Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 16659476-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional y confirmar la decisión del 27/10/22; sin especial imposición de costas en esta instancia dada la ausencia de contradicción.
2Reducir la regulación de honorarios del 21/9/23 del modo que surge del considerando 7º.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
6136/2024 ACEITERA GENERAL DEHEZA SA (TF 16659476-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, mayo de 2024.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, el 27/10/22, el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría: (i) revocó la resolución 2021-8-E-AFIP-DIVACD#SDGCAD, dictada en el expediente SIGEA 13289-23514-2014, y –por consiguiente– dejó sin efecto los cargos 320 a 334 del 2015, por los que se había intimado a la actora al pago de la suma total de USD 470.199,31 en concepto de diferencia de derechos de exportación, más intereses; y (ii) condenó en costas al Fisco Nacional (v. pp. 536-552 de la versión digital del expediente TF 16659476-A, remitida con el oficio del 25/4/24).
Para resolver como lo hizo, explicó que los cargos se habían formulado porque el derecho de exportación abonado por la mercadería (biodiesel, de la posición arancelaria 3826.00.00.100L) difirió del que hubiese correspondido en los términos del decreto 1719/12 por un error del Sistema Informático Malvina, que incorporaba con demora las alícuotas determinadas por la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo (UEIM). Precisó que la actora consideraba aplicable la alícuota móvil que proveyó el SIM al momento de registro de las destinaciones (10,32 %), mientras que la aduana sostenía que debía aplicarse la alícuota más alta determinada conforme a las actas de la UEIM correspondientes al día de registro de las destinaciones de exportación (12,56%), aun cuando no estuviesen publicadas ni incorporadas al SIM, con una consiguiente diferencia porcentual de 2,24%.
Explicó que se estaba ante un sistema mixto de determinación de derechos de exportación, donde Fisco y contribuyente, de modo conjunto, configuraban la obligación tributaria. Indicó, en tal sentido, que el elemento alícuota, esencial para determinar los derechos, era provisto por el Fisco al contribuyente a través del SIM, mientras que otros elementos, como el precio base de la transacción, eran aportados por el contribuyente, porque respondían a la realidad comercial propia de su esfera.
Interpretó que el artículo 726 del Código Aduanero, en su correcta lectura jurídica, establecía que los derechos de exportación se determinaban, en el momento imponible normativamente previsto, conforme el sistema normativo integral que los regula, vigente al momento del registro de la solicitud de exportación. Y añadió que, en ese momento, tenía lugar la intervención de los diferentes sujetos del proceso determinativo tributario (v. p. 545, expte. cit.).
En ese entendimiento, sostuvo que el hecho de que, a la fecha de oficialización de las operaciones, la UEIM hubiese determinado una alícuota con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2º del decreto 1719/12, no significaba que aquélla tuviese “vigencia” en los términos de los artículos 726 y 728 del Código Aduanero, pues restaba aún, bajo el sistema integral de normas que regulaban la configuración del elemento alícuota de los derechos de exportación, que la misma UEIM informase el nuevo porcentaje a la DGA (art. 2º, in fine del decreto 1719/12), para que esta última, al amparo de las normas del Código Aduanero y aquellas que regulaban el SIM, le otorgase efectiva vigencia. Reafirmó que la alícuota computada por el SIM al momento de registro de las exportaciones fue la vigente en los términos de los artículos 726 y 728 del Código Aduanero, y que su pretendida “actualización” recién pudo reputarse cumplida, legal y reglamentariamente, una vez finalizado el procedimiento que se iniciaba con la información brindada por la UEIM y su posterior incorporación al SIM.
Rechazó el argumento de la DGA, consistente en que el contribuyente debió conocer que regía una nueva alícuota por su pertenencia al sector exportador, en la inteligencia de que esto importaba transferirle al operador una carga propia del servicio aduanero en el proceso determinativo. A ello añadió que la publicación de las alícuotas no tenía como destinatario al contribuyente, sino que su finalidad era ponerlas en conocimiento de la DGA, que tenía la carga de su incorporación al SIM.
Puso énfasis en la ejemplaridad que debía presidir la actuación de la DGA y concluyó que era inadmisible que aquélla se valiera de un error propio, o de la ineficiencia de otra repartición, en la carga tempestiva del SIM para obligar a los contribuyentes a soportar el costo fiscal de ese proceder.
Finalmente, consideró que la alícuota tampoco podía quedar suspendida en el tiempo y sujeta a revisión retroactiva bajo los “vaivenes interpretativos de la DGA, máxime cuando el derecho de exportación resultante de su aplicación fue íntegramente pagado, conforme fue determinado y exigido por el servicio aduanero al exportador, de consuno con el integral régimen normativo aplicable, cuyos términos operativos y estrictos no pueden soslayarse o modificarse en perjuicio del contribuyente” (p. 551, expte. cit.).
