatriz Sarquis (Vocal subrogante por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación) -conf. art. 52 del Reglamento de Procedimientos del TFN-).
Date: 2025.11.12 18:29:17 ART Date: 2025.11.12 19:14:49 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Subrogante Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.11.13 13:33:27 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.11.13 13:33:55 -03:00
Fin de la sentencia