2. Que, disconforme, el 15/12/22 interpuso apelación el Fisco Nacional, que se fundó el 6/2/23, se concedió el 9/3/23 y no fue replicada (pp. 566-567, 570-586 y 591, expte. cit.).
En sustancia, insistió en que la alícuota liquidada por el SIM para las destinaciones involucradas no fue la que fijaba la normativa vigente al momento de registro de los permisos de embarque, como lo exigían los artículos 726 y 728 del Código Aduanero, por lo que se encontraba habilitado para reclamar lo ingresado en menos, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 9º, apartado 2, inciso d, del decreto 618/97., y con sustento en lo que a su vez establece el artículo 792 del código de la materia.
Cuestionó que los vocales que conformaron la mayoría hubiesen establecido –a su entender, sin mayor fundamentación– que el acta confeccionada por la UEIM CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 6136/2024 ACEITERA GENERAL DEHEZA SA (TF 16659476-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO constituyó un mero acto preparatorio dentro del sistema de determinación de alícuotas y que la modificación recién cobró “efectiva vigencia” con su carga en el SIM. Agregó que el tribunal de origen había tergiversado la inteligencia del artículo 728 del Código Aduanero y que la actora no pudo desconocer que sus destinaciones estaban sometidas al sistema de alícuotas móviles del decreto 1719/12, por lo que era inapropiado considerarla liberada de su obligación tributaria. Citó jurisprudencia en apoyo de su interpretación.
En definitiva, sostuvo que se había tratado de una “dificultad operativa, que impedía o dificultaba que las alícuotas que fijaba la UEIM se comunicaran a la aduana y se aplicaran a las exportaciones en el mismo día en que eran fijadas” (p. 586, expte. cit.) y concluyó que era uno de los supuestos en que debían ejercerse las facultades del artículo 9º, apartado 2, inciso d, del decreto 618/97.
3. Que, el 21/9/23, se regularon los honorarios de la representación letrada de la parte actora, los que fueron apelados por bajos el 27/9/23 y por altos el 29/9/23. Ambos recursos se concedieron el 1/2/24 (v. pp. 611-613, 617-621, 625-631 y 636, expte. cit.).
4. Que no es materia de controversia en estos autos que, al registrarse las operaciones documentadas mediante los permisos de embarque 14057EC01005029M, 14057EC01005031F, 14057EC01005033H, 14057EC01005034X, 14057EC01005036K, 14057EC01005037L, 14057EC01005039N, 14057EC03005096Z, 14057EC01005097R, 14057EC01005098S, 14057EC01005099T, 14057EC01005121F, 14057EC01005122G, 14057EC03000821J, 14057EC03000823L, se determinaron y abonaron los derechos de exportación previstos por el decreto 1719/12, que eran automáticamente liquidados por el SIM.
En concreto, el artículo 1º del decreto 1719/12 establecía que la alícuota correspondiente al derecho de exportación aplicable a la posición arancelaria 3826.00.00 debía determinarse según la siguiente fórmula: “DE (expresado como %) = { (PR - CRCTE) * 100/ CRCTE}. Donde: DE = Alícuota del Derecho de Exportación;
CRCTE= Costos totales más retorno sobre el capital total empleado; PR= Precio de Referencia”.
Por otra parte, el artículo 2° disponía que la UEIM, creada por la resolución conjunta 438 del Ministerio de Economía y Finanzas, 269 del Ministerio de Industria y 1001 del ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, era la responsable de “calcular con una periodicidad quincenal el precio de referencia del biodiesel (PR) y los Costos totales más retorno sobre el capital total empleado (CRCTE) que conforman la fórmula de cálculo del artículo 1°, e informar a los organismos correspondientes la alícuota del Derecho de Exportación que queda así definida”.
5. Que, a su vez, se halla fuera de discusión que, a la fecha de registro de las destinaciones aquí involucradas, “la alícuota cargada en el SIM no era la vigente para esa quincena, dado que se informó y cargó tardíamente”, según fue reconocido por el recurrente, alegando demoras que no le eran imputables (p. 577, expte. cit.).
6. Que, en causas análogas a la presente, en las que se comprobó que el SIM había computado una alícuota de derechos diferente de la que debía tomarse con arreglo a la reglamentación vigente a la fecha de registro de las operaciones, esta Sala interpretó que los contribuyentes pudieron considerarse razonablemente liberados de sus obligaciones tributarias al haber efectuado ingresos acordes a lo liquidado por el sistema informático. Y agregó que la Aduana no podía invocar el error en su favor pues, en esta materia, se aplica la doctrina del efecto liberatorio del pago (cfr. causas homónimas 16128/17 y 34776/17 “Sinopec Argentina Exploration and Production Inc Sucursal Argentina c/ DGA”, sentencias del 8/08/17 y 15/8/17, respectivamente; causas 28564/18 “Biocardales SA c/ DGA”, del 5/6/18, y 25/19, “Pan American Energy LLC Sucursal Argentina c/ DGA”, del 11/4/19, y sus citas; entre otras).
Ese criterio ha quedado firme tras la desestimación de los recursos extraordinarios interpuestos por el Fisco Nacional, entre otras, en la causa registrada en Fallos: 345:98; y se asienta sobre inveterada jurisprudencia de la Corte que afirma que el error en el ejercicio de sus propias y exclusivas atribuciones por parte de las autoridades receptoras de impuestos no perjudica al contribuyente, en tanto no haya mediado dolo o culpa grave de éste (Fallos: 284:232 y sus citas; entre otros); como así también, que el Estado no podría invocarlo para exigir un nuevo pago, ni siquiera en el supuesto de resultar de inmediata verificación por el contribuyente, por no ser función ni obligación de los particulares fiscalizar, controlar o apercibir a aquél por el descuido o ineficacia en la percepción de la renta (Fallos: 209:213; 258:208; 259:382; 264:124). En el presente caso se está también ante un error admitido por el servicio aduanero y de difícil detección por parte del contribuyente, por lo que, siguiendo el criterio antes comentado, corresponde interpretar que este último quedó liberado de su obligación tributaria con las sumas que abonó de buena fe, de acuerdo con la alícuota oportunamente informada por la UEIM y que aplicaba el sistema informático (en igual sentido, y con referencia al mismo error que origina este pleito, cfr. esta Sala, causa 17240/23 “Oleaginosa Moreno Hnos SA (TF 44912502-A) c/ DGA”, sent. del 16/5/23). Por todo lo expuesto, se desestima la apelación del Fisco y se confirma la decisión del 27/10/22; sin especial imposición de costas dada la falta de contradicción.
7. Que resta tratar las apelaciones deducidas contra el auto regulatorio del 21/9/23.
En atención a los planteos formulados por los recurrentes, ante todo, se debe mencionar que, para establecer la base regulatoria de los honorarios en casos como el presente, en los que se cuestionan cargos por tributos aduaneros que se determinan en CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 6136/2024 ACEITERA GENERAL DEHEZA SA (TF 16659476-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO dólares estadounidenses (arg. art. 20, ley 23.905), resulta equitativo estar a la cotización de la moneda vigente a la fecha de interposición de la acción (25/2/21, p. 1, expte. cit.); que es la misma que se tiene en cuenta para determinar el monto del litigio y abonar la tasa de actuación (cfr. causa 15539/19 “Wintershall Energía SA c/ DGA”, sent. del 17/2/20, entre muchas otras).
Por otro lado, debe contemplarse que, en el supuesto de labores profesionales efectuadas bajo la vigencia de la ley 27.423, corresponder incluir en la base regulatoria los intereses que se hubieren devengado durante el transcurso del pleito porque así se encuentra expresamente previsto en el artículo 24 de la norma (cfr. esta Sala, causa 32765/99 “ENTEL (EL) c/ Telefónica de Argentina SA s/ contrato administrativo”, resol. del 22/3/22).
Teniendo en cuenta, entonces, la naturaleza de la cuestión en debate, el resultado obtenido y el monto del asunto calculado en base a las pautas precedentes; y atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada por Enrique Benítez Cruz en carácter de patrocinante y apoderado en la defensa de la actora, durante la única etapa del proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde REDUCIR los honorarios regulados a su favor a la suma de $32.634.875 –equivalentes a la cantidad de 1065,45 UMAS– (arts. 16, 19, 20, 21, 29 inc. a, 51, 58 inc. a, y ccdtes. de la ley 27.423, y resol. CSJN SGA 925/24).
Se deja constancia que la regulación que antecede deberá cancelarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la ley 27.423, y que no incluye el Impuesto al Valor Agregado, monto que –en su caso– deberá ser adicionado conforme a la situación de los profesionales intervinientes frente al citado tributo.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Rechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional y confirmar la decisión del 27/10/22; sin especial imposición de costas en esta instancia dada la ausencia de contradicción.
2. Reducir la regulación de honorarios del 21/9/23 del modo que surge del considerando 7º.
Regístrese, notifíquese y, previo a resolver el diferimiento solicitado, pasen los autos al Representante del Fisco para que se expida sobre la liquidación de la tasa de justicia efectuada por el demandado (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92).
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia